El nuevo calendario electoral, tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las generales al 23 de julio; y la debacle de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas del domingo, dejan en el aire la aplicación y la efectividad de una de las leyes clave del Ejecutivo de coalición, la de vivienda.

La nueva regulación, que aspira a poner cierto coto a los precios de los alquileres, ha entrado en vigor, casi en el tiempo de descuento. Salió publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado jueves y está en vigor desde el viernes, tras ser aprobada por el Senado el 17 de mayo tras un debate tenso y claramente marcado por la crispación de la campaña electoral. 

La ley está, pero su aplicación queda, por un lado, en manos de las comunidades autónomas; y, por otro, hay flecos pendientes, como la elaboración de un índice de precios, que marcará la subida de las rentas de los alquileres allí donde esté tensionados, que va a estar en el tejado de quien forme el próximo Gobierno.

La relevancia del vuelco electoral

Desde hace meses, gobiernos regionales controlados por el PP ya habían dejado claro que no tenían intención de aplicar la Ley de Vivienda más allá de lo estrictamente necesario. Una situación donde las comunidades tienen mucho margen de maniobra, porque son ellas las que tienen que solicitar la declaración de zona tensionada, lo que supondrá un control efectivo de los precios, principalmente, para los grandes tenedores.

Antes de la cita con las urnas del pasado domingo, los electores ya sabían que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso no tenía ninguna intención de hacer ese movimiento en Madrid. Por ello, diferentes miembros del Ejecutivo de coalición, ponían el foco en la responsabilidad de poder actuar sobre los precios y no hacerlo. “Tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos de por qué no quieren controlar los precios del alquiler allí donde hay movimientos especulativos, por qué no quieren generar en esas zonas políticas de oferta, de vivienda asequible, de políticas fiscales que van a ayudar a los propietarios”, aseguraba hace unos días el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas.

Ahora, con los resultados electorales del 28M, ya no son solo las administraciones autonómicas de Madrid y Andalucía las que van a pasar de puntillas a la hora de aplicar la Ley de Vivienda. La misma situación se perfila en Comunitat Valenciana e Illes Balears, territorios que tenían una clara intención de aplicar el control de precios y ahora cambiarán de color político, tras el viraje a la derecha decidido en las urnas.

“Es la primera ley de vivienda en la historia de la democracia, pero sobre todo, la primera que considera la vivienda un derecho en nuestro ordenamiento jurídico”, aseguraba hace unas semanas el vicepresidente y conseller de Vivienda de la Generalitat valenciana, Héctor Illueca. De hecho, el pasado viernes, firmó la resolución por la que se iniciaba el procedimiento para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en las tres capitales de provincia (València, Alicante y Castelló de la Plana) y en otros 80 municipios valencianos catalogados como de alta necesidad. 

En Illes Balears, uno de los territorios con más presión de precios, que dificulta el acceso a una vivienda a amplias capas de la población, también había intención de aplicar la nueva legislación. “El Govern sí aplicará esta ley porque recoge parte de las reivindicaciones que tenía Baleares, como son la limitación de los precios de los alquileres y la identificación de las zonas tensionadas, ya que para el Govern es muy importante para garantizar un derecho fundamental, como es el acceso a la vivienda”, aseguró la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez.

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El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador al fondo de inversión Lazora, uno de los mayores caseros de España (posee 6.800 viviendas), tras constatar que mantuvo 20 pisos de protección desocupados durante más de tres meses, el máximo que permite la ley catalana de vivienda. Si se confirma la infracción, calificada de muy grave, la multa podría ir desde 90.000 a 900.000 euros.

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Entre quienes ya veían en esta causa la primera de una sucesión de brillantes victorias en la cruzada patriótica que, Dios mediante, acabará con la condena penal y el ingreso en prisión de Fernando Simón, Salvador Illa, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, ha provocado una sorda indignación. Solo les ha quedado consolarse con esa sensación que supura todo el auto: la juez no ha seguido adelante porque no ha encontrado nada que, mínimamente, le permitiera hacerlo sin rozar el delito, pero también les intuye culpables.

Más allá del auto y las cuitas de cada bando, puede que convenga valorar el contexto que ha hecho posible semejante aberración jurídica en mitad de una pandemia que ha costado miles de vidas. Analizar este entorno que hace parecer normal que una denuncia presentada por un abogado envuelto en varias causas por estafa a sus clientes haya provocado semejante despliegue investigador mientras el país se confinaba y muchos servidores públicos, ellos sí, iban mucho más allá de las exigencias del deber.

No parece casualidad que España sea el único país donde las manifestaciones del 8M constituyen causa penal y motivo de debate político respecto a la pandemia. Es una obviedad que el neomachismo español vio la posibilidad de demostrar a la opinión pública que esto del feminismo había ido demasiado lejos, que no solo suponía un riesgo para el hombre blanco, hetero y español sino para la salud de todos y que había que volver al feminismo bien entendido. Pero no lo habrían logrado sin la pasividad de tantos hombres que son feministas “pero sin pasarse” y esa parte de la izquierda de orden que todo este tiempo venía y te susurraba que “lo de las manifestaciones había sido un error” porque, en el fondo, ellos también creen que esto del feminismo está yendo demasiado lejos.

Más allá de llevar al paroxismo del ridículo la esperpéntica figura de Pérez de los Cobos y su ruborizante intento de presentarse como un héroe caído por España y por el Estado de derecho, cabe preguntarse si vamos a seguir permitiendo que, dentro de las fuerzas del orden, se hagan informes sesgados ideológicamente, basados en la presunción de culpabilidad y con la calidad investigadora de la T.I.A. La izquierda de orden se indigna ahora, pero los informes sobre la financiación de Podemos o unos cuantos de los aportados a la causa del procés responden al mismo patrón y certifican la misma calidad. Podemos hacer las bromas que queramos con el informe De Los Cobos –¿o es que alguien se cree que se estaba haciendo sin su conocimiento y bajo sus directas instrucciones?– o el informe del forense legionario, pero lo grave es que tienen consecuencias penales y eso debería preocuparnos siempre, no solo cuando nos disgusta su contenido.

Los medios de comunicación y quienes salimos en ellos también podríamos aprovechar para reflexionar un poco sobre nuestro papel. La conspiración del 8M y las mentiras se propagan masivamente porque encuentran difusión masiva. Los medios no son responsables de las opiniones de quienes aparecen en ellos, pero sí son responsables de permitir que salgan repetidamente quienes hacen de la mentira, la manipulación y el insulto su principal y única aportación; aún más si alegan permitirlo en nombre del pluralismo o la libertad de información. El pluralismo no es favorecer que se difundan todas las barbaridades que se le puedan ocurrir a alguien, sino dar paso a todas las opiniones formadas e informadas, con independencia de si gustan o no. La libertad de expresión constituye un derecho, pero también implica una responsabilidad que todos debemos asumir. Aquí, tampoco somos inocentes.