El Tribunal Supremo ha reconocido a una interina laboral como fija debido al abuso en la temporalidad en su puesto, en un importante fallo que llega tras la sentencia de la justicia europea del pasado 14 de abril que consideró que España no sanciona adecuadamente el abuso de contratos temporales en la Administración Pública. No obstante, los magistrados precisan que la fijeza no será la sanción propicia para todos los casos de abuso de temporales, sino solo para aquellos en los que las personas afectadas hayan superado un determinado proceso selectivo.

El alto tribunal ha adelantado en una nota el sentido del fallo del Pleno de la Sala de lo Social, de ayer 11 de mayo, pero el contenido íntegro de la sentencia “se conocerá próximamente”, apunta. Es importante destacar que su criterio se refiere al empleo público laboral, que se rige por el Estatuto de los Trabajadores, no a los temporales interinos que se rigen por la regulación de Función Pública.

A falta de conocer el detalle de la sentencia, la nota traslada que los magistrados optan por articular varias posibles vías de sanción a la Administración Pública por el abuso de la temporalidad, dado que el TJUE consideró que los actuales son insuficientes.

Fuentes del Ministerio de Función Pública destacan que, con esta sentencia “el Supremo vuelve a aplicar la doctrina ya consolidada por el propio Tribunal”, sobre la imposibilidad de hacer fijos a aquellos trabajadores públicos que encadenen contratos temporales sin haber aprobado una oposición.

“Los principios de igualdad, mérito y capacidad son pilares constitucionales que garantizan el acceso al empleo público en España basándose en la competencia profesional”, recuerdan en el Ministerio que dirige Óscar López.

Cuándo procede reconocer a la persona interina como “fija”

La nota del Supremo explica brevemente cuándo se puede sancionar el abuso en la temporalidad con la declaración de “fija” del trabajador y trabajadora temporal.

“Solamente cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, no resulta contra legem (contra ley) la conversión de ese contrato en una relación laboral fija”.

En ese caso, “esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad” que exige la Constitución Española, recuerdan los magistrados. Dada la vulneración posterior de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada, “evidencia una necesidad estructural de trabajadores”, que “obliga a dicha conversión”, explica la nota.

En este caso concreto, el Supremo analiza el abuso en la temporalidad de una interina laboral del Ayuntamiento de Madrid, que aprobó un consurso oposición –consistente en un solo examen– para “Operario/a de instalaciones deportivas municipales”, y que no sacó la plaza, tras lo que encadenó varios contratos temporales con el consistorio de la capital.

“La aplicación de la citada doctrina al caso concreto, en el que la actora había superado dicho proceso selectivo y posteriormente se había producido un abuso en la temporalidad, conlleva que se declare que su relación laboral es fija”, indica la nota del Supremo.

Cuando no procede la fijeza: otras vías de sanción

Sin embargo, los magistrados precisan que esta declaración como persona trabajadora fija no procede en todos los casos. “La contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”, argumenta el Supremo.

En estos casos, “las medidas adecuadas para prevenir y reparar el abuso en la temporalidad” y garantizar la eficacia de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada son “el abono de una indemnización calculada conforme a los criterios fijados en la citada sentencia del TJUE y la remisión del testimonio de la sentencia en la que se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador”, recoge la nota.

Así, estos dos mecanismos de sanción alternativos podrían acordarse para resarcir para aquellas personas que hayan sufrido un abuso en la contratación temporal, pero que no accedieran a su puesto tras superar un proceso selectivo, como una oposición. Una sentencia reciente reconoció precisamente una indemnización de 52.000 euros a una empleada pública por los años de abuso de temporalidad cuando era interina.

Fuentes de Función Pública subrayan que “el problema del exceso de trabajadores temporales afecta en especial a Comunidades Autónomas, con una tasa del 40% de empleados eventuales” y recuerdan que la Administración General del Estado solo tiene el 4,7% de sus trabajadores con un contrato temporal, por lo que “cumple los requisitos de temporalidad”.

Tras la sentencia europea del 14 de abril y el avance del procedimiento de sanción abrierto por Bruselas contra España solo unos días después, el Ministerio de Óscar López constituyó un grupo de trabajo con las comunidades autónomas “para atajar el abuso de la figura de la temporalidad”, añaden en el Ministerio.

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RECTIFICACIÓN: En una versión anterior de este artículo se informaba de forma incorrecta del caso particular que había estudiado el Supremo( el de una interina de la Comunidad de Madrid), que es el que analizó la justicia europea, pero no el que analiza en esta sentencia el alto tribunal.

“No puede ser que una encimera te quite la vida y eso es lo que está pasando ahora”. Francisco Manuel Aragón trabajaba en una marmolería haciendo encimeras de piedra artificial, habituales en muchas cocinas. Pero cada vez tenía “más tos”, como varios de sus compañeros, y “pinchacitos en el pecho”. Fue al médico de cabecera, que le detectó una silicosis crónica simple. Tenía 27 años. “Fue un palo. Con 27 años tienes ganas de vivir, un proyecto de vida... se te trunca todo”. Esta enfermedad profesional progresiva e incurable, lejos de reducirse, está en plena explosión en España. El año pasado registró un nuevo récord: 632 nuevos casos.

Francisco Manuel Aragón hoy es presidente de la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES), con sede en Chiclana (Cádiz). Junto a él, muchos otros trabajadores y sus familiares pelean desde hace años por visibilizar el auge de la silicosis en España, que muchos tildan de “epidemia”. Empezó a aflorar a finales de la pasada década, convirtiendo esta dolencia –de las más antiguas y vinculada en los siglos pasados a la minería– en la principal enfermedad de carácter profesional en Andalucía.

A nivel estatal, en el año 2000 se detectaron 15 casos. Cifra que se ha ido disparando desde finales de los 2000 y que ha llegado más de 600 nuevos partes de silicosis el año pasado, según el Observatorio de Enfermedades Profesionales (CEPROSS) del Ministerio de la Seguridad Social.

Se trata de una patología crónica por la inhalación de polvo de sílice cristalina, que afecta principalmente a la capacidad respiratoria de los afectados, pero que también se está relacionando con “enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas (esclerosis sistémica, artritis reumatoide, etc.), cuya relación está suficientemente acreditada por la evidencia científica”, destaca Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CCOO.

Con poco más de 40 años, a Francisco Manuel Aragón “el simple hecho de subir una escalera” ya le supone una dificultad. “Nos cuesta respirar”, explica el presidente de ANAES, que tomó las riendas de la asociación tras la muerte de su primo, después de un trasplante de pulmón. “Es la última oportunidad que tenemos porque no hay tratamiento para que no avance la enfermedad. Vivió unos 15 días tras el trasplante”, lamenta.

El mayor foco: el aglomerado de cuarzo

En 2023, el Gobierno creó un Grupo de trabajo, “Sílice cristalina respirable”, dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para abordar esta situación, con presencia de los sindicatos y las empresas. El reciente crecimiento de la enfermedad implica a “nuevos sectores de riesgo” que no son la minería, apuntan en el Ministerio de Sanidad, que encargó un informe publicado el año pasado, bajo el título La remergencia de la silicosis en España, con la participación del catedrático de la Universidad de Granada (UGR) Alfredo Menéndez y la investigadora del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) Catherine Cavalin, especialistas en esta enfermedad.

En el Ministerio de Sanidad explican que “el sector con mayor crecimiento ha sido la 'Fabricación de otros productos minerales no metálicos', en particular el 'Corte, tallado y acabado de la piedra', actividad en la que se incluyen las empresas que trabajan con aglomerados de cuarzo y también las que procesan piedra natural”. Le siguen los sectores de extracción de piedra natural o roca ornamental, y a más distancia, la construcción.

Chiclana (Cádiz), así como Montemayor (Córdoba), han concentrado gran parte de las marmolerías que en Andalucía trabajaban el aglomerado de cuarzo, principalmente el Silestone –producido por el gigante almeriense Cosentino– y el Ceasarstone –de Levantina–, y ahora suman gran parte de los afectados.

Como Raúl Herrero, de 50 años, también en ANAES y que trabajó en marmolerías desde 1998 hasta finales de 2016, cuando le detectaron una silicosis crónica complicada. “Me llamó el neumólogo al trabajo y me dijo: 'Deja lo que estés haciendo y vente para la consulta'. No volví a pisar más el taller desde ese día”, explica el trabajador. Tenía entonces 40 años. Tuvo que formarse para ser conductor de autobús porque con la incapacidad total no podía mantener a su familia. Ha estado trabajando hasta el año pasado, cuando inició una baja por el deterioro de su enfermedad.

Raúl Herrero explica que en sus últimos años como marmolista, los servicios de prevención de la mutua les hacían radiografías y exámenes anuales para vigilar su salud. “Ya empezaban a sonar más los casos de silicosis”, recuerda, pero nunca le advirtieron de nada. “Pongo mucho en duda que alguien mirara esas radiografías. O por lo menos, un experto”, lamenta. Fue su médico de cabecera el que le apremió a hacerse pruebas, que revelaron que tenía silicosis, con la enfermedad ya en grado avanzado.

Aunque hasta el momento los casos de silicosis se ubicaban más en los trabajos con piedra artificial, y no en su fabricación, en los últimos años han aflorado diagnósticos de extrabajadores y trabajadores de la fábrica de Cosentino en Cantoria (Almería) con la enfermedad, organizados en torno a la asociación ASAC (de Afectados por Silicosis de Aglomerado de Cuarzo), presidida por Fernando Arévalo. “Cosentino decía que en la fábrica no había casos y no era cierto, en la asociación tenemos solo 50 personas y hay muchas más”, afirma Arévalo.

Fuentes de la multinacional almeriense responden que pueden afirmar “con claridad que los casos confirmados durante el periodo de alta en Cosentino son aislados en relación con el volumen total de personas que han trabajado y trabajan en nuestros centros productivos”, aunque no concretan su número. Sostienen además que “la rotación de profesionales entre distintas empresas del sector hace especialmente complejo determinar con precisión en qué periodo laboral se origina cada enfermedad profesional”.

Hace unos meses, el Instituto de Medicina Legal (IML) constató que los médicos subcontratados por las mutuas de prevención para detectar cuanto antes indicios de silicosis entre los trabajadores de Cosentino no diagnosticaron la enfermedad cuando ya podían hacerlo. Esto les provocó el “agravamiento evitable” de sus condiciones de salud, según el informe forense incorporado en una causa judicial sobre estas demoras.

Falta de prevención y de información

El Ministerio de Sanidad explica que el incremento observado en las últimas dos décadas en el sector del corte, tallado y acabado de la piedra artificial se ha relacionado con el periodo del boom inmobiliario, “en la mayoría de las ocasiones acompañado por déficits en la prevención”. “Dado el largo periodo de latencia de la silicosis, de 10-15 años, o más, consideramos que los casos actuales de silicosis son, en su gran mayoría, la consecuencia de estas exposiciones masivas a sílice en estos sectores de actividad”, indica el departamento de Mónica García.

La duda es cuándo se llegará al pico de nuevos casos de silicosis fruto de estos años de uso intensivo del aglomerado de cuarzo y de la escasa prevención, y también cuál será la situación de la enfermedad a partir de entonces. Fuentes de Cosentino señalan que, “gracias al refuerzo continuo de las medidas de prevención y seguridad en los centros de trabajo que manipulan materiales con sílice cristalina, cabe esperar que la evolución natural de estos casos sea progresivamente descendente en los próximos años”.

La patronal de marmolistas Fedesmar señala al propio material como el punto de inflexión de la escalada de afectados. “Obviamente, la manipulación masiva de materiales con alto contenido de sílice cristalina (más del 93%) como los denominados aglomerados de cuarzo han sido el elemento detonante de esta enfermedad en el sector”, sostienen. “Antes de su incorporación, cuando se trabajan exclusivamente materiales naturales, la silicosis no se conocía como enfermedad profesional vinculada a nuestro sector”, indican en la organización patronal.

Desde Fedesmar recuerdan que en muchos casos los enfermos son “los propios empresarios”, que tenían talleres familiares, y que adolecieron de “desinformación” o información “sesgada” o “confusa”. Cosentino reconoció hace años en los tribunales que no facilitó la información suficiente a marmolistas que enfermaron de silicosis.

Fue el caso de D. A. C., que trabajaba con su padre y dos hermanos en un taller de marmolería. “Hacíamos encimeras de aglomerado de cuarzo. Enfermamos todos”, explica el afectado, al que detectaron la silicosis con 36 años. Uno de sus hermanos ha fallecido por la enfermedad y también un primo, dedicado al mismo sector. “Es horroroso. Siempre estamos asustados”, reconoce D. A. C., que destaca que en el taller aplicaban medidas preventivas, “pero eran insuficientes para ese material nuevo” del que asegura que desconocían el riesgo.

“Los servicios de prevención tampoco fueron alertados de los riesgos que la manipulación de estos materiales provocaba para el trabajador”, añaden en Fedesmar, que denuncian también que “la propia administración tampoco actúa con la eficiencia y rigor esperado cuando se manifestaron los primeros casos en el sector”. En Andalucía, se creó un plan específico, el Programa Integral de Silicosis de Andalucía en el manipulado de aglomerados de cuarzo, conocido como PISA, que el Gobierno del PP de Juanma Moreno dejó caducar y al que no ha dado continuidad pese al continuo auge de la enfermedad.

Cosentino lanzó por su parte hace un año una fundación (Premin) “para la prevención, mitigación e investigación de la silicosis”, de la que recelan la mayoría de asociaciones de afectados, sindicatos y varios investigadores contactados, por el conflicto de intereses que enfrenta la multinacional ante este problema de salud pública.

Asociaciones de víctimas piden la prohibición como en Australia

Las asociaciones de víctimas ANAES y ASAC, y cada vez más expertos de la comunidad científica –como ha ocurrido en California ante el aumento de casos en el Estado–, exigen actuar para frenar esta escalada de la silicosis.

En el sindicato UGT consideran que hay que acabar con “incumplimiento generalizado” de la normativa de prevención de riesgos laborales, afirma su responsable de Salud Laboral, Patricia Ruiz. Además, reclaman hacer un seguimiento exhaustivo de los trabajadores de los sectores expuestos al polvo de sílice cristalina. En CCOO exigen también “reducir el valor límite ambiental para adecuarlo al carácter cancerígeno de la sustancia” al 0,025 miligramos por metro cúbico, “la mitad del actualmente vigente”.

Este lunes, la Agencia de Salud y Seguridad en el trabajo británica (HSE) ha anunciado nuevas obligaciones para el sector del corte de piedra artificial, con medidas como la prohibición de corte en seco, una vigilancia periódica de la salud de los empleados y la sustitución a piedra artificial con un bajo contenido en sílice. “Existe piedra artificial con menor contenido en sílice y de la misma calidad, lo que elimina cualquier motivo para que las empresas no cambien a productos menos peligrosos”, ha sostenido la agencia, que ha llevado un trabajo de investigación de dos años, en colaboración con el sector.

En Cosentino afirman que su compromiso “con la seguridad sigue siendo firme e inequívoco”. “Desde 2022, toda nuestra producción contiene menos del 40% de sílice cristalina, y una parte muy relevante de nuestro portafolio, se sitúa por debajo del 10%. Además, recientemente hemos lanzado al mercado ECLOS, un nuevo producto que, entre otras prestaciones, destaca por no incorporar sílice cristalina en su formulación”, explican en la multinacional, donde consideran que “esta reducción del contenido de sílice cristalina representa un avance tangible que ayuda a los talleres de elaboración y corte a gestionar de forma más eficaz la exposición de sus empleados al polvo de sílice”.

Desde la patronal de marmolistas Fedesmar apuestan por estos materiales de bajo o nulo contenido en sílice cristalina, pero piden “transparencia en la información” así como estudios sobre sus posibles efectos en la salud. Algunas investigaciones, como esta publicada en la revista Nature, advierten de que no hay evidencia de los posibles riesgos para la salud de estos nuevos materiales, por lo que recomiendan una “evaluación toxicológica continua”.

Las asociaciones de víctimas ANAES y ASAC piden la prohibición de esta piedra artificial en España, como hizo en diciembre de 2023 Australia, al considerar que no había prevención posible para paliar los riesgos derivados de los aglomerados de cuarzo. La investigadora francesa Catherine Cavalin subraya el carácter participativo y el alto nivel científico del peritaje que realizó ese país antes de prohibir la importación y el uso de encimeras de piedra artificial. “Es muy específico y único en la historia de la salud laboral”. Reunió a expertos de distintas especialidades que estudiaron en profundidad el material entre 2019 y 2023, así como otro estudio paralelo de su Agencia de Salud en el Trabajo (Safe Work Australia).

Sanidad, en su informe de La remergencia de la silicosis en España, también emplazó a este debate, que “CCOO ya ha propuesto abrir” en el seno del Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional, indica Mariano Sanz. Sin embargo, por el momento este Grupo de Trabajo no está en este punto. Acaba de finalizar un mapa de exposición a sílice cristalina respirable por actividades prioritarias, “que nos permita tener información sobre la caracterización de la exposición en las diferentes actividades”, indican en el Ministerio de Sanidad, y ahora se dirige a cumplir los otros dos objetivos marcados: un análisis del seguimiento del cumplimiento de la normativa y la elaboración de propuestas de mejora, así como la recomendación de buenas prácticas.

El catedrático Alfredo Menéndez advierte de que la magnitud del problema en nuestro país “genera estupor” entre los investigadores australianos o californianos, “que son los que están abordando este asunto en sus respectivos territorios”. España es uno de los países con más casos del mundo. “Hay más casos en Andalucía que en California, cuando la población de California triplica la de Andalucía. E incluso más casos en Andalucía que en toda Australia”, subraya el investigador. 

“Es incomprensible que un año después estemos donde estamos”, sostiene Alfredo Menéndez, ante la ausencia de un Plan de acción por parte del Grupo de trabajo de sílice cristina del Gobierno. Desde principios de 2000, “son 6.500 partes de una enfermedad crónica, incurable y tremendamente complicada de gestionar en el día a día. ¿A qué seguimos esperando?”, alerta. 

Las hay tempranas, tardías, buscadas, no deseadas, sonoras, silenciosas, valientes, cobardes, explosivas, prudentes, impostadas… E incluso inevitables. La ruptura entre Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez es de estas últimas. Estaba cantada. Lo que no puede ser, nunca es. Dos no siguen juntos si uno no quiere, y la líder de Unidas Podemos en Andalucía hacía tiempo que barruntaba el final de una relación para la que demandaba una autonomía que el secretario general de los morados no estaba dispuesto a darle.

En realidad, como en las parejas que saben que el final es inexorable pero cohabitan en la distancia, los dos buscaban la mejor forma de acabar con un vínculo desde hace tiempo no deseado porque la unión solo provocaba ya tensión y desorden. De hecho, ambos han reconocido que había importantes diferencias, aunque hayan tratado de poner en valor que la de Rodríguez haya sido una salida respetuosa.

“No es bonito, no es hermoso, pero entre los que defendemos la justicia social no hay un adiós, hay un hasta luego para seguir trabajando por lo que nos une”, ha afirmado un idílico Iglesias. Lo malo de la poesía es que tras ella siempre llega la prosa y ésta rara vez entiende de lirismo. Los anticapitalistas nunca vieron con buenos ojos la alianza entre Iglesias y Sánchez, ni el gobierno de coalición, ni la mano de hierro con la que el secretario general de Unidas Podemos ha llevado la organización en los últimos tiempos. Y lo peor no es esto -los hiperliderazgos han llegado para quedarse en todos los partidos del actual mapa político-, sino las contradicciones sobre las que tendrá que cabalgar una formación nacida desde los movimientos sociales y que hoy forma parte del Gobierno de España.

Cuando uno pasa de la calle a hacer oposición en el Parlamento, y de éste a la mesa del Consejo de Ministros, inevitablemente cambia la perspectiva de la realidad y desciende en ocasiones al terreno de lo imposible. Una cosa es redactar una proposición de ley y otra, asumir que no todo es legislable o que, cuando lo es, no siempre se puede en los términos que antaño se han defendido.

Por eso, digan lo que digan, no hay reencuentro posible. Las motivaciones son y serán ya siempre distintas. Iglesias se ha imbuido de tal modo de la institucionalidad que le otorga su presencia en el Consejo de Ministros que ha antepuesto los intereses de la amalgama de sensibilidades que integraba Podemos a los límites de la agenda social que puede desplegar desde el Gobierno y también, cómo no, a los suyos propios.

De no haber fructificado la coalición con los socialistas, hoy Iglesias estaría ya impulsando su propio relevo al frente del liderazgo de Podemos. La entrada en el Ejecutivo lo ha cambiado todo. Y, aunque en Vistalegre III salga reelegido como secretario general, tendrá que resetear el proyecto político del partido. En lo orgánico y en lo político. Lo primero es sencillo teniendo en cuenta que lo que queda en la organización bebe desde hace tiempo de su mano. Lo segundo, no tanto porque cualquier matiz respecto al acuerdo de gobierno provocará un auténtico seísmo que utilizaría sin duda la derecha, pero también una parte de la izquierda que le acusaría de incongruente.

El equilibrio no es fácil porque Iglesias está obligado a mantener un espacio de distancia respecto al socialismo pero sin que parezca una desavenencia nuclear. De no hacerlo, arrastraría a un lento suicidio a la organización o en su defecto a la absorción por otras siglas.

Con matices, pero también es algo así a lo que se enfrenta el PP de Casado respecto a Vox al hacer seguidismo de la agenda y el discurso de los de Abascal. Por eso en este caso tampoco es posible que el presidente de los populares participe de “la agenda para el reencuentro” que le ofrece Pedro Sánchez. Claro que el presidente del Gobierno parece relativamente cómodo con esta línea de oposición dura del PP, ya que de un lado le sirve para aglutinar a la izquierda frente al enemigo exterior y de otro, mantiene a los populares distraídos en una guerra por la hegemonía de la derecha en la que cada día pierden más fuerza.

Lo dicho: que hay rupturas inevitables y reencuentros imposibles.

No recuerdo en qué momento todo empezó a cambiar. Hace dos meses, todavía estaba en casa, con mi madre, viendo la televisión. Poco a poco empezaban a llegar noticias de un virus que se expandía como la pólvora por China. ¡Bah!, otro virus, como tantos. Por aquel entonces, me preparaba para volver a Jordania y participar en una conferencia en Tailandia, antes de que ése y el resto de los planes saltasen por los aires. 

Regresé a Jordania, mi segunda casa, después de varios meses en España. Todo era más o menos normal hasta finales de febrero. Entonces, empezaron a llegar las noticias sobre el virus extendiéndose por Italia y, después, por España, y por el resto del mundo. Lo que al principio no parecía serio, se ha convertido en una tragedia. El teléfono móvil se ha convertido en mi tercera mano, yo que no era de pasar mucho tiempo en chats.

Cada mañana me levanto y lo primero que hago es mirar las estadísticas. Llegan noticias muy dolorosas desde el sur de Europa. España declara el confinamiento de la población mientras los casos empiezan a multiplicarse a la velocidad de la luz. Hablo con mi madre. En el pueblo se nota la diferencia con respecto a las grandes ciudades, aunque le han cancelado sus clases de inglés y de pintura. Mientras, mis hermanos están en Madrid, la zona cero del coronavirus en España. Y pensar que un mes antes estaba tomando cañas con amigos tranquilamente por el centro...

Dos días después del confinamiento español, las autoridades jordanas nos dicen que nosotros también estamos confinados. Hay menos de 50 casos, pero por si las moscas. Los jordanos oyeron el anuncio como el que oye llover. Dos días después, despliegue militar y toque de queda indefinido, por listos. Quien ponga un pie en la calle, un añito de prisión. Casi mil lo han logrado ya.

Hoy, llevamos ya cuatro días encerrados sin poder pisar la calle para nada. Nos han dicho que nos repartirán pan y agua en autobuses. El primer ensayo, hoy mismo, ha sido un fracaso. La gente se amontonaba junto a los vehículos por cientos. No parece muy en línea con esta cuarentena que vivimos. Las medicinas también nos las entregarán a domicilio. Y los salarios. Del resto, aún no sabemos cuando podremos comprar otros productos, aunque también nos los traerán taxis, Uber o cualquier otro medio de transporte.

La cuarentena tiene sus cosas buenas. Te pasas todo el día trabajando y comiendo. Y, a veces, cuando no llueve, puedes salir a que te dé el sol en la terraza. Y también te acerca a los tuyos. Vuelves a hablar con amigos que hace tiempo no lo hacías y te empuja a iniciar actividades que siempre relegabas para otro momento.

Pero es muy larga. Sobre todo, cuando no se le ve el fin. Cuando piensas que, aunque la epidemia se acabe, quizás algunas cosas no vuelven a su sitio. Cuando sigues lo que pasa en un país mientras intentas entender lo que va a pasar en el otro. Cuando tu trabajo se centra en contar cosas que duelen, pero no puedes cerrar el ordenador porque, si no, no llegas a la entrega.

Nunca pensé que iba a vivir bajo toque de queda. Quizás porque soy afortunada y no vivo en un lugar donde es el estado normal de las cosas. Pero no me gusta. No me gusta ser tratada como si no supiera lo que me juego, como si no pudiera tomar mis propias decisiones. Vivir bajo este paternalismo estatal en Jordania es una de las peores sensaciones que he tenido nunca. Y me da miedo. Porque, con la facilidad con la que ciudadanos de muchos países hemos aceptado este orden de cosas como algo lógico, nada hace pensar que no pueda volver a suceder antes de lo que pensamos.

Y me enfada. Pero me consuelo pensando que pronto podré volver a ver a amigos y familiares, quedar con esas personas con las que no tuve oportunidad antes del encierro y disfrutar de las cosas simples de la vida. Y en estos pensamientos encuentro consuelo a la espera de que este confinamiento eterno, indefinido y sin sentido, dé paso a lo que ha sido siempre la vida normal. Hasta entonces, seguiré viviendo entre dos confinamientos, el físico, que me mantiene aquí en casa, y el mental, que me hace viajar hasta España y suspirar, deseando que el horror cese de una vez.

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Nada más lejos de nuestra intención que restar importancia al coste humano de la pandemia causada por el SARS-CoV-2: miles de personas han perdido a seres queridos sólo en nuestro país y muchas más lo harán en las próximas semanas. Cada una de esas muertes será una tragedia, y no sobra encomio a la lucha del personal sanitario para evitarlas, ni al esfuerzo de quienes suministran servicios básicos en primera línea de combate. La precariedad laboral y vital que asuela nuestras sociedades convierte además cada desaceleración económica en un drama para millones de trabajadoras y trabajadores. Las crisis golpean diferencialmente a nuestras sociedades según múltiples líneas de fractura: de clase, de género, territoriales, étnicas…

Cada una de esas líneas merece una atención que no podremos prestarle en estos escuetos renglones. Del mismo modo, dejaremos aquí de lado la propia emergencia de salud pública (bien tratada estos días en numerosos textos, por ejemplo éste de Joan Benach) y cargaremos las tintas sobre otros motivos para la alarma, el compromiso y la acción coordinada: los vinculados con una crisis ecosocial que es ya una crisis civilizatoria.

Al aproximarnos a esos otros motivos constatamos que uno de los aspectos más terroríficos de esta pandemia reside en el modo en que nuestra cultura nos invita a contemplar el frenazo que ha ocasionado en nuestras economías. Ese frenazo no debiera presentársenos como algo que ha de ser superado. Muy al contrario, tendría que posibilitar una cuidadosa deliberación en torno a la desesperada urgencia de revertir nuestra extralimitación material y poner fin a la irracionalidad económica que mantiene de forma totalmente innecesaria cantidades absurdas de personas y mercancías dando constantemente vueltas al planeta. Producir por producir y consumir por consumir, de manera que siga girando la rueda de la acumulación de capital, es un desatino que ya fue diagnosticado por los socialistas del siglo XIX, comenzando por Marx. El fin de ese desmedido trajín está, por cierto, a la vuelta de la esquina: queramos o no asumirlo, nuestras sociedades se verán pronto obligadas a usar mucha menos energía primaria.

Lo que nos aterra a algunos, cada día a más, es la ceguera de nuestra cultura frente a la disyuntiva que abre ante nosotros la transición hacia esas sociedades energética y materialmente frugales: donde hay, esencialmente, dos alternativas, nuestros comisarios culturales ven una nada más. La primera alternativa consistiría en tratar de adaptar nuestro metabolismo ecosocial a los límites biofísicos de un sistema Tierra que se encuentra ya en un estado precario. La segunda, innegociable en nuestro marco cultural, consistiría en pisar el acelerador de la extralimitación y la devastación colocando un nuevo parche –previsiblemente más violento y autoritario que los previos– en el ya inviable capitalismo global. Lo que nos aterra a algunos del nuevo coronavirus es, en otras palabras, que sigamos después de él hundiéndonos en un suicidio ecocida inserto en coordenadas sociopolíticas peores aún.

Podemos desglosar en tres dimensiones nuestra trayectoria de colapso civilizatorio desde el punto de vista de la alarma suscitada por la reciente pandemia: la sanitaria, la económica y la propiamente ecosocial.

Comencemos echando un superficial vistazo al plano sanitario. Cabe en este punto escoger al azar un par de conclusiones del último informe sobre salud y cambio climático de la revista médica más prestigiosa del planeta (The Lancet): la alteración de los patrones climáticos ha hecho que nueve de los diez años más adecuados para la transmisión del dengue tuvieran lugar después del año 2000, y asimismo que en menos de cuatro décadas se hayan duplicado los días propicios para la infección por Vibrio (el género de bacterias al que pertenece la que provoca el cólera). Por su parte, la contaminación del aire sigue causando siete millones de muertes anuales. De acuerdo con estimaciones de Marshall Burke, profesor del Departamento de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad Stanford, la reducción de la contaminación del aire subsecuente a la parálisis de la economía china ha servido para evitar la muerte de entre 50.000 y 75.000 personas. ¿Cuáles son, pues, nuestras pandemias?

La crisis ecológica es una emergencia sanitaria incomparablemente mayor que la pandemia de COVID-19, y a ambas subyace uno y el mismo patógeno: un sistema socioeconómico dominado por el motivo del lucro.

El sector agroindustrial ha adoptado una forma incompatible con la estabilidad de la biosfera no por motivos de eficiencia material, sino crematística. Se trata de un hecho extensa y minuciosamente documentado. Existen, por otra parte, pocas dudas acerca del vínculo entre ese modelo agroindustrial y el creciente riesgo de pandemias. Según Peter Daszak, codescubridor del origen del SARS, alrededor de 1’7 millones de virus nos esperan en los ecosistemas que no han sido arrasados aún con buldóceres para abrir espacio al monocultivo intensivo. La deforestación, la drástica simplificación de ecosistemas y la desaparición de especies intermedias a expensas de esta «gestión» industrial de algunos de los reservorios de biodiversidad más ricos del planeta hacían que una pandemia como la actual fuera cuestión de tiempo. Adicionalmente, la ganadería industrial, para cuyo mantenimiento y expansión se diseñara aquel sistema de «gestión», tiene su propia leña que arrojar al fuego: tal y como evidenciaran ya la gripe aviar, la gripe porcina y el propio SARS, la cría industrial de animales tiene lugar en entornos que deben describirse como «fábricas de replicación y mutación de virus».

Este insostenible modelo agroindustrial es sólo una de las facetas de un modelo socioeconómico netamente insostenible: cada uno sus elementos venía exhibiendo signos de agotamiento hace largo tiempo. El subsistema económico no es ninguna excepción a esta regla. Así, resultaría absurdo culpar a la pandemia producida por el nuevo coronavirus de la crisis económica en la que comenzamos a adentrarnos. De hecho, ni siquiera estamos adentrándonos en una crisis nueva, sino sencillamente profundizando en la de 2008. La crisis de la economía capitalista no es nueva, sino permanente ya. Sería inútil recurrir al nuevo coronavirus para tratar de explicar el crecimiento anémico, la volatilidad especulativa o los niveles estratosféricos de deuda característicos de esta última fase del capitalismo financiarizado.

El capitalismo global pudo mantenerse con respiración asistida después de 2008 gracias al aliento de la Reserva Federal y, sobre todo, al del crecimiento de la economía china. Hoy no cabe esperar nada parecido. Los bancos centrales volverán a regar generosamente los mercados financieros, pero el nivel de inversión en la economía real será menor incluso que el anterior a la pandemia. A pocos les extrañará que se repita el procedimiento, y a menos aún que lo haga el resultado: las masivas adquisiciones de títulos financieros y los ínfimos tipos de interés seguirán generando deuda y cebando a los gigantes financieros, pero no producirán ningún goteo –entre otras cosas, porque no es ése su propósito.

No es necesario disponer de una bola de cristal para predecir lo que sucederá con las tasas de desempleo. Y lloverá sobre mojado, porque este declive del poder adquisitivo de la clase trabajadora tendrá lugar tras una década en la que ha venido flotado a la deriva, entre la Escila de un marcado deterioro de servicios públicos y coberturas sociales y la Caribdis de unos inusitados niveles de pobreza.

Después de esta pandemia ninguna implementación de ninguna reformulación concebible del credo neoliberal servirá para hacer frente a un desplome de la demanda como el que se avecina. Por su parte, extender el «keynesianismo para las élites» de los últimos cuarenta años a un nuevo «keynesianismo para los pobres» quizá pudiera mantener vivo el capitalismo por un par de décadas, pero arruinaría definitivamente la biosfera.

A los dos planos comentados –el sanitario y el económico– subyace el decisivo: el de nuestro metabolismo ecosocial, esa economía “real-real” a la que se ha referido en más de una ocasión Joan Martinez Alier. Si fuésemos –fantasía de ciencia-ficción– una colonia organizada por una civilización extraterrestre para la rápida extracción de los recursos del planeta Tierra, poniéndolos al servicio de un proyecto alienígena de mercantilización generalizada, ese metabolismo imaginario no diferiría demasiado del que de hecho está hoy funcionando (y que acaba de sufrir un parón inesperado a causa de la pandemia). El capitalismo fosilista convierte hoy en escasos incluso los recursos minerales más abundantes (como la arena), desequilibra el clima hasta desembocar en perspectivas de calentamiento infernales, esquilma el suelo fértil y el agua dulce, y desgarra hasta tal extremo el tejido de la vida que tenemos que inventar neologismos como “desfaunación” para referirnos a las dimensiones casi inconcebibles de la Sexta Gran Extinción en curso. Cada una de estas agresiones contribuye no sólo a incrementar la probabilidad de nuevas pandemias, sino asimismo a minar las bases de la salud de todos y cada uno de los ecosistemas y, por tanto, de todas y cada una de las comunidades humanas.

La pregunta más de fondo que deberíamos hacernos estos días quizá sea: ¿por qué tiene que pasar algo así –una pandemia semejante– para que podamos simplemente reconocernos como sociedad, para que emerja poco a poco una noción reconocible de bien común, en vez la lucha de todos contra todos espoleada por el capitalismo? ¿Por qué tiene que ocurrir algo así, un desplome brutal e imprevisto de la actividad económica, para que se recupere tendencial y mínimamente algo de la salud ecológica de nuestros territorios?

Cuando pase la crisis sanitaria, «volver a la normalidad» no puede querer decir, en ningún caso, regresar a la sociopatía neoliberal a que parecíamos condenados –o estaremos condenados de verdad. La «normalidad» no puede ser un sistema socieconómico enemigo de la sociedad y de la vida. Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, afirmaba recientemente que «la amenaza del contagio mundial nos ha sacudido devolviéndonos la imagen de un mundo tan interdependiente y globalizado como vulnerable». Hace décadas que esa imagen debió sacudirnos, pero por motivos distintos, por amenazas mayores. Después de la pandemia seguiremos teniendo entre manos un problema mucho más grave que ella, y sólo podremos comenzar a abordarlo desde una progresiva superación de la necrocultura capitalista. ¿Seremos capaces de verlo?

Decía el profesor Vicent Martínez Guzmán, referente internacional para los estudiosos de la paz, que era necesaria la descolonización de las mentes para transformar las culturas de las guerras en culturas para hacer las paces. En estos tiempos de confinamiento sus enseñanzas deberían invitar a una reflexión profunda. La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la carencia de imaginarios colectivos que nos permitan concienciar de la importancia de los cuidados, de la responsabilidad, del respeto al prójimo, de lo común. Los valores tradicionalmente asociados a lo femenino están infravalorados y recurrimos al lenguaje bélico para concienciar de la importancia de la gesta. 

“Tengo que felicitar a todos los españoles por la disciplina que están mostrando, todos los ciudadanos comportándose como soldados en este difícil momento. En esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir o luchar, todos somos soldados”. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villaroya, hablaba así este viernes, en su tradicional comparecencia de la mañana para tratar la crisis del coronavirus. Se habla de guerra contra el coronavirus, nos recuerdan que en esta guerra combatimos todos juntos. Se dice que “en el frente no hay suficientes armas” para denunciar que el personal sanitario está exponiéndose al virus sin los equipos de protección adecuados. ¿Es que no es suficientemente épica su actuación? ¿Tenemos que cubrirla con una pátina de heroísmo bélico para admirarlos más?

Los miembros de la Unidad Militar de Emergencias que han montado un hospital de campaña en el recinto ferial de Madrid saben que esto no es una guerra. Las bombas no caen del cielo mientras lo montan. El enemigo no es político, no es humano, no se mata a balazos. Y, sin embargo, están expuestos al contagio, lo saben, se cuidan a sí mismos y entre ellos. Lavándose las manos, protegiendo sus bocas. ¿Por qué no nos parece suficientemente heroico?

No somos soldados, somos ciudadanas. Profesionales de la medicina, celadores, vendedoras de verdura, cuidadoras. Vecinas solidarias. Somos un comentario de apoyo a través de la ventana y un grupo de jóvenes organizándose para hacer la compra de los mayores del barrio. Somos aplausos a las cajeras del súper de nuestras plazas cada día a las 20.00h. Nada de eso es poco épico. Sostenernos las unas a las otras como sociedad, tejer una red que no nos deje caer, no es poca cosa. 

La mayoría de la gente no se está quedando en casa porque piense que esto es una guerra y haya que obedecer a un mando superior. Lo está haciendo  porque sabe que así protege a los grupos con mayor riesgo evitando su contagio. Frente al marco belicista, proponemos un marco de cuidados y solidaridad. Como parte de una organización feminista y pacifista con más de cien años de historia, a las activistas de WILPF nos apena que en la gestión comunicativa para frenar esta enfermedad se sustituya el lenguaje de los cuidados por el de la guerra. 

No queremos restarle importancia a esta crisis, sino todo lo contrario. El mundo entero atraviesa un momento de excepcionalidad, tremendamente grave en general y catastrófico en las familias más empobrecidas. Le estamos gritando al mundo que se lave bien las manos y hay personas en barrios bonaerenses que no tienen acceso al agua. Cabe pensar que en algunas regiones de América Latina y de África el virus será, irremediablemente, devastador. Pero sigue sin ser una guerra. 

Cuando el movimiento pacifista reclama que la paz no es sólo la ausencia de guerra se refiere a este tipo de situaciones. No es decente asumir que van a verse más gravemente afectados los que menos tienen. Por eso defendemos la justicia social. Por eso era importante no reducir el número de camas en los hospitales públicos hace diez años. Esta es una crisis que pone de manifiesto que los cuidados sostienen la vida y por tanto deben ser colectivos. Tal vez sea el momento de reflexionar sobre las prioridades en materia de financiación, y sobre el concepto de seguridad que manejamos. 

Hace días supimos que en Estados Unidos había aumentado la venta de armas para hacer frente al coronavirus. Si ya es sintomático el acopio innecesario de papel higiénico en los primeros días de esta alarma sanitaria, mucho más peligroso es que se dispare la venta de armas. Frente a este individualismo, abogamos por la defensa de lo común y de la solidaridad. Solo así se podrá superar esta pandemia. 

No hacen falta armas, hacen falta agua y jabón. No hacen falta soldados, sino sanitarios. No hacen falta cascos sino mascarillas. Respiradores, y no fusiles de asalto. 

No queremos ser soldados sino ciudadanía consciente de que será la cooperación y el buen funcionamiento de lo común lo que salve nuestras vidas. Paz es también la garantía de una sanidad universal, la justicia social, la participación de todos y todas en el diseño de la sociedad que queremos, la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de los cuidados como lo que son: la heroica tarea que nos mantiene con vida.