El debate electoral ha tenido su más pronta y directa reacción: la concentración de los alcaldes cordobeses afectados por el accidente ferroviario de Adamuz frente al Parlamento de Andalucía. En vista de las palabras pronunciadas por el presidente autonómico durante la noche del lunes, el regidor de Adamuz, Rafael Ángel Moreno Reyes, arremetió contra las declaraciones lanzadas, en las que ha visto “una manipulación tan torticera por racanear cuatro votos” y relacionó directamente la tardanza de los efectivos de Emergencias con “la depreciación de los servicios públicos”.

Hasta la fecha, el trágico siniestro de Adamuz que provocó el fallecimiento de 46 personas se había mantenido fuera de la arena política, “hasta el día de hoy todos los partidos habían mantenido un respeto por el accidente y no lo habían utilizado en campaña electoral”. “Después de casi dos horas, no había recibido nada de Emergencias, nadie me había preguntado”, afirmó el regidor de Adamuz este martes rodeado por María Dolores Amo, alcaldesa de Montoro, y los alcaldes de los municipios cordobeses de Villafranca y Pedro Abad, Francisco Palomares y Juan Antonio Reyes.

“He mantenido lealtad institucional”, subrayó ante los reproches que ya ha manifestado el Ejecutivo andaluz, “y el señor Juanma Moreno siempre ha sido muy correcto conmigo, pero me sorprendió esta vía de escape en el debate y, ante eso, vengo para darle la importancia que tiene a hacer estas declaraciones”.

Moreno Reyes relacionó la falta de medios en el primer tramo del accidente ferroviario con las políticas que ha desarrollado el PP a lo largo de esta legislatura: “La tardanza es por la depreciación de los servicios públicos. ¿Creen que cualquier sanitario hubiera llegado dos horas tarde? Los de mi pueblo estaban allí al minuto, pero si los de arriba no ponen los medios y machacan, ocurren estas cosas”. En un primer momento, el pueblo contaba con dos efectivos de la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil, a los que se sumaron los efectivos de las localidades de las inmediaciones, mientras que en el lugar de los hechos, sobre las 20.30 horas, según ha subrayado el alcalde, solo estaba la ambulancia del consultorio médico de Adamuz, una patrulla de la Guardia Civil y un camión de bomberos.

Ante las críticas del PP por saltar después del debate electoral, el representante política zanjó rápidamente cualquier vinculación con su propio partido: “El PSOE no me ha presionado en ningún momento”, reiterando que no forma parte de ninguna lista electoral, pese a ser una “cara reconocible” por los acontecimientos del pasado 18 de enero.

“¿Qué es lo que ha cambiado?”

Las reacciones por parte del Ejecutivo andaluz no se han hecho esperar a raíz de lo acontecido. El presidente andaluz ha declarado en un foro informativo organizado por la Cadena SER este martes que “ningún gobierno autonómico ni ningún partido político ha sido más prudente” que el PP y ha vinculado las declaraciones del alcalde cordobés a “presiones” de su propia formación política, el PSOE. A su vez, ha insistido en que “durante más de 100 días” se ha mantenido expectante a la información que brindara el Gobierno central, “más allá de lo que sabemos por la Guardia Civil”. Por el momento, los análisis mostrados en el tribunal de instancia de Montoro por Adif prueban que la infraestructura ferroviaria era de nuevo uso, sin que se utilizaran traviesas, carriles o balasto reciclados.

En paralelo, el consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, también publicó en la mañana de este martes un mensaje en redes sociales en el que calificaba de “inaceptable” las acusaciones del regidor cordobés, quien días antes había reconocido “la labor solidaria, generosa y ejemplar” en el auxilio y atención a las personas afectadas por el choque de los trenes que supuso la muerte de 46 personas y dejando a 155 heridos. “¿Qué es lo que ha cambiado? La campaña electoral”, subrayó el consejero en su perfil.

Al respecto, el alcalde de Adamuz señaló en declaraciones a los medios de comunicación que el reconocimiento al trabajo de los sanitarios sigue intacto: “Su trabajo fue impecable, y mi crítica va a quienes los dirigen. Intentan darle la vuelta, pero ni una sola palabra saldrá de mi boca para decir que lo hayan hecho malamente”. A ello, añadió que las mentiras no caben en este debate y se refirió a las cámaras de las fuerzas de seguridad para afirmar que “hasta las 20.40 horas solamente pasaron nueve ambulancias por mi pueblo, llegaron antes los alcaldes de otros pueblos que las ambulancias”. En todo caso, “llegaron las ambulancias a cada minuto, ¿pero a partir de qué hora? ¿Por qué no dice el señor Sanz a partir de qué hora? No fue ni las ocho, ni las ocho y media, ni las nueve menos cuarto”.

A lo largo de estas dos semanas, el accidente ferroviario de Adamuz había quedado escorado a un lado del debate político entre los grupos que buscan representación para el próximo 17 de mayo. Una acuerdo tácito entre las partes que se ha roto en el segundo debate electoral a tan solo seis días de los comicios, un momento decisivo para el votante que escucha a un lado y otro del ring político las acusaciones de los candidatos.

“Se pediría alguna cabeza por la falta de atención a los heridos”

Una vez concluido el debate entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía en la noche del lunes, el alcalde de Adamuz rompió su silencio a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde criticó que se hiciera una “utilización política” del accidente ferroviario del pasado 18 de enero, en el que perdieron la vida 46 personas. Además, señaló que pasadas las 21.30 horas aún no había atención sanitaria organizada en las inmediaciones del siniestro y aseguró que durante “cerca de dos horas” fueron los vecinos, sin formación específica, quienes atendieron a los viajeros.

“Si el pueblo no se hubiera movilizado, hoy se estarían pidiendo responsabilidades y alguna cabeza por la falta de atención a los heridos durante las primeras horas”, indicó el dirigente socialista. El alcalde concluyó su mensaje afirmando que no permitirá que se utilice el accidente con fines electorales: “El pueblo de Adamuz estuvo donde otros tardaron demasiado en llegar”. Unas palabras que han provocado un aluvión de reacciones este martes, como la de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha hecho suyas las palabras del alcalde: “Vuelvo a exigir a Moreno Bonilla la misma disposición a dar explicaciones que he tenido yo desde el primer minuto”.

En Canal Sur, el candidato popular Juanma Moreno sacó a colación el accidente de Adamuz en mitad del debate para reclamar dimisiones y explicaciones a la ex vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero. Un rifirrafe en el que la socialista respondió rápidamente pidiendo explicaciones sobre lo ocurrido con el 112 y la actuación de los servicios de emergencia que dependen de la Junta de Andalucía.

Un debate frente a un aluvión de encuestas. El segundo choque entre los candidatos de los cinco partidos con representación en el Parlamento andaluz ha venido precedido por la publicación de hasta seis sondeos que coinciden en tres cuestiones: el PP está rozando de nuevo la mayoría absoluta, el PSOE puede horadar su suelo –que son sus actuales 30 parlamentarios– y tanto Vox como las dos formaciones más a la izquierda (Por Andalucía y Adelante Andalucía) mejoran sus actuales cifras. Con estos datos bajo el brazo, los mismos que se barajan desde la precampaña, los aspirantes han encarado un encuentro en Canal Sur Televisión que siempre se publicita como “el decisivo” por aquello de ser el último.

Esta segunda confrontación a cinco previa al 17M ha estado adobado, además, por un coro de protestas que esperaba a los candidatos a las puertas de la sede de la RTVA, en la que se sumaban Mareas Blancas, representantes de Amama (la asociación que destapó la crisis con los cribados del cáncer de mama) y, sobre todo, trabajadores del propio Canal Sur, que este lunes han protagonizado la primera de las tres jornadas de huelga que ha convocado el Comité Intercentros. Los candidatos de izquierda –Antonio Maíllo, José Ignacio García y María Jesús Montero, por orden de llegada– han cruzado la calle para saludar a estos colectivos, mientras que Manuel Gavira (Vox) y el propio Moreno han pasado de largo cuando no hacía mucho que la televisión pública se fuera a negro durante el programa de Juan y Medio por esta protesta.

Y si Amama y las Mareas Blancas estaban en la puerta, en la cuestión sanitaria es donde las izquierdas se han hecho especialmente fuertes ante un Moreno visiblemente incómodo y que ha dejado muchos interrogantes sin responder con el argumento de que era “interpelado por todos”. “Todos contra mí”, ha lamentado, mientras las izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante) han acosado a preguntas a un líder del PP andaluz que se ha escudado en que la Junta “asumió su responsabilidad” con la salida de “toda la cúpula del SAS” e insistiendo en que “ninguna mujer ha fallecido”.

Agrio cara a cara Moreno-Montero

Pese a ello, no ha dado los detalles que se le han reclamado, limitándose a asegurar que “hubo un problema de información con 2.317 mujeres y se pidió perdón”, además de cesar a toda la cúpula del Servicio Andaluz de Salud (SAS). “¿No ha habido muertes? Debe ser que las familias se lo inventan”, ha replicado Montero, a la que se han unido Maíllo y García en su crítica a una gestión sanitaria que “provoca muertes” evitables. El choque Moreno-Montero también se ha reproducido cuando el presidente ha sacado a relucir tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), lamentando la falta de dimisiones y de explicaciones –lo que ha provocado la indignada reacción del alcalde del municipio–, a lo que le ha replicado que todo se sabrá, como también “qué pasó con el 112” y la actuación de los servicios de emergencia que dependen de la Junta.

Maíllo ha presentado una “enmienda a la totalidad” a su política sanitaria, que ha calificado de “desastre premeditado para convencer a la sociedad andaluza de que la mejor sanidad es la que se paga”. “Es un desastre”, ha apostillado, antes de que Moreno y Montero se enzarzaran en un agrio cara a cara de nuevo con los cribados de cáncer de mama como protagonistas.

El aspirante del PP ha acusado a la candidata socialista de “no decir ni una verdad”, recordando la promesa incumplida del PSOE en 2010 sobre el cribado de cáncer de colon y agarrándose a su propia experiencia personal. “Durante esos nueve años muchas personas fallecieron porque no hubo cribado de cáncer de colon, entre ellas mi padre, que tuvo un diagnóstico tardío y por tanto metastásico”. “A mí me habéis llamado asesino desde las cuentas oficiales del PSOE”, ha denunciado, antes de preguntarse de manera retórica “¿qué podría llamarle a usted?”. “¿Pero sabe la diferencia entre usted y yo? Que yo no soy como usted”, le ha espetado el candidato del PP. “Ni yo como usted”, ha replicado Montero.

Gavira, a hablar de su libro

Durante el debate, el cara a cara más común ha sido entre estos dos protagonistas, fajándose menos Moreno a la hora de replicar a Maíllo y García, que por su parte le ha dejado alguna que otra puya a la candidata socialista sobre todo en cuestión de financiación autonómica. Como en el primer debate, las izquierdas han llegado a hacerle un tres contra uno al presidente, que ha respondido con silencios, sonrisas irónicas o comentarios sueltos diciendo que los reproches que le hacían eran una barbaridad o directamente una mentira.

El que ha vuelto a parecer un verso suelto ha sido Manuel Gavira, al que de hecho en varios momentos le sobraba tiempo que consumía por puro protocolo. Sus ideas fuerza han sido las mismas: la “prioridad nacional” duramente replicada por las izquierdas (aquí Moreno no ha bajado a la arena), la bandera de una política de “sentido común” y centralizar en los migrantes prácticamente todos los problemas de la sociedad española, “colapsando” los servicios públicos y disparando la inseguridad, apuntándoles incluso de estar detrás de las violaciones y las agresiones a ancianos.

Moreno, como también hizo en el primer debate, casi no se ha dirigido al candidato de Vox, al que le reprochó que no suspendiera la campaña el día de luto oficial por la muerte de dos guardias civiles en la persecución de unas narcolanchas. Ante sucesos tan graves, ha vuelto a esgrimir el “sentido común”, que en este caso consistiría en que “ante el narco, el alto o el plomo, o que las narcolanchas se paren o acaben en el fondo del mar”.

El “lío” y el “chantaje”

En política es moneda de uso común decir que unas elecciones no se ganan en los debates, pero que sí se pueden perder. El presidente andaluz y aspirante a la reelección por el PP, Juan Manuel Moreno, evidenció en el celebrado hace una semana en RTVE que no estaba dispuesto a arriesgar lo más mínimo, lo que al final jugó en su contra y le llevó a ofrecer una imagen acartonada que rozó el bloqueo. Este lunes, encima, entraba en el plató con un mensaje cristalino que horas antes había llegado vía Madrid: Vox descarta la abstención si Moreno roza la mayoría absoluta pero no la logra, en ese escenario –ha avisado su portavoz nacional– lo que tocaría es negociar para que la ultraderecha entre en el Gobierno andaluz.

Esto, en el lenguaje de campaña de Moreno es el “lío” a evitar, al que confronta la “estabilidad” que reportaría renovar su mayoría absoluta, la misma táctica que tan bien le salió hace cuatro años al atraer un voto de centro progresista que vio en él una alternativa más viable para parar a la ultraderecha que la propia izquierda. Por encima de todo está el aval de su marca personal, muy por encima de las siglas del partido, presentándose como un tipo fiable, predecible y con sus dosis de progresista y andalucista. Como él mismo dijo hace cuatro años, “es mucho más fácil votar a Juanma Moreno que votar al PP”.

Frente al “lío” o el “desgobierno” de Moreno, como también lo ha definido en su último minuto, las izquierdas (sobre todo José Ignacio García y Antonio Maíllo) han contrapuesto el “chantaje” de asegurar que si el PP no logra mayoría absoluta está en riesgo hasta la convocatoria de oposiciones. “No sé si sabe lo duro que es estudiar unas oposiciones, yo sí. Es durísimo chantajear a los andaluces y andaluzas diciendo «o me votan o no se van a celebrar las oposiciones», ha lamentado García, profesor de Secundaria, que ha insistido en que es falso que no se puedan convocar oposiciones si no se conforma Gobierno de inmediato: ”Se nota que nunca ha hecho unas oposiciones“.

“Fraude” fiscal y “fritos” a impuestos

La otra cuestión en la que han cargado las tintas las formaciones de izquierdas ha sido en la política fiscal del Gobierno de Moreno, contra el que Maíllo (Por Andalucía) ha cargado llegándole a acusar de cometer “fraude fiscal en términos políticos” porque “cuando le dice a la gente que le baja impuestos, se los baja a los superricos”. Por su parte, García (Adelante) ha lamentado que en Andalucía alguien que gana 80.000 euros al año puede desgravarse las clases de inglés privadas de su hijo, “pero si ganas 25.000 euros al año no puedes desgravarte el alquiler de tu vivienda”.

En paralelo, María Jesús Montero ha sacado a escena la “asfixia” de las universidades andaluzas, “mientras autorizan universidades privadas sin criterios de calidad”, “con menos papeles que un conejo de campo”, como ha llegado a afirmar José Ignacio García. Montero ha ido más allá y ha extendido el problema a todas las etapas educativas: “¿Qué le parece que las familias andaluzas tengan que endeudarse para matricular a sus hijos en formación profesional o en el máster obligatorio? No ofertan plazas públicas para la formación. ¿Por qué obliga a las familias andaluzas a endeudarse?”.

Donde más cómodo se ha mostrado Juan Manuel Moreno, y ha dado una imagen más suelta, ha sido con el modelo de financiación autonómica, no sin antes acusar a Montero de “freírnos a impuestos” como ministra de Hacienda durante los últimos años en el Gobierno de España, convirtiendo a Andalucía y al país en general “en un infierno fiscal”. Y ante el argumento de la socialista de que la Junta ha recibido 54.000 millones de euros más que los que transfería el Ejecutivo central bajo la presidencia del PP, Moreno ha respondido con que “ese es nuestro dinero, no lo regala el Gobierno de España”.

“Usted sería una magnífica candidata en Cataluña”, ha esgrimido Moreno por un lado, mientras por el otro Montero volvía una y otra vez a pedir explicaciones por la no aceptación de un modelo con el que Andalucía es la que más gana. Un rechazo que a Andalucía le cuesta 5.700 millones de euros que deja de ingresar si se incluye el fondo de compensación.

Y un último toque más frívolo, centrado en los looks lucidos en el debate, en el que han vuelto a repetir dos candidatos con corbata, aunque esta vez han aparcado el color verde para apostar por el azul (Moreno) y el rojo (Gavira). Las izquierdas han vuelto a prescindir de este complemento, con Maíllo con camisa blanca y García en vaqueros y camiseta, esta vez con una imagen de Federico García Lorca en defensa de “la memoria histórica, la cultura andaluza y Granada”. Montero, por su parte, ha apostado por el rojo frente al vestido verde del primer debate.

Los técnicos especialistas del laboratorio del Hospital de La Axarquía donde se habrían conservado reactivos caducados con el fin de reutilizarlos tenían como uno de sus objetivos para 2023 y 2024 reducir su consumo. El cumplimiento de los objetivos asignados al trabajador, la unidad o el centro implica el cobro de pluses de productividad, en una cuantía que se incrementa a medida que se sube en la escala laboral.

El objetivo de la unidad, dentro de la planificación estratégica, era “no superar el presupuesto asignado para la Unidad en reactivos”, tomando como referencia el “importe de consumo”. A nivel individual, “no tirar reactivos por pérdida de estabilidad en el analizador” estaba valorado con cuatro puntos, junto con otros tres objetivos: “fungible sanitario: adecuación del consumo fungible (control guantes, control tests de antígenos, etc.); adecuación uso de laboratorio (reducir repeticiones de controles innecesarios y calibraciones innecesarias) y control del stockaje de reactivo tanto en la cámara como en los almacenes”.

Estos criterios para 2023 y 2024 constan en sendos documentos internos a los que este medio ha tenido acceso. El documento de 2023 consigna 1.910.165 euros como objetivo de consumo para diciembre, mientras que para 2024 consigna 1.367.365. Fuentes sindicales explican que se trata del objetivo de consumo a final de año, lo que implicaría que la unidad se marcó como objetivo para 2024 recortar un 30% el consumo de reactivos. 2023 fue el último año de pandemia.

La Gerencia del hospital ha rechazado comentar la posible influencia de estos incentivos por considerarlo un “tema interno” de la organización.

CSIF denunció las sospechas de uso irregular de reactivos caducados o sin estabilidad ante la Gerencia del centro, y públicamente, a finales de enero. El expediente reservado fue archivado por el gerente, sin que la resolución contenga ninguna motivación. El SAS ha asegurado a este medio que constató “con los responsables y el equipo del laboratorio” la “falsedad” de la denuncia. El sindicato acudió entonces a la Fiscalía.

Hasta 28.000 euros de complemento para un jefe de servicio

Al menos cinco personas que han trabajado en el laboratorio con las que ha hablado este medio creen que el uso de reactivos caducados o que habían perdido estabilidad para análisis en el Hospital de La Axarquía tenía una finalidad “economicista”, ahorrar en el consumo, lo que a su vez facilita el cumplimiento de objetivos que computan para el cobro de un complemento de productividad.

Los objetivos se definen por los jefes de unidad. “Si les piden números y no es su plaza, recortan”, especialmente si debe el cargo a la designación de la gerencia, advierte una fuente que conoce el laboratorio. Del grado de cumplimiento de esos objetivos depende el “complemento al rendimiento profesional” (CRP) o la “productividad variable”, un plus de que pretende premiar la calidad, el cumplimiento y la dedicación, y en este caso también el ahorro. El CRP prima tanto la consecución de los resultados de equipo (60%) como los resultados individuales (40%). El plus para los jefes de unidad depende al 80% del cumplimiento de los objetivos de su unidad.

Un jefe de servicio facultativo pudo percibir un máximo de 14.877,18 euros por la productividad variable del año 2024, misma cifra que un coordinador/a de área; un facultativo especialista de área, hasta 8.456,86 euros; un auxiliar administrativo, 1.363,65 euros, lo mismo que puede percibir un técnico sanitario, según una resolución de la gerente del SAS en mayo de 2025, que recoge los máximos que se pueden abonar por categorías a excepción de los complementos para los más altos puestos, como el gerente del área sanitaria, que no se publican. Fuentes sindicales explican que rara vez estos complementos llegan al máximo, y que los gerentes pueden rondar hasta los 70.000 euros de extra por CRP.

El peso relativo de estas cuantías en el salario total se incrementa a medida que se sube de rango. Es decir, cuanta mayor categoría, más beneficio (en términos absolutos, pero también relativos) por productividad y rendimiento. Un jefe de sección facultativo en el SAS cobra alrededor de 70.000 euros al año, por lo que el complemento podría representar un incremento máximo del 20%; un facultativo, sin guardias, entre 45.000 y 52.000, de modo que el máximo complemento podría otorgar un plus del 15%); un técnico sanitario, entre 24.000 y 28.000 (+5,2%). El CRP se abona en un único pago anual en junio.

En total, en 2025 el SAS presupuestó casi 297 millones de euros para el concepto “incentivos al rendimiento”, un 10,6% menos que los 332 millones que presupuestó en 2024. El SAS destinó en 2025 alrededor de 7.000 millones de euros en pagar las nóminas de su personal. En global, la cuantía asociada al rendimiento y la productividad rondó el 4,2% del gasto en nóminas.

Algunos sindicatos denuncian que el CRP y la productividad se usan para recortar presupuesto, condicionando a criterios economicistas lo que los profesionales deberían percibir por su trabajo. Según CSIF, se usa de forma “arbitraria y poco transparente”, porque su concreción depende de una entrevista en la que pesan factores subjetivos, si es que se realiza. La crítica es compartida por CCOO o Sindicato Médico. Los sindicatos piden que el concepto se incorpore a la masa salarial. “Los técnicos sanitarios cobramos 1.400 euros al mes. Manipulamos analíticas con muestras biológicas con meningitis o SIDA, tenemos que sembrar ese líquido, y ni siquiera tenemos un plus de peligrosidad”, lamenta un técnico.

Adjudicados los reactivos para los próximos cuatro años por 127 millones

El último acuerdo marco para el suministro de reactivos en todos los hospitales y centros sanitarios en la provincia de Málaga se licitó a finales de 2024, por un total de 137 millones de euros para los próximos cuatro años en 461 lotes.

Los laboratorios clínicos del SAS ofrecen unas 500 pruebas diagnósticas diferentes, según el propio SAS. Las fuentes consultadas explican que la tentación de aprovechar reactivos caducados o con estabilidad comprometida se da para los que son de uso más infrecuente, que han sido incorporados en los últimos años a la cartera de servicios que ofrece el hospital, pero que no tienen una demanda de uso suficiente para una reposición continua. El Hospital de La Axarquía da servicio a una población aproximada de 150.000 personas, que puede multiplicarse por tres durante algunas semanas en verano.

La compra se realiza a nivel provincial. El SAS destinará a la compra de reactivos y maquinaria 127 millones de euros sólo a Málaga durante los próximos cuatro años, según la última actualización de su portal de licitaciones. El último acuerdo marco se licitó en noviembre de 2024, pero por diversas vicisitudes, sus últimos lotes no han sido adjudicados hasta este mismo mes de mayo. Siemens Healthcare es adjudicataria de 12 de los 461 lotes, por un precio aproximado de 436.000 euros.

Precisamente para evitar desechar reactivos, en el nuevo acuerdo marco el SAS pidió a los licitadores que presentaran ofertas con medidas para aprovechar al máximo reactivos de uso infrecuente, presentándolos en envases más pequeños. “En los casos de algunas determinaciones menos frecuentes, como medida de mejora del proceso analítico y de la eficiencia, consideramos apropiado incluir como criterio aquellas ofertas que incluyan soluciones donde el gasto del reactivo sea el menor posible, como, por ejemplo, las soluciones monotest”, se lee en la memoria del acuerdo marco.

El laboratorio de análisis del Hospital Comarcal de La Axarquía (Torre del Mar, Málaga) habría conservado reactivos caducados con el fin de reutilizarlos, lo que cuestiona la fiabilidad de los resultados de los análisis, según puede deducirse de mensajes de Whatsapp, fotografías y al menos cinco testimonios. Para esquivar los controles que las máquinas realizan para evitar el uso de reactivos caducados, personal del laboratorio habría mezclado esos restos con reactivos en buen estado o cambiado las etiquetas que identifican el lote.

Esta práctica irregular fue habitual al menos entre 2020 y 2025, según cinco testimonios recabados por este medio, que apuntan a dos mandos intermedios del laboratorio como impulsoras del sistema. “Se decía claramente en las reuniones”, dice un facultativo con experiencia en varios hospitales públicos: “Es el único sitio donde he vivido algo así”. El fin sería ahorrar en reactivos que, por su uso no tan frecuente, pueden caducar sin que se agote el contenido del envase.

“Si algún reactivo sale caducado del Atellica [una de las dos máquinas provistas por Siemens al hospital] no lo tiréis, tapadlo y dejadlo en la cámara. Yo los aprovecharé en rutina. Sólo tirad los que salgan vacíos. Gracias”, se lee en uno de esos mensajes enviados al grupo de Whatsapp que compartían facultativos y técnicos del laboratorio del hospital axárquico, compuesto ahora por 47 personas en total. La veracidad de estos mensajes ha sido corroborada por un perito informático.

“Hay varios diluyentes 3 del IMT caducados, para poder utilizarlos hay que realizar entrada manual y cambiar la fecha de caducidad”, dice otro mensaje escrito por la misma persona en mayo de 2021. “Buenas! Si el Atellica 1 expulsa este fin de semana algún reactivo que sea exclusivamente de rutina, necesito que no lo repongáis, por favor, estamos intentando alargar la estabilidad a bordo para que no se caduquen teniendo técnicas disponibles”, dice otra responsable en julio.

En esas conversaciones se habla de “programar el caducado antiguo como muestra” y de reactivos “engañados”, y se advierte de “en ningún caso tirarlos”, en referencia a los botes que la máquina expulsa por considerarlos inaptos. En un mensaje escrito el 8 de noviembre de 2022, una de las responsables explica que diluyentes que caducan al día siguiente pueden seguir utilizándose “simplemente leyendo el código del reactivo y cambiando el año de la fecha de caducidad a 2023”.  

Fotografías: “Caducada”

Hay también indicios gráficos de esta práctica. En más de una docena de fotografías se observan botes fuera de sus cajas envueltos en film transparente, con números (aparentemente fechas) escritos a mano y etiquetas superpuestas.

Serían reactivos ya abiertos y retirados de la máquina que se guardaban para aprovechar su uso, “engañando” al sistema de control sustituyendo etiquetas, cambiando de máquina (hay dos) o mediante el “pipeteo”, que consiste en extraer el resto del fondo de un recipiente y mezclarlo con otro que se pueda usar. En tres de esas fotos alguien ha escrito “caducada” o “caduc” sobre el film transparente que envuelve los botes. En otra imagen se observan cajas sobre las que se lee “arreglado. Uso”. 

Algunas de esas cajas y botes tienen etiquetas superpuestas con tipografía diferente a la original de Siemens. Los números de lote en esas etiquetas también son llamativos: 111112, 111113, 111114… La fecha de caducidad llega a junio de 2029. Justo debajo de la caja con etiquetado manual donde se lee “arreglado uso”, un bote del mismo reactivo envuelto con la etiqueta original tiene como fecha de caducidad julio de 2024.

La denuncia de esta situación en vía interna fue archivada a mediados de marzo por el gerente del hospital, Miguel Moreno Verdugo. El sindicato CSIF y tres de sus responsables provinciales, que hicieron una denuncia pública antes de llevarlo a Fiscalía, han sido citados a una demanda de conciliación por las responsables señaladas. Cuando se conoció la denuncia, algunos trabajadores del laboratorio difundieron un vídeo desmintiendo los hechos.

Este medio remitió el pasado miércoles por la mañana sendos cuestionarios al SAS y a Siemens, pidiendo su posición ante la denuncia del sindicato y los testimonios de media decena de profesionales. El SAS asegura que ya “se constató con los responsables y el equipo del laboratorio” la “falsedad” de la denuncia interna del CSIF.

El SAS no ha respondido a las preguntas sobre qué explicación pueden tener las fotos y los mensajes, ni cómo seleccionó a quienes prestaron declaración en el expediente reservado. En cuanto a la denuncia ante Fiscalía, asegura que no tiene constancia. “Sí tenemos constancia, en cambio, de que algunas personas del servicio se han querellado contra el sindicato y los firmantes”.

En un comunicado remitido este lunes, Siemens asegura que no ha identificado “incidencias relevantes” en el suministro a este hospital, y subraya que es “imprescindible” que el uso de estos reactivos se realice “de acuerdo con las instrucciones del fabricante y los procedimientos establecidos por cada centro sanitario, bajo su responsabilidad”, dentro de unas condiciones “validades”: “Cualquier uso fuera de estas condiciones o posibles manipulaciones no forma parte de las recomendaciones del fabricante”.

Un caso crítico en enero

El Hospital de La Axarquía es el centro de referencia para esta comarca oriental de Málaga, y tiene una población diana de unas 150.000 personas, que puede triplicarse en periodos punta del verano. Cada año se realizan aquí miles de análisis de urgencia o rutina. El 70% de las decisiones clínicas se toman en base a pruebas de laboratorio, según el SAS. Potencialmente, el impacto de esta presunta irregularidad es enorme, pero es imposible precisar qué repercusión concreta habría tenido esta presunta práctica.

Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones el médico decide repetir la prueba ante un resultado anormal. Las fuentes consultadas explican que la posibilidad de un mal uso no se da con los reactivos más frecuentes, porque su consumo es elevado y se gastan continuamente. El uso irregular estaría acotado a reactivos específicos, algunos muy delicados. Por ejemplo, los que determinan niveles de medicamentos como fenobarbital (un barbitúrico sedante), procalcitonina (infecciones bacterianas) o paracetamol, o elementos como litio (tratamiento de trastorno bipolar), amonio (encefalopatía hepática, cirrosis), digoxina (insuficiencia cardíaca congestiva), beta-HCG (trastornos tiroideos), lipasa (pancreatitis) o magnesio.

El pasado 25 de enero una niña de 15 años ingresó en el hospital, en lo que parecía un intento de autolisis mediante intoxicación con paracetamol, que puede causar graves daños hepáticos e incluso la muerte. Cuando buscaron el reactivo, las dos técnicos que estaban en ese momento en el laboratorio solo hallaron cuatro botes ya abiertos. “Caducados, perforados y uno derramado. Intentábamos meterlos y la máquina los rechazaba una y otra vez, porque el principio activo tiene un mes de vida”, cuenta una de esas personas.

Angustiadas, pidieron ayuda telefónica a la facultativo por teléfono, quien les aseguró que había uno nuevo en algún lugar del laboratorio “por si hacía falta”. “¿Por si hacía falta? Estaba escondido en una caja en el suelo”. El resultado es que el análisis estuvo listo dos horas y media después de que la niña ingresara en Urgencias, y no en una hora como está previsto. “Que entres con una niña que se va a morir y haya que usar un reactivo caducado... Que haya cuatro caducados, y el que está bien esté escondido... ¿A qué están jugando?”.

Según cuenta esta persona, la facultativo le habría dicho: “Estoy harta de los reactivos caducados; esta semana ya hemos tenido el problema de la vancomicina”. 

“Los técnicos tenían orden de no tirar”

Los técnicos de laboratorio bajo supervisión del coordinador ejecutan instrucciones de los facultativos (médicos especialistas, químicos, biólogos o analistas), que tienen la responsabilidad clínica. Por encima está el jefe de servicio.

Cinco personas con diferentes funciones (facultativos, técnicos y personal administrativo) han explicado a este medio que las instrucciones para seguir usando reactivos caducados o inestables eran conocidas hasta el punto de que llegaron a trascender las puertas del hospital, generando desconfianza en los resultados analíticos que venían de allí.

“A mí me llamaban los técnicos para preguntar qué hacían con un reactivo expulsado y yo decía que lo tiraran, pero me llamaban como si no se pudiera tirar”, explica a elDiario.es Andalucía un facultativo: “Sé que otros les decían que lo dejaran en la nevera. Los técnicos tenían orden de no tirar”. Esta misma persona asegura que en una reunión en 2024 alguien se jactó que había usado un reactivo de 2020 e “iba bien”. Según su testimonio, en esas reuniones celebradas entre turnos a las 14:00, se hablaba con naturalidad de reutilizar los “culillos” de los botes o cambiar la fecha, y nadie parecía darle mucha importancia: “Yo no sabía si no se estaban enterando o miraban para otro lado”.

Otro facultativo cuenta que a veces los técnicos le llamaban durante su guardia para pedir instrucciones cuando los reactivos no superaban los controles y calibraciones de la máquina: “Lo tiras y pones uno nuevo”, les decía. Pero a veces respondían que tenían que guardarlo. “¿Para qué?, si no sirve... Y me decían que ya les habían llamado la atención”.

Según coinciden las fuentes, la fiebre por recuperar restos que debían ser desechados llegó a provocar broncas y situaciones chocantes, como que se revolviera en los cubos para comprobar que los botes estaban efectivamente vacíos, y recoger los que lo estaban y tenían etiqueta válida, supuestamente con el fin de rellenarlos.

Otra fuente relata que la práctica arrancó en 2020. “Antes jamás había visto esto”. Al principio, de forma discreta: “Yo veía que una facultativo trapicheaba con tarros, y me preguntaba qué estaría haciendo. Empezaron a hacerlo cada vez más, y ya un técnico me dijo: ”Son culos de reactivos que rellenan y luego reutilizan“. En el último año, hasta que estalló, ya no tenían pudor”. Esta persona asegura que ha visto “muchas veces” cómo se retiraban los botes que la máquina desechaba para que por la mañana “amañen lo suyo”.

“No utilice los productos después de la fecha de caducidad”

Los análisis realizados con estos reactivos sirven para determinar el nivel en sangre de sustancias químicas cuyo exceso o carencia puede tener graves efectos sobre la salud. Un reactivo caducado puede subestimar o sobreestimar el nivel sérico de la sustancia, precipitando una infradosis o sobredosis con riesgo de intoxicación y muerte.

Para realizar estos análisis el Hospital de La Axarquía dispone de dos aparatos Atellica de Siemens. En el manual técnico de esos aparatos se lee: “No utilice los productos después de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del producto” (“Do not use products beyond the expiration date printed on the producto labeling”). La sección Onboard Stability señala: “Los reactivos son estables a bordo del sistema durante 28 días. Deseche los reactivos al final del intervalo de estabilidad a bordo” (“Reagents are stable onboard the system for 28 days. Discard reagents at the end of the onboard stability interval”).

Cuando un reactivo está caducado o no supera el control de estabilidad, el fabricante no garantiza su fiabilidad. De esta forma, el diagnóstico que el médico realiza a partir del resultado de un análisis realizado con un reactivo caducado o inestable queda comprometido. Los tratamientos prescritos pueden ser menos efectivos o no serlo en absoluto si parten de un diagnóstico incorrecto basado en un resultado erróneo. 

Las máquinas incorporan un temporizador de cuenta atrás para garantizar que lo que queda en uso está dentro del periodo de estabilidad. La máquina expulsa los reactivos caducados o sin estabilidad (que depende de la fecha en que se abrió o las condiciones de conservación), salvo que se la induzca a error.

Las personas que prestan su testimonio en este reportaje lo hacen bajo condición de anonimato. “Todos saben que es verdad. Sólo quiero que no se vuelva a hacer más, y al que se le ocurra hacer algo similar que piense que tuvo consecuencias”, dice una de ellas. “Se ha jugado con la salud de las personas. Hay gente que se ha alegrado de que esto salga a la luz, pero tienen miedo”, dice otra. También han prestado su testimonio, con nombre y apellidos, en la denuncia interpuesta en Fiscalía.

Con media docena de encuestas apuntando a la mayoría absoluta del PP en las elecciones andaluzas del próximo domingo, el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno, sigue aferrado a la prudencia y, este martes, ha insistido en que las opciones de gobernar en solitario, sin ataduras con Vox, puede perderse por muy poco.

Por primera vez, Moreno ha hurgado en la herida del PSOE andaluz -la enorme desmovilización de su electorado- y ha apelado directamente al voto prestado de “muchos socialistas defraudados con el sanchismo”. El presidente de la Junta ha mantenido el mismo lema toda la campaña, el binomio “estabilidad o lío”, “gobierno o desgobierno”, y con esa idea fuerza, ha reclamado un voto de continuidad tanto al abstencionista, “al que ha perdido la fe en la política”, y “de manera especial, al votante que está frustrado con el PSOE...no con el PSOE, que tiene más historia y prestigio, más con el sanchismo, los decepcionados del sanchismo, que están huérfanos y no saben qué hacer.

El dirigente popular cree que si el PP sale “muy muy arriba” en las elecciones andaluzas, y el PSOE “cae muy muy abajo, en torno a 25 diputados”, puede haber una “rebelión de alcaldes socialistas” contra Pedro Sánchez, que es lo que precipitió el adelanto de las elecciones generales de 2023. “Sánchez no es un activo, es un pasivo. Y los alcaldes no quieren ir a las municipales con él de presidente”, ha vaticinado.

Moreno ha dicho claramente que quiere “gobernar en solitario”, que “no le apetece nada” gobernar con la ultraderecha, aunque en el debate electoral de Canal Sur Televisión, el pasado lunes, eludió confrontar en todo momento con el candidato de Vox, Manuel Gavira, que martilleó con el discurso antiinmigrante de la “prioridad nacional” sin ninguna réplica por parte del presidente.

24 horas antes, un portavoz nacional de Vox adelantó que su partido no facilitará la investidura de Moreno como presidente si se queda a un solo escaño de la mayoría absoluta (55). El líder popular se ha servido de esa afirmación para reafirmar su llamamiento a voto “por la estabilidad”. “Agradezco que lo diga claramente: hay dos partidos que ya han dicho que no se van a abstener en mi investidura aunque saquemos 54 diputados y nos falten diez votos para la mayoría absoluta: una es Montero y otro es Vox”.

Las encuestas que sitúan a Moreno al borde de la mayoría absoluta también coinciden en un dato de contraste: el 54% de los andaluces encuestados asegura que la comunidad está “peor que hace cuatro años”. El presidente de la Junta dice que “esa es la paradoja de los estudios demoscópicos”, pero niega la mayor: “Andalucía está mejor en todos los parámetros”.

Hoy en Andalucía se puede vender una vivienda de protección oficial a 2.760 euros el metro cuadrado útil, no sólo en capitales sino en pequeños municipios, según los coeficientes que marca la propia Junta. La periodista Ana Huguet ha preguntado a Moreno si considera esto “una VPO asequible”, y el candidato popular ha admitido que “baraja reducir esas tarifas”. “La situación provocada por la guerra de Irán nos recomienda revisar esas tarifas, especialmente para jóvenes”, ha dicho.

“Con Adamuz, me han tildado de débil”

Moreno ha restado importancia a las críticas vertidas por el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, que durante la celebración del debate electoral en Canal Sur Televisión, este pasado lunes, le acusó en redes de hace una “utilización política” del accidente de trenes que causó 46 muertos en su municipio, el pasado enero.

“Ningún partido político ha sido más prudente que nosotros. Durante más de 100 días no hemos dicho nada, hemos estado esperando a que el Gobierno de España nos diera información y que hubiera una asunción de responsabilidades”, ha asegurado este martes el candidato popular, durante una entrevista con la Cadena Ser, para explicar por qué decidió interpelar directamente a su rival socialista, María Jesús Montero, por la tragedia ferroviaria de Adamuz.

Interpelado por las críticas que le lanzó el alcalde del municipio cordobés, Moreno ha dicho: “Hay que entender al alcalde de Adamuz, imagino las presiones que habrá tenido por parte del PSOE, que habrán sido enormes, y no le ha quedado más remedio que salir. El Gobierno andaluz ha sido prudente, si hubiera sido al revés, con 46 muertos, hoy tendríamos las calles incendiadas. A mí me han tachado de ser demasiado débil, las víctimas me lo trasladaron y no tuve más remedio que preguntarle a Montero, porque en ese momento era la vicepresidenta del Gobierno”.

Desde este lunes, los testimonios de mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama o de retrasos en el diagnóstico en Andalucía cuentan sus casos en primera persona. Mirando a la cámara y con vídeos breves en los que resumen su situación, estas mujeres han respondido al llamamiento de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) y las Mareas Blancas sanitarias, que han lanzado una campaña bajo el lema 'Me too sanitario'.

La campaña se ha lanzado a las 9.00 de la mañana en todas las redes sociales de las dos entidades que la promueven, y tiene como objetivo denunciar las “graves negligencias” sufridas por estas mujeres, dando libertad a cada una para que lo cuenta con sus propias palabras.

Todas cuentan sus historias a cara descubierta, excepto Cristina, una mujer de Sevilla que está de espaldas, y relata que se notó un bulto en el pecho en diciembre de 2024 y que tardó seis meses en iniciar su tratamiento. Recuerda esta mujer que el máximo plazo recomendado para comenzar a ser tratada es de dos meses desde el diagnóstico.

A su experiencia se unen Luisa, una mujer de Granada que sufrió ocho meses de retraso en su diagnóstico o Margarita, una sevillana que tardó dos años en tener tratamiento, o Montserrat, una onubense que estuvo seis meses esperando su diagnóstico, y así hasta 39 testimonios en una primera fase.

Cribados y retrasos

Una de las afectadas, María Lamuedra Graván, promotora de la idea, explicado que, de los primeros vídeos publicados, 27 corresponden a retrasos diagnósticos producidos en el cribado de cáncer de mama, y el resto “de mujeres que se palparon un bulto o algún otro tipo de sospecha”.

En los casos de algunas de ellas “pasaron hasta 24 meses desde la sospecha inicial de cáncer hasta su tratamiento principal”, lo que “ha sucedido por toda la geografía andaluza”, aunque la mayoría de los vídeos pertenecen a afectadas de la provincia de Sevilla.

Hasta ahora se han recogido 29 vídeos de la provincia de Sevilla, tres de Huelva, dos de Málaga, y uno procedente de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaen y Almería. “Por encima de los cribados, se demuestra que en Andalucía hay un problema serio de retrasos diagnósticos y de tratamiento en casos de cáncer”, explica una de las ideólogas de esta campaña, que lamenta que “se habla de los cribados como si fuese algo puntual, que pasó y se arregló, pero no es un problema puntual sino un retraso diagnóstico cada vez más habitual”.

Recuerda además el estudio publicado en 'Gaceta Sanitaria', que revela que el último sexenio ha estado marcado por el repunte de decesos por tumores malignos, mientras que el porcentaje de participantes en los cribados en cáncer de mama y colon-rectal desciende, por lo que se pide una auditoría externa a la Junta de Andalucía. “Hay un problema global que hay que solucionar”, apostilla.

En la campaña que se ha iniciado hay mujeres que hablan de retrasos diagnósticos producidos en el cribado de cáncer de mama, y el resto “de mujeres que se palparon un bulto o algún otros tipo de sospecha y también pasaron hasta 24 meses desde la sospecha inicial de cáncer hasta su tratamiento principal”.

La campaña se ha iniciado a primera hora del lunes, y, aparte de las mujeres que ha reunido, está abierta a cualquier mujer que quiera aportar su experiencia personal.

José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), no será finalmente juzgado por un jurado popular. Los presuntos delitos de malversación y prevaricación cometidos al contratar para el Ayuntamiento a una mujer con la que mantenía una relación íntima serán juzgados, en su caso, por un juzgado de lo penal o por la Audiencia Provincial, según las penas que se soliciten. Así lo ha acordado la Audiencia Provincial de Málaga, que ordena que las diligencias continúen siguiendo los trámites del procedimiento abreviado. Esto obligará a la Fiscalía y a las partes a presentar nuevamente sus escritos de acusación.

La causa tendrá así una nueva demora. El juez de instrucción concluyó hace meses que de la investigación que realizó durante el año pasado se extraen “indicios suficientes” para llevar a juicio al regidor, que gobierna Estepona con mayoría absoluta desde 2011. Cree que la contrató “a los solos efectos de que recibiera la nómina correspondiente, sin que tuviera que desempeñar actividad alguna, tratándose su contratación, en consecuencia, de una mera ficción jurídica”.

El pasado enero, la fiscal presentó un escrito en el que solicita que se condene a García Urbano a cinco años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación, y a la mujer contratada, Cristina Pulido, a tres años y medio como cooperadora necesaria de los presuntos delitos. Por su parte, las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Vox pidieron para el regidor cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación y seis años de prisión, respectivamente.

A priori, iba a ser juzgado por un tribunal del jurado. Sin embargo, la continuación de la causa estaba a la espera de que la Audiencia Provincial resolviera el recurso de apelación del regidor, que pedía el archivo, y la petición de Fiscalía, que solicitaba que pasase del jurado a los tribunales ordinarios. En un auto dictado el pasado 8 de mayo al que este medio ha tenido acceso, la Audiencia desestima la petición de García Urbano, pero estima el recurso del fiscal.

La decisión de la Audiencia retrotrae la causa al momento previo y la sitúan en un camino diferente.

El delito de prevaricación

La decisión de apartar al jurado del juicio a García Urbano obedece a la ampliación en la acusación de Fiscalía, que sorprendió a otras partes del proceso. El foco siempre estuvo puesto en la presunta malversación, pero en el escrito de acusación presentado en diciembre la fiscal añadió otro posible delito: la prevaricación. Y eso impide que el caso pueda ser juzgado por un jurado, pues la ley excluye expresamente que pueda juzgar este delito “por conexión” a otro.

La Audiencia ordena al juzgado de instrucción que dicte otra resolución que reencauce las diligencias al procedimiento abreviado, algo que el juzgado ya ha hecho. En un auto dictado el pasado viernes, el juez ordena que sigan las actuaciones por esa vía, y vuelve a dar trámite a la Fiscalía, las acusaciones y los investigados para que presenten sus escritos de acusación o de petición de sobreseimiento. Después, el juez tendrá que dictar auto de transformación en procedimiento abreviado que García Urbano podrá recurrir nuevamente a la Audiencia Provincial.

5.200 euros en 48 días sin trabajar

Fue el juez quien abrió de oficio esta pieza (y no las acusaciones con intenciones “espurias”, como insiste García Urbano), después de que la mujer declarara en otra investigación (ya archivada) que García Urbano la había contratado sin que ella trabajase nunca. Fueron apareciendo indicios, como informes del área de Recursos Humanos; las declaraciones del concejal responsable, la mujer y el propio García Urbano; mensajes de Whatsapp; o las propias nóminas.

En el escrito de acusación que presentó en diciembre, y que ahora tendrá que repetir, la Fiscalía le acusaba de un delito de prevaricación y otro de malversación, que habría cometido al contratar para el Ayuntamiento durante 48 días a una mujer con la que “mantenía una relación sentimental” “a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna”, aunque en teoría la contrataba para revisar el mobiliario urbano. En ese tiempo, el Consistorio le abonó algo más de 5.200 euros, sin que ella acudiese nunca a su puesto, recibiese instrucciones o se le asignaran tareas, un puesto de trabajo o material.

Otra investigación judicial en marcha

A esta investigación judicial, ya concluida y cercana a juicio, se suma otra aún incipiente por la adjudicación de un restaurante en el Mirador del Carmen, una torre en la playa por cuya construcción el Ayuntamiento pagó a Bonifacio Solís (exsocio del alcalde) 16,3 millones de euros.

Tal y como desveló este medio en julio de 2023, las tres últimas plantas destinadas a restaurante fueron adjudicadas por un canon que apenas supone una tercera parte del precio de mercado a Inversiones Delmar 2022, constituida un par de meses antes por la pareja del hijo del alcalde en la asesoría de un concejal de confianza de García Urbano. Pocos meses después las participaciones de la empresa fueron vendidas. La empresa no ha pagado el canon anual en este tiempo.

En este caso, abierto en el juzgado de instrucción 4 de Estepona tras una denuncia de la Fiscalía, están investigados el alcalde, una concejala, el secretario municipal, el interventor y dos funcionarios. La UDEF alertó en un informe de que el regidor podría haber puesto el dinero para la fianza, y sospecha que la adjudicataria era en realidad una sociedad pantalla.

El próximo lunes están llamados a declarar los firmantes del informe policial, mientras que los investigados deberán hacerlo en julio, después de que se pospusieran las declaraciones previstas inicialmente para el 25 de mayo.

El precio del alquiler de la vivienda en Andalucía subió un 3,8% en 2024 con respecto al año anterior, la tercera comunidad autónoma donde más encareció los precios, sólo por detrás de Comunidad Valenciana (5%) y Baleares (4%). El ascenso registrado en la comunidad andaluza fue 1,2 puntos mayor que el encarecimiento del año anterior, según los datos del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler 2024 publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por municipios, donde más subieron los precios de la vivienda en alquiler en 2024 fueron Valencia (5,9%), Málaga (5,2%) y Alicante (5,1%).

Desde el año base, 2015, hasta 2024 los mayores aumentos se dieron en Valencia (36,4%), Málaga (32,7%) y Palma (31,3%). Además, el precio en Granada aumentó un 4,1% respecto al año anterior y un 23,9% en relación a 2015; mientras que en Huelva experimentó un encarecimiento del 3,4% respecto a 2023 y un 22,5% desde 2015. Finalmente, la vivienda en alquiler en Sevilla aumentó su precio un 3,5% en relación a 2023 y un 22,1% desde 2015.

Por contratos, donde más encareció el precio del alquiler en Andalucía fue en los nuevos contratos, un 8,5% más; mientras que los contratos existentes se encarecieron un 2,9%.

Atendiendo al tipo de vivienda, la unifamiliar subió un 3,1% en 2024 mientras que en la colectiva los precios sufrieron un ascenso del 3,9%.

Atendiendo a las provincias, el precio del alquiler en la vivienda andaluza creció en todas ellas, experimentando el mayor aumento de costes Málaga con un 4,9%, seguido de Granada con un 4%, Almería con un 3,5%, Sevilla con un 3,4%, Cádiz con un 3%; Huelva con un 2,9%, Jaén con un 2,6% y Córdoba con un 2,4%.

Variación del 3,5% a nivel nacional

Además, a nivel nacional, la variación anual del Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA) en el año 2024 fue del 3,5%, nueve décimas más que en 2023. Asturias (2,7%); Castilla y León (3%), Cataluña y La Rioja (ambas 3,1%) presentadron las menores subidas.

La variación de los precios de los arrendamientos fue diferente dependiendo del año de firma del contrato. Así, los nuevos contratos incrementaron sus precios un 8,8%, mientras que los precios de los contratos que ya existían antes de 2024 subieron un 2,8%.

Por tipo de edificación, las viviendas colectivas (aquellas ubicadas en edificios) incrementaron sus precios un 3,6% en 2024, nueve décimas más que en 2023. Por su parte, los precios de la vivienda unifamiliar alquilada subieron un 3%, nueve décimas más que en 2023.

Pablo Rodríguez, vecino de Granada y socio del bar Loop -un céntrico establecimiento hostelero-, permanece hospitalizado y pendiente de ser operado después de sufrir en la madrugada del sábado una agresión en el centro de la capital granadina que la Policía Nacional ya investiga. Su entorno sostiene que el ataque estuvo motivado por la camiseta antifascista que llevaba puesta.

Los hechos, avanzados en Ideal, ocurrieron en la zona entre calle Pavaneras y el inicio del Realejo, después de que Rodríguez terminara su jornada de trabajo en el establecimiento hostelero del que es socio. Según relata su pareja, la activista feminista Alejandra Chenoll, ambos salieron del local junto a varias amistades poco después del cierre, alrededor de las tres de la madrugada.

“Yo iba unos metros más atrás hablando con una amiga y de repente escuchamos un golpe”, explica Chenoll en conversación con este periódico. Cuando llegó hasta el lugar donde estaba Pablo, lo encontró inconsciente en el suelo y “en un charco de sangre”.

Dos jóvenes que se acercaron a auxiliarles les explicaron que habían visto salir corriendo a un grupo de unas seis personas. Horas después, ya en el hospital y tras recuperar parcialmente la conciencia, Rodríguez pudo relatar lo sucedido. Según su testimonio, varios jóvenes comenzaron a increparle por la camiseta que llevaba puesta, con el mensaje “Antifascist Bitches”, antes de rodearlo y golpearlo. “Le dijeron si estaba orgulloso de la camiseta”, relata Chenoll. “Le pegaron un único puñetazo, le rompieron el pómulo y lo noquearon”.

Operado tras fracturarse el pómulo

La víctima sufrió una fractura de pómulo y permanece ingresada para recuperarse de la intervención quirúrgica a la que se ha sometido. Su pareja insiste además en desmontar algunas versiones iniciales que apuntaban a una pelea nocturna. “No fue una pelea. Fue una agresión”, sostiene. “No iban borrachos ni hubo una discusión previa. Lo rodearon y le pegaron”.

Chenoll asegura que el golpe dejó inconsciente de inmediato a Rodríguez, que cayó al suelo y se golpeó también la cabeza. “Yo cuando lo vi pensaba que estaba muerto”, afirma. “Creo que se largaron porque pensaron que estaba muerto. Si no, la paliza podría haber sido mayor”.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado a este periódico que la Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre lo ocurrido. La familia prevé además presentar denuncia formal en las próximas horas y solicitar la revisión de las cámaras de seguridad de la zona.

Además, el caso ha provocado ya reacciones de colectivos sociales y organizaciones de Granada, que han mostrado públicamente su apoyo a la víctima y han convocado una concentración de rechazo a la agresión. Chenoll entiende que sucedido tiene lugar en un contexto de creciente actividad ultra en la ciudad y asegura que durante esa misma mañana aparecieron pintadas con simbología nazi en distintos puntos de Granada y firmados por Curva Sur, una formación ultra vinculada al Granada Club de Fútbol y con miembros de la excisión de Hogar Social Granada, una organización fascista con implantación por toda España.

“Es importante que se sepa que no fue dentro del bar y que no fue una pelea cualquiera”, insiste. “Fue porque iba solo con una camiseta. Nos puede pasar a cualquiera”. Mientras Pablo se recupera de su agresión, la investigación policial tratará de esclarecer los hechos y dar con los presuntos agresores.

En la política del insulto, el bramido y las formas chuscas, Juanma Moreno Bonilla (Barcelona, 1970) es de los pocos dirigentes del PP que no se ha dejado arrastrar por las dinámicas dominantes de la conversación pública: “Puedo tener discrepancias absolutas con el señor Sánchez y las tengo, pero no se me pasa por la cabeza, como hizo el otro día el señor Abascal, proferir una descalificación personal de esa naturaleza. Con eso se envilece la política, se descalifica y se deteriora la credibilidad. No quiero participar en ese juego”.

Al barón popular le persiguen la crisis por los cribados de cáncer y las críticas al funcionamiento de la sanidad pública, aunque él no la ve como su talón de Aquiles. “Decir que están en riesgo los servicios públicos en Andalucía es tan falso que hiere la inteligencia del andaluz”, responde.

Bajo ese lustre de líder moderado, dialogante y de formas exquisitas, sus adversarios ven solo una versión blanca de Isabel Díaz Ayuso, con la que no hay que rascar mucho para comprobar que comparte poco, aunque trate de maquillar la distancia entre ambos con las distintas realidades sociológicas de Madrid y Andalucía. El presidente de la Junta no es Ayuso y tampoco Feijóo. En esta tierra, antaño hegemónica del socialismo, las encuestas confirman que volverá a ganar las elecciones el próximo domingo 17. Lo que está en duda es si lo hará o no con mayoría absoluta, como hace cuatro años; si necesitaría a Vox para formar gobierno y si volvería a suscribir o no el acuerdo que firmó con la ultraderecha en 2019. Por lo demás, en el universo popular le señalan como posible relevo al actual líder del PP. Algo que dice ni se plantea: “No se me pasa ni por la cabeza”. Veremos...

Teníamos dudas sobre si hacerle preguntas o traerle una guitarra para que nos deleite con su faceta de intérprete. ¿Cómo es eso de que el candidato grabe con su voz la canción que suena en sus mítines?

Bueno, todavía no está oficialmente... Yo lo único que quiero decir es que a mí me gusta mucho la música de siempre. Tuve una experiencia musical cuando era muy joven, con 16, 17, 18 años, y, por tanto, me gusta mucho. Tengo muchos amigos que tienen grupos y estoy muy vinculado a todo ello. Hacer una sintonía personalizada siempre suena mucho mejor.

Ironías aparte, le agradecemos que reciba a elDiario.es. ¿Sabe que en su partido no son partidarios de responder preguntas de medios que no son de su mismo espectro ideológico? ¿Cree que el Partido Popular puede crecer sin dirigirse a quienes no están en su misma órbita?

Yo desde luego no soy el que toma esas decisiones. Respeto las decisiones que cada uno adopte en el ámbito de sus responsabilidades y que considere más oportunas. Pero hay medios y medios. Todos respetables, pero algunos tienen un nivel de hostilidad hacia el Partido Popular prácticamente enfermizo. Yo mismo he tenido algunas experiencias donde no he visto un punto de objetividad sobre cosas hechas razonablemente bien. No todo lo hacemos mal. Y, al final, eso lo hace también el Gobierno con otros medios. Los candidatos y los partidos tienen el derecho a seleccionar qué vía les interesa desde el punto de vista informativo y si consideran que la vía o el canal de información es más efectivo uno que otro, opta por uno.

Este es un canal muy efectivo para dirigirse a los andaluces y aquí estamos dos periodistas sin hostilidad que solo queremos preguntar. ¿Qué comparte, más allá de las siglas, con Alberto Núñez Feijóo?

Comparto amistad, que es lo más importante. Lo conozco desde hace más de una década. Vino aquí a apoyarme cuando yo era presidente del PP de Andalucía y en una circunstancia para mí muy complicada. Ha venido en numerosas ocasiones a presentarme. Es una persona muy comprometida, es amigo de sus amigos y es una persona a la que yo le tengo mucho afecto. Después, comparto con él la ambición de un país mejor, esa la compartimos. Creo, además, que él está en condiciones de hacer un país mejor porque es muy buen gestor y lo ha demostrado en sus distintas etapas. Es verdad que mucha gente dice que Alberto es más gestor que político. En la gestión es donde él puede llegar a desarrollar, por así decir, la plenitud de su experiencia. Y estoy convencido, no me voy a equivocar, de que cuando sea presidente del Gobierno de España será mucho más valorada su gestión porque va a tomar decisiones y será más responsable. España lo que necesita es gestión. Menos ruido, menos voces y más gestión.

Con Isabel Díaz Ayuso no comparte la misma amistad, supongo.

Bueno, con Isabel comparto también... La conozco desde muy jóvenes. Con ella coincido en muchas cosas. De joven me lo pasé muy bien con ella. He salido de cervezas por Madrid con ella. Es una mujer que se ha hecho a sí misma y eso tiene también su mérito en el sentido de que ha ido trabajando desde las bases, se ha ido abriendo un espacio, ha canalizado en gran medida el interés y la sintonía de los madrileños. Por eso tiene una mayoría social que la respalda. Tiene un valor.

La candidata del PSOE nos decía el otro día que usted es una versión blanda de Ayuso y que sus políticas son las mismas.

Eso tendrán que valorarlo los andaluces. Lo que creo es que nosotros militamos en un partido político que es liberal y que, como tal, no se nos pueden pedir políticas intervencionistas porque no nos gusta. Creemos en la empresa y en la libertad del individuo. Eso es así. Ahora bien, hay distintas maneras de interpretarlo. Quizá yo sea un liberal con más compromiso social o que la sociedad en la que yo vivo, que es la andaluza, tiene unas necesidades distintas a la madrileña. Madrid y Andalucía son distintas. Madrid tiene más renta. Madrid en una sola provincia concentra muchos recursos económicos, mucho poder político. Andalucía no es así, es heterogénea. Son dos realidades sociológicas distintas y, por tanto, dos maneras de gestionar esa realidad sociológica de modo distinto.

Y, además, usted no insulta, no descalifica y no busca el cuerpo a cuerpo. Quizá no tiene solo que ver con las necesidades sociológicas y sí con dos maneras de entender la política.

Es que yo creo que la confrontación, el insulto, y sobre todo la descalificación personal, no es positiva ni para el que la emite ni para la sociedad. A la sociedad no le ayudan a ese tipo de mensajes. No me gusta que se insulte. Puedo tener discrepancias absolutas con el señor Sánchez, y las tengo, pero no se me pasa por la cabeza, como hizo el otro día el señor Abascal, proferir una descalificación personal de esa naturaleza. Con eso se envilece la política, se descalifica y se deteriora la credibilidad. No quiero participar en ese juego.

¿Y cómo cree que hemos llegado aquí, a la permanente deshumanización del adversario político?

Bueno, se ha llegado por muchas razones. Porque la política, en términos generales, ha cambiado. Si vemos lo que sucede en países de Europa, vemos que ocurre algo muy parecido a lo de España, incluso en Estados Unidos. ¿Por qué? Por muchas razones, pero el ser humano es cada vez más individualista. Las redes sociales ejercen un poder y una influencia que a veces puede ser positiva, pero a veces es tremendamente negativa. Después del covid y de distintas crisis económicas, ha habido un aislamiento social, desafección, desencanto. La emergencia de los populismos.

Todo ese cóctel en el que está viviendo Occidente hace que estemos en uno de los momentos de mayor riesgo para las democracias liberales como las hemos conocido nosotros. A mí me sorprendió mucho lo que pasó en Corea del Sur, que es un país que tiene algunos años más de democracia que nosotros y que tuvo un intento de golpe de Estado. ¡Ojo! Porque esto que vemos tan natural de poder decir cada uno lo que queramos, de pensar lo que queramos, de vestir lo que queramos, de movernos con libertad, algunos lo cuestionan. Por eso tenemos que movernos [en la política] desde el respeto porque en el momento que perdamos eso, los populismos se hacen grandes.

¿Cómo calificaría las imágenes que hemos visto de la esposa del presidente del Gobierno siendo hostigada por Vito Quiles?

No me gusta ningún tipo de hostigamiento. Y también he visto hostigamiento de todo tipo aquí por parte de sectores de izquierda, por parte de agitadores de izquierda. A mí me han llamado asesino y cosas muy feas. Y por eso digo que ambas situaciones me parecen que no son para nada gratificantes, que no ayudan y que hay que sacar de la vida pública ese tipo de comportamientos. Al final, lo que tenemos que hacer es que cada uno pueda pedir la palabra y que los periodistas tengan derecho a presionar en el sentido de repreguntar. Y si la otra persona no quiere hablar o no quiere comunicar, hay que respetarla.

Podemos entrar en un largo debate sobre lo que es periodismo y lo que no lo es, pero no tenemos tiempo. Le diré que en mi opinión eso no es periodismo.

Se podría entrar, sí.

¿La sanidad pública es su talón de Aquiles?

No lo veo como mi talón de Aquiles. La sanidad pública puede ser mi gran oportunidad y ha sido mi gran oportunidad. Nosotros hemos hecho 100 infraestructuras sanitarias nuevas, introducido 30.000 profesionales sanitarios, estabilizado las plantillas en un 96%... Cuando llego a un centro de salud o a un hospital, después de mi experiencia de estos cuatro años, los profesionales sanitarios son supercordiales conmigo, supereducados y me agradecen el servicio.

Es más, después del debate de esta semana paré a tomar un café de camino a Málaga y había tres profesionales sanitarios que vinieron a saludarme y me dijeron: “Mira, presidente, hay cosas que mejorar, pero ni mucho menos estamos como estábamos en el pasado”. Ellos saben lo que estamos haciendo y una parte de la población también lo sabe. Y luego, si uno quiere hacer una campaña basada en la mentira, pues allá cada uno. Quizá el resultado que pueda obtener de ello sea doloroso porque la gente no es tonta. Decir que la sanidad es privada o que están en riesgo los servicios públicos en Andalucía es tan falso que hiere la inteligencia del andaluz. La señora Montero está asumiendo un riesgo muy elevado con esa estrategia de mentira, ya que puede taladrar el suelo del PSOE y eso, sin duda, le va a doler bastante a ella y a su partido.

Profesionales del hospital Virgen del Rocío decían que el principal problema en lo que respecta a los cribados del cáncer de mama fue la falta de recursos humanos. ¿Está usted de acuerdo?

No sé si los administrativos que tenían que trasladar la información fallaron. Es verdad que hemos tenido en algunas unidades administrativas falta de personal. Ahora mismo tenemos oposiciones pendientes, pero el problema fue de información, básicamente. Aquellas mujeres que tenían un diagnóstico, digamos, no claro o no concluyente tuvieron una falta de información. Y eso se detectó. Hacemos un millón de cribados en Andalucía y se producen errores, claro. Ahora, con el anterior gobierno y en el futuro, porque desgraciada y lamentablemente, a pesar de que ponemos todas las medidas, se producen errores. Nosotros lo que hicimos, en primer lugar, fue asumir el error, la responsabilidad política —que en España nadie lo hace y aquí fue renovada la cúpula entera del SAS— y atender a todas esas mujeres hasta el 30 de septiembre. Después, hemos hecho un plan de contratación de 500 profesionales con el que el sistema ha salido reforzado. Un problema y un drama lo hemos convertido en una oportunidad para evitar en un futuro que pueda ocurrir de nuevo el error.

¿Y por qué pese a todas las nuevas contrataciones, no estas a las que se ha referido ahora, Andalucía sigue liderando las listas de espera sanitarias?

No las lideramos nosotros, sino Aragón. Nosotros somos los cuartos, a pesar de una huelga que tenemos semanal del Sindicato Médico, y que cada día nos paraliza 50.000 actos médicos, entre ellos diagnósticos oncológicos. Llevamos casi un millón de actos médicos suspendidos. ¿De quién depende eso? De la ministra de Sanidad, que no se sienta con el Sindicato Médico y hay huelgas en toda España. El problema de la sanidad es un problema conjunto del país y por eso defendí un pacto de Estado, porque este problema que tenemos en Andalucía lo tienen todas las comunidades autónomas. La población ha envejecido muchísimo, la cartera de servicios se ha ampliado y nuestro sistema no está preparado.

¿Va usted a reformar el Servicio Andaluz de Salud? Dijo que era meterse “en líos”. ¿Está ahora en su horizonte?

Sí, lo voy a hacer porque yo siempre he pensado que metiendo más profesionales y más recursos iba a solucionar los problemas. Sin embargo, hemos metido 8.000 millones más y no se soluciona. Tenemos el sistema público de salud más grande que hay en España. Cuando yo me hice cargo de la Sanidad, después de la etapa Montero, éramos los últimos en inversión por habitante. Ahora estamos por encima de la media. Hemos hecho una inversión de 30.000 profesionales más. Pensaba que con eso se solucionaba, pero cuál ha sido mi sorpresa al comprobar que no solamente con dinero funciona. ¿Qué significa? Que el modelo organizativo no es eficiente y no funciona bien. Está diseñado en los años 80, cuando había 15.000 médicos en paro, la cartera de servicios era menor y la población de Andalucía era más joven.

Vamos a hacer una reforma en profundidad del modelo organizativo para digitalizarlo e introducir inteligencia artificial para hacerlo más transparente. Esto de lo que estamos hablando de la información [respecto a los cribados] es porque en el SAS hay compartimentos estancos que ni siquiera el director del hospital sabe la información. Eso no puede ser. Vamos a hacer una reforma con los profesionales, una reforma para hacer un modelo del siglo XXI.

El otro día un amigo me dijo que esto es como la segunda vuelta de Macron-Le Pen. Yo soy la única opción de gobierno. Si la única opción es solo o acompañado, una parte de Andalucía irá al voto útil

Volviendo brevemente a la crisis de los cribados. ¿Sabe finalmente cuántas mujeres se han visto afectadas y si alguna ha fallecido?

Lo que me traslada el SAS es que ninguna mujer ha fallecido. De las 2.317, ninguna mujer fallecida. No se puede establecer causa-efecto. Hay personas diagnosticadas y personas que evolucionan de una manera y otras personas que evolucionan de otra que es distinta. No hay una causa-efecto. Y no ha fallecido ninguna.

¿Dijo usted que fue un 1%, en torno a 23 mujeres las afectadas?

Eso es lo que dice la estadística. Todas esas mujeres fueron monitorizadas y fueron atendidas, y se les hizo la nueva prueba a todas ellas, tal como nos comprometimos.

Seguro que le han hecho esta pregunta mil veces, pero ya sabe lo pesados que somos los periodistas y los andaluces querrán una respuesta. Si no suma mayoría absoluta el domingo 17, ¿está dispuesto a meter a Vox en su gobierno?

Ahora no me lo planteo. ¿Por qué? Porque no me lo planteé tampoco en 2022. Creo que las cosas cuando uno las piensa, se consiguen y cuando uno piensa lo negativo, también le pesa. No quiero plantearme ese escenario. No me lo planteé en el año 22, cuando nadie creía que podíamos tener una mayoría y la tuvimos. Y no me lo voy a plantear ahora cuando estoy cerca de esa mayoría. Estoy convencido de que los andaluces van a dar una mayoría suficiente. Conozco mucha gente de centro-izquierda, porque tengo una rama de mi familia y muchos amigos que son de izquierdas, y sé positivamente que van a utilizar el voto útil. El otro día un amigo me dijo que esto es como la segunda vuelta de Macron-Le Pen. Me dijo: “Mira, yo no apoyaría a Macron, los franceses no apoyarían a Macron, pero antes que a Le Pen, apoyaron a Macron”. Pues aquí es igual. Yo soy la única opción de gobierno. Montero no tiene ninguna posibilidad y ninguna alternativa de gobierno en la que sume. Por tanto, si la única opción es solo o acompañado, una parte de Andalucía, que es bastante inteligente sea de centro-izquierda o de centro-derecha, irá al voto útil.

¿El PP está intentando rebajar la expectativa para que los suyos no se confíen?

No, somos realistas. Vamos a ganar estas elecciones, tal como dicen las propias encuestas y tal como yo lo veo en la calle. Y si seguimos en esta tendencia de aquí al 17 de mayo, lo normal es que ganemos en las ocho provincias andaluzas. Podemos sacarle al segundo partido un porcentaje muy importante. Pero el problema es que te falte uno. Si nosotros fuéramos Murcia, Madrid o Cantabria, las posibilidades serían de un 90%. Pero, al tener ocho provincias con ocho restos, con una ley tan caprichosa y donde se presentan 20 formaciones políticas aunque no saquen representación, van restando. Entonces ahora mismo tenemos cuatro diputados que están en el aire. Cuatro, incluso podría haber un quinto.

Si la izquierda no quiere que Vox tenga posibilidad de gobierno, lo razonable sería que si me quedo a un margen escaso, se abstuvieran. Pero mucho me temo que no sucederá

¿Qué dice la lógica? Que lo normal no es que los cinco se vengan con nosotros, ni que los cinco se vayan hacia el otro lado. Lo normal es que se repartan. ¿Entonces, hasta dónde va a llegar ese reparto? Ahí es donde está la duda. Nos podemos quedar en 54-53. Si sacara 52 diputados sería un pedazo de resultado. Si hace siete años y medio, me dicen: “usted firmaría por una reelección en 2026 con 52 diputados por encima del 40% de los votos y ganando en las ocho provincias”. Hubiera firmado sin dudarlo. Lo que pasa es que ahora vamos a por la matrícula de honor. Pero si somos realistas, por la experiencia sabemos que podemos ir a un resultado por encima de la absoluta o por debajo.

¿Pedirá la abstención de los partidos de izquierda si se queda a 2-3 escaños de esa mayoría absoluta o pactaría con Vox, como ya hizo en 2019?

Bueno, yo voy a intentarlo. Y, desde luego, si la izquierda no quiere que Vox tenga posibilidad de gobierno lo razonable sería que, si me quedo a un margen tan escaso, se abstuvieran. Eso sería lo lógico y lo razonable. Pero mucho me temo que no sucederá.

¿Y si suma mayoría absoluta está preparado para ir a Madrid y saltar a la arena nacional en el horizonte medio?

No, para nada. No es que no esté preparado, es que no se me pasa ni por la cabeza. Yo he estado 18 años viviendo en Madrid, he participado en la dirección nacional en distintas etapas de mi partido y mis hijos mayores han estado mucho tiempo allí. Yo volví a mis raíces. He vuelto a una tierra en la que me siento feliz, donde estoy con los míos y que me provoca muchos sentimientos aspiracionales. Estoy muy motivado con el cambio de Andalucía y estoy plenamente ilusionado. No volvería a Madrid.

Si Alberto Núñez Feijóo no cuaja en el 2027, ¿qué recambio tiene el Partido Popular?

Lo tendrán que decidir los militantes del Partido Popular. Pero eso no a pasar porque Alberto no va a pinchar.

¿La prioridad nacional traspasa los límites constitucionales?

La prioridad nacional es un eslogan efectista en términos electorales. Pero es una frase hueca porque las leyes orgánicas están por encima de cualquier otra cosa. Los Estatutos de Autonomía, la Constitución y la Ley de Extranjería marcan lo que son los principios rectores de cualquier acción de gobierno. Lo que pasa es que ellos necesitan literatura para su electorado, y es razonable. [Vox] está haciendo un ejercicio exclusivamente de fuegos artificiales. Primero, porque en la comunidad autónoma no tenemos competencia migratoria. Y segundo, porque es ridículo. ¿Acaso se va a dejar de atender a un extranjero en nuestro servicio público de salud? Eso no es que sea ilegal, es que incluso es amoral.

Ha dicho en una entrevista reciente que al PP no le va a pesar, en cuanto a votos, el tema de la corrupción y que desde que es presidente “no ha habido casos de corrupción en Andalucía”. ¿Qué es entonces lo del expresidente de la Diputación de Almería que va a declarar en el juzgado en los próximos días?

Si los jueces lo estiman así, será corrupción. Pero no es mi administración.

Pero sí un exdirigente de su partido.

Un partido que es el PP más grande de España y donde hay ocho provincias. Cuando se tiene tanto poder, pueden ocurrir casos de corrupción, evidentemente. Vamos a ver si realmente es así, pero cuando se verifique. Lo que nosotros hemos hecho ha sido de libro, no como otros que tardaron 16 meses en expulsar al señor Ábalos, que volvió a repetir como diputado en el Congreso. Nosotros hemos suspendido de militancia, hemos forzado la dimisión y hemos metido mucha presión, desde la imputación, para que en una semana hubiera un cambio en la Diputación y en uno de los ayuntamientos en el que estaba implicado. Renovamos todo. Y a partir de ahí ellos ya tienen su legítimo derecho a defenderse.

Ya que habla de Ábalos, en su alegato final ante el Supremo, Koldo García dijo que el abogado del PP le propuso defenderse mintiendo para evitar la cárcel.

¡Viniendo de Koldo! Puede contar... Ha cambiado de criterio, ha mentido, ha dicho que miente la Guardia Civil, que miente el juez, el fiscal... Está en una situación de desesperación absoluta frente a una previsible condena y, por tanto, se agarra a lo que sea.

Imagino que igual que Aldama. Ambos tienen la misma credibilidad.

Según los investigadores, no se les otorga la misma credibilidad. De hecho, por eso mismo se ha protegido a Aldama, porque ha sido el que más información ha dado y más ha colaborado con la Justicia. Por eso puede que tenga incluso menos condena que el resto. No tengo ninguna información, pero por lo que he leído, el señor Aldama parece que ha facilitado más información o información más verosímil. Dicho de otra manera, Koldo dice que es inocente, Ábalos dice que inocente, pero el señor Aldama dice que es culpable, que es corruptor. Entonces, cuando alguien asume su responsabilidad y empieza a colaborar con la justicia, está en otro estadio.

Cambiando de tercio, ¿cómo puede un presidente autonómico renunciar a 5.700 millones de euros más para su territorio con el argumento de que el nuevo modelo de financiación ha sido acordado con Esquerra Republicana?

Porque es mentira. La diferencia que tenemos con Cataluña aumenta todavía más. Esto es muy sencillo: cuando un modelo de financiación solo lo aprueba la comunidad beneficiaria, ni siquiera Castilla-La Mancha y Asturias que las gobierna el PSOE, es que el sistema no es equilibrado ni ponderado. Cuando la propia ministra introduce elementos de ordinalidad y después da pasos atrás, lo que está es en contra de unos principios fundamentales que hemos defendido en el Parlamento de Andalucía una mayoría de los andaluces. Las encuestas que han aparecido no se creen ni mucho menos ese modelo.

No conozco a ningún español o andaluz que crea que el señor Junqueras está impulsando un proyecto de financiación que beneficia a Andalucía. Siempre sale perdiendo. Lo vemos en las inversiones, en las infraestructuras, en todo. ¡Ya quisiera yo tener los Rodalies que conectan las cuatro provincias catalanas! Nosotros tenemos un millón más de habitantes, el doble de territorio y solo tres ciudades con Cercanías. Es más, no se ha hecho un centímetro de Cercanías en Andalucía. Por eso creo que le va a ir mal al PSOE en estas elecciones. Y lo digo así porque tratan a los andaluces como tontos. La gente sabe perfectamente que para que Sánchez se mantenga en el poder tiene que pactar. E, igual que cuando pacta el PP con Vox, tiene que ceder, pero en este caso que pacta con independentistas separatistas, tiene que privilegiar a su territorio.

El PP pacta con la ultraderecha y también cede. ¿Qué gana?

Es el único pacto posible. Es que no hay otra opción. Me refiero a que cuando los ciudadanos deciden que hay una mayoría, no hay alternativa posible. No hay gobierno alternativo porque con el PSOE no hay posibilidades de entenderse. Desgraciadamente, no estamos en la sociología alemana de la que estamos lejos todavía, pero algún día pudiera ocurrir. Ahora mismo no estamos en ese episodio. Entonces solo hay una opción y esa es la dinámica de los pactos. Ahora, quien decide son los ciudadanos. Por eso yo he dicho en la tribuna que el veredicto es de ellos. Todos los días explico a los ciudadanos los problemas que nos generaría un acuerdo con Vox, que no deseo en absoluto. Ahora son ellos los que tienen que valorarlo y decidirlo en las urnas.

¿De qué se siente más orgulloso, desde el punto de vista social, en estos cuatro últimos años al frente de la Junta?

En dependencia hemos hecho un importante trabajo. Hemos llegado a tener listas de espera en dependencia de 1.200 días en la etapa socialista y ahora estamos en 400, que es mucho. Exactamente, en 380. Es un esfuerzo brutal. Hemos tenido casi 300.000 más beneficiados de los que había antes. Se ha hecho un trabajo muy fino y duplicado el presupuesto. Hemos metido mucho más recursos humanos y, sobre todo, hemos dedicado mucha atención a las enfermedades raras.

Respecto a la vivienda, la Junta pone el límite de ingresos familiares para acceder a casas protegidas en los 59.000 euros. ¿Cree que esa es la realidad de las familias en Andalucía, con una media de ingresos de 30.000 euros?

Nosotros hemos hecho casi cuatro veces más viviendas de la que hizo la administración socialista, alrededor de 15.000 viviendas de protección. Somos la tercera comunidad en vivienda de protección oficial en España y ahora vamos a dar solución a 60.000 familias. Pero sí, vamos a modificar algunos de esos criterios, también en el ámbito fiscal porque las ayudas eran solamente para pisos en torno de los 150.000 euros, que son precios que ya no existen. Vamos a modificar tanto por arriba como por abajo para adaptarlo un poco a la realidad del mercado. Quizá necesite ajustes, pero se ha hecho mucho en esta materia. Pero al único sitio donde ha venido Pedro Sánchez a inaugurar viviendas ha sido a Andalucía porque es la comunidad que hace más casas de protección. Este problema en todo caso no se va a solucionar con ideología, ni de un lado ni de otro, sino con pragmatismo.

El precio de todos los ingredientes que tiene una vivienda es carísimo como consecuencia de la guerra de Irán, Ucrania... Tenemos un déficit de suelo de ordenación y de desarrollo urbano. Tenemos un país que no está superpoblado, con unas leyes hipergarantistas, con una burocracia horrible por una falta de suelo que no se puede utilizar. Nosotros en Andalucía estamos sembrando para que en muy poco tiempo multipliquemos por cinco el número de viviendas y yo creo que esa va a ser la solución: casar oferta y demanda. Y vuelvo a insistir lo del alquiler: en Madrid hay grandes tenedores, en Barcelona también los hay, pero aquí en Andalucía la mayoría que pone en alquiler una segunda vivienda son familias que han ido ahorrando y muchos de ellos no la alquilan por miedo a que se le ocupen, y eso hay que arreglarlo. ¿Y por qué tengo que echar un año y medio después, con lo lenta que es la justicia? ¿Es justo eso? ¿Y es motivante para que haya más pisos en alquiler? Evidentemente no. Eso falla y son cosas que hay que solventar, porque el problema va a seguir creciendo.

Aquí puedes ver la entrevista íntegra:

En las paredes de un céntrico bar de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) hay dos fotografías de Antonio Maíllo. En una viste camisa negra y tiene 33 años, aparece en un extremo de la imagen, junto a otras 20 personas: es el que cierra la lista electoral de Izquierda Unida (IU) en las municipales de 1999. La otra foto es un cartel electoral, lleva una camisa blanca, está solo, tiene 59 años y es el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las andaluzas del próximo 17 de mayo.

En el ecuador de la campaña, la caravana de Por Andalucía ha hecho una parada en el Barrio Alto, la zona más antigua de Sanlúcar, para que Maíllo se reencuentre con su yo de juventud, como quien se asoma al retrato de Dorian Gray. En este municipio, hoy de 70.000 habitantes, el candidato empezó a dar clases de Latín y fue concejal en el Ayuntamiento hace 37 años.

Llevaba militando en IU desde su fundación, en 1986, pero es aquí, “el barrio de los comunistas”, donde empieza a construir su perfil político. “A Antonio siempre le hemos llamado el niño, porque de jovencito, siendo maestro de aquí, tenía cara de niño, con muy poca barbita”, dice María, una de las señoras que le achucha cuando le ve entrar en la Plaza de la Paz.

Este alto en el camino del candidato no es uno más. Las campañas electorales hoy son emocionales, el estado anímico mueve a la tropa, y el jovencísimo equipo que acompaña a Maíllo -ninguno había nacido cuando él ya impartía clases en Sanlúcar- necesita que el jefe se vea arropado por el cariño de los suyos.

Necesitan que Maíllo se reencuentre con la “alegría revolucionaria” que él mismo reivindicó, hace 13 años, cuando fue nombrado coordinador andaluz de IU, para transformar la imagen arquetípica de una izquierda siempre mosqueada, gris, siempre con el ceño fruncido.

Las dos fotos de Antonio Maíllo están colgadas de las paredes de un bar que es, a la vez, sede de IU y del Partido Comunista, donde militan los de la hoz y el martillo, pero también los simpatizantes del pescaíto frito y la gamba blanca. Aquí el pescado está por encima de la ideología, “puedes ver entrar a un señor con la pulserita de Vox a llevarse un cartucho de puntillitas”, bromea. En las servilletas de papel aparece el logotipo de Izquierda Unida.

Cuando el candidato se mete en el bar, desde las paredes le observan los retratos de Julio Anguita, Marcelino Camacho, la Pasionaria, el Che Guevara y José Luis Medina Lapieza, primer alcalde de IU en Sanlúcar de Barrameda en democracia. No volvió a haber otro hasta las municipales de 2023, cuando tomó el bastón de mando la actual regidora, Carmen Álvarez, que también fue alumna de Maíllo en el instituto Francisco Pacheco.

En Sanlúcar fue el PP quien ganó las últimas elecciones con nueve concejales (de 25), pero PSOE e IU lograron siete diputados cada uno y pactaron un gobierno de coalición, nombrando alcaldesa a la dirigente comunista que había obtenido más votos que los socialistas. Apenas un año después, la acuerdo saltó por los aires, el PSOE abandonó el Ejecutivo e Izquierda Unida siguió gobernando en minoría.

La estampa es un aviso a navegantes para Maíllo, que acude a los comicios del 17 de mayo con el propósito de cogobernar con el PSOE de María Jesús Montero “si dan los números”. “Yo no me engaño: un gobierno de coalición es un verdadero dolor, un quebradero de cabeza, pero es nuestra responsabilidad, nuestra obligación y nuestro compromiso”, dice. En ese momento, quizá, por su cabeza atraviesan los cortocircuitos que sufre el actual Gobierno PSOE-Sumar -“en Vivienda nos han dejado tirados”- o los que vivió en el primer Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU [2012-2015], del que sería expulsado por Susana Díaz.

En una mesa del bar-sede del PCA, hay dos parejas octogenarias comiendo que, al ver entrar al candidato, pegan un respingo y le dan un abrazo. Una de las señoras le zarandea con cariño, luego se gira hacia los periodistas y hace un pronóstico electoral: “Le he dicho a Antonio que lo vamos a conseguir. Y si no es en ésta, será en la siguiente o en la siguiente. Lo importante es que hoy estamos bien. Tengo 83 años y me quiero, porque para que los demás te quieran, primero una tiene que quererse a sí misma”.

La señora, ufana, se despide y sale del bar tanteando con un abanico las mesas y las sillas que tiene por delante. “Los de la ONCE me dicen que me lleve el bastón, porque veo poco, pero yo con el abanico me apaño”, dice antes de marcharse.

A Maíllo vienen parándole y abrazándole por las calles de Sanlúcar desde la Cofradía de Pescadores, en el barrio de Bonanza, donde por la mañana se ha reunido con los trabajadores para escuchar que la subida del precio del carburante, como consecuencia de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, les tiene fritos. “La liberación de los precios es un fraude. Las compañías especulan con el precio del petróleo, se ponen de acuerdo, y vosotros no lo notáis”, les cuenta a los pescadores.

El coordinador federal de IU nació en Lucena (Córdoba), aprobó las oposiciones de profesor de Latín y obtuvo su primera plaza en expectativa de destino definitivo en el instituto Francisco Pacheco, el más antiguo de Sanlúcar. En el autobús electoral, Maíllo recuerda que era un centro de enseñanza “con mucha solera, muy involucrado con la gente del pueblo”, y a la alcaldesa, le dice que aún lo es, que el instituto expone en el municipio las obras del alumnado del Bachillerato de Artes.

“Entonces yo tenía 23 años, un sueldazo para esa edad, pagaba un alquiler de 21.000 pesetas [120 euros], y salía a divertirme por las noches con mis alumnos, que tenían 18 años”, recuerda. Con dos de sus alumnos volvería a reencontrarse como contrincantes políticos: la expresidenta de la Diputación de Cádiz y diputada del PSOE en esta legislatura, Irene García; y el anterior alcalde del municipio, Víctor Mora. “En Sánlúcar estuvo sólo seis años, hasta que le dieron plaza definitiva en Aracena (Huelva), pero aquí dejó huella. Yo le recuerdo siempre sonriendo”, dice Javier Franco, jefe de prensa de la alcaldesa, que también fue su alumno.

Maíllo se marchó de Sanlúcar, pero siguió manteniendo el contacto. Volvería en el 99 para cerrar simbólicamente la lista electoral de IU, como atestigua aquella foto descolorida de grupo que cuelga de la pared del bar del PCE. Luego siguió impartiendo clases de Latín durante 13 años en Aracena (Huelva), donde tiene su plaza y su casa, donde se presentó dos veces como candidato a Alcalde, en 2003 y en 2007.

En el verano de 2013, con 47 años, Maíllo abrió un nuevo tiempo en la vetusta Izquierda Unida de Andalucía, con un lema que sonó a toda una declaración de principios: “La alegría es revolucionaria. Hay que defender la alegría como una trinchera”, dijo, citando un poema de Benedetti, en aquella asamblea andaluza, donde sustituyó al veterano Diego Valderas, donde sonó -como siempre- el himno de la clase trabajadora, La Internacional, y luego se escuchó -como nunca- la canción Always look on the bright side of the life [Busca siempre el lado bueno de la vida], de los Monty Python.

Han pasado 13 años, varios ciclos electorales, varias coaliciones fallidas en la izquierda, un cáncer de estómago superado, los indignados del 15M, la irrupción de partidos emergentes, el declive de partidos emergentes, la derrota del PSOE andaluz tras 37 años de gobiernos, la hegemonía de la derecha en Andalucía, la eclosión de la ultraderecha, la polarización, la pandemia, la desafección política, la crisis del asociacionismo que nutre de activismo a las izquierdas, la rabia en el Congreso, la guerra...

El adiós de Antonio Maíllo en 2019 -“la política tiene que ser compatible con la vida”-; el regreso de Antonio Maíllo, que anunció su candidatura para liderar la coalición Por Andalucía el año pasado: “No puedo quedarme parado viendo cómo la derecha desmantela los servicios públicos en Andalucía”.

Y aquí nos dejó la riada, en Sanlúcar de Barrameda, donde desemboca el río Guadalquivir. Donde empezó todo. A Maíllo se le ha congelado aquella sonrisa con los años. En su primera campaña como candidato de IU, en las autonómicas de 2015, se enfrentó al fantasma del sorpasso de un volcán político como Podemos, liderado entonces por Teresa Rodríguez. Tenían 12 diputados y habían sido socios del PSOE de Susana Díaz en el primer Gobierno de coalición de socialistas y comunistas. Logró salvar los cinco escaños necesarios para tener grupo parlamentario propio.

Ahora, las encuestas le son tan adversas para él como para el resto de las izquierdas. La marca Juanma Moreno, por encima de las siglas del PP, roza la mayoría absoluta, y el auge de Vox le garantiza un colchón holgado para que continúen gobernando las derechas. Pero en el breve tiempo en el que la caravana de Por Andalucía ha estado en Sanlúcar de Barrameda, el candidato parece haber rejuvenecido 30 años y está convencido de estar donde ahora le toca estar.

Maíllo está sentado en una mesa del bar del Partido Comunista, dejándose observar por su yo del pasado y, con la mirada perdida, de repente le baja el ritmo cardíaco acelerado de la campaña, se da cuenta de una cosa y lo verbaliza: “Ahora mismo soy feliz”.

La desigualdad territorial y el sistema electoral tienden a beneficiar a los partidos más votados históricamente. En Andalucía, si en el pasado las provincias menos pobladas, pero cuyo voto vale más (como en Huelva o Jaén) ayudaron al Partido Socialista, ahora el giro a la derecha que se ha producido en estas regiones impulsa el voto del Partido Popular.

Este 17M en Andalucía 13 partidos intentarán conseguir alguno de los 109 escaños que se repartirán en los comicios autonómicos. Además de los dos grandes partidos (PP y PSOE), en la derecha se presentarán también Vox y el partido de Alvise Pérez (Se Acabó la Fiesta - SALF) y otras candidaturas regionales de izquierda se unirán a los comicios como Por Andalucía y Adelante Andalucía.

En la provincia de Huelva, estas listas electorales se intentarán repartir los 11 escaños que entrega la circunscripción. La misma cifra corresponde a Jaén, mientras que Almería y Córdoba distribuyen 12 escaños cada una. Para Granada son 13; Cádiz, 15, Málaga; 17 y Sevilla, la circunscripción más poblada, 18. Para alcanzar alguno de esos escaños, los partidos deben superar el 3% de los votos, pero con la fragmentación electoral, los partidos más grandes tienden a ser beneficiados por el sistema. 

Para medir a qué partidos ha perjudicado y beneficiado el sistema electoral hemos calculado las diferencias entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de votos obtenido por los partidos que se presentaron en todas las elecciones autonómicas de la Junta de Andalucía desde 1983. En el siguiente gráfico, el cero representa el equilibrio entre votos y escaños. Los partidos que se sitúan por encima son aquellos beneficiados por el sistema electoral.

Como puedes ver, PP y PSOE han sido los partidos con mayor prima de escaños en las autonómicas de la comunidad. La victoria de Moreno Bonilla en las elecciones autonómicas de Andalucía en 2022 se recuerda por la mayoría absoluta de los populares que les permitió gobernar en solitario.

En 2022 el PP logró un 53% de los escaños (58 escaños de los 109 a repartir) mientras que el PSOE consiguió un 27,5% (30 escaños de los 109). Sin embargo, estos porcentajes de escaños no corresponden al mismo porcentaje de votos conseguidos. Es decir, los populares, con el 53% de los escaños obtuvieron el 43% de votos. Una diferencia de casi 10 puntos a su favor. Por su parte, el PSOE obtuvo el 27,5% de los escaños con el 23% de los votos; una diferencia de 3,4 puntos a su favor.

¿Y por qué sucede esta distorsión entre votos y escaños? Primero, por cómo se reparten los escaños entre las ocho provincias. La ley electoral de Andalucía fija que cada provincia tiene asignado un mínimo de ocho diputados y los 45 restantes se reparten según su población.

Si las provincias reciben un número de escaños en función de sus habitantes, ¿significa que el voto vale igual en todas? No exactamente. Precisamente, ese mínimo de diputados, que se reparten por igual sin importar el número de residentes, es lo que distorsiona el reparto. 

¿Cómo afecta en cada territorio? En las próximas elecciones del 17 de mayo, Sevilla y Málaga elegirán el 32% del Parlamento cuando representan al 43% de la población. La menos perjudicada sería Cádiz, que apenas tiene 0,8 puntos de diferencia entre la población y los escaños que representa. ¿Y las más favorecidas? Sobre todo Jaén y Huelva: el 13% de la población que agrupan entre las dos elegirá al 20% de los diputados. 

¿Ha sido siempre así? La ley electoral de Andalucía no ha modificado el reparto de escaños, así que no es un problema nuevo. El siguiente gráfico muestra la evolución de la diferencia entre el porcentaje de población de cada provincia y el porcentaje de escaños que elige. En rojo , las provincias que reparten menos escaños que los que les corresponden por número de habitantes, en azul , las que tienen más escaños que su porcentaje de población.

Se puede apreciar que, en general, se mantiene la misma dinámica: las tres provincias más pobladas están infrarrepresentadas mientras que las más pequeñas se benefician.

Esta distorsión a favor de las regiones menos pobladas es una constante en la mayoría de procesos electorales en España. En las elecciones generales o en las autonómicas de Aragón, por ejemplo, las zonas con menos habitantes también están sobrerrepresentadas para evitar que sean olvidadas en los presupuestos o en las políticas públicas.

¿En qué influye este reparto? Hace que aumente el valor del voto en las provincias donde el electorado decide un mayor número de escaños con menos votos: las zonas interiores y rurales lejos de las grandes ciudades. Durante décadas, este sesgo benefició al PSOE, que históricamente arrasaba en provincias como Jaén, Huelva o Córdoba. Sin embargo, en las dos últimas elecciones autonómicas (2018 y, sobre todo, 2022) la tendencia se ha invertido: el PP ha ganado en las ocho provincias andaluzas, y el sesgo rural ha empezado a jugar a su favor, al ser ahora los populares quienes obtienen sus mejores resultados en territorios como Jaén o Almería.

Un sesgo a favor de las zonas menos pobladas que se une a la presencia de varias provincias que reparten pocos escaños y donde se presentan ahora muchos partidos.

¿Por qué es clave? En primer lugar, porque es mucho más difícil que los partidos con menos votos consigan escaño en los territorios con pocos diputados: en Andalucía, todas las provincias salvo Sevilla y Málaga reparten 15 o menos escaños, y en seis de ellas el umbral real para entrar en el reparto se dispara muy por encima del 3% legal. Y en segundo lugar, porque la fórmula d'Hondt suele favorecer ligeramente a los partidos más votados frente a otros sistemas similares como Sainte-Laguë.

El caso más claro lo dejaron las elecciones de 2022: Por Andalucía se quedó sin representación en Huelva pese a lograr un 6,5% de los votos, y tampoco consiguió escaño en Jaén con un 5,6%. En cambio, en Sevilla Adelante Andalucía sí entró en el reparto con un porcentaje del 6,3%.

Con estas reglas, en cada cita electoral hay más de cien mil votos que se quedan sin representación en el Parlamento de Andalucía. Un número que se redujo en 2018 para volver a dispararse en las últimas elecciones de 2022, con un 9,2% de los votos perdidos. 

Esta cifra solo se había alcanzado en 1986, con un 9,1% de papeletas sin representación. Entre ellas, el que más perdió fue Ciudadanos, con 121.567 votos se quedó a las puertas de obtener un diputado con un 3,29% de los votos.

Cuatro candidaturas de 2022 figuran entre los partidos con más votos perdidos de la historia de Andalucía: Ciudadanos, Adelante Andalucía, Por Andalucía y PACMA. Una lista en la que aparecen también Izquierda Unida y el mayor perjudicado sería el Partido Andalucista (PA), que perdió al menos 50.000 votos en cada una de las elecciones a las que se presentó.

Si lo comparamos con los sistemas electorales de cada autonomía, el andaluz es el sexto que más distorsiona la relación que existe entre el número de votos y la composición del parlamento autonómico. Según un análisis de más de 200 elecciones autonómicas celebradas en democracia realizado por elDiario.es, entre 1983 y 2023, Andalucía distorsionó de media 2,9 puntos la conversión entre escaños y votos. 

Gran parte se explica por el número de circunscripciones (cada una de las divisiones territoriales que elige diputados) y su tamaño. Al ser una comunidad que reparte diputados entre muchas provincias tiende a ser menos proporcional que otras como Aragón donde se reparten muchos diputados en una única circunscripción. 

Pedro Sánchez, el gran activo de la campaña de María Jesús Montero para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, recaló este domingo en un mitin multitudinario en La Línea de la Concepción (Cádiz), donde subrayó las tres condiciones para que el PSOE gane los comicios dentro de una semana: Movilización -“quienes nos votan en las generales que nos voten en las andaluzas”; Coherencia -“Si eres de izquierdas y quieres gobiernos de izquierdas, tienes que votar a la izquierda, no a la derecha”-; y Concentración del voto, “particularmente aquí en Cádiz”.

En Cádiz se juegan 15 diputados y es de las provincias más disputadas dentro del bloque de izquierdas. Es el fuero de Adelante Andalucía, donde se gestó el partido de Teresa Rodríguez que hoy va disparado en las encuestas y se codea de tú a tú con la coalición Por Andalucía. “Hay que votar a Montero, porque es quien puede liderar un gobierno progresista, luego nos entenderemos con todas las izquierdas”, ha dicho.

Cádiz es también una provincia donde el PP tiene hegemonía -ocho escaños- y donde las cuitas internas entre las distintas familias socialistas (como se vislumbró en la aparatosa confección de las listas electorales) limitan las opciones de crecer de los de Montero.

También, particularmente en La Línea, es donde concurre por primera vez a las autonómicas el partido del alcalde Juan Franco -La Línea 100x100-, capaz de obtener un escaño en el Parlamento si arrastra el mismo número de votantes que logra en las municipales. El partido de Franco araña al PP, pero también al PSOE. De ahí, que los socialistas se hayan llevado al presidente del Gobierno a mitinear en este pueblo de 64.500 habitantes, y hayan llenado el aforo con 1.200 asistentes, según la organización.

El acto de este domingo -aplazado un día por el fallecimiento de los dos guardia civiles, el viernes, en Huelva- ha estado marcado por dos asuntos de vital importancia en el Campo de Gibraltar: el narcotráfico y la apertura de la Verja, línea fronteriza que separa Andalucía y la antigua colonia británica, adonde cruzan cada día 15.500 trabajadores.

Sobre el primer asunto, Sánchez ha defendido el llamado “plan Marlaska” del ministro de Interior y el despliegue de agentes en una zona tan castigada por el paro como por el narco y la economía sumergida. Montero, en cambio, ha sido mucho más dura, y ha lanzado un durísimo discurso contra el PP, al que ha vinculado directamente con el tráfico de drogas.

“La corrupción del PP está permanentemente asociada al narcotráfico, siempre está al lado del narco”, ha asegurado la líder del PSOE-A, tras citar los casos de corrupción que salpican al PP de Almería -con la detención de su líder provincial y expresidente de la Diputación- y a la alcaldesa de Marbella, cuyo marido e hijastro fueron investigados por sus supuestos negocios vinculados al tráfico de drogas.

Montero también desempolvó la famosa foto del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el narco gallego Marcial Dorado, compartiendo vacaciones en un yate en los años 90. Entonces Dorado era el capo del contrabando de tabaco en Galicia, y posteriormente fue encarcelado por narcotráfico.

Eres una imagen a la que Sánchez ha recurrido a menudo en el Congreso para contraatacar los envites del líder de la oposición y que ahora la candidata socialista se trae a la campaña andaluza, precisamente en una de las zonas de la comunidad más castigada por el tráfico de drogas. “Moreno debería decirle a Feijóo que está muy feo darse paseos en barco con un narcotraficante poniéndose cremita”, ha dicho.

Con este giro de guión, Montero endurece el tono en la última semana antes del 17-M, justo cuando la campaña electoral suele ensombrecerse y volverse más hostil entre los candidatos a la Presidencia de la Junta. A la par que tenía lugar el mitin del PSOE en La Línea, Feijóo compartía cartel con Juanma Moreno en Málaga, desde donde responsabilizó a Sánchez y a Marlaska de la muerte de los dos guardia civiles en la persecución policial a una narcolancha, el viernes, en Huelva.

Los dos dirigentes populares afearon al presidente del Gobierno y al ministro de Interior que no acudiera al funeral, ayer, de los dos agentes, al que sí asistió Montero. PP y PSOE cancelaron sus actos de campaña en señal de duelo, algo que descartaron el resto de partidos: Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía. El candidato del partido andalucista, José Ignacio García, lamentó el fallecimiento de los dos agentes, pero también recordó que el día antes, en Málaga, había muerto “otro trabajador en el tajo y nadie había suspendido su campaña electoral”.

Montero también ha criticado el vídeo que Moreno ha difundido sobre los agentes fallecidos hablando del accidente, y le ha reprendido por el “oportunismo” y por “crear inseguridad”. La candidata socialista también ha hecho referencia a las palabras del presidente de la Junta minusvalorando la importancia de los debates electorales, por asegurar que nadie los ve y que él tiene más “likes” en sus redes que los espectadores que siguen por televisión la contienda entre candidatos. “No le gustan los argumentos, le gustan las fotos. No quiere debatir de política”.

En el mitin de La Línea también ha ocupado protagonismo, una vez más, el deterioro de la sanidad pública. Tanto Sánchez como Montero han percutido sobre este asunto, capital en su campaña, y el presidente ha afeado a Moreno que haya aprovechado los recursos “históricos” que su Gobierno ha enviado a Andalucía en estos ocho años “para regalárselo a la sanidad privada”.

“Nunca la Junta tuvo tantos recursos y nunca ha hecho tanto daño a lo público, por eso hay que votar a Montero”, ha subrayado, para luego rematar: “Privatizar la sanidad se puede hacer a gritos como hace Ayuso o a la chita callando, como Moreno, pero son dos caras de la misma moneda, es la privatización de la sanidad pública”.

El presidente ha insistido en que “hay partido hasta el minuto 90”, y la candidata ha afeado a Moreno sus declaraciones en la entrevista que publica este domingo elDiario.es, donde asegura que “ninguna de las mujeres afectadas [por la crisis de los cribados de cáncer de mama] ha fallecido”, y que, además, “no se puede establecer una relación causa efecto”. “¿Cómo que no le consta que ninguna mujer haya fallecido por esto? ¿Usted ha hecho o ha encargado algún estudio para saberlo, para saber cuántas se han visto afectadas?”, se ha preguntado.

Adelante Andalucía se vino a Cádiz, al barrio de astilleros, a celebrar este viernes su acto central de campaña, donde ha reunido a unas 400 personas en torno a un escenario polifacético que a ratos fue mitin, a ratos carnaval, a ratos vaya usted a saber.

Esto es Cádiz, y aquí la gente se lo pasa bien incluso cuando lo pasan mal. El partido andalucista, anticapitalista y soberanista había programado una fiesta política, con chirigota incluida, pero la muerte de dos guardia civiles en Huelva en acto de servicio ha obligado a retirar la música, pero no el humor.

Quien ha abierto el juego ha sido un destacado cuartetero, referencia en el Carnaval de Cádiz, Ángel Gago Cubelo, El Gago: “Estoy aquí porque creo profundamente en el proyecto político de Por Andalucía... ¡Perdón! De Adelante Andalucía”, ha anunciado, para regocijo de la platea.

El maestro de ceremonias, con mucha retranca, ha querido vacilar con la confusión real que provocan en el electodo progresista las dos formaciones a la izquierda del PSOE: Por Andalucía, la coalición de Izquierda Unida, Sumar y Podemos, encabezada por Antonio Maíllo; y Adelante Andalucía, el partido fundado por la gaditana Teresa Rodríguez, y hoy comandado por el jerezano José Ignacio García, alias “el Gafas”.

Pero ojo con las bromas, que en la provincia de Cádiz se disputan 15 diputados, y hace cuatro años Adelante sacó 3.000 votos más que Por Andalucía. Los de Teresa Rodríguez (ausente hoy, pero muy recordada por todos los presentes) logró dos escaños en las autonómicas de 2022, uno por Sevilla y otro por Cádiz, y ahora aspiran a arañar el segundo por esta provincia, arrebatándoselo al PP, aunque la Ley d'Hondt les cobre a ellos muchoas más papeletas que a sus rivales (unas 60.000).

Dice El Gago que nunca ha hablado tanto “sin que le paguen”. Risas. Y luego se acuerda de los dos operarios de astilleros que se han pasado casi un mes subidos a una grúa, reclamando sus derechos laborales, Manuel Barber y Jesús Galván, y el público se levanta y grita como si les hubieran mentado a un familiar apaleado. Y a algunos se les ven lágrimas en los ojos. Y entonces El Gago: “Voy a leer la presentación, porque si no leo sólo me sale: ¡Moreno Bonilla, cabrón!”. Vuelven las carcajadas.

Y luego, otro frenazo: “Un reconocimiento a los dos guardia civiles que han muerto luchando contra el narcotráfico en Huelva”, les dice García nada más subir al escenario. Pero también recuerda que un día antes había muerto otro trabajador en el tajo, en Málaga, “y nadie paró la campaña electoral”. Es un mensaje dirigido a sus competidores en el PP y en el PSOE que, horas antes de que arrancase el mitin de Adelante este viernes en Cádiz, habían anunciado la suspensión de sus actos, en luto por el fallecimiento de los dos agentes.

Este es el registro de Adelante Andalucía, muy gaditano, entre la risa y la protesta, entre la protesta y la denuncia, una fórmula que triunfa en Cádiz, donde han nacido y crecido, aunque está por ver si el 17 de mayo funciona igual de bien cruzando el Puente de la Constitución de 1812 (“de la Pepa”), en el resto de Andalucía. El mitin ha reunido a militantes y simpatizantes, entregados, en el parque público Celestino Mutis, bajo una carpa, con las grúas paradas de los astilleros como telón de fondo, con la silueta de un enorme crucero amarrado en el puerto, y mientras los niños juegan en la plaza que hay detrás.

Y cuando sube al escenario el candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta, la gente corea “nuestro Gafas, nuestro compañero, nuestro amigo”, aunque alguno le recuerda que no es de Cádiz, que es de Jerez, “pero no se puede tener to”. Y García, como de rebote, les dice a los gaditanos que ellos “empezaron Adelante Andalucía, pero ya no es sólo Cádiz, es las ocho provincias y todas sus comarcas”. Crecido por el susurro de las encuestas, que pronostican un crecimiento significativo de esta formación, el candidato pronosticó que el 17-M “daremos un puñetazo en la mesa”.

García se ha dejado la garganta en este parque público, y eso que aún le queda una semana de campaña y el lunes necesita la voz para batirse en el segundo debate electoral, en Canal Sur. Hoy ha hecho un repaso de la identidad de su partido, que empieza en la lucha en astilleros de la clase trabajadora y termina en las madres que salen a la calle a protestar contra el narcotráfico. Adelante Andalucía tiene vocación autonómica, pero hoy ha sido una explosión de identidad gaditana, que es contagiosa. “La alegría no se negocia”, ha dejado dicho El Gago, y el candidato se lo ha apropiado como “nuevo lema de campaña”.

Aunque se hable de sanidad, de vivienda, de empleo y de inmigración, el leit motiv de este acto era la alegría. Vota lo que sientes, reza el lema real de campaña, apelando a las emociones, porque en 15 días de campaña no se puede condensar la filosofía política de un partido que aún se está dando a conocer.

Con todo, algo más de estrategia ha dejado este mitin. El candidato de Adelante Andalucía ha sido durísimo en su discurso contra Vox y sus soflamas racistas, acusándoles de “hacerle el trabajo sucio a Moreno Bonilla”. “¡Son nuestra gente, son nuestros vecinos, son clase trabajadora!”, ha gritado, cuando hablaba de los inmigrantes, recibido con aplausos por la militancia. García ha hablado en nombre de las mujeres afectadas por la crisis del cribado de cáncer, de las familias con niños con necesidades educativas especiales, por los jóvenes que no pueden acceder a “una VPO de 350.000 euros”. Y ahí apelaba al coraje, a la indignación, que también arrastra votos.

Antes de cerrar, ha querido reclutar a “cientos de activistas para que hablen, unos con otros, para que vayan a votar para echar a las derechas”. “Si las izquierdas van a votar, les echamos”, advierte. “Y la mejor herramienta es una izquierda nueva, fresca, sin mochila y que no defraude”, concluye el candidato. Entre el público, muchas familias, mucha gente joven, mucha bandera verde y blanca y mucha camiseta con la cara de El Gafas.

En Cádiz, el PP ostenta ocho diputados, el PSOE tres, Vox dos, Adelante Andalucía uno y Por Andalucía otro. Queda aún una semana de campaña, una semana para abrir las urnas, y la tropa de José Ignacio García exhibe un optimismo y una celebración anticipada sin disimulo. Adelante Andalucía es una fiesta.

Con la sabiduría que le dan décadas de experiencia, Álvaro Montaño trata con delicadeza la arcilla. La acaricia suavemente. Y transforma un kilo de barro en un botijo en apenas unos minutos. Con minúsculas y precisas herramientas y, sobre todo, la acción de sus manos, modela la tierra, que toma forma como por arte de magia. Pero aquí no hay trampa ni cartón, no hay truco. Todo depende del conocimiento heredado, de la pasión por hacer las cosas bien y el dominio de un torno que ya casi es una extremidad más de este artesano.

“Yo veía a mi padre trabajar desde muy pequeño y ya con ocho o diez años empezaba a ayudar después del colegio”, cuenta Montaño, que junto a su hermano Antonio lidera la alfarería tradicional Álvaro Montaño. “Llevamos toda la vida aquí”, subrayan. 

Ubicado en el municipio de La Rambla (Córdoba) y creado en 1968, este taller es prácticamente el único que mantiene la elaboración artesanal del botijo en La Rambla junto al de Antonio Reyes. Se trata de uno de los productos más típicos de esta localidad cordobesa a la que, de hecho, se le conoce como la ciudad alfarera: cuenta con más de 40 empresas dedicadas a la cerámica.

Basta pasear por sus calles para observar mil y un carteles de venta de estos productos. También hay un Museo de la Cerámica donde conocer de cerca la tradición y la historia de la alfarería local, que se remonta a hace 4.000 años, aunque tuvo su mayor auge a partir del siglo XV. 

La clave es la arcilla que se puede encontrar fácilmente en el subsuelo de la zona, perfecta para la elaboración de botijos por su porosidad. Una característica que permite al botijo sudar y que el agua que permanece en el interior quede fresca. Concretamente, a unos 10 grados menos que la temperatura ambiente. “Y no sabes cómo se agradece en sitios como éste”, cuenta Montaño por las altas temperaturas que vive la provincia cordobesa cada verano. 

Varios camiones de esta arcilla son los que tiene Álvaro Montaño extendidos en el patio de su taller. Allí la deja secar totalmente para, posteriormente, volver a humedecerla en unas pilas llenas de agua donde también se aporta un poco de sal común. “Es lo que hace que el barro tenga un color homogéneo al salir del horno”, cuenta el alfarero, que indica que el cloruro sódico también aumenta la dureza al material.

Más tarde, la arcilla se extiende sobre el suelo para que pierda humedad durante un par de días, pasa dos veces por una máquina denominada galletera para ser tamizada y perder las impurezas y, finalmente, se almacena en un rincón oscuro y húmedo del taller.  

Es ahí donde empieza la verdadera esencia del trabajo alfarero. La de sentarse frente al torno durante horas e ir moldeando poco a poco la arcilla para que tome la forma deseada.

Los Hermanos Montaño fabrican con sus manos cántaros, jarras, cuencos, huchas, macetas, bebederos de animales o morteros, entre otros objetos. También botijas, que tradicionalmente han utilizado las gentes del campo para transportar su agua fresca pero que hoy se utiliza, sobre todo, para decoración.  

Sin embargo, el producto estrella es el botijo, que se vende en su mayor parte -alrededor del 90 por ciento- en distintos puntos de Andalucía. El resto, en España y excepcionalmente en el extranjero. En total, fabrican anualmente entre 8.000 y 9.000 botijos. Y los elaboran de distintos tamaños, que van desde los 0,5 litros de capacidad del más pequeño a los ocho litros de mayor. “Aunque el tradicional es el mediano, de cuatro litros y medio ”, cuenta el artesano. Eso sí, antes de estar listos para usar deben pasar 36 horas por un horno que alcanza los 1080 grados de temperatura.

Bajo la mirada de su padre, fundador de la alfarería ya jubilado y que de vez en cuando pasa por el taller para seguir de cerca sus evoluciones, Álvaro Montaño cree que no habrá relevo generacional y en unos años su oficio habrá desaparecido. “Ya nadie lo aprende”, subraya mientras enumera las ventajas que deberían permitir que el botijo estuviera viviendo una nueva época dorada: “Es una nevera ecológica perfecta: no usa electricidad, refresca en su justa medida y es una perfecta alternativa al plástico que tanto contamina”.  

A pesar de sus bondades, el negocio va cayendo lentamente. “Hace 50 años aquí había 30 talleres de botijos y hasta una cantera, pero la llegada del plástico, las neveras y otras circunstancias ha ido haciendo que tenga cada vez menos tirón comercial”, explica el alfarero mientras se limpia las manos de barro y saca el botijo recién realizado al patio para que se seque al sol durante algo más de una hora. Entonces será el momento de añadirle los denominados avíos: la boca, el asa y el pitorro por donde se beberá el agua. Un refrescante placer con origen en La Rambla. 

Andalucía experimentó en el período 2019 y 2024 un aumento en la mortalidad por cáncer, en concreto, 3.701 muertes más de las esperables estadísticamente. De esos fallecimientos, 1.297 fueron de mujeres y 2.404 de hombres. Por tipos de tumor, hubo 820 muertes de más relacionadas con el cáncer de colon-recto, mientras que 275 muertes de más se atribuyen al cáncer de mama. La degradación de la sanidad pública y la falta de información para evaluar otras medidas incide en este exceso de mortalidad, según indican los investigadores, por lo piden una auditoría independiente a la Junta de Andalucía con tal de evaluar los recursos materiales y la prevención en materia de salud pública habidos en la actualidad.

Este crecimiento es significativo en comparación con el sexenio inmediatamente anterior de 2013 a 2018, donde hubo menos muertes de las que la estadística preveía. “Si los andaluces tuvieran el mismo riesgo de mortalidad por cáncer que los españoles, hubieran muerto 4.500 andaluces menos en los últimos seis años”, apuntó Juan Antonio Córdoba, investigador del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. “Se necesita más información para poner de relieve qué está pasando y ver qué hay detrás, desde la incidencia de cáncer, la prevención primaria, qué pasa con los programas de cribado o el acceso y la continuidad y tratamiento en toda la comunidad autónoma”, subrayó.

En este sentido, incide en que el periodo de la covid-19 no explica este comportamiento poblacional, ya que, entre otras cuestiones, la tasa de mortalidad en Andalucía fue de las más inferiores en el país, con 186 decesos por cada 100.000 habitantes frente a los 256 acontecidos en el conjunto nacional. Sin embargo, hay datos más lacerantes, como que la participación en el Programa de Cribado de cáncer de mama haya bajado 7 puntos entre 2018 y 2024 (pasando de 85,84% al 78,82%), mientras que la cobertura en el Programa de Cribado de cáncer de colon se haya quedado estancada en un 39% cuando debería superar el 60%, según recoge el Informe de Evaluación de la Estrategia de Cáncer de Andalucía.

Más desigualdad

Así lo recoge el estudio Atención oncológica y sobremotalidad por cáncer en Andalucía. Más allá de los “fallos” del cribado de cáncer de mama, recién publicado en la revista Gaceta Sanitaria y elaborado por Juan Antonio Córdoba, investigador del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, y Antonio Escolar, miembro del Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz (INIBICA). “La desigualdad de Andalucía respecto al resto de España, para estas causas de muerte, ha aumentado significativamente en la última década”, señalaron los autores.

El estudio, tomando de referencia la mortalidad del resto de España, demuestra que en los últimos seis años ha habido un “aumento estadísticamente significativo”. A partir de los datos recopilados a través del Instituto Nacional de Estadística, los científicos realizaron un cuadrante en la que se establece que de las 6.760 muertes ocurridas, se esperaban 6.197; en colon-recto, hubo 9.374 frente a las 8.213 esperables. En cambio, entre 2019 y 2024 las muertes de más fueron 671 por tumores malignos, 136 por cáncer de colon-recto y 46 por cáncer de mama.

La Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla fue el escenario escogido para presentar este artículo científico, en el que se trabaja desde noviembre de 2025, donde los especialistas reclamaron más transparencia a la administración pública. “¿Qué pasa con el Registro Poblacional de Cáncer de Andalucía? ¿Dónde están las memorias de evaluación de los Programas de Cribado? Llama la atención la escasez de datos”, una cuestión que ya han demandado tanto la Asociación Amama, cuya presidenta estaba presente, como Jesús Maeztu, el Defensor del Pueblo Andaluz en la apertura de expediente que afecta al fallo sistémico de la crisis de cribado de cáncer de mama.

Asimismo, el artículo expone varios indicadores como la dotación de recursos: Andalucía está desde el año 2013 por debajo de la media nacional en número de mamógrafos disponibles, también en unidades dispoinibles de PET/TC para la obtención de imágenes diagnósticas, y la tasa de oncólogos por cada 1.000 habitantes se sitúa en el 0,04, mientras que la media española está en el 0,05, quedándose por detrás de comunidades como Asturias, Castilla y León, Navarra o País Vasco. “El único indicador en que la autonomía ha mejorado es con respecto a los equipos de TAC”, resumieron, “así que no hay una buena situación de recursos físicos diagnósticos”.

“Hay que hacer énfasis en reducir las desigualdades en la atención primaria, porque no se trata solo de poner más mamógrafos, sino de hacer robusto el sistema”, indicó Córdoba. El abordaje debe ser multifactorial y debe ir repartirse tanto en la prevención de la salud, relativa a la ingesta de alcohol, las dietas, el tabaco o las exposiciones ambientales, como al refuerzo de los programas que están en marcha de cribados. Si bien el cáncer de mama ha marcado la gestión del presidente andaluz Juanma Moreno, los investigadores alertan de la prevalencia del cáncer de colon-rectal entre los hombres: “Gracias a la organización de estas mujeres se ha denunciado, pero, es mucho peor el pronóstico entre los hombres”.

Una educadora sola para atender a ocho niños en un aula. Pañales, biberones, llantos, bebés que empiezan a caminar, otros que necesitan dormir y, entretanto, ningún margen para detenerse. Esa es la realidad que describen las trabajadoras de las escuelas infantiles en Andalucía. “Puedes darles de comer, pero no mirarlos a los ojos”, resume Nieves Terriza, portavoz de la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles.

Esa “frustración constante” que sienten al ver que “no llegamos a atenderles como realmente merecen” ha llevado a trabajadoras de toda Andalucía a secundar este jueves una jornada de huelga y protestas convocada a nivel estatal por CGT y CCOO en el primer ciclo de Infantil (0-3 años). Denuncian ratios “insostenibles”, falta de recursos y una precarización creciente en un sector cada vez más privatizado.

“Estamos sosteniendo la educación infantil a costa de nuestra salud física y mental”, lamenta Terriza, poniendo voz a un malestar compartido por educadoras de toda la comunidad. Por eso, han convocado concentraciones en las ocho provincias andaluzas en defensa de “unas condiciones dignas tanto para las trabajadoras como para el alumnado”. Son ellos, los más pequeños, quienes sufren la falta de inversión y recursos que denuncian desde el sector.

Privatización y precarización

El conflicto laboral llega en plena transición hacia la gratuidad total del primer ciclo de Infantil en Andalucía, donde cerca del 80% de las plazas están en manos privadas. Hace dos meses, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que el próximo curso serán gratuitas también las plazas para menores de uno a dos años, completando así la bonificación al 100% de la escolarización de esta etapa educativa.

La red andaluza de escuelas infantiles está formada mayoritariamente por centros privados, fundados por pequeñas empresas en las que trabajan unas 16.000 personas (casi todas mujeres). Este modelo de conciertos –impulsado en su día por el PSOE– buscaba compensar la escasa oferta pública, optando por subvencionar la matrícula a las familias y así aumentar la escolarización, pagando a las escuelas una cantidad fija por plaza.

Las trabajadoras denuncian que el modelo se está expandiendo sin que mejoren las condiciones laborales ni los recursos en las aulas. “El dinero público y la gestión de los centros están en manos de empresas privadas, pero las instituciones no supervisan que los decretos y los convenios se cumplan”, sostiene Terriza. A ello suma que “la financiación es totalmente insuficiente y eso acaba repercutiendo en que el sector está más precarizado”.

La protesta de este jueves llega semanas después de las concentraciones celebradas en Sevilla y Málaga el pasado 18 de abril, como antesala de la huelga. Entonces, las educadoras pusieron el foco en la reducción de ratios y en la mejora de las condiciones laborales del personal docente. De esta forma, la plataforma marca distancias con las reivindicaciones de las asociaciones de las patronales del sector, centradas en reclamar una subida del llamado “precio-plaza”, la cantidad que la Junta abona por cada alumno matriculado.

“Nosotras no compartimos esa reivindicación porque ese dinero termina en manos de empresas privadas”, señalan desde la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles. “Lo que reclamamos es una mayor inversión y que se articulen los mecanismos necesarios para desprivatizar el sector, ya que la continuidad de este modelo solo mantiene la precariedad de las trabajadoras y de la educación que se le da a la infancia”, añaden.

Una etapa educativa “de pleno derecho”

La principal reivindicación de la plataforma es que el ciclo de 0 a 3 años sea reconocido “como una etapa educativa de pleno derecho” y que sus profesionales tengan consideración de personal docente. “El ciclo 0-3 es una etapa clave en el desarrollo infantil y debe considerarse como una etapa educativa más, de ahí nuestra lucha por la dignidad del sector”, defiende Nieves Terriza.

Las educadoras insisten en que el problema no se limita a sus condiciones laborales. Alertan de que las ratios actuales impiden una atención individualizada en una etapa fundamental en el desarrollo emocional y cognitivo de los menores. “Cuando tienes que atender a tantos niños a la vez, el cuidado acaba reducido a cubrir necesidades básicas”, lamentan.

“Y más cuando te encuentras niños con necesidades específicas de apoyo educativo, que realmente no reciben una educación inclusiva porque para eso necesitan recursos personalizados que ahora mismo no tienen”, asegura Terriza, subrayando la importancia de un ciclo que “sustenta la base de todas las etapas educativas”.

Presión, movilización, acuerdo. Estos fueron los tres pasos que aplicaron los sindicatos en Andalucía durante la legislatura del presidente Juan Manuel Moreno, una constante mantenida a lo largo de cuatros años, especialmente al final del período del mandato y con falta de tiempo para aplicar los acuerdos y comprobar su efectividad. CSIF, CCOO, UGT, Satse, Sindicato Médico Andaluz (SMA), USTEA y ANPE coinciden en que el diálogo ha sido complejo, lleno de aristas. Pero las manifestaciones frente al Palacio de San Telmo persistentes, con huelgas sanitarias y educativas mediantes, han traído nuevos pactos en un periodo de crecimiento y estabilidad económica. Con unas cifras de empleo récord, apuntan los sindicatos, toca repartir la riqueza y reforzar los servicios públicos.

La tasa de paro en el primer trimestre de este año se situó en un 14,66%, la cifra más baja desde 2008, y con una ocupación en torno a las 3,6 millones de personas. En una comunidad que ha sufrido los embates de la desigualdad, este contexto económico infla los ánimos, los discursos políticos que reclaman para sí la bonanza y, sobre todo, las arcas públicas. Unos datos en los que influye la reforma laboral de 2021, promovida por el Gobierno de coalición, que provocó el descenso de hasta un 10% de la temporalidad entre los trabajadores andaluces. Pese a los avances, la brecha salarial que separa a la comunidad con el resto de España es del 22,1%, según se desprende de la Agencia Estatal de la Administración tributaria (AEAT). Además, un 46,9% de los salarios se encontraban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2025, ¿qué hacer contra la precarización histórica?

“Tenemos más recursos que nunca, pero en esta legislatura se ha profundizado el deterioro intencionado, continuo y paulatino de los servicios públicos, que son los mecanismos para la igualdad”, apunta Nuria López, secretaria general de CCOO-A. “Las brechas han aumentado y, si hay más recursos y mejores datos, entonces las políticas son erróneas”. En este punto, coincide Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía, quien señala que “los acuerdos han llegado en el último tramo de la legislatura y ha habido que presionar mucho para sacarlos adelante”. En un tono similar, Óskar Martín, secretario general de UGT-A, indica que el balance no es “suficientemente positivo”: “Las medidas de carácter social avanzan con una lentitud injustificable y están llegando tarde a una ciudadanía que no puede seguir esperando mientras persisten la precariedad, la desigualdad, la vulnerabilidad y, ahora también, un escenario internacional complejo”.

Sanidad: el pulso por más recursos

La palabra “sindicato” no aparece en el programa electoral del PP andaluz, solo “organizaciones sindicales” relativo a la integración de la mujer en el sector de la energía. Pero Moreno sacó a relucir los cinco grandes acuerdos en materia sindical logrados en la legislatura de la mayoría absoluta, para lo que, recuerdan las organizaciones, ha habido una batalla dura detrás.

En materia de sanidad pública, que se sitúa como la primera preocupación de los andaluces en el CIS, las Mareas Blancas han señalado la fragilidad de un sistema que adolece por las listas de espera y una falta de plantilla y recursos que, entre otras cuestiones, provocó la crisis de cribado de cáncer de mama. Catalina García fue la consejera de Salud a inicios del segundo mandato de Moreno, pero una vez destituida, la siguió Rocío Hernández en 2024, quien también fue reemplazada por Antonio Sanz en plena alarma social por los cribados, al que los sindicatos atribuyen un cambio de postura que ha beneficiado el diálogo social y la asunción de acuerdos.

El primer apretón de manos entre la Junta y los sindicatos fue el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía, firmado por UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en marzo de 2023 con una inyección de 8.840 millones de euros, y en el que se contempla, entre otras cuestiones, el Plan de Empleo Juvenil y una inversión amplia en la atención primaria, para lo que vendría a reforzarla un segundo logro.

Ese fue el Pacto para la Mejora de la Atención Primaria, logrado in extremis en mayo de 2023 con la rúbrica de UGT, CCOO, CSIF y Satse, después de que el Ejecutivo autonómico eliminara la concertación de esa prestación con la sanidad privada. En él, se contemplaba que un 25% del presupuesto sanitario fuera a este servicio y, a tres años, el presupuesto sanitario marca cifras históricas, pero el gasto sanitario per cápita se sitúa en 1.870 euros frente a los 2.013 de media estatales y la derivación a la sanidad privada continúa. ¿Cuál es el balance?

“El estado de la sanidad andaluza es delicado, falta plantilla y hay una sobrecarga de trabajo, queremos que todo vaya más rápido para dar una mejor asistencia a la ciudadanía”, sentencia Juan José Sánchez, secretario general de Satse en Andalucia. El traslado de los compromisos firmados a medidas que alivien la carga asistencial urge entre una plantilla que ha reivindicado una y otra vez acciones contundentes. La crítica se mantiene desde CSIF, que, aunque no firmara el pacto, advierten que su desarrollo “sigue coleando y va más lento de lo que nos gustaría”. “La atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y debe implementarse al 100% cuanto antes si queremos dar salida a alguno de los problemas que tiene Andalucía”, subraya Girela.

“La última fase es donde ha habido acuerdos significativos”, contempla Rafael Ojeda, presidente de SMA, “como el aumento de la retribución de la hora de guardia o el del fin de la exclusividad”, pese a que hay otras cuestiones a limar, como la simplificación de la acreditación de competencias para avanzar en el modelo de carrera profesional. “La derivación a servicios privados ya se daba desde que el PSOE estaba gobernando, pero las listas de espera continúan para los cribados de cáncer y las pruebas diagnósticas o de espera para una intervención quirúrgica: el problema de fondo es la falta de médicos en la sanidad pública”, sentencia.

El tercer gran pacto sindical en el ámbito sanitario fue el Acuerdo sobre la Carrera Profesional del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el respaldo de UGT, CCOO, Satse, CSIF y SMA. “Llega al tercer intento y en el último tramo de la legislatura, como ha ocurrido con el resto de acuerdos”, señala Girela (CSIF), “hemos conseguido que la carrera profesional impacte en todos los colectivos del SAS, algo que no se producía hasta ahora”. Por su parte, Sánchez (Satse) espera a la nueva convocatoria pública de 6.000 empleos equilibren los recursos, se consoliden los puestos y, así, lograr que las ratio de las enfermeras suban del 5,1 al menos un punto para alcanzar la media nacional.

La sanidad andaluza ha estado atravesada por las huelgas médicas en protesta por las negociaciones del Estatuto Marco, una negociación estacanda con el Ministerio de Sanidad y que, al margen de las diferencias entre los profesionales sanitarios, ha aprovechado Moreno. El candidato popular relacionó el estado maltrecho de la sanidad pública a la “incapacidad” del Gobierno central de negociar con los facultativos las condiciones de su carrera en una fecha clave: la presentación de su programa electoral.

Vivienda: una ILP en contra de la ley autonómica

Una de las afrentas que mantienen los sindicatos contra el Ejecutivo de Moreno es la ley autonómica de Vivienda. Su entrada en vigor a principios de este año las animó a confluir: “El objetivo fundamental de la norma es aumentar la oferta de vivienda, que es un objetivo que compartimos, pero trata la vivienda como un bien de mercado”, argumenta Martín (UGT). El valor de inversión choca con la crisis habitacional que asola el país y dispara los precios y, teniendo en cuenta que solo se construyó un 6,5% de viviendas protegidas entre 2014 y 2024, UGT, CCOO, Facua y la Red Vecinal Andaluza presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento andaluz.

“La ILP trata la vivienda como un bien de interés general, porque los trabajadores necesitan que se construya más vivienda, pero vivienda asequible”, subraya. El propósito es reforzar el parque de vivienda público y, sobre todo, que sea permanente. Así, se convertiría en “un contrapeso” para el mercado especulativo, señala. En consonancia, López (CCOO) va un paso más allá y acusa al PP de “no haber acompañado a la ciudadanía”: “No han existido políticas de vivienda hasta el final de la legislatura y, en esta ley, lo que se prioriza es entregar suelo a las grandes constructoras para subirnos el precio a la ciudadanía”. En aras de conformar ciudades más inclusivas, añade que la ideación de barrios “amables”, con servicios públicos cercanos y espacios verdes, se encuentran entre sus reivindicaciones.

En este caso, los que han capitaneado las protestas en las calles han sido, sobre todo, las entidades sociales. El 14 de febrero de este año fue la última vez que hubo una manifestación por la vivienda, convocada por Barrios Hartos en Sevilla, como una medida de presión y denuncia para que se alcanzara un acuerdo para las 11 familias de Palmete. Antes, el 5 de abril de 2025, las capitales andaluzas secundaron la movilización nacional por el derecho a la vivienda y la subida imparable de los precios, tanto del alquiler como de la compra-venta de inmuebles.

Educación: la escasez de FP y las infraestructuras

La educación también ha dado quebraderos de cabeza en el mandato de la mayoría absoluta. Tras las huelgas, la Consejería de Educación, liderada por María del Carmen Castillo, se sentó a afirmar el tercer logro sindical: el Acuerdo para la Mejora del Sistema Educativo, en julio de 2025 y firmado por ANPE, CSIF y UGT. Apuntan a varias mejoras logradas: la bajada de ratio, que se sitúa en un principio para 22 alumnos en educación infantil, el refuerzo de plantillas, permisos de conciliación, acceso a cátedras, la simplificación burocrática o la implantación del teletrabajo. Además, mencionan dos hitos: la equiparación salarial para que los docentes dejen de ser de los peor pagados en el país y el reconocimiento a la autoridad del profesorado como herramienta para respaldar su labor.

Todavía quedan deberes pendientes: la atención a la diversidad y la Formación Profesional. El descenso demográfico ha propiciado la eliminación de un total de 2.758 líneas (clases), una cuestión que Susana Cueto, responsable de Acción Sindical de ANPE Andalucía, ve como una oportunidad: “La bajada de ratios es un colchón que permite compensar la pérdida de unidades”. Junto a la reestructuración de las aulas, demanda más profesionales de audición y lenguaje, al igual que llegar al ratio de 1 orientador por cada 250 estudiantes, tal y como establece la Unesco, para lograr una escuela inclusiva. “El profesorado está desbordado con todas estas cuestiones”, asevera.

En cuanto a la FP, Girela (CSIF) advierte que la oferta de la pública “es muy limitada” en función de la demanda y hay un número insuficiente de empresas para complementar el itinerario de la DUAL, mientras que se encuentran con “una proliferación de las empresas privadas para darla”. En un informe realizado por CCOO se estima que la FP privada ha crecido un 66% frente al 29% de la pública hasta el curso 2024-2025, concentrando tres de cada diez alumnos, y aunque la Junta asevera que evoluciona la creación de plazas públicas, no desglosa el crecimiento de la oferta privada desde 2018. Además, la modalidad de grado básico dirigida a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) variará para el curso próximo, con su eliminación en al menos 33 institutos andaluces a raíz de una reordenación porque, justifica el Ejecutivo, un 50% de los estudiantes no ha promocionado ni superado el currículo.

Al respecto, Cueto (ANPE) afirma que estarán vigilantes, ya que el cambio del alumnado de una FP básica a una ordinaria o a un programa de transición a la vida adulta (PTVAL) supondría una dificultad añadida. “Nos preocupa con qué apoyos y recursos van a contar los centros a partir de septiembre”, lo que ha provocado la movilización de las familias a las puertas de la campaña electoral en un intento por hacer que la Junta eche marcha atrás.

Otro aspecto sobre el que incide Fran Fernández, portavoz del sindicato USTEA, son las infraestructuras escolares. “El presupuesto en Educación sube, aunque sea más bien para la concertada, pero las infraestructuras están a la cola de los planes”. Por ejemplo, la ley para la mejora de las condiciones térmidas de las aulas, aprobada en 2020, “solo se ha desarrollado un 8%”. Los veranos asfixiantes e inviernos gélidos, fruto del contraste acusado que provoca la crisis climática, es un factor más dentro de “la dejadez” en el mantenimiento de edificios que llevan décadas, subraya, donde la colaboración con los ayuntamientos es imprescindible. “Necesitamos mejoras técnicas y climáticas para dar una educación pública de calidad”, remarca.

Dependencia: las listas de espera

En materia de dependencia aún no se ha alcanzado ningún gran acuerdo en el sector, pese a las medidas impulsadas por la Consejería de Loles López. Ante una población más envejecida y vulnerable, la reforma de la ley de dependencia de 2006 parece un paso ineludible. A las puertas del Palacio de San Telmo, la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT y CCOO exigieron este mismo miércoles una respuesta “urgente” a la Junta a la luz de los informes: hay 40.092 personas en lista de espera, un leve decrecimiento en comparación al año anterior, según el Observatorio de la Dependencia, pero hay más de 25.000 personas tienen reconocida su situación sin haber sido atendidas. Además, 6.995 personas murieron sin recibir atención y la resolución de expedientes llega a tardar 470 días, casi tres veces por encima de los 180 días estipulados por ley.

“Las listas siguen aumentando, lo que dificulta el día a día de muchas familias, especialmente a las mujeres, que tienen que cogerse excedencias o dejar su trabajo para los cuidados, o que se gastan el dinero en pagar una residencia hasta que les llegue las ayudas porque no pueden disfrutar de ese derecho”, indica Nuria López (CCOO). En este sentido, Óskar Martín (UGT) tacha de “inadmisible” las condiciones en las que se da la tramitación para el reconocimiento. “La dependencia exige también medidas de mejora para los usuarios del sistema y de los trabajadores, ya que no es de recibo el maltrato que reciben unos y otros por los retrasos continuos y las malas condiciones laborales”, acusa, instando a que haya un diálogo permanente porque la sanidad y la dependencia “son dos pilares básicos”.

La función pública y los vaticinios para el nuevo curso

De cara a los comicios andaluces, las fuerzas sindicales claman por un refuerzo del sistema, habiendo recursos económicos que pueden lograrlo. “La petición que le hacemos a todos los partidos políticos es un compromiso firme con el refuerzo de la sanidad, la educación, la justicia y la mejora de las condiciones laborales de sus profesionales. Hay que cuidar y blindar los servicios públicos, y le exigiremos que cumplan con valentía, recursos y financiación”, reclama Girela (CSIF). Todos los sindicatos consultados defienden su independencia y no secundan a ningún partido político en concreto, pero expresan se mostrarán críticos con las propuestas hechas por cada grupo y negociarán con quien dirija el próximo ejecutivo autonómico.

Entre las tareas pendientes, queda la devolución por parte de la comunidad de las pagas extras que se detrajeron en los años 2013 y 2014 a los empleados públicos, ya que, la Junta de Andalucía tiene “el triste honor” de ser la única que no lo ha finiquitado. Con relación al funcionariado, está el último gran pacto del Gobierno andaluz: el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, sellado con CSIF, UGT y CCOO, el cual afecta a casi unos 80.000 empleados del sector público andaluz y que tiene una vigencia por un periodo de cinco años. La formación continua, la estabilidad laboral y la transformación digital son las señas de un pacto que supone “la transformación” de la administración pública, apuntan desde UGT, e instan a no abandonarlo.

Horas después del 1 de mayo, los sindicatos recuerdan que los esfuerzos por mejorar la calidad laboral de los trabajadores y, en suma, de la sociedad, se hace cada día y se lleva a las calles con protestas y manifestaciones que obligan a la administración a rendir cuentas sobre sus actos y cumplir con sus obligaciones. Aunque echan en falta un mayor respaldo, con más gente fuera clamando por sus derechos, todos ellos aseguran que proseguirán en la lucha, más o menos unidos, y siempre vigilantes con lo que ocurra en la próxima legislatura en Andalucía.

El juicio contra la única acusada por participar en la procesión del chumino rebelde de Málaga en 2013 iba a celebrarse este miércoles, pero fue suspendido por la ausencia de un policía propuesto como testigo. Según se dijo, el agente estaba en Pakistán, de modo que el juez prefirió fijar una nueva fecha: el juicio será, si nada lo impide, el próximo 14 de octubre.

La causa tiene su origen en una manifestación celebrada hace siete años con motivo del Día Internacional de la Mujer. La asociación Abogados Cristianos pide que se condene a Elisa Mandillo, única acusada, a doce meses de prisión y veinticuatro de multa por un presunto delito de provocación a la discriminación al odio y a la violencia y otro contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. Es la misma asociación que denunció a tres participantes en la procesión del coño insumiso en Sevillacoño insumiso (absueltas) y a Willy Toledo, que las defendió (también absuelto). La Fiscalía pide diez meses de multa, a razón de diez euros diarios.

La suspensión del juicio, que debía celebrarse a las puertas de una nueva jornada de reivindicación feminista, generó frustración en la acusada y entre las mujeres que acudieron a los juzgados para apoyarla. Algunas participaron en la procesión por la que Mandillo se sienta en el banquillo de acusados, hace ya siete años.

Una procesión hace siete años

El 8 de marzo de 2013 se celebró en Málaga una manifestación por el Día Internacional de la Mujer. Eran tiempos en que Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, pretendía reformar la Ley del Aborto. Varias mujeres participaron en la manifestación transportando por las calles del centro una gran vagina de plástico ataviada con símbolos religiosos, a la que reverenciaron a la manera en que se hace con los tronos de la Semana Santa. “¿Qué se le dice al coño insumiso? Guapo, guapo, guapo”, le decían. Se trataba de una acción simbólica para denunciar la influencia de la Iglesia en la reforma de la ley, que nunca llegó a promulgarse y acabó provocando, meses después, la dimisión de Ruiz-Gallardón.

La procesión malagueña del santo chumino rebelde de 2013 fue replicada en Sevilla en la procesión del coño insumiso de mayo de 2014. Poco después, en junio de 2014, la asociación Abogados Cristianos presentó una querella conjunta por los hechos de Sevilla y los de Málaga. Lo hizo en Madrid, que remitió la querella a Málaga, que a su vez se inhibió para lo relativo a la manifestación sevillana. Esto provocó un primer retraso.

Reabierto porque identificaron a la acusada en los carteles electorales

Desde el comienzo se planteó la dificultad de identificar a las personas que participaban en la procesión. En el caso de Málaga circuló un vídeo donde se observan los cánticos, pero la querella no identificaba a nadie, por lo que fue inicialmente archivada. Sin embargo, se reabrió meses después, cuando la Policía reconoció a Elisa Mandillo como una de las personas que aparecía en el vídeo megáfono en mano. Mandillo concurrió como número seis de la candidatura municipalista Málaga Ahora, en las elecciones de 2015 y era parte de los carteles electorales de la formación. Fue entonces cuando la Policía la identificó.

Mandillo prestó declaración ante el juez de instrucción en abril de 2016, más de tres años después de la manifestación. En noviembre de 2016 se emitieron los escritos de acusación de Fiscalía y de Abogados Cristianos, y el asunto llegó al juzgado de lo penal 10, encargado de celebrar juicio, a comienzos de 2017. Allí ha permanecido parado y sin fecha de juicio hasta septiembre de 2019, cuando se fijó el 4 de marzo de 2020, fecha que ahora se pospone hasta octubre de 2020.

Para Amanda Romero, abogada de Mandillo, esta dilación “supone alargar una pena de banquillo injusta”. “Es un problema de agenda de los juzgados en general y de este en particular”, apunta la letrada, que se ha opuesto a la nueva suspensión porque entendía que el policía debía acudir a testificar para ratificar que Mandillo aparece en el vídeo, lo que la acusada no niega.

Fiscalía: “Atacar las verdades inmutables de la Fe Católica”

El juicio contra la procesión del chumino rebelde vuelve a suscitar una cuestión resuelta en el caso de Sevilla con la absolución de las acusadas (si bien Abogados Cristianos ha presentado apelación). Igual que en aquel caso, la Fiscalía pide condena. Según el escrito de María Teresa Verdugo, titular de la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación en Málaga, la manifestación “pretendía hacer mofa de los símbolos y dogmas más sagrados” de los católicos.

La fiscal cree que Mandillo y sus acompañantes profirieron proclamas que “trataban de atacar las verdades inmutables que constituyen la base de la Fe Católica”. También leyeron un texto que imitaba el credo con la finalidad de “ridiculizar” los dogmas católicos, según la fiscal (“Creo en mi coño todopoderoso, creador del cielo y la tierra…”) y reprodujeron una oración que emulaba el Ave María (“Diosa te salve, vagina, llena eres de gracia…”).

La fiscal parece coincidir en su valoración con la asociación ultracatólica que presentó la querella. “De lo único que se trata es de atacar a los católicos y hacer escarnio”, señala Polonia Castellano, la abogada de Abogados Cristianos. En su opinión, las procesiones utilizaron a la mujer como “pretexto para ofendernos” y pide a los no católicos que se pongan en el lugar de los creyentes y “que piensen que se está haciendo escarnio o mofa de lo más sagrado”. “¿Qué tiene que ver tergiversar el credo y el Ave María, con el Día Internacional de la Mujer?”, se pregunta.

Por su parte, Amanda Romero (abogada de Mandillo) resalta la diferencia entre proteger el derecho fundamental a la libertad religiosa y proteger los “sentimientos íntimos asociados a esa libertad religiosa”, como pretende la acusación: “Esto genera una enorme inseguridad jurídica, porque apela a un ámbito subjetivo que puede llevar a que cualquier persona que se sienta ofendida se sienta en el derecho de interponer una querella”.

Para Romero, la procesión se realizó en ejercicio de la libertad de expresión, y señala que es “significativo” que ninguna otra organización, incluyendo la Iglesia, protestara por esta acción: “Entendemos que han sabido comprender que, más allá de que les pueda resultar incómodo o molesto, se hace en ejercicio de la libertad de expresión y en el contexto de una manifestación por el 8 de marzo, con un carácter marcadamente político y reivindicativo”.

Con el regusto aún de las Fiestas de Primavera arrullándome los sentidos, encaro, no sin preocupación, la próxima cita electoral que tenemos en Andalucía. Veo las previsiones de los sondeos, los análisis políticos y los abundantes actos de precampaña, debatiéndome entre el pesimismo y la esperanza. Una pregunta martillea mi cabeza: ¿qué más tiene que pasar? Y eso que una viene ya estudiá: sé del descreimiento, del voto de castigo, del adormecimiento de la conciencia de clase y pueblo, de la desactivación de los movimientos sociales, de la efectividad de un buen carisma, del cansancio abrumador, … Un tipo este de cansancio que te puede llevar a dar un golpe sobre la mesa, o al desistimiento, o a la reflexión profunda. Siendo sincera, coqueteo con las tres posturas. Pero hoy esta columna va de reflexión y ello me retrotrae al último Martes Santo.

Quince horas en la calle, formada en una cofradía, dan para pensar mucho. Es una experiencia difícil de igualar en el contexto cotidiano. A pesar del extremo cansancio que sé que inevitablemente me sobrevendrá al final del día, me siento privilegiada. Porque fuera de mí hay ruido, gentío y calor, pero de antifaz para adentro, sólo mis pensamientos y yo. Lo primero que pienso, que ya he dicho que la cosa iba de reflexión, es que esto es un detox digital y una cura de aburrimiento en condiciones. Me resulta asombrosa la cantidad de personas de todas las edades que, siendo incapaces de ordinario de dejar ni una hora las pantallas, se echan todo esto para el cuerpo. Por supuesto que hay quien lleva rosario y va repitiendo para sí oraciones y desgranando Misterios. Yo esto último también lo hago, pero los míos son, sobre todo, profanos.

Ya desde que forma mi tramo me asaltan los primeros interrogantes: ¿por qué saldrá de nazarena toda esta gente? La mayoría es muy joven y se apiña con sus amistades para asegurarse de que hacen juntas el recorrido. No se plantean, según dicen, hacer la estación de penitencia sin esta compaña. No puedo evitar pensar, con cierta guasa, qué dirían de esto quienes dan instrucciones sobre cómo ser un buen nazareno y cuáles son los motivos “correctos” para salir como tal. O en quienes creen que en una hermandad todo el mundo tiene el mismo corte intelectual e ideológico.

Cuando cruzamos el dintel de la iglesia al barrio, veo a las autoridades eclesiásticas, civiles, políticas, y a los “posturas”. Luego sabré que el presidente de la Junta de Andalucía está aquí también, con vara, medalla y todos sus perejiles. Eso de hacer campaña apareciendo en la salida de una cofradía famosa por su carácter popular y de barrio, me mosquea. ¿Cuántas de estas personas a las que el presidente abraza ante la cámara estarán en una lista de espera médica? ¿Cuántas estarán ahogadas, si tienen techo, por un alquiler? Antes de dejar el barrio, veo entre la multitud a otro político, este de la oposición. Le delatan las gafas, pero pasa desapercibido entre la multitud. Ahí me pregunto cuántas de las personalidades políticas que vienen hoy al barrio, más allá de la obligación o del figureo, disfrutarán y entenderán de corazón lo que están viviendo.

Dejo a mi izquierda un portal con un puñado de cajetines de llaves. Arriba hay una ventana con luz, se oye una televisión encendida y se ven unos calzoncillos secándose en el alféizar. No entiendo para qué venir hasta aquí si no te vas a asomar. Quien viviera ahí antes, estoy segura, asomaría su cara entre macetas

Avanzamos por una larga avenida, bajo un calor de mil demonios. Me digo que si hubiera buenos árboles, inclusive los que se quitaron por las obras del tranvía, otro gallo nos cantaría. No sólo al cortejo, sino también a las niñas y niños que no quieren quedarse a pleno sol pidiendo caramelos, o a la señora en silla de ruedas, mal parapetada tras la finísima sombra de una farola, que está a un cuarto de hora de sucumbir a una lipotimia. Me acuerdo de los alcaldes, el anterior y el actual, y me pregunto si sabrán que los árboles dan oxígeno y refugio climático. Llegando al centro, pasamos ante la sede del partido que comparten alcalde y presidente de la Junta. Rememoro una anécdota que me pone de muy mala leche. La contó una persona que trabajó en esa sede la noche en la que el PP ganó sus primeras elecciones andaluzas. Narró que, tras conocerse la victoria, alguien exclamó algo así: “¡Vamos a llevarnos tanto que no nos van a volver a votar en la vida!”. Cierto o no, visto lo visto, no me parece descabellado. Pero aquí estamos, finalizando la segunda legislatura, quién sabe si antesala de una tercera. A pesar de que Moreno Bonilla se comprometiera a limitar los mandatos a 8 años.

Empezamos la Carrera Oficial, que nos conduce a la catedral. Muchos pensamientos me asaltan aquí, relativos a la institución eclesiástica y a la fiesta. Me acuerdo del tuit contra el derecho al aborto que compartió el arzobispo hace no mucho, acompañado de una imagen, por cierto, que no se corresponde con lo que es un feto en los plazos en los que es posible abortar. Varias hermandades se adhirieron a ese comunicado. Y me digo, en medio de la serenidad de la mole catedralicia, que hay que ver lo fácil que resulta posicionarse en contra de los derechos de las mujeres, a pesar de que sean una abrumadora presencia en cofradías y hermandades. Veo una urgencia por pronunciarse rápida y notoriamente sobre el control de sus cuerpos y vidas, pero no la veo para hacerlo sobre el abuso sexual hacia ellas, ni sobre su sufrimiento en la guerra, ni sobre su desigualdad estructural, ni sobre su discriminación en el seno cofrade. Lo poco que se hace, si se hace, suele venir desde otros lugares y no tiene en absoluto el mismo seguimiento que lo primero. ¿Es de verdad imperioso repetir en un bucle algo que ya se sabe sobradamente que la Iglesia tiene integrado? ¿Se saca algo positivo de ello; arregla todas las situaciones ligadas a un aborto? ¿No sería más necesario y efectivo posicionarse constante y explícitamente en contra de la intolerancia y la violencia, de la discriminación al prójimo, además de no aceptar ramos de flores de quienes las fomentan? Sobre ello, recuerdo, sí se pronunció el Papa. Pero por lo que sea, no provocó tanto grito al cielo. Salgo de la catedral diciéndome que, aun siendo las hermandades en parte Iglesia (por lo que se explican algunas cosas), igualmente son individuos (con sus caunás) y son sociedad. Querer negar o minimizar eso me parece una necedad.

Decae el día y el cansancio ya pega bocados. Poquito a poco dejamos el centro y entramos en un barrio que no es aún el nuestro. El momento es íntimo, precioso y evocador como un cuadro de Sorolla. Sin embargo las ventanas están cerradas y los balcones vacíos. En este barrio no parece haber vecinas que nos esperen. Intento acordarme de las cifras de turismo recibido el año pasado en Andalucía y me digo que, cuando salgan las de este, las miraré para comparar. Dejo a mi izquierda un portal con un puñado de cajetines de llaves. Arriba hay una ventana con luz, se oye una televisión encendida y se ven unos calzoncillos secándose en el alféizar. No entiendo para qué venir hasta aquí si no te vas a asomar. Quien viviera ahí antes, estoy segura, asomaría su cara entre macetas.

Unas horas más tarde, aunque rendida, me permito unos últimos pensamientos conforme enfilamos nuestro templo. ¿Para qué se viste este hábito? ¿Qué se hace durante una estación de penitencia? Comprendo que haya unas normas de conducta de la cofradía para la jornada, pero más allá de eso, ¿a qué pretender encorsetar el corazón y la cabeza del nazareno? Y es que, como el joven grupo de amigas de mi tramo, cada cual tiene sus razones y dedica la estación a lo que le nace. Conozco a nazarenas y nazarenos que rezan, que reflexionan sobre lo divino y lo humano, que divagan sobre sociedad, política y democracia, que repasan la lista de tareas y la de la compra, o la de los 151 primeros Pokémon, y que se preguntan cómo irían las cosas si hubiera menos mamarrachos y mejor voluntad. He de decir que ninguno de ellos siente haberle hecho traición a nadie.

En el imaginario colectivo, las encuestas electorales fallan. Es más, si tuviéramos que apostar hoy, lo haríamos a que el día 18 es probable que les caigan más críticas que alabanzas. En este texto, intentaremos explicar las razones por las que las encuestas tantas veces nos decepcionan y daremos una breve panorámica del escenario que nos dibujan sobre las elecciones andaluzas de este 17 de mayo… y por qué este puede ser alimento para otra decepción.

Hay muchos actos de comunicación fallidos, en que pretendemos mandar un mensaje pero nuestro receptor escucha algo completamente distinto. Esta es una de las batallas perdidas de las encuestas. A pesar de lo que muchas personas creen, por suerte ninguna encuesta podrá decirnos nunca qué va a ocurrir el día 17.

Quienes votamos seguimos siendo humanos y uno de nuestros encantos es ser un poco impredecibles: así, habrá quien pensaba votar y se le complicará el día hasta convertirse en abstencionista sobrevenido; quien se enfadará con su suegro la noche antes y terminará haciéndoselo pagar a su partido cambiando de papeleta en el último minuto; y quien estaba indeciso y esa madrugada verá finalmente la luz. Tenemos la fortuna de que cualquiera de estas situaciones sigue sin ser en absoluto predecible.

Además, la mayoría de las encuestas se habrán hecho antes de que empiece la campaña electoral. Pero si partidos y medios de comunicación ponen toda la carne en el asador durante esas semanas es, precisamente, porque no todo está decidido: habrá votos que en ese tiempo se decanten del todo (muchos) o incluso cambien de orientación (pocos, habitualmente). Por eso, las campañas más planas y predecibles suelen dar lugar a encuestas con menos errores, mientras que campañas que tienen un ganador claro y que modifican tendencias suelen dar lugar a los principales “fracasos” de las encuestas.

Pero por mucho que quienes hacen encuestas expliquen la incapacidad de las mismas para predecir el futuro, esto no es lo que periodistas y lectores esperan de ellas. La batalla de las expectativas está perdida y por mucho que se insista, incluso si se comunica bien en los medios, las personas que lean o escuchen la noticia van a pensar que las encuestas están pronosticando lo que ocurrirá el día de las elecciones (y a juzgarlas en consecuencia).

‘Materia prima’ y ‘cocina’, dos elemento fundamentales… y polémicos

También hay razones técnicas por las que las encuestas pueden acertar más o menos. Aunque no exista una fórmula mágica para hacer buenas encuestas, sí podemos mejorar los ingredientes y la cocción para intentar hacer un producto digno.

Como sabe cualquier cocinero, la materia prima es clave para cocinar bien. Y la materia prima de una encuesta son la muestra y el proceso de recogida de información. La muestra es ese pequeño milagro estadístico por el que, si hacemos bien los deberes, eligiendo bien a (pongamos) mil personas, podemos representar adecuadamente lo que piensan los casi 7.000.000 de andaluces con derecho al voto el día 17.

Si solo tuviéramos que seleccionarlos sería una operación relativamente sencilla. Sin embargo, también tenemos que encontrarlos, lograr que respondan y, si no lo hacen, sustituirlos por otras personas similares. Y es en esta operación, y en las diferentes maneras en que las empresas se enfrentan a este dilema, donde está el grueso de la distinción entre una buena y una mala encuesta.

Las mejores encuestas (lo hacen pocas porque es caro y lento) seleccionan a mil personas y pelean la respuesta de cada una de ellas hasta el último suspiro. Y solo cuando se constata la imposibilidad, las sustituyen por otras. En muchos otros casos, se seleccionan muchos miles de números de teléfono (o direcciones postales o electrónicas) y, simplemente, se controla que en la muestra final las proporciones de algunas variables (edad, sexo, estudios…) sean similares a las de la realidad. En cada vez más casos, se parte ya de una selección de personas predispuestas a ser entrevistadas, con los sesgos que esa selección previa pueda contener.

Como todos los detalles de ese proceso no siempre aparecen en las fichas técnicas, terminamos juzgando la calidad de las encuestas por otros ingredientes más sencillos, como la cantidad de personas entrevistadas. Aunque es cierto que un número más elevado de entrevistas ayuda, sobre todo cuando tenemos que hacer atribución de escaños por provincias, 100.000 personas mal elegidas son una peor muestra que 1200 bien seleccionadas. El tamaño de la muestra no es irrelevante, pero sí una pieza muy pequeña e insuficiente para juzgar la calidad de una encuesta.

Además de los ingredientes, tenemos la cocción, eso que a menudo llamamos la “cocina electoral”. Lo cierto es que el dato en bruto de lo que la gente nos ha dicho que votará suele quedar lejos de la realidad, por lo que es necesario ajustar las cifras con procedimientos estadísticos para los que, al menos de momento, no hay una única fórmula indiscutible que se haya mostrado como superior a las demás.

Varias piezas intervienen en ese puzle. Una de las más importantes es la duda de quién irá realmente a votar, algo que muchas veces ni las personas entrevistadas saben con certeza. Sin embargo, al tratarse de una pregunta con un fuerte componente de deseabilidad social (qué feo está eso de abstenerse), la propia persona suele enmascararla con un “seguro que votaré”, que luego el analista debe decidir si creerse o no.

La dificultad es aún mayor porque muchos de los factores que llevan a la abstención también llevan a no responder encuestas, de manera que nos aparecen muchos menos abstencionistas que en la realidad, en parte por los sesgos de selección y en parte por ese elemento de deseabilidad social en las respuestas.

Y entonces… ¿acertarán las encuestas en Andalucía?

De cara al próximo 17 de mayo, las encuestas dibujan una casi segura victoria del PP, pero difieren en si será con o sin mayoría absoluta. Solo una de estas dos opciones va a confirmarse. Algo más de la mitad de los sondeos publicados nos dicen que ambos escenarios son posibles dentro del margen de error de la encuesta. Algunos, principalmente los más recientes, apuntan que esa mayoría es muy probable. Pero si este es el titular que se instala en la opinión pública (victoria con mayoría) y el PP se queda en 54 escaños (uno por debajo), importará poco que ese resultado entrara en el margen de error de la mayoría de encuestas: el tribunal de la opinión pública dictará que se han equivocado.

Lo cierto es que las encuestas publicadas hasta el momento en nuestra comunidad muestran algunos de los riesgos que hemos comentado. Además, los limitados datos que muchas de ellas reflejan en sus fichas técnicas tampoco ponen fácil hacer una valoración de su calidad. Por ello, quizás el único elemento que tengamos para dar más credibilidad a unas que a otras sea su reputación, que no tiene tanto que ver con sus éxitos o fracasos concretos en estimaciones anteriores sino con si en los mismos puede apreciarse algún patrón que insinúe que, por unas u otras razones, sus resultados incorporan sesgos sistemáticos.

Desde este criterio, quizás por ser la institución más escrutada, sea el CIS quien salga peor parado en sus últimos años, con su tendencia a sobreestimar a las izquierdas. ¿Y el resto? Es posible que también incorporen sesgos (o no) pero, al no estar tan sometidas al escrutinio público, es más difícil detectar estas tendencias (si las hubiera).

Al final, no nos queda más que esperarnos al día 18: solo entonces sabremos si las encuestas en general, o algunas de sus protagonistas en particular, han salido vencedoras (algo que olvidaríamos pronto) o víctimas (lo que recordaríamos más tiempo) de esa noche electoral.

Coordinación y edición: Adelina Pastor, Delegación del CSIC en Andalucía

No tener acceso a una vivienda digna, a servicios básicos o a una atención pública adecuada no puede entenderse como una suma de problemas individuales. Es el resultado de políticas insuficientes, barreras acumuladas y falta de alternativas reales. 

A pocos días de las elecciones en Andalucía, desde Sur Acoge compartimos una serie de propuestas para avanzar hacia una comunidad autónoma que reconozca su diversidad y garantice condiciones de vida dignas para todas las personas. Nuestra experiencia de más de 35 años en el territorio nos confirma que la convivencia no se sostiene solo con discursos: necesita derechos efectivos, servicios públicos fuertes y respuestas adaptadas a las distintas realidades sociales.  

Una de esas realidades es la dificultad creciente para acceder a una vivienda. La vivienda no es solo un techo; es el punto de partida desde el que construir estabilidad, arraigo y proyecto de vida. Sin embargo, muchas personas y familias en Andalucía se enfrentan a precios inaccesibles, suministros cada vez más caros, falta de alternativas habitacionales y obstáculos añadidos cuando no cuentan con documentación formal o viven en situación administrativa irregular. Esta realidad empuja a muchas personas a la infravivienda, el sinhogarismo o los asentamientos.  

Por eso, nuestras propuestas plantean reforzar el papel de la Administración en el acceso al alquiler, regular el mercado para frenar la especulación, adaptar las ayudas públicas a situaciones reales de vulnerabilidad y desarrollar soluciones habitacionales específicas para población temporera y personas que viven en asentamientos. Erradicar la infravivienda exige alternativas reales, sin respuestas improvisadas ni desplazamientos del problema.  

Esta mirada es especialmente urgente en el ámbito agrícola. La agricultura andaluza es uno de los grandes pilares económicos y sociales del territorio, pero una parte de quienes la sostienen vive y trabaja en condiciones marcadas por la precariedad, el aislamiento y la falta de acceso a servicios básicos. Defender una agricultura fuerte también implica garantizar derechos laborales, vivienda digna, orientación, atención sanitaria y protección frente a abusos. Por eso proponemos dotar el Plan EASEN, recuperar oficinas de orientación para personas trabajadoras agrícolas, reforzar los controles laborales y poner en marcha equipos sanitarios móviles con mediación intercultural.  

Vivir sin derechos no puede asumirse como parte del paisaje. Andalucía necesita políticas que no gestionen la exclusión, sino que la corrijan

La misma lógica debe aplicarse al conjunto de los servicios públicos. La sanidad, la educación y la protección social tienen que estar preparadas para atender a una sociedad diversa. No pueden convertirse en espacios atravesados por barreras de empadronamiento, idioma, desconocimiento administrativo o falta de recursos. Garantizar el acceso universal a la tarjeta sanitaria, incorporar mediación intercultural, asegurar la escolarización y el acceso a becas sin obstáculos administrativos o reconocer mecanismos alternativos al empadronamiento para acreditar la residencia, son medidas necesarias para que los derechos no dependan del lugar de nacimiento o la situación administrativa.  

Hablar de convivencia en Andalucía exige hablar de todo esto. De vivienda, de salud, de educación, de protección social, de condiciones laborales y de lucha contra la discriminación. También exige reconocer a Andalucía como territorio de frontera desde su responsabilidad como espacio de acogida, protección e inclusión.  

Las próximas elecciones son una oportunidad para decidir qué modelo de sociedad queremos construir. Desde Sur Acoge defendemos una Andalucía donde lo público llegue también a quienes han sido situados en los márgenes; una Andalucía que no normalice la exclusión y que entienda que garantizar derechos es una condición básica para la convivencia. 

Vivir sin derechos no puede asumirse como parte del paisaje. Andalucía necesita políticas que no gestionen la exclusión, sino que la corrijan. 

En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, la defensa del periodismo no puede quedarse en declaraciones simbólicas. Requiere proteger a quienes investigan y publican con rigor, pero también algo menos visible: cuidar el valor de la información en un entorno saturado de ruido.

Pero hay una dimensión que a menudo queda fuera del debate: el papel de la ciudadanía en la propagación de la desinformación. Porque el problema no es solo que haya demasiado ruido. Es que, muchas veces, ese ruido circula más, se comparte más y llega más lejos que la información contrastada.

El ruido también es una decisión política

En el actual ecosistema digital, la desinformación no surge solo de gobiernos, plataformas o grandes emisores de contenido. También se construye desde lo cotidiano, a través de miles de gestos individuales que parecen menores pero no lo son. Un mensaje reenviado sin comprobar. Un titular compartido sin haber leído el contenido completo. Una imagen difundida sin contexto.

Nada de eso es neutral. Cada vez que una información no verificada circula, gana legitimidad. Cada repetición la hace más creíble. Y en ese proceso, la mentira no necesita ser demostrada: le basta con ser visible.

Por eso, el ruido no es solo una consecuencia del entorno digital. Es también el resultado de decisiones individuales.

Compartir sin verificar tiene consecuencias

Frente a este escenario, Amnistía Internacional lleva años insistiendo en una idea sencilla pero profundamente política: verificar antes de compartir también es una forma de defender derechos humanos.

El derecho a la información no depende únicamente de que existan medios libres. Depende también de que la ciudadanía no contribuya a degradar ese derecho difundiendo contenidos falsos o engañosos.

No se trata de exigir a cada persona que actúe como periodista. Pero sí de asumir un mínimo de responsabilidad en un entorno donde cualquiera puede influir en lo que otras personas creen.

Eso implica detenerse antes de compartir. Comprobar de dónde viene la información. Consultar fuentes fiables. Contrastar versiones cuando hay dudas. Desconfiar de los contenidos que apelan exclusivamente a la emoción o que no citan datos verificables.

No es una tarea técnica. Es una práctica democrática.

Cuando todo vale, la verdad pierde

La libertad de expresión no consiste únicamente en poder decir cualquier cosa. También implica garantizar que la ciudadanía pueda acceder a información veraz y contrastada.

Cuando esa distinción desaparece, el debate público se degrada. Cuando todo parece equivalente, nada lo es realmente.

En ese contexto, la desinformación no solo confunde: desorienta, polariza y debilita la capacidad colectiva de tomar decisiones informadas.

No toda la información vale lo mismo. No es equivalente un dato contrastado que una opinión sin verificar.

Tratar ambas cosas como si fueran iguales no amplía la libertad. La vacía.

Sostener la verdad en tiempos de ruido

Garantizar la libertad de prensa exige medios independientes, protección al periodismo y acceso real a la información. Pero también requiere una ciudadanía que no facilite la expansión de aquello que la debilita.

Porque en un entorno donde todo puede difundirse, la diferencia ya no la marca solo quién habla, sino quién decide verificar y qué decide compartir.

La verdad no desaparece de golpe. Se diluye.

Y evitarlo no depende únicamente de leyes o instituciones. Depende también de lo que cada persona hace con la información que recibe.

Amnistía Internacional anima a verificar antes de compartir, a cuestionar antes de difundir y a no contribuir a la inercia del ruido. Para que la verdad no tenga que competir en inferioridad.

Para que siga siendo reconocible. Para que siga siendo legítima.

Porque cuando la verdad se diluye entre el ruido, la libertad de prensa deja de cumplir su función.

Y cuando la información deja de ser fiable, la democracia se debilita.

La defensa del periodismo y la verdad, más allá de lo individual

Verificar antes de compartir es una forma cotidiana de defender el derecho a la información. Pero esa defensa no se limita a lo individual. También implica reconocer y apoyar el trabajo del periodismo, especialmente de quienes lo ejercen en condiciones de riesgo.

En ese compromiso con la defensa del periodismo, también cobran sentido los espacios de memoria y reconocimiento. En Granada, el 2 de mayo la Asociación de la Prensa celebra su acto anual en la calle San Matías, donde se recuerda a periodistas asesinados y asesinadas en el mundo y se colocan claveles en su memoria. No es solo un gesto simbólico: es una forma de visibilizar que la libertad de prensa sigue teniendo costes reales y que detrás de cada información veraz hay, en muchos casos, riesgo, esfuerzo y compromiso.