Los técnicos del Centro Criptológico Nacional y de la Policía han ratificado este martes en el juicio del caso Kitchen que aproximadamente la mitad del archivo encriptado que se incautó al comisario José Manuel Villarejo en 2017 no ha podido ser abierto y que su contenido quedará oculto a no ser que el propio policía lo desvele. Los especialistas pudieron acceder a 44 de los 92 archivos encriptados y, tal como reveló elDiario.es en mayo de 2022, abandonaron los trabajos hace más de seis años, en febrero de 2020.

“Un año después de recibirlo dejamos de trabajar sobre las cabeceras. El último resultado fue en marzo de 2019 y se dejó de trabajar en ellos en la pandemia, un año después”, ha explicado al tribunal uno de los técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN), perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los dos funcionarios han declarado por videoconferencia, no ha aparecido su imagen y sus voces han sido distorsionadas.

Los archivos habían pasado antes por la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía, por el Instituto de Ciberseguridad (Incibe), dependiente de Economía, y finalmente por el Centro Criptológico Nacional. Los técnicos del CCN han explicado que, tras un año sin obtener resultados, plantearon a su jefe la conveniencia de abandonar los trabajos ante la imposibilidad de avanzar mientras no dejaban de “consumir recursos”. Tras consultar con el servicio jurídico se trasladó al magistrado del caso, Manuel García Castellón y se abandonaron los trabajos.

Los archivos incautados al comisario Villarejo han motivado la apertura de más de 40 investigaciones en la Audiencia Nacional que afectan a la élite empresarial, política y mediática del país. Una de esas piezas, la número 7, sienta en el banquillo al primer ministro del Interior del Gobierno de Rajoy, a su número dos y a un grupo de mandos policiales. Otra de las piezas afectaba a la Jefatura del Estado, centrada en los contactos de Villarejo con la antigua pareja extramatrimonial de Juan Carlos I, la comisionista Corinna Larsen.

Los técnicos del CCN han relatado que los archivos estaban encriptados con el sistema Truecrypt, que puede ser utilizado por un usuario medio pero que no ofrece vulnerabilidades. Eso implicó que tras los primeros trabajos se pasase al uso del sistema conocido como “fuerza bruta”, consistente en que los potentes ordenadores del CCN van probando sucesivas contraseñas. “Puede llevar siglos”, ha dicho uno de los técnicos.

Los especialistas de la Policía y del CNI han explicado que ellos nunca tuvieron acceso a los archivos en sí sino a las “carátulas” de los mismos. “Es como recibir la cerradura del almacenamiento pero no todo el dispositivo”, han explicado. Los agentes han precisado que periódicamente informaban al juzgado de sus avances y que si no había ninguna evolución también se comunicaba a la Audiencia Nacional.

elDiario.es publicó una nota de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, en la línea de lo explicado hoy por los técnicos. “Por la experiencia en otros casos, en los primeros meses se obtienen algunas contraseñas, normalmente las más sencillas o las que se pueden deducir de los diccionarios creados. Posteriormente, en algunas ocasiones, tras varios meses o años de pruebas, se obtiene alguna nueva contraseña, pero en otras ocasiones no se recuperan nunca”, advertía Esteban.

La respuesta era una contestación al juez Manuel García Castellón, quien se había dirigido al CNI para que le facilitara una previsión de su trabajo. Esteban comienza explicando al juez a qué se enfrentan: “La aplicación de cifrado Truecrypt, utilizada en el procedimiento de referencia, es criptológicamente segura y no se conoce ninguna debilidad que pueda ser utilizada en el descifrado. La única forma de poder descifrarla es obteniendo la contraseña que ha sido utilizada”.

“En el caso de la citada aplicación –continúa–, las contraseñas pueden ser textos de longitud ilimitada de caracteres, lo que hace inviable probar todas las contraseñas posibles. En consecuencia, teniendo en cuenta que solo pueden realizar pruebas con las contraseñas más probables, la previsión de los avances que se pueden producir es totalmente desconocida”.

En este sentido, los agentes del CNI han dicho este martes en el juicio que se les entregaron 92 cabeceras y que obtuvieron, a partir de ellas, 29 claves con las que abrieron 40, a las que hay que sumar 4 del Incibe. El listado de posibles contraseñas se conoce como “diccionario” y se elabora a partir de los datos conocidos de la persona que ha creado las claves, por si hubiera utilizado aspectos personales, como lugares con los que está vinculado, fechas… Después, se trata de generar claves hasta llegar a alcanzar la velocidad de millones por segundo, dependiendo de la capacidad tecnológica de cada organismo. 

Los técnicos del Centro Criptológico han dicho hoy: “A partir de ahí es intentar suponer qué ha puesto el otro señor: combinar diccionarios, combinaciones… De las contraseñas que obtuvimos no pudimos acertar las otras 48 contraseñas, a partir de los otros datos. Si él seguía una lógica determinada nosotros no llegamos a obtenerla”.

Tan protagonistas fueron en una época como irrelevante su participación en el juicio del caso Kitchen. Son una decena de testigos clave en el ecosistema madrileño que alumbró el espionaje a Luis Bárcenas, tanto dentro como fuera de la Administración. A una parte de ellos solo el cargo que ocuparon les confiere un papel sobresaliente, como es el caso del presidente Mariano Rajoy y sus máximos colaboradores en el Gobierno y el PP. Otros testigos estaban acomodados en la penumbra de unos perfiles profesionales que esconden su auténtica impronta, como el padre Silverio o el abogado Javier Iglesias.

En las últimas semanas, todos han comparecido ante el tribunal del caso Kitchen ajenos a la guerra sucia del último Gobierno del PP, ya fuera contra los investigadores del caso de la caja B o contra los adversarios políticos de Podemos y el independentismo catalán. Han reaccionado extrañados a las preguntas de los abogados, que despacharon sin apenas aportaciones. Como si el archivo sonoro del caso Villarejo, las agendas del comisario o los avances en la investigación recogidos en el sumario no hubieran ofrecido suficientes pistas de quiénes son en realidad. 

Javier Iglesias, la abogacía como coartada

“Excelentísima señora”. Es la fórmula elegida por Javier Iglesias para dirigirse a la presidenta del tribunal durante sus dos comparecencias en el juicio de Kitchen. La respetuosísima fórmula no le sirvió para librarse de la advertencia airada de Teresa Palacios ante el intento por no contestar a una sola pregunta. Iglesias esgrimió su condición de abogado, en general, y de letrado de la mujer de Villarejo, en particular. Todo lo que hubiera conocido en el ejercicio de la abogacía está protegido por el secreto. Palacios aplazó la declaración y a la segunda, Iglesias tuvo que contestar a la mayoría de las preguntas que se le formularon: no podía ser que todo lo hubiera conocido como abogado.  

Antes de la comparecencia de Iglesias, Bárcenas había repetido las acusaciones vertidas en el pasado contra él al declarar como perjudicado en Kitchen. El ex tesorero del PP relató los ofrecimientos que le habría hecho Iglesias, primero en libertad, y cuando ingresó en prisión. El abogado habría llevado un mensaje del PP para que los papeles de la caja B quedaran en nada. Uno de los ofrecimientos habría incluido el pago de 500.000 euros. El otro, que el Gobierno libraría a Bárcenas de todos los investigadores judiciales y policiales de Gürtel. Y también del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 

“Absolutamente falso”, replicó Iglesias en su turno. “Nunca he sido abogado del PP. Nunca me ha pagado el PP. Y nunca he recibido un mandato del PP”, añadió. Y sin haber trabajado en el PP, Iglesias siempre estuvo ahí. Como abogado de donantes del PP, del tesorero Álvaro Lapuerta y del cabecilla de la Gürtel Francisco Correa. Para este comenzó a trabajar precisamente cuando iba a tirar de la manta del 3% en comisiones para el partido. Hasta que recibió una visita de Iglesias y la colaboración con la justicia acabó.

La figura de Javier Iglesias es inabordable en apenas unos párrafos. Sirvan dos citas. Una es un informe de Asuntos Internos de octubre de 2018 en el que los agentes deben interpretar los audios incautados al comisario Villarejo sobre la operación Kitchen. “Habría tenido un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad (con conocimiento de El Asturiano [Rajoy] y El Largo [Iglesias])”, escribieron los investigadores.

Javier Iglesias dijo a este periódico en 2019 que no conocía a Mariano Rajoy. El expresidente desmintió esa afirmación en su declaración en el juicio de Kitchen y aseguró que se había reunido en un par de ocasiones con Iglesias como abogado del tesorero del PP Álvaro Lapuerta. 

La segunda cita es de Luis Bárcenas. Fue durante el juicio de la caja B del PP en la Audiencia Nacional. “El Largo, aunque no es el John Silver de ‘La Isla del Tesoro’, es Javier Iglesias, el abogado que en esta causa aparece por todos lados, en todas partes”, afirmó el ex tesorero.

El padre Silverio Nieto, pastor de almas

El padre Silverio da misa en la parroquia de la calle Goya, punto de encuentro del nacionalcatolicismo del barrio de Salamanca, en Madrid. Su relación con al menos tres de los acusados en el juicio de Kitchen era la misma que con cualquiera de sus parroquianos: él se dedica a sanar almas afligidas, explicó ante el tribunal.

Aquellas almas tan atormentadas en 2020 eran las del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que amenazaba con hablar de la implicación del ministro del Interior, amigo del padre Silverio. O del comisario Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, que había señalado previamente a Martínez. El Gordo también es muy amigo de don Silverio. El cura solo reenvió un mensaje para informar a unos de las intenciones de otros, afirmó ante el tribunal. “Lo estaban pasando muy mal humanamente”, dijo. 

Así que Silverio Nieto era próximo a Martínez y amigo personal del ministro del Interior y del comisario de las cloacas, García Castaño. Pudiera influir que antes de cura fue marino mercante, juez y, hasta el año 1983, inspector de la Policía. “No coincidí con Enrique García Castaño en el Cuerpo”, afirmó en el juicio. Sobre su papel en la Conferencia Episcopal, dijo que había sido responsable del contacto con otras confesiones religiosas, del máximo interés para los Servicios de Información. Y por el interés en esas confesiones conoció a Fernández Díaz, que quería entrevistarse con sus líderes religiosos cuando viajaban a España. 

De lo que no habló el padre Silverio fue del papel que tuvo en la negociación con las víctimas de abusos en la Iglesia en defensa de los intereses de esta. O de cómo influía en Fernández Díaz, al que llegaba a tratar con una vehemencia que rallaba el desprecio, según cuentan responsables de aquel ministerio. Esas fuentes aseguran que el padre Silverio, ahora de 79 años, dictaba nombramientos de policías al ministro.

El 4 de octubre de 2017, tres días después del referéndum soberanista en Cataluña, el padre Silverio escribe a Martínez, quien ya está fuera de Interior. “No es fácil hacerlo tan mal… se añora al Equipo anterior y sería imprescindible recuperar a EGCastaño. Es el único que tiene los contactos con los servicios inteligencias (sic) extranjeros y conoce internamente los Mossos”, analiza el pastor de almas.

Manuel Vázquez, el cordial ‘Fiti’

Una forma de hacer carrera en la Policía se ha encarnado estos días ante el tribunal de Kitchen. Entre las formas aparecidas, la del comisario ya jubilado Manuel Vázquez, ‘Fiti’ para todos en el Cuerpo. ‘Fiti’ no participó en la brigada política, pero tenía sus aspiraciones. Llegó a jefe de la UDEF y desde ese puesto se ofreció a lo que hiciera falta para acabar su carrera en Galicia, su tierra. De jefe superior.

Así que 'se comió el marrón’ del informe PISA, que no lo había hecho su unidad, la UDEF. Lo envió al Tribunal de Cuentas en el último intento de Interior por sacarle partido a la estrategia contra Podemos, después de que fuera rechazado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Antes, había telefoneado a los magistrados del alto tribunal por si requerían alguna explicación adicional del dosier que había incorporado Manos Limpias a una querella contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

En el juicio, ‘Fiti’ hizo de ‘Fiti’. Él no sabía nada de ningún operativo ilegal. Habiendo sido jefe de la UDEF esa afirmación venía muy mal a los acusados, que defienden que ellos espiaron a Bárcenas para ayudar a la Unidad. Pero ‘Fiti’ no les iba a dejar tirados del todo. Y en un momento dado de su declaración recordó algo: en la toma de posesión de su comisario general, este le preguntó si sabía algo de “una operación inteligencia”, legal, por tanto, sobre el entorno de Bárcenas. 

El comisario Vázquez fue jefe del inspector Manuel Morocho cuando este sufría, según su relato, una campaña de acoso para evitar que su trabajo sobre la caja B del PP no destrozara al partido. Según ‘Fiti’, Morocho exageraba. El chico sentía “autopresión”, según él. 

Más del 'Fiti' en el juicio: “Que aparezca M. Rajoy, el poner a dudar quién es, es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid”. Detrás de la ocurrencia de Vázquez, que recogieron muchos medios, está la explicación completa: Él había advertido a Morocho que se precipitaba incluyendo el nombre de Rajoy al aludir a la anotación ‘M. Rajoy’ de los papeles de Bárcenas. Esos papeles, dijo, presentaban anomalías que hacían dudar entonces de su credibilidad, según advirtió a su subordinado.

Mariano Rajoy o como quiera que le llamen

Los testigos del caso Kitchen que querían mostrar tan solo una de sus caras tenían dos ventajas para hacer efectivo su plan: que no se les acusa de nada y que al tribunal solo le interesan los hechos recogidos en los escritos de acusación. 

A esto, Rajoy le sumó un considerable desprecio por el acontecimiento del juicio. El expresidente del Gobierno aseguró que no recordaba unos mensajes con Bárcenas que, sin embargo, comentó ante otro tribunal. Fue en 2017, durante no de los hechos más trascendentes de su mandato, la declaración como testigo en el juicio de la caja B del PP e En aquellos mensajes, Rajoy intentaba que Bárcenas aguantara y no tirara de la manta que también le cubría a él, como perceptor de dinero negro de los empresarios. 

Siempre confiado en que su ingenio se impone a cualquier otra consideración, Rajoy optó por referirse a los indicios contra él en la causa de Kitchen con un intento por hacer gracia. Sobre los alias de 'El Asturiano' y 'El Barbas' con el que se referían a él Villarejo y sus compinches, dando por hecho su conocimiento de la operación, Rajoy dijo: “Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por lo tanto, pregúntele a ellos”.

Soraya Sáenz de Santamaría, una sonrisa displicente

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría adoptó la postura más relajada de cuantas se han materializado ante el tribunal de Kitchen. Sonriente, la ex jefa política del CNI quiso hacer creer que se había enterado del espionaje a Bárcenas “por la prensa”. Ni recurrió a la salvaguarda de que el trabajo del servicio de Inteligencia está clasificado como secreto. 

El abogado de Podemos le preguntó si aquellas noticias tan inquietantes no le llevaron a hacer alguna averiguación por si le hacían alguna pregunta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, del que era portavoz. “No”, contestó Sáenz de Santamaría. 

María Dolores de Cospedal no hace encargos, solo pregunta

La exsecretaria general del Partido Popular presentó un método aún más atrevido de mostrar solo una cara: negó la evidencia reproducida en el juicio ante ella. Y así sentenció: “[A Villarejo] le hice preguntas, pero no encargos, que son cosas distintas”. La exhibición de los “trabajos puntuales” que propuso al policía su marido entonces, Ignacio López del Hierro, en su presencia, o el comentario sobre los papeles de Bárcenas (“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”), entran en la categoría de preguntas, según Cospedal. Esta última conversación fue por teléfono. La grabó Villarejo y fue publicada por El País en 2022. En el juicio, Cospedal aseguró que nunca había hablado por teléfono con Villarejo.

Ignacio Cosidó, el director ausente

Mención especial merece Ignacio Cosidó, el director general de la Policía durante la operación Kitchen que nunca supo nada de las maniobras sobre la familia de Bárcenas. Cosidó intentó defender su ignorancia por lo que hicieron sus inmediatos superiores y sus inmediatos subordinados hasta que aparecieron las firmas que le delatan. Cosidó estampó su rúbrica en los documentos que avalan las recompensas para los implicados en la operación en forma a de medallas pensionadas y destinos ‘dorados’.

“En las deliberaciones que se hacían en la Junta de Gobierno [sobre las medallas] había un número muy elevado de propuestas y no se podía entrar pormenorizadamente en cada expediente (...) Son muchos miles de expedientes los que a lo largo de mis 5 años de directos se valoraron en la Junta de Gobierno”, dijo el exdirector de la Policía. 

Cosidó también chocó con la prensa. Se enteró por ella de la operación Kitchen, pero no leyó las noticias que informaban sobre cómo Interior decidió cesar a uno de sus policías de confianza, Marcelino Martin-Blas, por su enfrentamiento con Villarejo. Ignacio Cosidó dijo que el comisario llevaba al frente de Asuntos Internos cuatro años –en realidad eran poco más de tres– y a él le pareció normal “un cierto grado de rotación” que había decidido su segundo. 

Félix Sanz Roldán y el honor de los espías españoles

Ningún indicio consolidado pudo obtenerse de la participación del CNI durante la instrucción del caso Kitchen, que por otra parte duró hasta que Manuel García Castellón quiso. Pero varios indicios apuntan al servicio de Inteligencia: desde los motoristas con cámaras en el caso que perseguían a Rosalía Iglesias y que no eran policías hasta las cámaras ocultas en el chalé de los Bárcenas en Baqueira. 

Nada de ello resulta suficiente para rebatir una afirmación tan rotunda como la del entonces director, Félix Sanz Roldán: “EL CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni omisión, sobre el caso por el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para facilitarle elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Ningún Gobierno de ningún color me pidió que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido”. 

Una afirmación de Sanz Roldán tan rotunda como incontrastable: toda la actividad del CNI es secreta. Sin embargo, Sanz Roldán volvió a tropezar en su declaración con la obsesión hacia Villarejo. Dijo que había demandado al comisario por las difamaciones contra los miembros del Centro, que por tener identidades ocultas no pueden defenderse. Fue entonces cuando un abogado le preguntó por qué eligió una acusación del comisario contra él para presentar la querella –luego desestimada– en lugar de cualquiera de las otras acusaciones sin pruebas que Villarejo hizo contra los espías españoles. 

Jesús Vicente Galán, el policía que pasaba por allí

El inspector jubilado Jesús Vicente Galán confirmó que Asuntos Internos participó en las vigilancias extrajudiciales a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas. Responsabilizó a su jefe en Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, que se sienta en el banquillo y con el que lleva años enfrentado. “Marcelino me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin ser detectados”, afirmó ante el tribunal. 

Galán se mostró como un mandado, pero su trayectoria desmiente. Días después de su declaración, una policía rasa compareció y contó las penurias que Galán le hizo pasar para que cambiara de destino y dejara así de investigar al Pequeño Nicolás a las órdenes directas de un juez. A la cúpula policial de entonces ya no le interesaba el caso del Pequeño Nicolás porque salpicaba a Villarejo. 

Jesús Vicente Galán fue miembro de la brigada política y no solo participó en Kitchen, también atacó a Podemos y fue recompensado con un destino en la Embajada de Mauritania (más de 11.000 euros mensuales) y una medalla pensionada, pasando a ingresar en el 'club de los diezmileuristas' que el PP organizó entre mandos afines.

Adrián de la Joya, desaparecido ¿en Suiza?

La mejor forma de no delatar el verdadero rostro en el juicio de Kitchen es no aparecer por él. El empresario Adrián de la Joya no ha sido localizado en Suiza, donde supuestamente mantiene su residencia. El tribunal prometió seguir buscándolo, pero se enfrentarán a la máxima de De la Joya: “Estoy vivo gracias a que nadie, nunca jamás, habla de mí”. Así se expresa en una de las grabaciones de su amigo y socio el comisario Villarejo. 

Detenido e imputado en el caso Lezo, Adrián de la Joya se quedó con el dinero que OHL depositó en una de sus cuentas en Suiza, cuyo último destinatario iba a ser Ignacio González, el expolítico del PP que llegó a presidente de la Comunidad de Madrid. En la Audiencia Nacional argumentó que Javier López Madrid y el grupo empresarial le debían dinero. 

Los investigadores del caso Kitchen siempre creyeron que su residencia en Suiza era una falsa y que el empresario siempre ha vivido en Madrid.