Naciones Unidas ha vuelto a llamar la atención a España por el archivo de querellas relacionadas con crímenes de la dictadura. Así lo estipulan en una observación conjunta del pasado mes de febrero cuatro relatores de la ONU, que apuntan a que “mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos” del franquismo “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

La comunicación fue dirigida al Gobierno español a raíz de una queja presentada por Irídia y CEAQUA en la que describen hasta 18 casos iniciados en los tribunales españoles tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática que se han topado con obstáculos para ser instruidos. Entre ellos está el asesinato de Teófilo del Valle en Elda en 1974, una querella que no se archivó y por la que en un inicio se acordó la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa. Sin embargo, hace unos días la Audiencia de Alicante la ha tumbado esgrimiendo la Ley de Amnistía de 1977.

Los relatores recuerdan que los estándares internacionales “estipulan la imprescriptibilidad e imposibilidad de amnistiar” crímenes de lesa humanidad, por lo que hacerlo “estaría obstaculizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo”. “Si bien es importante asegurar que la justicia opere con respecto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías” a este tipo de casos, añade.

La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática impulsó la creación de una fiscalía especializada que está interviniendo en algunos casos y en algunos de ellos se ha acabado tomando declaración a los denunciantes, algo que pasó por primera vez en septiembre de 2023, con las torturas denunciadas por Julio Pacheco. Sin embargo, posteriormente fue archivado. Además, el Tribunal Constitucional certificó un año después que la nueva legislación de memoria histórica no cambia el escenario y los crímenes seguirían sin juzgarse. Lo hizo aplicando los mismos criterios que antes de su aprobación y que ahora censura la ONU.

La observación reclama a España que transmita el comunicado a las autoridades judiciales “a fin de que puedan tener en cuenta los estándares internacionales” que deben aplicar. “Nos permitimos recordar que el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación del Estado español, en todas sus esferas y niveles, de investigar y sancionar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos”, escriben añadiendo que “el incumplimiento de estas obligaciones” puede “comprometer la responsabilidad del Estado en su conjunto”.

El escrito ha sido firmado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

No es la primera vez que Naciones Unidas concreta una advertencia de este tipo. Y así lo recuerdan en esta ocasión los relatores, que mencionan las anteriores veces en las que la ONU ha reprochado a España por la falta de diligencia con las víctimas del franquismo: en 2014, 2015, 2024 y 2025. La comunicación insta a España a proporcionar información detallada sobre las querellas y a “adoptar medidas” para asegurar que implican investigaciones “eficaces, independientes y exhaustivas”.

La respuesta de España

El Gobierno, por su parte, respondió a la ONU el pasado 13 de abril afirmando que los tribunales archivan o inadmiten estas causas “basándose en normativas penales internas” y la doctrina del Tribunal Constitucional sobre prescripción, Ley de Amnistía y el principio de irretroactividad de las normas penales. Ante ello, señala que algunos jueces están “argumentando” que el derecho a la tutela judicial “debe satisfacerse” no por la vía penal, sino por la civil, mediante expedientes de jurisdicción voluntaria.

En cuanto a los datos de querellas archivadas o activas, el Ejecutivo remarca que no cuenta con estas cifras porque la Estadística Judicial “no publica el desglose de datos sobre esta materia”. Lo que sí incluye en la respuesta es un recorrido por la actividad de la Fiscalía, según lo que esta misma ha publicado en su Memoria Anual, en la que destaca que en 2024 la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática inició diez expedientes de seguimiento por querellas de este tipo o intervino “activamente” presentando nueve recursos contra la inadmisión el archivo.

Además, se añaden las medidas adoptadas por el Ministerio Público para “promover las investigaciones”, entre ellas “la consolidación” de una red de 49 fiscales especialistas, la adopción de una postura de “combate procesal” contra los archivos “automáticos”, el impulso a la vía civil como “medida alternativa” o la apertura de “diligencias de investigación preprocesal cada vez” que se hallan restos humanos con signos de violencia en una fosa común.

El pasajero español del crucero afectado por un brote de hantavirus que ha dado positivo provisional ha sido trasladado ya a la unidad de aislamiento de “alto nivel” del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. A la espera de una segunda PCR que confirme o no el diagnóstico, el afectado ha sido ingresado en este tipo de instalaciones que ya estaban preparadas precisamente por si entre los evacuados del Hondius había algún positivo. Se trata de la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del centro, una infraestructura levantada en 2015 para contener y tratar enfermedades infecciosas consideradas de alto riesgo.

Las otras 13 personas –12 pasajeros y un tripulante– permanecen aislados en habitaciones sin visitas y mantendrán una cuarentena que podrá llegar a los 42 días, periodo de incubación del virus. Según Sanidad, la persona que ha dado positivo ha presentado esta noche “febrícula y síntomas respiratorios”, aunque “en el momento actual” está “estable y sin empeoramiento clínico evidente”. Aún así, el protocolo contempla su ingreso en la UATAN del Gómez Ulla, una de las siete unidades que hay en España de este tipo que fueron creadas a raíz de la crisis del ébola de 2014, que acabó con el fallecimiento de un misionero y el contagio de una auxiliar de enfermería.

La del hospital madrileño es la que tiene mayor capacidad, con siete camas, y se encuentra en la planta 22 del centro, la última. La unidad permite un aislamiento muy estricto y los equipos sanitarios que las atienden está especialmente formado para ello y maneja estrictos protocolos de seguridad. Según explicaba a este medio Paloma Navas, médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, estas unidades son “el más alto nivel de aislamiento del sistema sanitario español” y están concebidas arquitectónica y tecnológicamente, así como a nivel de personal, para ser “un búnker sanitario en el que nada de lo que hay dentro, salga fuera”.

Las habitaciones están especialmente preparadas para ello. Cuentan con sistemas de presión negativa que funcionan con una ventilación especial de forma que el aire se introduce en la habitación y lo filtra antes de salir. Este aire 'limpio' que entra del exterior evita que el posiblemente contaminado salga hacia afuera dificultando así la propagación. Además, cada una cuenta con esclusas para permitir la desinfección antes de salir a las zonas de uso común. Según explicaba el propio centro en su inauguración, cada profesional debe pasar por la esclusa de sucios y la de limpios, ya sin Equipo de Protección Individual (EPI), y una “estación de descontaminación” antes de salir a zonas comunes.

La UATAN está sometida a un control de entradas, salidas y movimiento de personal y pacientes desde una sala de vigilancia en la que se monitorizan también las puertas, que están automatizadas. Además, cuenta con un sistema especial de residuos y un laboratorio BLS-III integrado que minimiza el riesgo al permitir el análisis de muestras sin la necesidad de salir. Por lo general, las habitaciones cuentan con un espacio suficiente para que se pueda manejar un paciente crítico dentro de las mismas. Por otro lado, son unidades que implican a varias especialidades médicas. “Son complejas y requieren mucha coordinación dentro del hospital”, señalaba el videpresidente de la Sociedad Española de Epidemiología Pello Latasa.

El proceso de autorización de las UATAN está liderado por el Ministerio de Sanidad, que lleva a cabo una estricta evaluación de la planta para ello. Entre los elementos a evaluar está desde la gestión de los residuos, al procedimiento de activación de la unidad, su desinfección y limpieza, la esterilización del material o la disponibilidad de contar con “cápsulas de aislamiento” para el traslado de los pacientes, según el último protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud.

Aunque la transmisión entre humanos no es sencilla y la posibilidad de estar ante un problema expansivo de gran calado es lejana, la Organización Mundial de la Salud ya había avisado de que podría darse algún positivo del total de evacuados debido al periodo de incubación. Además de esta persona española pendiente de confirmar, Francia también confirmó este lunes su primer caso de hantavirus y Estados Unidos anunció un “positivo leve” que ya viajó en unidades de biocontención en el avión desde Tenerife.

España ha roto el dominio de Malta como mejor país de Europa para las personas LGTBI según el ranking que anualmente elabora ILGA, la mayor organización LGTBI a nivel internacional. El llamado Mapa Arcoíris, que se elabora desde 2009, evalúa las políticas y leyes de 49 países en torno a los derechos de lesbianas, gays, trans y bisexuales y, por primera vez, ha colocado a España en la primera posición desbancando así a Malta, el país que la ha ocupado desde hace una década.

ILGA, que agrupa a unas 600 organizaciones de toda la región, evalúa a los países en función de diferentes criterios y los clasifica en una escala del 0 al 100%. A España le ha adjudicado en esta edición un 89%, seguido muy de cerca por el hasta ahora territorio con mayor puntuación (88%). La cifra media para Europa es del 43% y del 52% para los países de la Unión Europea. “A medida que el orden internacional basado en normas se fractura y la democracia se ve presionada, la posición destacada de España demuestra que la valentía política sigue siendo la respuesta más eficaz”, apunta la entidad.

El ascenso de nuestro país en el ranking, que ha subido cuatro puestos, refleja “una combinación de logros” entre los que se encuentra la aprobación de la autodeterminación de género sin requisitos médicos unida a “nuevas protecciones legales”. El Gobierno, señala el mapa, “ha cumplido con los compromisos establecidos en las leyes LGTBI y Trans de 2023” porque ha adoptado planes y estrategias para la igualdad de derechos LGTBI. Además, apunta a la creación de la Autoridad para la Igualdad de Trato y No discriminación y la “plena implementación de la despatologización de las personas trans en el ámbito sanitario”.

ILGA señala el aumento de comunidades que cuentan con leyes autonómicas LGTBI –la última en sumarse ha sido Asturias–, pero no es ajena a los intentos de Vox y del PP de recortar o dejar sin efecto la legislación. La organización, sin embargo, se fija más en la respuesta del Gobierno central y concluye que ha llevado a cabo “una lucha decidida contra los intentos de la extrema derecha de desmantelar estas protecciones” mediante recursos ante el Tribunal Constitucional, que en los casos de Madrid y la Comunidad Valenciana ha suspendido cautelarmente varios artículos de las leyes impulsadas por las derechas.

Para Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA Europa, el primer puesto de España es “un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un gobierno decide deliberadamente promover la igualdad en vez de retroceder”. La experta alude a un contexto global de “presión autoritaria” y destaca el “espíritu” del Gobierno central frente a esta ofensiva. “Por supuesto, aún queda mucho por hacer en España, pero esto nos recuerda que la valentía política es una elección”, añade la representante de la organización.

Aún así, el mapa de ILGA mide leyes y políticas públicas, pero no “la realidad vivida”, matiza el informe, que apunta a “la brecha” que existe en España “y en otros países” entre los avances legales y la experiencia cotidiana. Precisamente hace dos semanas el informe Estado del odio LGTBI reveló que el 54% de los encuestados ha sufrido agresiones, discriminación o acoso en el último año. Además, un 44% de la muestra aseguró haber sufrido violencia en entornos digitales mientras que el porcentaje de personas que percibe un aumento de la discriminación en los últimos años ha escalado varios puntos.

Avances y retrocesos

A España y Malta le siguen en el ranking Islandia, Bélgica y Dinamarca como el quinteto de países con mejor legislación LGTBI. Al otro lado de la tabla están Armenia, Bielorrusia, Turquía, Azerbaiyán y Rusia. Entre los “acontecimientos perjudiciales” para el colectivo LGTBI registrados en el último año está la nueva ley de propaganda anti-LGTBI de Bielorrusia “inspirada en la versión rusa” y que llega a contemplar sanciones penales. Italia ha bajado hasta el puesto 36 debido a los “bloqueos activos” del Gobierno de Meloni ante la legislación regional. Además, una nueva ley de seguridad promueve “restricciones sobre manifestaciones”, lo que podría afectar al Orgullo.

Turquía, en tercera posición por la cola, registra una “alarmante escalada” de intentos de revertir derechos, con proyectos de enmiendas legislativas en trámite, un recorte de la atención médica a personas trans, la disolución de una organización juvenil LGTBI y un “fuerte” aumento de las demandas penales contra activistas. Además, Portugal ha impulsado un proyecto de ley que puede “reducir drásticamente” la protección hacia las personas trans, según ILGA, mientras que en Eslovaquia se debaten enmiendas que restringen el reconocimiento parental “a una madre y un padre”.

En última posición sigue estando Rusia, donde “los ataques contra los derechos humanos de las personas LGTBI siguen intensificándose”, apunta la entidad, que subraya cómo las organizaciones que defienden sus derechos son designadas como “extremistas”, lo que “expone a quienes trabajan en ellas o colaboran con ellas importantes riesgos de responsabilidad penal”.

En el otro lado, hay varios avances que tienen que ver con los derechos de las personas trans: Albania, por ejemplo, ha subido dos puestos –hasta el nº 24– por aprobar una ley sobre discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual. República Checa y Letonia, por su parte, han dejado atrás la exigencia de que las personas trans tengan que pasar por cirugías genitales para poder modificar su sexo y nombre legal. Suecia (en el puesto 9) también ha dado luz verde a una nueva legislación sobre reconocimiento legal del género, una reforma “que es bienvenida”, pero que “continúa patologizando las identidades trans”, remarca ILGA.

La entidad celebra también los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en 2025 dictaminó que los Estados miembro de la UE deben reconocer los matrimonios homosexuales celebrados en otros países comunitarios. También destaca la sentencia que hace un mes concluyó por primera vez que la ley antiLGTBI de Hungría vulnera el Derecho de la Unión Europea.

Este escenario marcado por avances y retrocesos lleva a Katrin Hugendubel a concluir que este año, el mapa de ILGA “cuenta dos historias a la vez”: una, la de países como España y otros que “eligen apoyar” a la comunidades LGTBI “en lugar de convertirlas en chivos expiatorios” y otra que, paralelamente, tiene que ver con “un peligro real y creciente que no se puede subestimar”, el del ascenso ultra que pone los derechos LGTBI en la diana.

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