El Servicio Territorial de Medio Ambiente en Palencia solo ha tramitado una denuncia sobre incendios en el último año, según una información remitida por la Junta de Castilla y León a Ecologistas en Acción Palencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es. El expediente revela que, según datos de mediados de abril, aún había 578 denuncias que se habían registrado entre 2023 y 2025 y que seguían pendientes de iniciarse. Además, Palencia tiene pendiente iniciar más denuncias medioambientales de las que ha resuelto en tres años y tiene especialmente paralizadas las denuncias en materia de incendios y Patrimonio Natural.

El Procurador del Común –el Defensor del Pueblo de Castilla y León– ya ha señalado a la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez Quiñones, que no tiene suficiente personal jurídico para tramitar todas las denuncias que interponen agentes medioambientales, vecinos o asociaciones ecologistas y conservacionistas, un asunto del que ya advirtió hace unos meses elDiario.es. Cuatro de cada diez denuncias ambientales han prescrito, han caducado o ni siquiera se han comenzado a tramitar.

La Consejería de Medio Ambiente explica que hay “una alta tasa de vacancia” en ese tipo de puestos de los servicios territoriales, y lo atribuyen a “un problema endémico” de la Administración española y a que los departamentos responsables de los procedimientos sancionadores no están muy demandados en los concursos y promociones internas. En cualquier caso, se ha comprometido a poner en práctica las recomendaciones del Procurador del Común.

La Junta de Castilla y León ha proporcionado datos más detallados sobre estas denuncias que no han sido tramitadas, que permiten ver que la Administración está sobrepasada especialmente en dos áreas: la de Incendios y la de Patrimonio Natural. El 82% de las denuncias interpuestas en Palencia sobre fuegos están pendiente de iniciar el procedimiento sancionador, al igual que el 71% de las denuncias de Patrimonio Natural.

En el último año solo se ha tramitado una denuncia de cada tipo: la de incendios se ha dado por finalizada, mientras que aún se está trabajando en un caso de Patrimonio Natural. La situación es un poco mejor en otras áreas, pero todavía tienen una cifra considerable de denuncias pendientes: el 50,9% de los expedientes sobre Pesca, el 42% en Vías Pecuarias y en Montes y el 39% en las denuncias relativas a infracciones de la normativa cinegética. Las infracciones relacionadas con Montes y Caza son las que derivan en más denuncias: 211 y 173 en los últimos tres años. Se han resuelto 118 y 98 expedientes, respectivamente.

Normalmente se dan prioridad a las infracciones más graves, lo que deja las más leves en la cola, según confirman varios agentes medioambientales de varias provincias. Tampoco se han resuelto ninguna de las denuncias incoadas en materia de prevención ambiental, y solo se han resuelto el 23% de los expedientes incoados sobre residuos (ambos enmarcados dentro de Calidad Ambiental). En Palencia existe una plaza de instructor jurídico vacante, y hay dos que están trabajando, aunque no es la que tiene una situación más complicada: en Burgos solo trabaja un instructor y en Salamanca la RPT solo contempla dos plazas y no tres como en el resto de provincias. De hecho, el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos ha pedido que se valore la intervención de la Inspección de Trabajo dada la “sobrecarga” que suponen estas vacantes para el servicio.

Ecologistas en Acción Palencia también había pedido conocer qué autoridad había firmado las denuncias (Seprona o agentes medioambientales) y si estas sanciones eran leves o graves, pero la Junta asegura que no tiene esos datos sistematizados no exportables.

Seis meses para incoar el expediente

Este medio ha tenido acceso a algunos de estos expedientes, como una infracción relacionada con la caza ilegal de un corzo en el Cerrato palentino. En mayo de 2023, agentes del Seprona de la Guardia Civil observaron a un furtivo disparando a un corzo desde la ventanilla trasera del todoterreno en Hornillos de Cerrato. El Juzgado de Instrucción archivó la causa penal en enero de 2025, pero la Junta de Castilla y León no incoó el procedimiento sancionador hasta junio de ese año. La Delegación Territorial ha dictado resolución definitiva del caso en abril de este año y ha impuesto una multa de 4.000 euros, la retirada de la licencia de caza durante un año y el pago de una indemnización de 10.000 euros por dos infracciones graves (cazar sin autorización y con un arma sin licencia) y una leve por disparar desde el todoterreno.

Protestas de los agentes medioambientales

Los agentes medioambientales de Castilla y León llevan años movilizándose para reivindicar mejores condiciones laborales y un operativo más completo, ante la paralización política que denuncian. La pasada legislatura concluyó sin que se tramitaran las leyes pendientes: la Ley de Agentes Medioambientales, que UPL y Soria Y se comprometieron a retomar esta legislatura, y la Ley de servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento impulsada por los trabajadores de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales (ATIFCyL). Hace unos meses, la Justicia anuló parte de una Orden de Medio Ambiente que los celadores de Medio Ambiente de Castilla y León sean jefes de extinción de incendios. Además, la Consejería mantiene la contratación de parte del operativo antiincendios en manos de empresas privadas con nuevos contratos pese a su promesa de ir incorporando el personal al sector público a través de empresas públicas como Tragsa o Somacyl.

Último pleno del debate del estado de la ciudad de esta legislatura en Valladolid. La cuestión con las vías del tren -soterramiento o integración y el fracaso de ambas- ha centrado buena parte de las intervenciones de oposición y gobierno municipal, con el rechazo de las medidas cautelares por parte de Audiencia Nacional de paralizar la resolución del convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. El alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), ha defendido que el Ayuntamiento ha cumplido con las obligaciones recogidas en el convenio ferroviario de 2017 y ha culpado directamente al Gobierno central y al ministro de Transportes, Óscar Puente, del bloqueo del proyecto y de la ruptura de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

La oposición, por el contrario, ha acusado al regidor de haber convertido el soterramiento en una “obsesión fallida” que ha paralizado la ciudad y le ha recordado sus propias palabras, cuando vinculó su futuro político a la consecución del proyecto. “Dijo ‘o soterro o me voy’. Bien, ha fracasado, ¿cuándo se va?”, le ha reprochado la portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita.

Carnero culpa a Puente de abandonar “unilateralmente” el convenio de integración

“Quien cancela es el ministro”, ha afirmado en referencia a al titular de Transporte y exalcalde, Óscar Puente, a quien ha acusado de abandonar “unilateralmente” el convenio de integración firmado en 2017. Carnero ha insistido en que el Ayuntamiento ha pedido crear una comisión de análisis y estudio para abordar el futuro ferroviario de Valladolid y ha subrayado que el conflicto ya está judicializado tras el recurso presentado ante la Audiencia Nacional.

“Si se quieren ir, que no nos lo imputen a nosotros”, ha explicado el regidor, que también ha negado que el Ayuntamiento esté “boicoteando” la nueva estación de trenes. Según ha afirmado, el problema radica en que el Ministerio pretende sacar adelante el proyecto sin un plan especial acordado con el Consistorio.

El regidor ha cargado contra la remodelación prevista para la estación de Campo Grande y ha acusado al Ministerio de escoger “la opción que más daño podía hacer” a un eventual soterramiento futuro. “Será que lo que es bueno para otras ciudades como Bilbao es malo para Valladolid”, ha lamentado.

El alcalde ha defendido la actuación municipal en el paso de Arco de Ladrillo, cuyo proyecto inicial de Adif ha tildado de “técnicamente inviable”, y ha recordado que el Ayuntamiento tuvo que acometer obras de emergencia superiores a dos millones de euros para garantizar la seguridad de la infraestructura. Mientras Carnero intervenía, varios miembros de la Plataforma por el Soterramiento desplegaron carteles con el lema “No al muro. Soterramiento ya”.

El PSOE señala el “retroceso” de estos tres años de PP y Vox

Desde la bancada socialista, el portavoz Pedro Herrero ha explicado un panorama opuesto al descrito por el alcalde y ha calificado a los tres años de mandato de PP y Vox como una etapa de “retroceso”. “La ciudad está sin alcalde, sin gestión y sin rumbo”, ha resumido.

Herrero ha afeado a Carnero que decidiera compartir entre la Alcaldía y el Senado y ha repasado su agenda en la que el regidor ha tenido “248 días sin agenda” durante el mandato. “Eso equivale a más de ocho meses de vacaciones en tres años. Jamás había pasado esto en Valladolid”, ha aseverado.

El portavoz socialista ha defendido que el gobierno municipal no ha cumplido ninguna de sus grandes promesas electorales. “Ni soterramiento, ni 'miniBernabéu', ni piscina fluvial, ni palacio de congresos”, ha enumerado. El concejal del PSOE ha acusado al equipo del gobierno de vender como propios proyectos heredados de la anterior legislatura.

Herrero ha cargado contra la situación de la limpieza, la gestión de la Zona de Bajas Emisiones y la política económica del Ayuntamiento. Para el socialista, el Consistorio ha consumido buena parte de los remanentes heredados del anterior mandato y ha empeorado distintos indicadores urbanos.

VTLP acusa a PP y Vox de aplicar “parches y tiritas”

Rocío Anguita, portavoz de VTLP, ha incidido igualmente en el fracaso del soterramiento y ha acusado al equipo de gobierno de limitarse a aplicar “parches y tiritas”. “Son los reyes de la chapuza”, ha reprochado durante su intervención.

Anguita ha recordado que la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad puede acabar suponiendo más de 100 millones de euros para las arcas municipales y ha pedido directamente la dimisión del alcalde. “Lo único que puede hacer es dimitir porque es el único responsable de este fiasco”, ha apostillado.

Nueva rebaja del IBI

Carnero, en su repaso de legislatura, ha indicado que Valladolid llega a 2026 en un escenario “más favorable” que hace un año y ha reivindicado los avances de su gobierno en materia económica, urbanística y social. Entre los anuncios de cara al año que resta de legislatura, el regidor ha presentado una nueva rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 5% para 2027, si es posible económicamente, con la que el equipo de gobierno pretende completar el compromiso fiscal adquirido al inicio del mandato.

Carnero ha aprovechado el debate para repasar distintos proyectos urbanísticos y de movilidad. Ha confirmado que “en los próximos días” se aprobará el aparcamiento previsto en los antiguos talleres de Renfe, ha destacado los “datos récord” de Auvasa y ha anunciado la elaboración de un plan específico para mejorar la movilidad en motocicleta y reducir la siniestralidad.

El alcalde ha centrado buena parte de su intervención al conflicto ferroviario. Carnero ha defendido que el Ayuntamiento ha otorgado “el mayor aprovechamiento urbanístico” posible a los terrenos de los antiguos talleres de Renfe y ha recordado que el Consistorio ya ha cedido los nuevos talleres ferroviarios, mientras la ciudad continúa, según ha apuntado, sin recibir los terrenos comprometidos por el Estado.

La portavoz del Grupo Popular, Blanca Jiménez, ha acusado a la oposición de intentar “ganar en los tribunales” lo que, a su juicio, no supieron gestionar cuando gobernaban la ciudad. Además, ha reivindicado el incremento de la inversión social, el nuevo contrato de ayuda a domicilio y los programas contra la soledad.

Desde Vox, socios de gobierno del PP, Irene Carvajal ha defendido la política de rebajas fiscales impulsada junto al PP y ha asegurado que se ha reducido la deuda municipal por habitante mientras aumentaba el gasto por vecino. La teniente de alcalde ha reivindicado la posición de su partido respecto a la Zona de Bajas Emisiones y ha avanzadoo que la futura ordenanza solo se activará en episodios de alta contaminación.

La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelares que solicitaba la Junta de Castilla y León en su intento por paralizar la resolución del convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y que abordaba el proyecto de la integración del AVE en Valladolid, que denunciaron Adif y Renfe en noviembre de 2024 ante los incumplimientos, rechazos y “tácticas dilatorias” del Ayuntamiento que dirige Jesús Julio Carnero (PP) y que hacían inviable continuar con el convenio, vigente desde 2017, cuando lo firmaron el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), actual ministro de Transportes, y el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP). Una de las promesas de campaña de Carnero fue modificar el proyecto de integración ferroviaria para recuperar un proyecto de soterramiento, algo que ha descartado Adif en varias ocasiones. De momento faltan por resolverse los propios recursos municipal y autonómico; será necesario esperar a esa decisión.

La Justicia rechaza los argumentos del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco porque no cree que vayan a peligrar “actuaciones inminentes o irreversibles” que requieran una resolución judicial, ni que las actuaciones en ejecución vayan a paralizarse. De hecho, considera que los argumentos del Ejecutivo “responden a escenarios hipotéticos o a decisiones futuras”. “Incluso en el supuesto de que tales efectos llegasen a producirse, se trataría de consecuencias de carácter patrimonial, susceptibles de indemnización”, argumenta el auto, al que ha accedido elDiario.es.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha denegado la medida cautelar que pidió la Junta de Castilla y León para anular la resolución del convenio de la integración de la Alta Velocidad ferroviaria en Valladolid, dictada el pasado 9 de diciembre por la empresa pública Adif. No es posible interponer un nuevo recurso judicial contra esta resolución.

La Junta de Castilla y León también pedía una medida cautelar para suspender el fin del convenio y reconstruir provisionalmente una relación extinguida a finales de 2025. “La pretensión es que se imponga como medida cautelar una obligación de hacer: ejecutar el Convenio de 2017, que sustituyó al suscrito en el año 2002”, señala el auto. Desde 2002, la Justicia reprocha que no se ha ejecutado la operación de manera “continuada y ágil”.

Falta de voluntad “concorde”

Los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que resulta “patente” la falta de voluntad “concorde” entre Adif y el Ayuntamiento, por lo que no se han mostrado partidarios de que acordar esta medida cautelar pueda “suplir los obstáculos”. A pesar de que no entra en el fondo del asunto, la Justicia sí reconoce “incumplimientos relevantes y reiterados, así como la imposibilidad de alcanzar acuerdos” entre todas las partes.

La Audiencia Nacional asume que, si se aceptaran esas medidas cautelares que pedía la Junta se impediría una solución jurídica y material. “No hay indicio alguno de que vaya a producirse una paralización de las actuaciones que están en curso y no consta en modo alguno que las actuaciones sobre la estación de autobuses dependan de la entrega de los suelos de los antiguos talleres. No hay motivo para suponer que las obras iniciadas [por Adif] se vayan a detener”, indica.

Carnero confía en tener razón “en el fondo de la cuestión”

A pesar del auto de la Audiencia Nacional, Jesús Julio Carnero ha esperado que tendrá razón sobre “el fondo de la cuestión” en su rechazo a que el Ministerio de Transportes haya resuelto de manera unilateral el convenio de integración ferroviaria suscrito en 2017, según ha explicado a través de una grabación difundida entre los medios de comunicación.

“Esta es una decisión sobre una cuestión preliminar, la de medida cautelar en la parte solicitada por la Junta de Castilla y León”, ha indicado el regidor 'popular', que se ha mostrado convencido de que lo “verdaderamente importante” es dirimir el fondo de la cuestión.

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a dos años de prisión dos personas, un hombre y una mujer, por amenazar de muerte y agredir al alcalde de la localidad burgalesa de Villaquirán de los Infantes en un suceso ocurrido en agosto de 2023 y en el que también resultó herido un agente de la Guardia Civil.

En concreto, la sentencia impone seis meses de cárcel por un delito de amenazas graves, un año por atentado a la autoridad y otros seis meses por atentado contra agentes de la autoridad, además de dos multas de 30 días con cuota diaria de seis euros por las lesiones leves causadas tanto al regidor como a uno de los guardias civiles.

Asimismo, ambos deberán indemnizar conjuntamente con 400 euros al agente herido y con 200 euros al alcalde por las lesiones sufridas, además de asumir las costas procesales El fallo incluye también una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con el alcalde durante un año y medio.

La sentencia, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial y firme tras la conformidad de las partes, considera probado que ambos acusados actuaron “de común acuerdo”, ya que asumieron los delitos y las penas, contra el alcalde del municipio burgalés, al que insultaron y amenazaron primero en la plaza Mayor del municipio como, después de seguirle tras una primera intervención de la Guardia Civil, en la nave industrial donde trabajaba.

Los hechos se produjeron el 11 de agosto de 2023, sobre las 19.00 horas. Los acusados increparon al alcalde “con conocimiento de su condición de alcalde y con ánimo de menoscabar el principio de autoridad”, como recoge el fallo judicial . Durante ese primer enfrentamiento, la mujer condenada profirió frases como “cabrón de mierda, juro que te voy a matar, te voy a meter fuego y te voy a quemar vivo”, mientras el otro acusado añadió: “Hijo de puta, te voy a matar, ya verás cuando te coja”.

La intervención de dos agentes de la Guardia Civil evitó entonces que la situación pasara a mayores. Los agentes instaron al alcalde a abandonar la plaza, aunque el conflicto continuó poco después. Los magistrados consideran que ambos acusados acudieron posteriormente a la nave industrial en la que trabajaba el regidor y allí retomaron las amenazas y la agresión física.

En ese segundo episodio, los condenados realizaron expresiones como “alcalde de mierda, te vamos a matar y a quemar todo” antes de abalanzarse sobre él. La mujer le arañó mientras el otro acusado le propinó un puñetazo en la sien izquierda y ambos le agarraron de la ropa hasta romperla, según la sentencia.

Los agentes de la Guardia Civil también resultaron heridos cuando intervinieron en este segundo altercado al ser mordido por el perro de uno de los agresores. Además, y uno de los acusados llegó a dirigirse a los guardias civiles con frases como “sois unos cabrones, sois unos mierdas, a este lo voy a matar”, mientras ambos se resistían a la actuación policial.

El alcalde sufrió lesiones que tardaron cinco días en curar y el agente herido necesitó diez días de recuperación, aunque en ninguno de los casos fue necesario tratamiento médico o quirúrgico y no quedaron secuelas, como apunta el fallo.

La Audiencia de Valladolid ha condenado a un hombre, natural de la provincia de León, a penas que suman nueve años y medio de prisión por un delito continuado de agresión sexual y un delito de lesiones, cometidos contra una mujer en un centro de Valladolid en el que también ejercía como osteópata.

Los hechos ocurrieron entre los días 7 y 25 de noviembre de 2024, cuando la víctima acudió al centro de masajes debido a que sufría una neuropatía inguinal que derivaba a la pierna izquierda, según la sentencia facilitada este martes por fuentes del TSJCyL.

Las dos primeras sesiones se desarrollaron con normalidad, pero en las tres siguientes se produjeron las agresiones sexuales que originaron que la mujer comenzara a sufrir crisis de ansiedad.

Acudió al servicio de urgencias del centro de salud La Pilarica y fue remitida al servicio de psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde fue atendida el día 1 de diciembre de 2024.

Sufrió estrés postraumático, con alteraciones cognitivas, del sueño y del estado de ánimo como consecuencia de lo sucedido y recibió como tratamiento dieciséis sesiones de atención psicológica entre el 12 de diciembre de 2024 y el 4 de junio de 2025. Además precisó tratamiento psiquiátrico.

El fallo condena en concreto al procesado por un delito continuado de agresión sexual en la modalidad de introducción de miembros corporales por vía vaginal y anal a ocho años y nueve meses de prisión.

Establece inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, retribuidos o no, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante seis años por encima de la pena de prisión impuesta.

La resolución judicial impone también la medida de libertad vigilada por un periodo de seis años.

Por un delito de lesiones, la sentencia fija nueve meses de prisión y el pago de una indemnización a la víctima de 27. 233 euros, 22.233 de ellos por las lesiones causadas y 5.000 por el daño moral.

El secretario de Política Municipal del PSOE de Castilla y León, Fran Díaz, ha criticado al presidente de la Diputación de Burgos y presidente del PP provincial, Borja Suárez, por no saber “separar cuestiones personales, mercantiles, políticas e institucionales”. Así lo ha manifestado este lunes desde Burgos, donde ha acudido para mantener una reunión de trabajo con el PSOE de Burgos de cara a las próximas elecciones municipales.

Según desveló hace unos meses elDiario.es, el Ayuntamiento de Burgos adjudicó, entre 2023 y 2025, doce contratos a una empresa propiedad de Borja Suárez, que también es concejal y todavía mantiene ambos cargos como accionista y concejal. Cuando se hizo pública esta contratación, Suárez y la alcaldesa burgalesa, Cristina Ayala (PP), pidieron un informe al secretario municipal que determinó que los contratos eran nulos y que Suárez debió elegir entre el acta o la mercantil.

Además, dos exsocios le acusan de repartirse dinero de la caja B de una empresa de eventos. El PSOE ha pedido en varias ocasiones el cese de Borja Suárez por el escándalo. El Ayuntamiento de Burgos pretende cerrar con un “protocolo” la incompatibilidad y los contratos nulos en los que ha incurrido su concejal, presidente de la Diputación y del PP provincial. Borja Suárez ha culpado a los técnicos muncipales de la situación, porque según él, debieron avisarle de que no podía tener más del 10% de una empresa y recibir contratos municipales, a pesar de que son normativas en vigor desde los años 80.

Fran Díaz ha abogado este lunes por que haya nuevos gobiernos locales y provinciales a partir de las elecciones municipales de 2027 que sean “distintos” al de Borja Suárez, un presidente “que tiene la indignidad de pasear por la comunidad autónoma con un caso de corrupción abierto por su gestión”. También ha reivindicado “escuchar” a los clades y concejales que “se parten la cara día a día” en todos los municipios de Burgos.

La Fiscalía solicita dos años y medio de cárcel para una médica como supuesta responsable de un delito de falsificación de documento público, al expedir para sí misma, entre octubre de 2022 y julio de 2023, cerca de un centenar de recetas, en nombre de otras dos facultativas de Ávila.

En juicio esta previsto para los días 13 y 14 de mayo en la Audiencia Provincial de Ávila, si bien es previsible que no llegue a celebrarse al existe un acuerdo entre las partes, que tendrá que ser ratificado este miércoles, y cuyo contenido no se ha desvelado por el momento.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, la acusada, médica de profesión, “aprovechando su condición de paciente de dos doctoras, trabajadoras de un centro de salud de Ávila, falsificó sus firmas” y expidió a su nombre hasta un total de 97 recetas entre octubre de 2022 y julio de 2023.

De todas ellas, 93 fueron expedidas a nombre de una de las dos doctoras por un importe total de 732,19 euros, de los cuales 432,29 fueron abonados por el Sacyl, mientras que, de las cuatro recetas restantes, por un importe de 18,90 euros, lo abonado por Sanidad Castilla y León fue de 8,32 euros.

Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsificación de documento público, por el que solicita para la acusada dos años y medio de prisión y una pena de multa de 10 meses, con cuotas diarias de 20 euros, mientras que plantea una indemnización de 440,61 euros a la Junta.

Falsedad y estafa para la acusación particular

Por su parte, acusación particular pide seis años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y dos años y medio más por otro de estafa.

“La acusada, por su facilidad de acceso por su condición de médica, sustraía (cogía) recetas en blanco del SUAP (servicio de Urgencias) y después de hacer constar su nombre y apellidos y demás datos identificativos de la acusada, describía con su nombre o denominación el medicamento que le interesaba y estampaba un sello médica del SUAP”, sostiene la acusación particular.

Además, insiste en que “falsificaba la firma de la médica supuestamente expedidora de la receta respecto de una de las doctoras”, con el objetivo de “acceder a unos medicamentos que ella no podía adquirir sin receta médica”, y que algunas de las recetas figuran con una fecha en la que las doctoras ni siquiera estaban en Ávila.

Trastorno mental

Mientras, la defensa esgrime el “trastorno mental y del comportamiento” que desde antes de 2022 sufre la acusada, debido “al consumo de sedantes o hipnóticos y benzodiacepinas que generaron un síndrome de dependencia” que en 2023 determinó que en 2023 fuera ingresada en el Servicio de Urgencias del hospital 'Nuestra Señora de Sonsoles'.

Tras ser derivada al Servicio de Urgencias Hospitalarias de Psiquiatría, fue remitida al Servicio de Agudos del Complejo Asistencial, donde su psiquiatra recomendó su ingreso en agudos por “empeoramiento de sintomatología ansioso-depresiva e ideas pasivas de muerte”.

Una vez dada de alta, continuó con un tratamiento ambulatorio por “el trastorno ansioso depresivo y consumo perjudicial de benzodiacepinas, permaneciendo con tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico” con el objetivo de obtener “la abstinencia”, que no se ha conseguido.

La defensa considera que los hechos “no son constitutivos de infracción penal alguna”, si bien matiza que “si llegara a entenderse que alguna de las conductas puede merecer algún tipo de reproche penal, lo habría ejecutando sin comprender la ilicitud del hecho”, dada su alteración psíquica.

Los vallisoletanos de Siloé actuarán el próximo 6 de junio ante el Papa, en la jornada inicial de su viaje a España, en concreto en un encuentro organizado en la Plaza de Lima de Madrid, junto a otros grupos.

Además, ya para el día 8 de junio en el Estadio Santiago Bernabéu, David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro, junto a músicos y referentes de la música católica, actuarán en el gran encuentro diocesano.

La Archidiócesis de Madrid ha informado este lunes de algunos detalles de este evento, para el que acaba de abrir la convocatoria para participar en el llamado Coro Familiar Iglesia de Madrid que también lo animará musicalmente.

De hecho, está previsto que uno de los momentos más destacados sea la interpretación del himno 'Alza la mirada', una obra colaborativa creada para la visita del papa y que será interpretada por este coro que integrará a 1.000 cantantes, 300 de ellos niños.

El acto comenzará aproximadamente dos horas antes de la llegada de León XIV y “se interpretará un repertorio pensado para acompañar la oración y la celebración de toda la diócesis”, indica el comunicado.

La Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la Banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines también participarán en el encuentro.

No serán los únicos artistas que actúen ante el papa, ya que el día de su llegada a Madrid el 6 de junio escuchará también cantar a Niña Pastori en el Barrio de Lucero tras su visita al centro Cedía 24 Horas de Cáritas.

Asimismo, un encuentro en la Plaza de Lima previsto para ese mismo sábado se ha concebido como un “festival de la fe” que combinará actuaciones musicales de grupos como Hakuna o Siloé, testimonios y oración para preparar la escucha al pontífice.

El actual concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, sustituirá al actual alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que es el único alcalde de IU en una capital de provincia española, como cabeza de lista de Izquierda Unida para las elecciones municipales de 2027.

Guarido, que cumplirá doce años al frente del Ayuntamiento de Zamora, ya había anunciado su negativa a continuar un cuarto mandato y la asamblea provincial de IU ha designado por consenso a Novo, de 31 años, como nuevo candidato. Del mismo modo, ha acordado que como número dos de la candidatura figure la actual concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas.

El actual alcalde ha indicado que tras 28 años que hará en 2027 como concejal ha cumplido “un ciclo muy amplio” y no va a volver a aspirar a formar parte de la Corporación municipal, aunque ayudará al partido y al nuevo candidato en todo lo que le pidan.

También ha resaltado que Pablo Novo y María Eugenia Cabezas forman “un tándem extraordinario” y como concejales han sido ambos “muy innovadores”.

Decisión por consenso

Por su parte, Pablo Novo, graduado en Historia y máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, ha declarado que para él supone una “enorme responsabilidad” sustituir a Guarido como candidato, una decisión que junto a la de la número dos se adoptó por consenso previamente en las asambleas que semanalmente celebra la agrupación local de IU de Zamora.

Ha subrayado que IU en Zamora, donde gobierna en el ayuntamiento desde 2015, tienen un equipo “cohesionado” y con “experiencia de gestión pública”.

Por ello, ha indicado que el tándem que conforma con María Eugenia Cabezas y con ese equipo cohesionado tiene intención en 2027 de “saltar al ruedo a volver a ganar la alcaldía”. Además, el actual alcalde les va a ayudar “aconsejándonos en muchos aspectos” porque la experiencia que tiene es “impagable”.

El candidato de IU a la alcaldía de Zamora en 2027 ha explicado que su candidatura se adoptó de forma consensuada por la militancia local, aunque no ha sido una decisión fácil ni resulta fácil la labor de gobierno en el ayuntamiento, que continuará como su prioridad hasta final del mandato.

La decisión la ha adoptado “desde la responsabilidad, para obtener el mejor resultado y dar el mejor servicio a nuestros ciudadanos”, ha declarado. Por su parte, María Eugenia Cabezas, ha subrayado la experiencia de gobierno de Pablo Novo, quien “a pesar de su juventud tiene una madurez que no tienen la mayoría de los jóvenes hoy en día”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha asestado un revés a la Junta al anular varios de los puntos del Decreto 9/2024, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para regular las autorizaciones de cambio de uso forestal. La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid tras un recurso de Ecologistas en Acción Palencia, recoge que algunos apartados del texto vulneran el carácter “excepcional” que debe tener la transformación de monte en terreno agrícola y aprecia problemas de arbitrariedad y falta de seguridad jurídica.

El fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, estima parcialmente el recurso presentado por la organización ecologista y declara nulos varios aspectos del decreto aprobado por la Junta en junio de 2024. La resolución judicial no cuestiona la totalidad de la norma, como pedía de forma principal la asociación recurrente, pero sí elimina tres bloques considerados clave: la definición de “cultivos de alto interés” que permitía justificar cambios de uso forestal hacia determinados cultivos agrícolas; la limitación de protección únicamente a hábitats prioritarios catalogados como bosques; y la excepción que evitaba compensar pérdidas ecológicas cuando el terreno forestal se sustituía por cultivos leñosos arbóreos.

El cambio de uso debe de tener “carácter excepcional”

La Sala recuerda en su sentencia que tanto la Ley estatal de Montes como la normativa autonómica establecen que el cambio de uso forestal, cuando no responde a razones de interés general, debe de tener “carácter excepcional”. Y precisamente ahí sitúa uno de los principales reproches al decreto autonómico: aunque el texto asumía formalmente esa excepcionalidad, en la práctica ampliaba de forma notable los supuestos en los que podía autorizarse transformar terrenos forestales en explotaciones agrícolas.

Uno de los puntos anulados afecta al artículo que consideraba “cultivos de alto interés” los “cultivos de regadío destinados a la alimentación humana”. Para el tribunal, la categoría era tan amplia que desdibujaba por completo la excepcionalidad exigida por la legislación básica estatal. La Junta defendió durante el procedimiento que la producción de alimentos conecta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de “hambre cero”, pero la Sala rechaza ese razonamiento y sostiene que utilizar argumentos propios del interés general para justificar transformaciones que precisamente no se amparan en razones de interés general “evidencia su falta de justificación y arbitrariedad”.

La sentencia también tumba otros dos supuestos incluidos en esa definición de “cultivos de alto interés”: los relativos a especies presentes de forma silvestre en montes y los cultivos ligados a “condiciones edáficas y/o climáticas especiales”. Según el tribunal, ambos conceptos dejan un margen de interpretación excesivamente amplio y ambiguo, incompatible con el principio constitucional de seguridad jurídica. Los magistrados reprochan además que el decreto no justificara por qué esos supuestos debían prevalecer sobre la conservación forestal exigida por la legislación estatal.

Protección de los hábitats prioritarios

Otro de los puntos de la sentencia es el que afecta a la protección de los hábitats prioritarios. El decreto impedía cambios de uso en hábitats de interés comunitario prioritario únicamente cuando estuvieran “catalogados dentro del grupo de los bosques”. Este matiz ha sido anulado. El TSJ considera arbitrario restringir la protección solo a ecosistemas forestales y dejar fuera otros hábitats vulnerables como pastizales, humedales o matorrales, pese a que la Directiva Hábitats europea les otorga la misma consideración de protección reforzada.

En este punto, la Sala asume parte de los argumentos aportados por el informe pericial presentado por Ecologistas en Acción, elaborado por el catedrático de Botánica José Miguel Olano Mendoza. El documento advertía de que el redactado del decreto podía dejar desprotegidos ecosistemas abiertos con un elevado valor ecológico y una regeneración especialmente lenta. La sentencia recuerda, además, que el concepto legal de monte no se limita a los bosques y abarca también otras formaciones vegetales.

Sistema de compensaciones ambientales

El último de los tres aspectos anulados afecta al sistema de compensaciones ambientales. El decreto aprobado por la Junta permitía que, cuando el cambio de uso forestal tuviera como destino la implantación de cultivos leñosos arbóreos —como plantaciones de frutales—, no fuera obligatorio adscribir otros terrenos agrícolas para transformarlos en forestales y compensar así la pérdida de servicios ecosistémicos.

La Sala rechaza esa excepción y concluye que carece de “justificación razonable”. Los magistrados subrayan que sustituir un ecosistema forestal por un cultivo arbóreo no garantiza por sí mismo la conservación de la biodiversidad ni el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. “No resulta causa objetiva que justifique el distinto trato”, según explica el fallo.

Ecologistas en Acción ha celebrado este jueves una resolución que considera una “importante victoria judicial” frente a un decreto que, a su juicio, “vacía de contenido la protección del monte”. La organización sostiene que la Junta había intentado normalizar la transformación de terrenos forestales en cultivos agrícolas mediante criterios ambiguos y excesivamente amplios. “El cambio de uso forestal es una excepción, no una regla”, ha señalado desde el colectivo ecologista.

La sentencia se suma además a otros reveses judiciales recientes sufridos por la Consejería de Medio Ambiente dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones. En los últimos meses, el TSJ también condenó a la Junta por negar información ambiental vinculada a proyectos de renovables en Burgos y anuló la modificación del plan autonómico de residuos al apreciar vulneración del derecho de participación pública.

El fallo no es firme y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. El TSJ obliga a la Junta a eliminar del decreto los apartados anulados y aboga por una interpretación restrictiva del cambio de uso forestal en Castilla y León.

Las organizaciones en defensa de la igualdad social de las personas LGTBI Fundación Triángulo y Camada Queer Castellana han convocado una concentración para protestar contra la presentación del libro “No contaban con las madres”, de Nuria Coronado, al considerarlo un “acto tránsfobo”.

Mediante un comunicado, la Fundación Triángulo, que no descarta llevar el caso a la Fiscalía, ha anunciado que la concentración se celebrará a las puertas de la Biblioteca de Castilla y León —que depende a la Consejería de Cultura de la Junta—, en Valladolid, donde está prevista la presentación del libro, este viernes a las 18,45 horas.

Esta organización ha precisado que un total de 19 entidades han firmado una carta para solicitar a la Biblioteca la cancelación de la presentación.

Han considerado “inadmisible” que una institución pública albergue un discurso que, según afirman en el comunicado, califica la identidad trans como “daño irreversible”.

“La cesión de este espacio contraviene los principios de la ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que establece que estos centros estén libres de discriminación por razón de género u orientación sexual”, ha explicado la Fundación.

“Presentar el transgenerismo como un peligro para la salud física y mental de los menores no se puede considerar libertad de expresión, sino una patologización desfasada que vulnera la Ley Trans estatal”, ha detallado.

En relación con los testimonios de familiares incluidos en la obra, la Fundación Triángulo ha manifestado su máximo respeto a las vivencias de cada madre o padre.

No obstante, ha considerado que las experiencias individuales no deben servir para estigmatizar a todo un colectivo o promover teorías de “contagio social o daños irreversibles, que contradicen el consenso científico y la legislación actual”.

“Ante la ausencia de respuesta de la Biblioteca de Castilla y León a la solicitud formal de cancelación, Fundación Triángulo y Camada Queer Castellana convocan una concentración a las puertas de la Biblioteca este viernes a las 18:45 horas y se plantea elevar el caso a la Fiscalía por si pudiera ser constitutivo de un delito de odio”, han expuesto.

La Biblioteca de Castilla y León ha subrayado, a través de un comunicado remitido a EFE, que dentro de su programación de actividades culturales durante la tarde de este viernes están previstas dos presentaciones de libros, de contenido diferente, para el acceso libre de los ciudadanos que las consideren y estimen.

“La biblioteca es un espacio público abierto, neutral y plural que alberga documentos y actividades, con diferentes formatos y contenidos diversos, que sirve a su comunidad intentando promover los derechos y libertades, tales como pensamiento, expresión y creación, a la vez que se facilita el acceso a la información, el conocimiento y la cultura”, ha expresado.

Como soporte a esta labor, la biblioteca pone a disposición sus materiales y espacios físicos y virtuales sin mayores restricciones, lo que puede conllevar la cesión de espacios a diferentes creadores para que presenten sus obras, dentro del respeto y la tolerancia.

El Foro Feminista de Valladolid, que organiza la presentación del libro, ha rechazado que se trate de un libro tránsfobo y ha dicho que si los convocantes de la protesta se hubieran leído la publicación no harían esas afirmaciones, según ha manifestado a EFE una portavoz de este colectivo, Nina Infante.

El libro recoge testimonios de madres preocupadas, ha precisado Infante, quien ha defendido que el Foro Feminista siempre ha abogado y ha actuado por la democracia y la libertad.

La número 13 de la lista de Por Ávila en las pasadas elecciones municipales, Silvia López, de 23 años, sustituirá a Sonsoles Prieto, la teniente de alcalde Empleo que, tras ser destituida por el regidor, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, por “pérdida de confianza”, presentó su renuncia al acta de concejala.

De esta manera, López asumirá en el pleno del próximo junio su acta de edil de Por Ávila que, de esta manera, recuperará los 11 representantes que consiguió en las últimas elecciones municipales, frente a los 7 logrados por el PP, los 4 del PSOE y los 3 de Vox.

Según ha informado en nota de prensa Por Ávila, Silvia López nació en Ávila en 2002 y, con 23 años, es la pequeña de dos hermanos; estudió en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'El Pradillo' y en el Instituto de Eseñanza Secundaria (IES) 'Vasco de la Zarza'.

Además, la futura concejala de XAV ha realizado estudios en Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad de Burgos (UBU).

Monitora de natación, salvamento y socorrismo e instalaciones acuáticas, Silvia López integró con el número 13 la candidatura de Por Ávila en las elecciones municipales de 2023, obteniendo 11 ediles, aunque la que figuraba en el undécimo lugar, María de la Concepción Pueyo, no llegó a tomar posesión.

Por ello, fue quien figuraba en el puesto número 12 de la candidatura, Héctor Sastre, quien asumió su puesto, de ahí que ahora sea la número 13 de la lista la que tome el relevo de Sonsoles Prieto, que fue la número 5 de la candidatura. 

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado este viernes en Burgos que “corrupción es poner precio al sillón con un supuesto acuerdo de gobierno” como el que el PP negocia con Vox en la Comunidad para “poner al señor Mañueco en el sillón” de la Presidencia de la Junta.

En su intervención en el Comité Autonómico del PSOE, celebrado esta tarde en el Monasterio de San Juan de la capital burgalesa, Martínez ha acusado al PP de perjudicar los intereses de los castellanos y leoneses con un supuesto acuerdo de gobierno que se sustenta en lo acordado en Aragón y Extremadura.

Ha comparado esta “corrupción” con la localizada en Segovia, con el cambio de gobierno municipal, o en Burgos, con el presidente del PP y la Diputación -también concejal de la capital-, Borja Suárez, que “no es consciente de que no se pueden hacer negocios con su empresa desde el poder institucional; eso no es ignorancia es desvergüenza”, ha dicho, en relación a los contratos que suscrito el Ayuntamiento de Burgos con al empresa de eventos de la que él era accionista.

En este sentido, ha asegurado que, casi dos meses después de las elecciones autonómicas, algunos “han vuelto a la cueva y al sofá con mantita” sin resolver problemas pendientes.

Para Martínez, tras los comicios del pasado 15 de marzo no se han resuelto problemas como las medidas para prevención y extinción de incendios, las condiciones de los profesionales sanitarios y educativos o la despoblación, que solo se reduce en las capitales de provincia.

“En negociaciones de salón, desde Madrid, ponen precio y peaje un sillón para -Alfonso Fernández Mañueco”, ha afirmado el secretario autonómico del PSOE, en referencia al candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. En este sentido, ha insistido en que el PSOE no quiere proponerse como oposición, sino como “alternativa de gobierno seria y rigurosa” y ha recordado la importancia de mantener el esfuerzo realizado en las pasadas elecciones autonómicas, porque “la oportunidad de gobernar se abre con unas elecciones autonómicas y unas generales que están a la vuelta de la esquina”.

El celebrado esta tarde en Burgos es el primer comité autonómico descentralizado del PSOE, y el primero que se celebra después de las elecciones autonómicas, en las que, según Martínez, se consiguieron “buenos resultados”, aunque hay que “digerirlos” porque el apoyo de uno de cada tres votantes no es suficiente para gobernar.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha revocado el permiso penitenciario de cuatro días concedido a Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta en 2013. El tribunal ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía contra la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León número 5, con sede en Salamanca, que el pasado marzo había autorizado la primera salida ordinaria del interno pese al criterio contrario de Instituciones Penitenciarias.

La resolución deja sin efecto el auto dictado el 24 de marzo por el titular de la plaza 5 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Instancia de Salamanca, que había dado la razón a la defensa de Basterra frente al acuerdo adoptado por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Topas, donde cumple condena desde hace algo más de un año porque tiene en esa provincia a su nueva pareja.

La Sala ha considerado que “en este momento no concurren en el penado las condiciones mínimas exigibles para beneficiarse de un permiso ordinario de salida” y ha apuntado tres elementos principales: “la extrema gravedad del delito cometido”, “la lejanía aún significativa en el cumplimiento de la condena” y “la falta absoluta de asunción de responsabilidad derivada de la negación persistente de los hechos”.

Los magistrados han defendido que, aunque el interno mantenga una conducta adecuada en prisión, la concesión del permiso “resulta prematura e injustificada”. Según ha comunicado el Tribunal Superio de Justicia de Castilla y León en un comunicado, se concluye que debe prevalecer el criterio técnico de la Junta de Tratamiento de Topas, que había rechazado la solicitud “por amplia mayoría”.

Recurso de la Fiscalía

La Fiscalía de Salamanca recurrió la decisión judicial pocos días después de conocerse el auto favorable a Basterra al entender que la resolución no justificaba de forma suficiente por qué se apartaba del criterio de los profesionales penitenciarios.

En su escrito, el Ministerio Público defendía que el condenado no cumple todavía las condiciones de “evolución, responsabilidad y madurez” previstas en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el reglamento penitenciario. La Junta de Tratamiento había advertido, entre otros aspectos, de la “insuficiente consolidación de los factores positivos”, la gravedad del delito, la fase aún inicial del tratamiento y la ausencia de reconocimiento de los hechos.

La Fiscalía reprochó además al juez una falta de “motivación reforzada”, exigida cuando un órgano judicial corrige el criterio técnico penitenciario. Según el recurso, el auto recurrido se apoyaba en referencias “genéricas y abstractas” sin concretar qué indicadores permitían concluir que existía una evolución suficiente para afrontar salidas al exterior.

El Ministerio Público insistió especialmente en que Basterra continúa negando “de manera abierta, tajante y persistente” el asesinato de su hija, tal y como reflejan los informes psicológicos incorporados al expediente penitenciario. Para la Fiscalía, esa negativa dificulta valorar el riesgo y bloquea cualquier evolución real dentro del proceso de reinserción.

Basterra sigue negando los hechos

La Audiencia Provincial hace suyos buena parte de esos argumentos. La resolución recalca que la asunción de responsabilidad es un elemento relevante en el tratamiento penitenciario y entiende que la persistencia en la negación de los hechos impide apreciar una evolución consolidada.

Asimismo, también se ha tenido en cuenta el momento de cumplimiento de la condena. Basterra no alcanzará las tres cuartas partes de la pena hasta marzo de 2027 y la extinción total está prevista para septiembre de 2031. Para la Fiscalía, y ahora también para la Audiencia, ese horizonte temporal sigue siendo “lejano” en relación con la gravedad del delito cometido.

El asesinato de Asunta Basterra Porto, de 12 años, se convirtió en uno de los crímenes más mediáticos de la última década en España. La menor fue encontrada muerta en septiembre de 2013 en una pista forestal próxima a una propiedad de su madre, Rosario Porto, en el municipio coruñés de Teo. La investigación concluyó que la niña había sido sedada durante meses con benzodiacepinas antes de morir asfixiada.

En 2015, un jurado popular declaró culpables por unanimidad tanto a Alfonso Basterra como a Rosario Porto, que fueron condenados a 18 años de prisión por asesinato con la agravante de parentesco. Porto se suicidó en 2020 en la prisión abulense de Brieva sin haber reconocido nunca los hechos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda (Segovia) ha acordado reabrir el procedimiento judicial sobre la demolición del azud y presa de Puente Mesa en el río Cega, entre los términos municipales de Veganzones y Cabezuela, y ha encargado al Seprona de la Guardia Civil la investigación de los hechos.

Según el auto dictado el pasado 30 de abril, el juzgado admite la denuncia presentada por la organización Aguaiuris tras recibir el testimonio de la resolución de la Audiencia Provincial de Segovia, que previamente había revocado el archivo inicial de la causa.

La resolución judicial acuerda encomendar al Seprona la investigación para determinar si la demolición del azud y presa de Puente Mesa, situado en la Zona de Especial Conservación ‘Riberas del río Cega y afluentes’, “ha podido determinar un grave daño al medio ambiente y al patrimonio histórico”. Asimismo, el juzgado ordena requerir a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para que remita el expediente íntegro relativo a la demolición, incluidos los informes técnicos sobre el impacto histórico y ambiental de la actuación.

En el auto, el juzgado ha pedido a la CHD documentación completa relacionada con el derribo de esta infraestructura hidráulica tradicional sobre el río Cega. Aguaiuris ha valorado la decisión judicial al considerar que confirma la necesidad de investigar cómo se autorizó y ejecutó la demolición del azud y cuáles han sido sus posibles consecuencias ambientales y patrimoniales.

Además, sostiene que la desaparición de Puente Mesa no puede considerarse una mera actuación técnica, sino un asunto de relevancia pública por su afección al ecosistema del río Cega y al patrimonio hidráulico de la zona. El azud de Puente Mesa fue demolido el pasado enero en una actuación promovida por la CHD que provocó protestas vecinales en Veganzones y Cabezuela, donde numerosos vecinos defendían la conservación de la presa por su valor histórico, paisajístico y sentimental.

La infraestructura había sido objeto de controversia desde 2022, cuando representantes del Gobierno y de la CHD anunciaron públicamente un acuerdo para restaurar y conservar el azud, tras lo cual los ayuntamientos solicitarían una concesión administrativa para asumir su mantenimiento.

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un camionero que multiplicó por ocho la tasa de alcohol, lo que se considera un delito contra la seguridad vial. Los agentes pararon al vehículo, que circulaba por la A-62 sentido Tordesillas por lo que consideraron una conducción “errática”: aceleraba y frenaba bruscamente, lo que hacía peligrar a los demás usuarios de la vía.

La patrulla de la Guardia Civil consiguió pararlo en el kilómetro 102,000 de la autovía de Castilla A-62 (Burgos –Salamanca), término municipal de Cubillas de Santa Marta (Valladolid), según ha informado en un comunicado de prensa. El conductor del vehículo pesado dio 1,27 y 1,19 mg/l en aire respirado, una cifra que multiplicaba por ocho el mínimo legal.

Los agentes inmovilizaron el camión y detuvieron a su conductor por la comisión de un presunto delito contra la seguridad vial. También remitieron las correspondientes diligencias al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid.

Alfonso Fernández Mañueco ha sido propuesto como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León tras finalizar la ronda de reuniones del presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, con los grupos parlamentarios. El candidato es lo único seguro cuando casi han transcurrido dos meses desde las elecciones. Ni hay acuerdo con Vox, ni fecha para el Pleno de investidura, ni se barajan plazos. Como ha subrayado Vázquez, la normativa no establece límites temporales para celebrar ese pleno.

Vázquez se ha reunido este jueves con el líder del PSOE, Carlos Martínez y con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García. Para Martínez, ha sido un encuentro con “pocas novedades” y lo ha tildado de “trampantojo” obligado para escenificar un acuerdo que no pretende otra cosa que reeditar el gobierno “inestable” de la anterior legislatura. Lo importante, ha dicho, es conocer la “letra pequeña”, para ver “hasta dónde llega y a qué precio paga Mañueco la investidura”. Así, se ha preguntado a costa de qué derechos Castilla y León volverá a tener el mismo presidente, y ha enumerado los de los trabajadores, los de las mujeres o la lucha contra la violencia machista, algo que ha planteado al presidente de las Cortes para poder fijar una posición. “Vox no da nada gratis y estamos ante una nueva maniobra de distracción, con un acuerdo que no quieren sacar antes de las elecciones andaluzas con maniobras de distracción mediáticas. El problema es la parálisis y el ocultismo, el no saber hasta dónde, qué peaje paga Mañueco para ser presidente. Llevamos desde el 15 enero en pause, con dos años sin presupuestos”, ha recordado. Además, ha comentado que la fecha de la investidura la ponen las elecciones andaluzas y ha apostado por un límite del 25 de junio hacia atrás.

La portavoz del PP por su parte ha celebrado la candidatura de Mañueco y ha resaltado que está “avalado por su gestión”. Además, ha descartado que el PP esté retrasando la firma del pacto hasta conocer los resultados electorales en Andalucía.  Se está trabajando, ha dicho, “sin ningún tipo de injerencia, desde Castilla y León y para Castilla y León”. Según García, dos meses después de las elecciones, el tiempo “es razonable” y no se está alargando.

“Estamos en un tiempo razonable ahora mismo, no hay tiempos alargados y ese es el contexto político y temporal”, ha resumido al ser preguntado por cuándo se alcanzará ese acuerdo y si el pleno de investidura estaría condicionado a que haya un acuerdo previo.

Por otro lado, ha reprochado a Martínez su poco “respeto” al reglamento por calificar de “paripé” o “trampantojo” las reuniones con el presidente de las Cortes, ya que está contemplado en el Reglamento de las Cortes. La portavoz ha recordado que el Partido Popular ganó las elecciones del 15 de marzo creciendo en votos, en porcentaje y en escaños, lo que avala la candidatura de Mañueco como “algo más que una opción política: es una verdadera garantía de crecimiento económico, de empleo y del mantenimiento de los servicios públicos en nuestra comunidad”. “El señor Martínez está perdido, entra en falsedades y ocurrencias de forma constante” Frente a las declaraciones del portavoz socialista, Carlos Martínez, García ha denunciado con rotundidad que el PSOE aborda la sanidad “desde la falsedad y la desfachatez”. En concreto, ha recordado que fue el propio Partido Socialista el que rechazó dar apoyo a los presupuestos autonómicos que incluían el plan de infraestructuras sanitarias que ahora reclama. “Lo rechazó sin siquiera abrirlos. Y ahora viene a pedir lo que él mismo bloqueó”, ha afirmado la portavoz.

Leticia García ha exigido rigor al portavoz socialista y le ha invitado a consultar el programa electoral del PP: “Muchas de las cosas que pide ya están recogidas en nuestro programa, con el que ganamos las elecciones de marzo”. “El señor Martínez está perdido, entra en falsedades y ocurrencias de forma constante. Cuando alguien no tiene nada que proponer, lo que hace es soltar ocurrencia tras ocurrencia”, ha concluido.

Los profesores de la Escuela Municipal de Teatro de Burgos han pagado de sus bolsillos una deuda pendiente de abonar a la Tesorería General de la Seguridad Social para evitar la citación judicial de su directora, fijada para el 20 de mayo.

La concejala socialista Blanca Carpintero ha explicado en un comunicado que los profesores han tenido que abonar 11.000 euros de la deuda, más el recargo de 3.000 euros, para evitar que se ejecutara la citación que había recibido su directora.

La edil ha aclarado que esta situación se ha producido porque la Escuela Municipal de Teatro aún no ha recibido parte de la subvención anual que recibe del Ayuntamiento, aunque el 22 de febrero presentaron la documentación para justificar la recepción de los 15.000 euros pendientes.

“Lo curioso es que hasta mayo no recibieron ninguna respuesta a esa justificación y ahora el Ayuntamiento les ha remitido un escrito pidiendo que subsanen algunos documentos, algo que harán en las próximas horas”, ha explicado Carpintero.E

La concejal socialista ha planteado que la mejor solución para evitar que se produzcan estas situaciones es que la escuela se municipalice y sus trabajadores pasen a depender directamente del Ayuntamiento.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), ha mantenido este viernes que el Ayuntamiento no ha “incumplido nada” respecto al convenio de integración ferroviaria de 2017, en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, por lo que ha confiado en la futura sentencia para mantener vivo el documento y la propia entidad tripartita.

En declaraciones a los periodistas, tras conocer ayer el auto de la Audiencia Nacional que denegó a la Junta de Castilla y León la medida cautelar de mantener vigente el convenio de integración resuelto por el Ministerio de Transportes, Carnero ha insistido en que no está conforme con que el Gobierno central deje sin efecto el convenio de 2017.

Carnero ha reiterado que aún está pendiente la petición cautelar del Ayuntamiento de Valladolid, pedida en el mismo sentido que la rechazada de la Junta, aunque el alcalde ha indicado que desconoce los argumentos que utilizó la Administración autonómica, por lo que no ha aventurado si su recurso seguirá el mismo final.

El alcalde ha expresado su “total y absoluto respeto” hacia el auto de la Audiencia Nacional, aunque ha considerado que lo “verdaderamente importante” será la sentencia que dirima el recurso que resolverá “el fondo del asunto”, en referencia a la vigencia o no del convenio de integración y a la propia existencia de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Esta situación tiene su origen en que el Ministerio de Transportes optó por resolver el convenio e iniciar los trámites para disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad -integrada por las tres administraciones-, al entender que no había voluntad por parte del Ayuntamiento de afrontar sus aportaciones económicas anuales y considerar que su pretensión sobre el soterramiento choca con los trabajos de integración acordados años atrás.

Carnero ha puesto como muestra de su cumplimiento del convenio las actuaciones desarrolladas en la calle Panaderos, el túnel de Padre Claret y otras “decisiones importantes”, mientras que ha indicado que Renfe y Adif tienen pendiente recibir los terrenos de los antiguos talleres de Renfe.

El PSOE alerta de la “factura millonaria” que puede afrontar el Ayuntamiento de Valladolid

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha alertado este viernes de que el “boicot” que en su opinión practica el alcalde, Jesús Julio Carnero, a la integración ferroviaria lo van a pagar los vecinos con la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, lo que implicaría una “factura millonaria”, de unos 42 millones.

En declaraciones a los periodistas, tras conocer ayer el auto de la Audiencia Nacional que desestima la medida cautelar de mantener la vigencia del convenio de integración que fue resuelto en diciembre pasado por el Ministerio de Transportes entre críticas al Ayuntamiento, Herrero ha acusado a Carnero de querer “forzar la disolución de la Sociedad -SVAV-”.

Herrero ha reconocido que es “difícil” hacer una estimación sobre lo que puede suponer económicamente para el Ayuntamiento acometer esa posible disolución de la sociedad, pero se ha remontado a 2017 cuando la deuda de 400 millones implicó la renuncia al proyecto de soterramiento y el acuerdo para acometer la solución de la integración ferroviaria.

En aquel momento, ha recordado el portavoz socialista el Ayuntamiento calculó que la disolución de la sociedad implicaba un pago de 42 millones de euros para liquidar, por lo que optaron por la integración ferroviaria.

“Estimo que pueden ser unas cantidades en torno a eso”, ha reconocido Herrero, convencido de que en todo caso se trataría de una “factura millonaria”, comparable a lo que cada año destina el Ayuntamiento a toda la inversión anual.

Para Herrero, “la única solución a esa amenaza, que todavía es una amenaza, es un cambio de gobierno el año que viene”: “No hay otra, es la única posibilidad de que Valladolid deshaga este mandato perdido y vuelva a poner otra vez a Valladolid en la senda del progreso, de la del desarrollo”, en referencia a la integración ferroviaria.

El auto de la Audiencia Nacional es, en palabras de Herrero, el “cuarto varapalo para el señor Carnero y sus compinches de la Junta de Castilla y León”, ya que en este caso “el bofetón ha venido a la mejilla del señor Quiñones -consejero-, pero es al 50% con el señor Carnero, por mucho que él quiera decir ahora que no, que falta una sentencia más”.

Herrero ha remarcado que lo que dice el auto es que “el boicot que el señor Carnero y la Junta de Castilla y León han sometido a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para llevarla a la quiebra y su intento posterior de resucitarla para no se sabe muy bien qué, es un auténtico despropósito”.

“No solamente ha puesto palos en la rueda para la Sociedad para cargarse la integración, sino que también ha intentado boicotear las obras de la estación de tren que está fuera del convenio de integración ferroviaria”, ha resumido.

VTLP ve la resolución del convenio de integración ferroviaria como una “catástrofe”

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita, ha considerado este viernes que la resolución de la Audiencia Nacional que rechaza la medida cautelar para mantener vigente el convenio de integración ferroviaria es una “catástrofe sin precedentes” y un “fracaso absoluto” de la gestión del alcalde, Jesús Julio Carnero.

En un comunicado, Anguita ha criticado las decisiones “irresponsables” tomadas por el Ayuntamiento por el “bloqueo al proyecto de integración ferroviaria”, que fue el argumento del Ministerio de Transportes para optar por resolver el convenio y disolver la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, aún pendiente de recursos judiciales.

Para VTLP, esta resolución de la Audiencia Nacional conlleva “la cancelación definitiva de un convenio que ya tenía dinero comprometido, proyectos preparados y actuaciones listas para ponerse en marcha de manera inmediata”.

La portavoz de VTLP cree que esta nueva situación obliga a “empezar completamente de cero” cualquier solución para el paso de las vías del tren por Valladolid, lo que implicará negociar un nuevo convenio con otras instituciones y volver a poner financiación sobre la mesa: “Llevamos tres años viendo cómo el alcalde daba pasos irresponsables sin medir las consecuencias”, ha zanjado.

Sobre las consecuencias, Anguita ha añadido que “si la sociedad se disuelve, el Ayuntamiento tendrá que asumir una cuantía muy considerable de dinero correspondiente a su parte” y a una “ruina económica del Ayuntamiento y a la ruina de la ciudad”

Una jueza investiga a la exconcejala de Segovia (PP) que ocultó su vinculación con tres empresas del sector inmobiliario, Rosalía Serrano, que dimitió cuatro meses después de que elDiario.es desvelara esa situación en julio de 2025. El Juzgado de Instrucción número 6 de Segovia ha acordado incoar diligencias por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y desobediencia.

Según el auto judicial, al que ha accedido este medio, la jueza ha pedido documentación municipal relativa al cargo de Rosalía Serrano y de sus declaraciones de bienes y actividades. También ha solicitado a una de las mercantiles asociadas sus estatutos y los documentos de su constitución y ha pedido la declaración de un técnico jurídico municipal. elDiario.es ha contactado con Rosalía Serrano, que ha asegurado no tener conocimiento de estas diligencias previas. La ex concejala no ha sido citada a declarar como investigada, según han confirmado fuentes del TSJ.

El Ayuntamiento de Segovia ha asegurado a este medio que el juzgado ya se ha puesto en contacto con la Secretaría General para pedir la documentación pertinente y ha garantizado que se facilitará.

Rosalía Serrano fue teniente de alcalde de José Mazarías, concejala de Hacienda y portavoz del Grupo Municipal del PP, por lo que tenía una dedicación exclusiva. En su declaración de actividades de 2023, Serrano no declaró tener ninguna actividad empresarial en el sector privado. En octubre de 2024 reconoció que era “administradora solidaria de 'Velasco Hernanz Holding' desde 2009.

En febrero de 2025 declaró que la información no requería una actualización “bajo su responsabilidad”. Sin embargo, también era la representante del holding —la administradora única— de otras dos compañías vinculadas a la compra-venta de terrenos y pisos y sus posibles alquileres.

En abril de 2025, la Secretaría General municipal reprochó en un informe a la concejala que no hubiera avisado de sus actividades. En un informe elaborado a instancia del alcalde segoviano, la Secretaría General concluyó que existía una posible causa de incompatibilidad, puesto que ella se regía por su régimen de dedicación exclusiva y esos cargos pueden comprometer su imparcialidad o independencia en el ejercicio de las funciones públicas. Rosalía Serrano defendió entonces que ella no había cobrado por su administración en una empresa, que definió como “sociedad familiar”

La exconcejala abandonó la dirección de la empresa que ocultó durante un año en una declaración de actividades fechada el mismo día en que elDiario.es preguntó al ayuntamiento segoviano por esta cuestión. Ese documento aclaraba que había sido administradora solidarida de 'VH Holding' desde 2006 hasta el 19 de julio de 2025, unas fechas que no coincidían con las declaraciones previas.

En octubre de 2025 dimitió momentos antes del pleno extraordinario convocado para aprobar las ordenanzas fiscales de 2026 y tras varias semanas de presión política: en el pleno anterior, toda la oposición municipal salvo Vox abandonaron el pleno mientras intervenía Serrano por la falta de credibilidad de sus propuestas.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Soria que condenó a un hombre por agredir a Carlos Martínez, exalcalde de Soria. El Tribunal ha absuelto al acusado de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones leves al considerar, en aplicación del principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo), que no existe prueba suficiente que permita atribuir con la certeza exigida la autoría de los hechos al acusado.

En este sentido, la Sala ha subrayado que existen contradicciones en las declaraciones testificales y no hay una identificación concluyente del autor de la agresión. En consecuencia, el TSJCyL ha dictado una nueva sentencia absolutoria y ha acordado no imponer las costas procesales en ninguna de las dos instancias. La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se hacen constar las testificales que no identificaban claramente al agresor, al no coincidir ni la estatura aproximada ni la ropa que llevaba.

“En definitiva, analizada toda la prueba practicada en el juicio oral, advirtiéndose las contradicciones que se han descrito, así como la falta de concreción, no de los hechos objeto de la denuncia, que tenemos por ciertos, sino de la identidad de quien aparece como acusado en el presente proceso, se está en el caso de aplicar el principio in dubio pro reo y, con estimación del recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia dictada por la Audiencia y absolver al acusado de los delitos de los que venía acusado”, dice la sentencia.

El tribunal aclara que “no es que los hechos analizados y que constituyen la base de la denuncia no sean ciertos, sino que no existe prueba bastante para, eliminada toda duda razonable, tener al acusado por autor de los mismos y entender que sucedieran de la forma que se narra en el escrito rector del proceso” por lo que le lleva a absolver al acusado “por cuanto sufre más la conciencia de la sociedad con la condena de un inocente que con la absolución de un culpable”.

La Audiencia de Soria había condenado al hombre a un año y tres meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones leves, por propinar dos puñetazos a Martínez, en un bar de la capital durante la celebración de un festejo en 2023. En concreto le impuso una multa de siete meses con una cuota diaria de 15 euros por el delito de atentado contra la autoridad, mientras que por el delito leve de lesiones le impuso otra sanción a razón también de 15 euros diarios. En concepto de responsabilidad civil, tenía que indemnizar con 240 euros a Carlos Martínez, actual secretario autonómico del PSOE.

Los hechos ocurrieron el 11 de junio de 2023, sobre las 00.30 horas en un bar situado en la plaza Mayor de la capital, durante la celebración del Lavalenguas, un festejo previo a las Fiestas de San Juan. El acusado, decía la primera sentencia, “guiado con ánimo de menoscabar el principio de autoridad y la integridad física del alcalde”, se dirigió hacia donde estaba diciéndole “prevaricador, hijo de puta”, y se abalanzó sobre él propinándole un puñetazo en la zona maxilar izquierda y otro que no le impactó. A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones consistentes en traumatismo superficial, no acudiendo al médico por estos hechos, que tardaron en curar seis días de perjuicio básico según el informe forense.

La Junta de Castilla y León estima en un 18,78 por ciento el seguimiento en las escuelas infantiles dependientes de la administración autonómica de la huelga convocada este jueves, en centros públicos y privados, por CC,OO y CGT y la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles para exigir una bajada de ratio y mejorar las condiciones laborales y económicas de educadores.

El portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el seguimiento de la huelga ha sido muy heterogéneo: del 39,6 por ciento en Burgos pero solo del 2,2 en Soria, ha puesto como ejemplo.

El modelo de la escuela infantil, un ejemplo a seguir

Ha defendido el modelo de la escuela infantil dependiente de la Junta de Castilla y león, que a su juicio podría ser un ejemplo a seguir para los centros tanto municipales como privados pues sus profesionales cuentan con unas mejores condiciones laborales, reconocido por los propios implicados, ha indicado.

Tras reconocer que buena parte de las reivindicaciones “tienen mucho sentido”, ha reconocido que estas demandas son de carácter nacional y que Castilla y León es de las pocas comunidades autónomas que tienen extendida la gratuidad de la educación en la etapa de cero a tres años, y que las condiciones laborales de sus profesionales “son mucho mejores y, por tanto, servirían de referencia”.

Alrededor de 22.000 beneficiarios suma en Castilla y León esta etapa educativa con una inversión propia sobre la cual quizá ahora hay que hacer una reflexión nacional porque “sería bueno ver si pudiera haber aportaciones nacionales para las comunidades que aún no han desarrollado el modelo”, ha apuntado.

No obstante, ha recordado, hay que respetar la negociación colectiva de los trabajadores, por una parte, y también la autonomía de las distintas entidades locales, ayuntamientos o incluso entidades que no son públicas, que prestan este servicio.

Datos

Por provincias, Burgos (39,6) y Palencia (31,03) han sido las que más han secundado esta jornada de huelga, por delante de Ávila (21,28), Valladolid (19,19), Salamanca (13,76), Segovia (13,75), León (11,02), Zamora (4,17) y de Soria (2,17).

En Castilla y León han secundado la huelga 138 de los 735 profesores de escuelas infantiles (0-3 años), el 18,78 por ciento. 

La Junta de Castilla y León ha reclamado este jueves que “impere la salud pública” en cualquier decisión sobre los 14 españoles que viajan en el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, entre ellos un vecino de Lerma (Burgos) que permanece sin síntomas pero bajo observación. El portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado además la “cierta falta de coordinación” y las “contradicciones” entre ministerios del Gobierno central sobre cómo y dónde deberá realizarse la cuarentena de los pasajeros repatriados.

“Lo prudente y lo razonable es esperar”, ha defendido Carriedo tras el Consejo de Gobierno, después de conocerse que el burgalés figura entre los pasajeros españoles del barco, que llegará previsiblemente este sábado a Canarias tras permanecer varios días frente a Cabo Verde por la aparición de varios casos de hantavirus a bordo.

El consejero en funciones ha explicado que fue el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien informó al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, de la presencia de este ciudadano empadronado en Lerma en el crucero. Según ha precisado, el plan trasladado hasta ahora por el Ejecutivo central pasa por evacuar a los españoles al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde se les realizaría seguimiento médico y cuarentena.

Sin embargo, Carriedo ha afeado la falta de una postura clara dentro del propio Gobierno. “Existen declaraciones contradictorias” sobre si el aislamiento será obligatorio o voluntario y durante cuánto tiempo deberá mantenerse, señaló. A su juicio, cuando “dos derechos pueden estar en cierta colisión”, como la salud pública y la libertad de circulación, “pudiera ser necesario acompañar esa decisión de carácter sanitario con amparo judicial”.

El portavoz ha indicado que el hecho de no presentar síntomas “no es garantía de no tener el virus”, ya que el periodo de incubación puede extenderse entre seis y ocho semanas. “Ahora actuamos con la perspectiva de la prudencia, la colaboración y el interés general de los ciudadanos”, ha apostillado.

La Junta ha asegurado que activará los protocolos sanitarios necesarios si finalmente el vecino burgalés regresa a Castilla y León. “Si viniera finalmente a nuestra comunidad autónoma estableceríamos los protocolos de seguimiento que son necesarios para este caso”, ha apuntado Carriedo, aunque ha evitado concretar si implicarían aislamiento domiciliario u otras medidas.

El pasajero de Lerma, “sin síntomas, pero en observación”

Horas antes, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, había confirmado que el pasajero burgalés se encuentra “bien, sin síntomas pero en observación”. El responsable estatal ha explicado que en un primer momento existió confusión sobre su residencia, ya que el hombre habría embarcado en Argentina y se barajó inicialmente que pudiera vivir allí. Finalmente, las autoridades confirmaron que reside en la localidad burgalesa de Lerma.

El crucero MV Hondius, con 147 personas a bordo, permanece bajo vigilancia sanitaria desde hace días tras detectarse un brote de hantavirus durante la travesía iniciada el pasado 1 de abril en Ushuaia, en la Patagonia argentina. Hasta el momento se han registrado ocho contagios y tres fallecimientos relacionados con la enfermedad, mientras otro paciente permanece hospitalizado en estado grave en Sudáfrica.

Las autoridades sanitarias internacionales han confirmado que los casos detectados pertenecen a la cepa andina del hantavirus, la única variante en la que se ha documentado transmisión entre humanos, aunque los expertos insisten en que el riesgo de propagación comunitaria sigue siendo bajo y que este tipo de contagios requieren contactos estrechos y prolongados.

España prepara junto a la Comisión Europea, la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades un operativo para evacuar y repatriar a los pasajeros una vez el barco llegue al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. Los 14 españoles serán examinados en Canarias antes de su traslado en un avión militar a Madrid, donde Sanidad prevé que permanezcan en cuarentena bajo vigilancia médica.

Renault España ha anunciado este jueves que pone “en suspenso” la adjudicación de nuevos vehículos a las plantas españolas de fabricación ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio.

Durante la décima reunión de la mesa negociadora del convenio 2026-2028, celebrada este jueves, la dirección de Renault España ha presentado a los sindicatos la última oferta que, como ha precisado en un comunicado de prensa, “hubiese permitido la adjudicación inmediata de nuevos vehículos y la nueva plataforma del Grupo a las factorías españolas”.

Al no haber llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales, la dirección ha anunciado que “se ve obligada a suspender la adjudicación de vehículos a España, abriendo la posibilidad a otras ubicaciones en el aparato industrial global del Grupo”.

Esto supone un nuevo escenario de “bajada de producción, sin llegada de nuevos productos y sin compromiso de mantenimiento del empleo”, ha advertido.

Según la empresa, este jueves ha siso presentada “la última oferta posible” que recoge mejoras en aspectos salariales, de empleo y flexibilidad, así como en acuerdos complementarios, respecto a la anterior propuesta, “demostrando su intención de llegar a un acuerdo que posibilitase la adjudicación de vehículos”.

En concreto se había hablado de la adjudicación efectiva de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia -dos de los cuales serían multienergy platform y un vehículo hybrid long life- y de la continuidad de dos vehículos hybrid long life para la factoría de Valladolid. 

María Sánchez, concejal en el Ayuntamiento de Salamanca y secretaria general de los socialistas en esta provincia, releva a José Luis Mateos en la portavocía del grupo municipal para afrontar la nueva etapa política que marca las elecciones municipales del año que viene.

No obstante, para elegir al candidato o candidata socialista a la Alcaldía habrá un proceso que todavía no está convocado ni perfilado, y que serían primarias si se presentan varias personas, según han explicado a EFE fuentes socialistas.

María Sánchez es la actual secretaria general de los socialistas salmantinos desde mayo del año pasado y asumirá ahora la portavocía del grupo municipal, en el marco de una renovación acordada por la ejecutiva local de la Agrupación Socialista Jaime Vera.

La socialista, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, es además concejala desde el año 2019 y ha desempeñado la función de viceportavoz desde 2023.

Asimismo, desarrolla su carrera profesional como abogada desde el año 2003, especializada en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y ha sido letrada de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras en Salamanca durante más de dos décadas y desempeña desde inicios de este año la coordinación técnica del servicio jurídico del sindicato en Castilla y León.

A Mateos, que continuará como concejal, el partido le ha agradecido su labor durante sus años al frente de la oposición municipal, con una labor centrada en los problemas reales de los salmantinos, que ahora deberá continuar Sánchez para que el partido sea útil a los ciudadanos.

El nuevo teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital abulense y presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, ha elogiado la renuncia de Sonsoles Prieto a su acta como concejala, tras ser cesada por el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, como teniente de alcalde por “pérdida de confianza”.

Un día después de la destitución, Budiño ha destacado la actuación “ejemplar” del regidor en este caso, por entender que existía un “conflicto de intereses” derivado de la concurrencia de Prieto a una de las 7 plazas de la oposición a administrativo convocadas por el propio Consistorio, habiendo participado en la Junta de Gobierno Local que aprobó su convocatoria.

El número dos del gobierno municipal ha expresado su “respeto” a la renuncia como edil por parte de la cesada teniente de alcalde, al tiempo que ha reconocido que ese paso le parece “bien, dentro de su filosofía de no, ser concejal no adscrito a una formación política”, ya que su capacidad de gestión sería “mínima”.

Tras el cese decretado el miércoles por el alcalde, la Junta de Gobierno Local de Este jueves ha contado con la presencia de su sucesor en el cargo, Carlos López, que durante el presente mandato ya actuaba como concejal delegado del Área de Turismo, Deportes y Fiestas.

Preguntado si Por Ávila abrirá un expediente de expulsión a Sonsoles Prieto, José Ramón Budiño lo ha negado, ya que considera que con las dos decisiones adoptadas -cese del alcalde y renuncia a la acta de concejala- es suficiente.

En este contexto, ha destacado la “valentía” del regidor ante una decisión que Sánchez Cabrera ha reconocido que supuso un “disgusto” para él, de manera que en tiempos en los que la política está “denostada”, medidas de este tipo contribuyen a “salvaguardar” la imagen de los partidos y del propio Ayuntamiento de Ávila.

El obispo de Segovia y presidente de Las Edades del Hombre, Jesús Vidal, está realizando visitas a los colegios e institutos de la provincia, a centros concertados y públicos por un acuerdo al que ha llegado con el director provincial de Educación de Segovia, Diego del Pozo, que también es secretario de Educación del PP segoviano. Según ha podido confirmar elDiario.es, esta visita ha sido impuesta en uno de los institutos de la provincia, el IES María Zambrano de El Espinar, en el que se ha impedido la labor del Consejo Escolar.

Cuando cualquier departamento quiere plantear iniciativas que se salen de la normalidad (visitas o excursiones), la propuesta debe ser votada por el Consejo Escolar. En enero de 2026 se les trasladó esta idea de que el obispo visitara a los alumnos de religión y el Consejo Escolar acordó pedir por escrito una descripción de la actividad, como se hace de manera ordinaria con cualquier otro evento. Sin embargo, una llamada del director provincial de Educación a la dirección del centro impuso esta charla sin pasar por el Consejo Escolar.

Miembros del Consejo Escolar rechazan las formas de la Junta de Castilla y León ante esta imposición, independientemente de la pertinencia de la visita del obispo o no. De hecho, creen que es probable que se hubiera aprobado sin más incidentes, pero afean la actitud del director provincial de Educación.

La Dirección Provincial de Educación defiende que no ha recibido quejas por las visitas del obispo de Segovia y señala que “solo la Junta de Personal Docente” ha realizado una pregunta sobre el IES de El Espinar, “y se les ha contestado”. “Las visitas del obispo se encuadran dentro de la programación didáctica de la asignatura de religión católica y van dirigidas exclusivamente al alumnado de religión católica. Las programaciones didácticas de cada asignatura se aprueban por el Consejo Escolar de los centros educativos y en ellas se incluye con carácter genérico si se tiene previsto realizar actividades complementarias, recibir visitas”, asegura la Delegación Territorial de Segovia de la Junta de Castilla y León, que no aclara por qué en esta ocasión se ha 'puenteado' al Consejo Escolar del IES María Zambrano.

Desde la Diócesis de Segovia defienden que el obispo no acude a dar “charlas”, sino que “visita a la clase de religión en el marco de la visita pastoral al arciprestazgo que corresponda, a la clase de Religión”. “Cada visita se realiza consensuando previamente con la Dirección Provincial de Educación y la dirección del colegio o instituto”, zanja su departamento de Comunicación, que insiste en que se trata de “encuentros” con los alumnos que cursan la asignatura de Religión.

En Castilla y León, el Consejo Escolar de cada centro es responsable de evaluar el plan y las normas de convivencia, pero también participa en la aprobación de la programación general anual del centro y es habitual que se aprueben las actividades que se salen de lo ordinario.

El director provincial de Educación de Segovia desde 2019 y exconcejal de Abades (PP) durante más de quince años, Diego del Pozo, ya ha sido cuestionado después de que se hiciera pública una sentencia que condenaba a la Junta de Castilla y León y al Conservatorio de Segovia por no proteger a un profesor que denunció acoso laboral durante varios años. El PSOE ya ha exigido su dimisión porque considera que la Educación Pública vive una situación “caótica”, falta de inversiones y en la que los profesores sufren “presiones”.

“Mero trámite”, así ha definido la portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego la ronda de consultas para proponer candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, algo que también han compartido desde Soria ¡Ya! y Por Ávila —y desde el PSOE este lunes—. Los grupos minoritarios ven también hecha la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, no ven tan claro el calendario y el contenido del acuerdo que PP y Vox tienen que cerrar. Vox —socio imprescindible para la mayoría de Mañueco— rebajó las expectativas de un pacto esta misma semana o la que viene al admitir que el pacto con el PP “no está cerrado” y que ve “difícil” culminarlo antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Este martes presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha comenzado el proceso para hablar con los grupos sobre posibles candidatos que debe culminar este jueves, último día legal para proponer candidato, con Mañueco como única opción viable tras el 15M autonómico. Sin embargo, la fecha del debate de investidura sigue sin fijarse y dependerá de un acuerdo que, pese a los precedentes en Extremadura y Aragón, todavía no se ha materializado en Castilla y León.

Vox, pendiente de que el PP quiera cerrar el acuerdo pasadas las elecciones andaluzas

El portavoz parlamentario de Vox, Carlos Pollán, ha señalado que las negociaciones con el PP continúan abiertas. “A día de hoy no está cerrado, aunque esperamos que llegue a buen puerto”, ha afirmado tras reunirse con Vázquez, subrayando que su formación quiere “participar en el gobierno” pero con “un programa concreto, medidas concretas y garantías de cumplimiento”.

Pollán ha evitado concretar plazos, pero sí que dejó claro que el acuerdo no es inminente. “Lo veo difícil”, ha respondido al ser preguntado por la posibilidad de cerrarlo la próxima semana, antes de las elecciones del 17 de mayo en Andalucía. Ante esta posibilidad el portavoz de Vox se ha preguntado en “qué influiría” un pacto de Vox-PP en el resultado de los 'populares'.

La única línea roja que ha marcado Vox para apoyar a un candidato es que sea del PSOE. “Nunca participaríamos o permitiríamos una presidencia por un candidato socialista”, ha apuntado, dando por hecho que su eventual apoyo se dirigiría a Mañueco. Con 14 procuradores, sus votos son imprescindibles para que el PP —que cuenta con 33 escaños— alcance la mayoría absoluta o, en su defecto, más síes que noes en segunda votación.

En su comparecencia, Carlos Pollán ha indicado que la negociación con el PP no se limita a un reparto de cargos, sino que pivota sobre un documento programático “medida a medida”, con especial énfasis en lo que su formación considera puntos “troncales” e “irrenunciables”. Sin detallar el contenido, sí ha dejado claro que Vox aspira a trasladar a Castilla y León buena parte de las líneas ya pactadas en otras comunidades, como los criterios de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas o vivienda, una cuestión que ha definido como “un avance muy importante” dentro de su agenda política.

El dirigente de Vox ha querido defender que la negociación se está realizando en Castilla y León y no desde Madrid. “Por nuestra parte, estamos trabajando aquí”, ha apuntado. No obstante, ha planteado que en el lado 'popular' la influencia y estrategia de Génova esté ralentizando el proceso, en una alusión a la estrategia del PP y a la posibilidad de que los tiempos estén condicionados por otros calendarios electorales.

Pollán ha afirmado que las medidas de Vox ya se están dejando notar en políticas autonómicas y europeas. El portavoz ha defendido que la entrada de su partido en los gobiernos garantiza la introducción de medidas “con plazos y garantías de cumplimiento”, y ha reiterado que su objetivo es formar parte del Ejecutivo de Castilla y León con capacidad de decisión real.

Soria ¡YA! critica la “opacidad” y el “postureo” de los pactos

Antes, el procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha reprochado la dilación de fechas por parte del Partido Popular. “Vamos sobre la bocina”, ha criticado, culpando a que las negociaciones entre PP y Vox se están desarrollando “sin transparencia” y con una lentitud que mantiene a la comunidad “sin gobierno, sin presupuestos desde 2024 y sin soluciones”.

Ceña ha cargado contra los acuerdos ya firmados entre ambas formaciones en otras comunidades, que ha tildado de “postureo” y “nada serio”. A su juicio, contienen medidas “ilegales y muchas inconstitucionales” y relegan problemas estructurales como la despoblación. “Me gustaría que algún pacto considerara como prioridad nacional los problemas de Soria”, ha ironizado.

El representante sorianista también ha puesto en duda la estabilidad de un futuro ejecutivo de PP y Vox: “¿Va a romperse de nuevo cuando haya necesidades electorales? Todo apunta a que sí”. También ha planteado explorar alternativas como un pacto de mínimos entre PP y PSOE centrado en servicios públicos, aunque ha reconocido que, en el escenario actual, su voto no será “gratuito” y dependerá de una negociación previa.

Por Ávila y UPL dan por hecho el acuerdo y piden “arrancar”

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, también ha dado por hecho el pacto entre PP y Vox, aunque ha matizado que nadie se lo ha confirmado oficialmente. “Creo que ya lo tienen”, ha aseverado, reclamando que la legislatura eche a andar “cuanto antes” ante una comunidad que ve “muy parada”.

Pascual se ha mostrado dispuesto a negociar su apoyo a Mañueco, condicionado a que se incluyan las demandas de su provincia. “Estamos abiertos al diálogo y a la colaboración”, ha apostillado, aunque sin concretar el sentido de su voto o qué medidas concretas plantea para dar su apoyo.

Sobre el encuentro con Vázquez ha señalado que ambos, ante la poca temática que abordar, han estado hablando sobre que el Real Ávila, del que Pascual es presidente, y la Gimnástica Segoviana, equipo de Segovia, de donde es el presidente de las Cortes, se han quedado fuera de la promoción de ascenso de 1ª RFEF.

Más crítica fue la portavoz de la UPL, Alicia Gallego, quien también ha dado por hecho el acuerdo pero ha calificado la ronda de consultas de “trámite” y ha criticado la “falta de respeto” que, a su juicio, supone la dilación de los plazos. “Cinco meses con un gobierno en funciones agravan todos los problemas”, ha advertido con dudas sobre un nuevo verano de incendios en la comunidad-

Gallego ha puesto en duda la dependencia de las direcciones nacionales de PP y Vox —“sucursales de Madrid”, dijo— y ha alertado del impacto de la falta de presupuestos en cuestiones como la despoblación, el empleo juvenil o la gestión de incendios. Su formación ve “muy difícil” apoyar la investidura en ausencia de compromisos concretos con la Región Leonesa.

Un calendario abierto con Mañueco como única opción

El proceso de consultas continuará este jueves con PSOE y PP, que propondrá formalmente a Mañueco como candidato. A partir de ahí, el presidente de las Cortes deberá fijar la fecha del pleno de investidura, sin un plazo reglado, lo que deja el calendario supeditado a la negociación entre 'populares' y Vox.

El reglamento establece que el candidato necesita mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda. Si en dos meses ningún aspirante logra la confianza de la Cámara, se convocarían nuevas elecciones.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera (XAV), ha destituido a la teniente de alcalde Sonsoles Prieto (XAV) por una “pérdida de confianza” debido a la concurrencia de la edil a los exámenes de oposición para una de las siete plazas de administrativo convocada por la corporación municipal.

El alcalde, según ha explicado en una rueda de prensa este miércoles, ha encargado a la secretaría general del consistorio que estudie la posibilidad de anular esta convocatoria y de aprobar otra nueva con diferentes bases para garantizar la igualdad e imparcialidad a todos los aspirantes.

Considera que la edil ha incurrido en un “conflicto de intereses”, razón por la cual ha decidido la destitución de Sonsoles Prieto, responsable de Empleo, Comercio e Industria, entre otras áreas, y situar en su puesto a Carlos López, hasta ahora concejal de Turismo, Deporte y Fiestas.

Conflicto de intereses

Tras admitir la “decepción personal” que ha sufrido, Sánchez Cabrera ha elogiado el trabajo desempeñado por la teniente de alcalde durante los siete años en que ha formado parte del equipo de gobierno de Por Ávila (XAV), que durante esta legislatura (2023-2027) gobierna en minoría con once ediles frente al PP (7), PSOE (4) y Vox (3).

Además de definir su trabajo como el de una “servidora pública ejemplar”, el alcalde ha comentado que el cese se produce tras conocer que Sonsoles Prieto concurría a una de las plazas de la oposición convocada el pasado 26 de febrero por la Junta de Gobierno Local de la que ella misma formó parte y que aprobó las bases que regirían.

Teniendo en cuenta esta circunstancia y que la convocatoria del proceso no apareció publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) hasta el pasado 4 de marzo, considera que se produjo un “conflicto de intereses”, ya que la destituida teniente de alcalde “ha tenido acceso a la información de manera previa al resto de opositores”.

Según el alcalde, que ha reconocido el derecho de la edil a concurrir a ese proceso, Prieto debería haberse abstenido en esa Junta de Gobierno Local que aprobó las bases de la oposición. Sin embargo, al no hacerlo, ha incumplido el Código de Buen Gobierno, al que el Ayuntamiento se sumó en mayo de 2017.

El alcalde le pidió que no se presentara

El regidor ha explicado que cuando tuvo conocimiento de esta situación “hace una semana” se reunió con Sonsoles Prieto para pedirle que “desistiera de presentarse”, aunque ella optó por continuar adelante en una “decisión personal” que Sánchez Cabrera ha aclarado que respeta.

“Jurídicamente tiene derecho a presentarse, pero éticamente el Código de Buen Gobierno se lo impide porque entra en conflicto de intereses”, ha argumentado. Todo ello, ha añadido, para velar por el cumplimiento de la normativa legal, el Código de Buen Gobierno y la “imparcialidad” del consistorio, de manera que quienes concurran a la nueva convocatoria lo hagan “en condiciones de igualdad, mérito y capacidad”, ha subrayado.

A la espera de conocer si Prieto continúa como concejala o renuncia a su acta, el alcalde ha pedido disculpas a quienes se han registrado en el proceso de oposiciones, al tiempo que ha dicho haber actuado bajo el criterio de “ejemplaridad” que se exige a los servidores públicos.

Por ello, considera que la ciudadanía realizará una valoración positiva de esta decisión, frente a “la tibieza de otros ante conflictos de intereses”, ya que asegura haber “antepuesto el interés general y común, al interés político”.

La Comisión de Estudio de la situación de violencia interna en el trabajo de Castilla y León descarta que los problemas que hay en el CEPA San Jorge de Palencia, ubicado en la cárcel de Dueñas, se puedan catalogar como acoso labora, aunque sí ve un “conflicto organizacional y de intereses”. Así lo ha decidido en un escrito firmado solo dos días después de las entrevistas a los docentes denunciantes y a la coordinadora denunciada.

Los docentes, de baja por ansiedad, denuncian que la coordinadora desde 2025 aplica modos “intimidatorios”, ha entrevistado a sus alumnos del módulo 9 —los presos de régimen cerrado— para fiscalizar su labor docente a sus espaldas, les ha obligado a abrir sus armarios y que se había producido una “marginación profesional” después de que se notificara que una docente sufría “comentarios vejatorios y de carácter sexual” por parte del anterior coordinador, que ya no está en el centro,

El informe no especifica cuáles exactamente, pero aprecia “actitudes inapropiadas” como “la deficiente definición de la organización y funciones”, lo que ha generado “conflictos, desavenencias y desacuerdos”. La comisión también reconoce que las conductas analizadas en el caso “han tenido un impacto moderado en la salud laboral del centro y en el clima organizativo”.

Según su escrito de conclusiones, la comisión ha revisado la documentación aportada y ha entrevistado a las partes implicados, ha analizado el entorno organizativo y funcional para evaluar los riesgos psicosociales relacionados.

Recomendaciones

Ante esta situación, la Comisión pide que se concreten las competencias organizativas, funcionales y laborales del 'docente coordinador' de la unidad educativa de la cárcel y que se establezca un protocolo de comunicación a superiores directos de los docentes.

También se informará de los protocolos de prevención de riesgos vigetes y propondrá que el personal docente realice cursos de formación, sensibilización y refuerzo de los canales de comunicación, además de la elaboración de un estudio psicosocial.

En última instancia, se realizará un seguimiento por parte del equipo directivo del CEPA y de la Dirección Provincial de Educación para ver si las medidas han sido eficaces.

La Iglesia de San Pedro de Becerril de Campos (Palencia) ha sido desde hace siglos un 'mix' de estilos artísticos: la portada es románica, la bóveda era nervada y los arcos eran del barroco. Tuvo un retablo del plateresco que ahora acoge un templo malagueño y un órgano del siglo XVIII. Añádele ahora un cielo nocturno 'falso' y un trampantojo de enormes planetas flotando en el infinito y tienes San pedro Cultural, el mayor atractivo turístico de la comarca.

La parroquia cerró en la década de 1940 y empezó a tener usos paganos: colegio, alojamiento para caminantes, granero... La estructura se debilitó por el peso del grano y en la década de los 70 tuvieron que derribar la torre campanario por miedo a que cayera sobre las viviendas cercanas. Se hundió la cubierta y sufrió un abandono total, desamparado ante la vandalización y las lluvias.

En 2011, el equipo municipal de Becerril de Campos decidió buscarle una solución y en 2013 consiguió que la restauración de San Pedro fuera incluida en el presupuesto del Ministerio del 1% cultural después de que el Obispado cediera el templo al Ayuntamiento. La condición de la Iglesia, que fuera utilizada a proyectos educativos. Y vaya si lo ha hecho. Arropado por un stellarium estival, San Pedro ahora acoge numerosos objetos científicos y sirve de sala de exposiciones y eventos culturales.

Becerril de Campos ya tenía un Museo de Arte Sacro, así que San Pedro debía tener otro enfoque. “En una visita a Roma quedé impactado con la línea meridiana de la Basílica de los Ángeles”, explica Carlos del Olmo.

El proyecto acabó en manos de tres arquitectos palentinos: Álvaro Gutiérrez, Carlos del Olmo y Juan del Olmo. “Era una ruina total, pero tenía ese encanto de 'ruina encontrada'. Sujetamos todo lo que era sujetable: los arcos, los trozos de bóveda, la fachada oeste, la cubierta y recompusimos la planta del coro”, explica uno de los arquitectos del proyecto, Carlos del Olmo. “Fue un proyecto muy arriesgado, nadie pensó que fuera a tener esta repercusión”, recuerda el alcalde de Becerril, Fran Pérez, también fue el gestor de San Pedro Cultural cuando empezó el proyecto.

Hoy, la iglesia de San Pedro es San Pedro Cultural. Bajo un stellarium que te transporta a una noche de verano, se habla de ciencia, se celebran exposiciones, conciertos, jornadas de cine, desfiles, presentaciones e incluso bodas civiles. El Ayuntamiento calcula que reciben hasta 25.000 visitas al año solo en este espacio cultural que acoge una línea meridiana, tres estenopes que permiten la entrada de la luz solar natural, un meteorito, un simulador de agujeros negros y un péndulo de Foucault.

El exalcalde de Becerril Mario Granda reconoce el ingente trabajo que se ha realizado en todo el proceso. “San Pedro Cultural es el trabajo de muchísimas personas que han aportado ideas, recursos y trabajo. Aquí han echado algunos horas para regular el péndulo... días y noches. Y eso no se paga”, ensalza, en referencia a los miembros de la Agrupación Astronómica Palentina, que se implicó en el proyecto desde el principio.

Difusión de la ciencia y astronomía

Carlos del Olmo era aficionado a la astronomía ya de antes, aunque ahora está en la directiva de la agrupación. El arquitecto recuerda que presentaron el proyecto al concurso de Europa Nostra de Patrimonio, pero no fue premiado. A pesar de ello, las visitas hablan por sí solas y bastan las ovaciones de todos los que visitan Becerril de Campos. “Nos consolamos diciendo que tenemos el premio del público”, bromea.

“La labor fundamental es difundir la ciencia y la astronomía para que la gente tenga más cultura científica y despertar vocaciones científicas entre los niños”, explica uno de los miembros de la Agrupación Astronómica Palentina, Óscar Díez Higuera, amante del coleccionismo que además ha donado diversos objetos científicos.

Hay astrolabios, espectrógrafos, libros de astronomía y navegación, una de las placas solares del Solar Orbiter, una caja de vuelo original prestada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y, entre otros, un meteorito que cayó en 2004 cerca de Villalbeto de La Peña, en Palencia, donado por uno de los miembros de la Agrupación Astronómica. Becerril también acoge en sus calles un sistema solar a escala, reducido diez mil millones de veces.

La astronomía se une a la historia y al arte en San Pedro Cultural. Durante la restauración del edificio, se retiró el yeso y cal de un nicho —que se usaba para higienizar las paredes de las iglesias— y aparecieron pinturas medievales en el ábside y una policromía de estrellas rojas en un nicho, que se llena de luz solar una vez al año: en el solsticio de invierno.

Además del coste que tuvo rehabilitar la iglesia y que pagó principalmente el Ministerio, la Diputación de Palencia lleva aportando al proyecto 30.000 euros anuales desde 2016, unos fondos cuyo valor se reconocen. “Hemos conseguido cambiar un poco la dinámica cultural y económica”, apunta Mario Granda. Tanto él como su sucesor en el cargo coinciden en el apoyo económico que ha supuesto: un hotel y tres casas rurales, además del impacto que tiene en los bares del pueblo.

Alba Jiménez lleva nueve meses trabajando junto a Alba Santamaría en San Pedro Cultural. Las dos realizan las visitas guiadas con explicaciones de la historia de la iglesia, el entorno del espacio y el interior. También sirve de punto de información turística y las dos organizan exposiciones, conciertos y otros actos culturales. Hasta noviembre, San Pedro Cultural acoge la exposición “Dos Miradas” con dibujos de galaxias de Ana de Alvear, que esperan que atraiga también a gente de Estados Unidos.

San Pedro Cultural va de ciencia, pero no solo. El centro cultural va del espacio, de sueños, de música y también, por qué no, de filosofía: de lo ridículamente pequeños que somos como planeta, por mucho que a veces nos creamos el centro del universo.

En Paredes de Nava, un pueblo palentino de 1.800 habitantes, un centenar de agricultores se han plantado ante el Ayuntamiento y han reclamado para todo el pueblo el aprovechamiento agrícola y ganadero de las 900 hectáreas de tierras comunales. El consistorio quería acotar casi la mitad de las hectáreas para darle un uso industrial: concretamente, de energías renovables, sobre todo de paneles solares y/o aerogeneradores. Pero no podrá ser, al menos, de momento.

El Ayuntamiento de Paredes desestimó las alegaciones de la Junta Agropecuaria Local el 27 de enero de 2021, que rechazaba el acotamiento aprobado en diciembre de 2020. La Orden de la Consejería de la Presidencia fue emitida el 11 de febrero de 2021. Pese al proceso judicial que estaba en marcha, el Ayuntamiento se negó a paralizar la subasta de estas tierras, que fueron adjudicadas a Ibereólica Renovables S.L., la única empresa que se presentó. Las tierras comunales fueron adjudicadas por 21,2 millones de euros según la adjudicación publicada en el portal de Contratación del Sector Público. El alcalde matiza que esos 21 millones de euros se ingresarían en los próximos 40 años. El valor inicial estimado de la subasta era de 14 millones de euros.

El alcalde de Paredes de Nava y vicepresidente de la Diputación de Palencia, Luis Calderón (PP), asegura desconocer si ahora Ibereólica Renovables reclamará una indemnización si la sentencia finalmente es firme. El regidor sí explica a este diario que la empresa todavía no ha registrado el proyecto ni la evaluación de impacto ambiental en el Ayuntamiento.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la orden de la Consejería de la Presidencia (11 de febrero de 2021) de la Junta de Castilla y León que autorizaba acotar los bienes comunales de Paredes de Nava y el acuerdo del pleno municipal (27 de enero de 2021), en el que se apoyó la modificación de una ordenanza para convertir 460 hectáreas en suelo industrial con el apoyo del Partido Popular y la abstención del PSOE. La sentencia no es firme.

“Se les está patrimonializando”

“Con su acotamiento para un uso industrial para su posterior adjudicación por precio realmente se les está patrimonializando”, asegura el magistrado del TSJ en la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario. Sin embargo, la Ley fija un mínimo de diez años sin uso de las tierras comunales para poder patrimonializarlas.

“Es casi una forma de expulsar a los vecinos”, reprocha el abogado de los agricultores, Pablo Serna. El alcalde contextualiza la situación y asegura que todo el territorio municipal tiene 13.000 hectáreas agrícolas más. Sin embargo, la Junta Agropecuaria Local subraya el papel que tienen estas tierras comunales y que han sido utilizadas por el pueblo “desde tiempos inmemoriales” y que sirven a los agricultores jóvenes, con menos poder adquisitivo o con más cargas familiares.

“Las tierras siempre han tenido un fin social, no especulativo”, defiende la asociación agropecuaria. Juan Carlos (nombre ficticio de uno de los agricultores) recuerda cómo las generaciones pasadas pelearon por el Monte Páramo cuando otra empresa “vino con dinero” y quiso dar uso agrícola privado. “Se movilizaron los vecinos entonces y gracias a nuestros antepasados tenemos las tierras comunales”, explica.

“Nos pertenece a todos”

César también es de Paredes de Nava y defiende su derecho a acceder a las tierras “igual que los otros vecinos”. “Nuestros antepasados lucharon por ello. Es un bien comunal y nos pertenece a todos”, explica a este diario, aunque aclara que actualmente no trabaja ninguno de los lotes del terreno. “Puede cogerlo cualquier vecino. Pagas las cuotas y le puedes dar un uso agrícola, ganadero [pastos] o de caza”, explica. De hecho, el TSJ también aborda la cuestión cinegética, porque considera que se impediría la caza en los terrenos acotados y eso vulneraría el orden de aprovechamientos legalmente establecido.

En el Monte Páramo se cultiva trigo, veza, avena y se cultiva girasol. Un poco de cebada, aunque es un cultivo menor, según explica César, que explica que algunas parcelas del monte son “curiosas” —mejores— y otras son de peor calidad puesto que la tierra se roturó hace muchísimos años, pero sigue siendo un monte comunal y defiende que siga así, independientemente de su nivel de producción, que —afirma— debería ser recatalogado para ajustarse mejor a la realidad de las tierras.

Por su parte, el Ayuntamiento defiende que la inyección de dinero que recibiría de esta empresa servirá para “mejorar e implementar sus servicios y/o reduciendo sus cargas fiscales”, algo que considera que sería “en beneficio de todos los vecinos”.

La sala del TSJ considera que en realidad la controversia cuestiona “el modelo de vida” de los pueblos que han vivido de la agricultura y utilizado estos bienes comunales frente a quienes ven la posibilidad de “obtener mayores ingresos económicos a través de su adjudicación por precio para la instalación de proyectos energéticos”. Alerta también de que esta situación “afecta a su subsistencia [de los pueblos] y permanencia en el territorio”. “Las tierras comunales no son para especular, son del pueblo”, defiende la Junta Agropecuaria Local, que denuncia “opacidad” en el Ayuntamiento.

El consistorio adjudica lotes (de unas seis hectáreas) cada cinco años. En esta ocasión, la licencia terminaba en octubre de 2021 y al renovarse se contempló la posibilidad de expulsar estos agricultores una vez empezaran las obras del parque de energía renovable. En esas 900 hectáreas de tierras comunales hay unos 70 agricultores que trabajan, según explica la Junta Agropecuaria Local.

Los terrenos comunales son para uso y aprovechamiento por los vecinos del pueblo y, por lo tanto, no por una empresa ajena al municipio, aunque el Ayuntamiento pudiera obtener un mejor precio por el uso de esas tierras. El poder legislativo es el que debe “definir el modelo territorial y buscar la armonización” entre agricultura, ganadería y proyectos de energías renovables, sin que los derechos de los primeros “resulten atropellados por el mayor rendimiento económico de estos”. El Ayuntamiento es quien debe gestionar los bienes comunales, pero corresponde a los vecinos aprovechar estas tierras comunales.

Cabe recurso de casación en un plazo de 30 días. Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Castilla y León están estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia. El Tribunal impone las costas de los demandados y el abogado de la Junta Agropecuaria Local confía en que la sentencia termine siendo firme y pueda crear jurisprudencia en casos similares.

Las asociaciones agrarias cargan contra los municipios

Serna asegura que esta sentencia podría servir de “apoyo y ayuda” a otros vecinos que vivan situaciones similares y quieran impugnarlo. La Junta Agropecuaria destaca que la “suerte” que ha tenido la asociación es que tenían fondos y han podido acudir al TSJ, una oportunidad que no todos tienen, afirman. Esto podría allanar el terreno para otros vecinos.

De hecho, las asociaciones agrarias de Castilla y León no han tardado en reaccionar. Upa-Coag reprocha que “muchos” ayuntamientos de Castilla y León, “al rebufo de las altas tasas que pueden pagar las empresas inversoras en energías renovables”, coloquen “una alfombra roja” a estas compañías.

Asaja ha pedido prudencia a los ayuntamientos antes de “dejarse embaucar” en macroparques solares ante un sector primario que se siente “acorralado”. “Nos está echando a los pies de los caballos, entre la voracidad de las empresas fotovoltaicas y la expectativa de recibir ingresos fáciles por parte de los ayuntamientos, aunque sea a costa de eliminar a los agricultores de la zona”, denuncia la organización profesional agraria.