El Parlamento israelí ha aprobado una nueva ley para juzgar por la vía militar a los palestinos sospechosos de participar en los ataques del 7 de octubre de 2023, después de los cuales Israel lanzó su brutal ofensiva de castigo contra la Franja de Gaza. La ley establece la creación de un tribunal militar especial que podrá aplicar la pena de muerte a los supuestos implicados en esos ataques contra el sur de Israel, donde fueron asesinadas más de 1.200 personas y 250 secuestradas por las milicias palestinas.

El centro legal palestino-israelí Adalah ha denunciado que la ley recién aprobada “niega a los sospechosos las garantías procesales básicas para un juicio justo y habilita al tribunal para imponer la pena de muerte, una sentencia que no se ha ejecutado en Israel desde 1962”. Según Adalah, los procedimientos de ese tribunal militar son “fundamentalmente incompatibles con el derecho a la vida, la presunción de inocencia, la independencia judicial y el Estado de derecho”.

La ley ha recibido 93 votos a favor y ninguno en contra, en el Parlamento de 120 escaños y en una votación celebrada cerca de la medianoche del lunes. El texto fue impulsado por un partido que integra la coalición de gobierno ultraderechista, encabezada por Benjamín Netanyahu, y por un partido de la oposición, lo cual indica el apoyo unánime de todas las formaciones políticas a las medidas draconianas.

La ONG israelí Comité Público contra la Tortura ha afirmado que la Knéset (Parlamento) “ha votado a favor de la venganza por encima de la justicia”. “Quienes participaron en los ataques del 7 de octubre contra civiles en el sur de Israel deben rendir cuentas. Pero estos juicios masivos, que actúan como espectáculo, violan los derechos de los acusados y niegan a los supervivientes y sus familias una evaluación honesta de lo que les sucedió a ellos y a sus seres queridos”, ha agregado en un comunicado.

Además, el Comité Público contra la Tortura ha recordado que “la tortura contra los detenidos palestinos es generalizada, sistemática y se utiliza habitualmente para obtener confesiones”. La organización ha mostrado de esta forma su preocupación por los alrededor de 1.300 palestinos retenidos sin cargos en Israel como “combatientes ilegales”, además de un número indeterminado de gazatíes que mantiene detenidos bajo la sospecha de haber participado en los ataques del 7 de octubre.

Según medios locales, son unos 300 los palestinos detenidos ese día por haber supuestamente participado en los ataques contra varios lugares del sur de Israel, próximos a la valla fronteriza de Gaza.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, ha declarado que la ley ofrece “un marco histórico destinado a impartir justicia y llevar ante la justicia a los terroristas que perpetraron la peor masacre en la historia del Estado” de Israel, de acuerdo con el periódico The Times of Israel. Por su parte, el ministro de Finanzas, el ultrarradical Bezalel Smotrich –líder del partido Sionismo Religioso, que impulsó el texto–, se ha felicitado por la aprobación de la ley con el apoyo de la oposición. “No olvidaremos ni perdonaremos. Quienes asesinaron, violaron y masacraron pagarán las consecuencias”, ha afirmado.

La nueva ley se suma a otra aprobada por la Kneset a finales de marzo que introducía la pena de muerte por ahorcamiento como castigo por “actos de terrorismo” y que se aplicaría casi exclusivamente a los palestinos, tanto en Israel como en los territorios ocupados. Adalah ha denunciado que la aprobación de ambas leyes sitúa a Israel en contra de “la tendencia internacional hacia la abolición” de la pena de muerte y “en incumplimiento de sus obligaciones vinculantes en virtud del derecho internacional”.