La Audiencia de Barcelona ha absuelto al humorista Jair Domínguez, al que Vox reclamaba dos años de cárcel. Los jueces concluyen que la intervención radiofónica del cómico en la que llamó a dar “un puñetazo” al fascismo no es un delito de odio, como sostenía el partido de extrema derecha, sino que se enmarca en la libertad de expresión.

El caso de Domínguez es un ejemplo del efecto desaliento a la libertad de expresión que comporta trasladar a la vía penal (aunque el caso termine en absolución) los desacuerdos con las opiniones hirientes o que molestan, en lo que se ha convertido en una estrategia habitual de partidos y entidades de extrema derecha.

La Fiscalía pedía absolver al humorista al considerar sus palabras enmarcadas en la libertad de expresión. Vox era la única acusación del caso y reclamaba para el cómico dos años de cárcel por un delito de odio, pese a que es un tipo penal pensado para protegera a minorías tradicionalmente discriminadas y no al fascismo.

El caso se remonta al año 2021. Domínguez fue denunciado por Vox por su discurso en el espacio de un minuto que tenía en 'El Matí de Catalunya Ràdio' antes de las 8:00h., en el que daba una opinión sobre la actualidad en clave de sátira y astracanada. Dos días después de las elecciones catalanas, el humorista se mostró “horrorizado” por los pueblos en los que más se había votado a Vox.

“Al final resulta que la Catalunya poligonera es neonazi, quien lo iba a decir. [...] Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”, aseveró Domínguez.

En su sentencia, la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona concluye que las palabras de Domínguez no tienen “relevancia penal” y que con ellas no llamó a la violencia. “De ninguna manera sus expresiones tienen intención de incitar al odio”, concluyen los magistrados, que destacan que la intervención del cómico no generó ningún “riesgo real” de violencia.

Remarca el tribunal el contexto postelectoral en el que el humorista las pronunció y que no puede hacerse una “interpretación literal propia de un acto violento”, sino que las palabras de Domínguez hay que interpretarlas “en un sentido metafórico, con el que viene a decir que al no haber podido ser combatido el fascismo en las urnas, tendría que hacerse suprimiéndoles el uso de la palabra”.

En suma, para el tribunal hay que enmarcar la intervención del humorista “dentro de la notable ampliación de los límites a la libertad de expresión” consagrada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y que Vox obvió en el procedimiento. “Una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático”, apostillan los jueces.

Contundente informe del fiscal anticorrupción Fernando Bermejo en el juicio a los Pujol. El fiscal ha querido fijar desde el inicio de su intervención un marco al tribunal: la “contradicción” entre el “discurso del 'Espanya ens roba'”, ha dicho Bermejo en catalán, y las prácticas de “ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias” de la familia, que “se aprovechó de su red de clientelismo para defraudar, conseguir una fortuna y perjudicar a la sociedad catalana”.

“La contradicción no es meramente política, es jurídicamente relevante”, ha incidido el fiscal. Más allá de si el tribunal compra su tesis jurídica, se ha esforzado el fiscal Bermejo en captar la atención de los jueces con una misma idea: que los hechos del caso Pujol no se pueden juzgar con “las gafas” de hoy, sino que hay que tener en cuenta el contexto de los 90 en Catalunya, con un pujolismo hegemónico que abría todas las puertas. También las de la corrupción.

En el juicio a la familia Pujol, que quedará visto para sentencia el jueves, acusaciones y defensas han empezado a exponer sus informes finales. El primero ha sido el fiscal Bermejo, que se ha reafirmado en reclamar 29 años de cárcel para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola; 14 para Josep Pujol Ferrusola y 8 años para el resto de los hermanos. El expresident, excluido del juicio por demencia, ha sido situado por el fiscal en “la cúspide de la organización criminal”.

“No se persigue a una familia por su ideología política”, ha apostillado el fiscal, consciente de que la identificación de Pujol con Catalunya que marcó sus 23 años en la presidencia pervive a día de hoy en sus afines a la hora de interpretar el juicio. “Este proceso no ataca a Catalunya sino que pretende lo contrario, defender a los ciudadanos catalanes”, ha argumentado Bermejo, para apostillar: “Quien defrauda a la administración pública no perjudica a un ente abstracto sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a las comunidades, incluida Catalunya”.

El fiscal ha defendido que la estructura y mecánica de fondos oculta en Andorra durante décadas por parte de los Pujol (y que la familia no niega, pero explica por inversiones financieras propuestas por la banca andorrana que hicieron crecer el legado oculto del abuelo Florenci Pujol) ya es suficiente para obtener una condena.

El delito de blanqueo de capitales, ha argumentado el fiscal, no exige la “plena identificación” de un delito antecedente (en la mayoría de causas está vinculado al tráfico de drogas o el delito fiscal). Basta con que existan numerosos indicios de ello. Y eso es lo que ocurre, a su juicio, con la familia Pujol y el delito de asociación ilícita.

La “ocultación estructural y prolongada” del dinero en Andorra, la falta de acreditación de que la fortuna procede del legado oculto del abuelo, y los continuos ingresos en efectivo que la familia realizó a partir de 1990 “sin explicación coherente” son elementos suficientes, ha reclamado el fiscal, para fundamentar una condena. “Todos los hermanos dicen lo mismo, tienen las mismas lagunas”, ha agregado.

Por si no fuera suficiente con el movimiento y ocultación del dinero por parte de todos los hermanos, Bermejo ha recalcado que los hechos enjuiciados, en los que se han repasado varios pelotazos empresariales realizados por el primogénito, “se enmarcan en la corrupción política”. “Los negocios no se explican con lógica empresarial, sino para blanquear”, ha agregado.

Como caso paradigmático de corrupción, ha mantenido Bermejo, la Audiencia Nacional debe tener en cuenta la estrecha vinculación entre los poderes públicos y las empresas que “viven de contratos públicos”, lo que explica, a su juicio, los silencios de los empresarios que han declarado sobre la supuestas comisiones pagadas a los Pujol: “Les conviene llevarse bien con el poder adjudicador”.

La Abogacía del Estado y el “favor inconfesable”

Por su lado, los abogados del Estado Álvaro Bazán y José Ignacio Ocio, que reclaman 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola y cuatro y medio para Josep por delitos fiscales, pero no acusan al resto de hermanos, han fundamentado su petición de penas en la teoría del “favor inconfesable” que explica los pagos de las constructoras al primogénito.

Los defensores de Hacienda han recordado que varios testigos no han sabido identificar el papel concreto de Pujol Ferrusola en varias de las operaciones bajo sospecha, y que algunos de ellos incluso ni lo conocían. “Nos ha costado encontrar un testigo que declare más de 15 segundos a qué se dedicaba en concreto el señor Jordi Pujol Ferrusola”, ha incidido Ocio.

La Abogacía del Estado se sitúa en un punto intermedio entre la Fiscalía, que vincula los pagos a la corrupción política vinculada a Convergència, y a las defensas, que los explican por labor de intermediación en base a la “información privilegiada” que manejaba el primogénito.

Ocio ha remarcado que los pagos de los empresarios corresponden a “un favor irregular inconfesable”, lo que explica que en varios de los negocios no haya “rastro” de actividad económica real de Pujol Ferrusola. “Lo de menos era la factura, lo importante era cobrar”, ha apostillado.

Si seguimos el refrán según el cual nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, en plena crisis del coronavirus deberíamos acordarnos más que nunca de la biodiversidad. Diez años atrás la ciencia revisó y comprobó el papel protector de la biodiversidad ante virus parecidos e incluso mucho más peligrosos que el coronavirus. Una única especie, Homo sapiens, está haciendo desaparecer la biodiversidad global: estamos amenazando ya a más de un millón de especies. Esto es tan preocupante como paradójico, ya que a los múltiples beneficios de la biodiversidad se suma uno clave, especialmente en estos momentos: nos protege de enfermedades infecciosas. La existencia de una gran diversidad de especies que actúan como huésped limita la transmisión de enfermedades como el coronavirus o el Ébola, sea por un efecto de dilución o de amortiguamiento. Más del 70% de las infecciones emergentes de los últimos cuarenta años han sido zoonosis, es decir, enfermedades infecciosas animales que se transmiten al ser humano. Con frecuencia, en estas zoonosis hay varias especies implicadas, con lo que cambios en la diversidad de animales y plantas afectan a las posibilidades de que el patógeno entre en contacto con el ser humano y lo infecte. El efecto protector de la biodiversidad por dilución fue planteado por Keesing y colaboradores en 2006 y demostrado unos años más tarde por Johnson y Thieltges. El efecto de amortiguamiento de la biodiversidad en el contagio de patógenos al ser humanos se demostró para el caso del virus del Nilo y la diversidad de aves hace más de quince años.

Con la simplificación a la que sometemos los ecosistemas, eliminando especies y reduciendo procesos ecológicos a su mínima expresión, estamos aumentando los riesgos para la salud humana a gran escala. Virus del Nilo, gripe aviar, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, virus del Ébola, enfermedad por virus de Marburgo, fiebre de Lassa, coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), síndrome respiratorio agudo grave (SRAG), virus de Nipah, enfermedades asociadas al henipavirus, fiebre del Valle del Rift, virus de Zika y muchas enfermedades más son zoonosis que figuran en la lista de enfermedades prioritarias, establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2018. Esta lista de la OMS incluye una inquietante enfermedad X, una epidemia internacional muy importante debida a un patógeno todavía desconocido pero que sin duda aparecerá. Todo esto forma parte y es consecuencia del cambio global, es decir, de la injerencia voluntaria e involuntaria, directa e indirecta, del ser humano en los sistemas naturales del planeta.

Hasta ahora, prácticamente la única conexión que se ha hecho entre el coronavirus y la ecología o el medio ambiente ha sido la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. Se ha visto que en sólo tres semanas China ha reducido las emisiones en 150 millones de toneladas de CO2 lo que supone el 25% de sus emisiones, el 6% de las emisiones globales del planeta, y equivale a lo que emite toda la ciudad de Nueva York en un año. Es una buena (aunque efímera y anecdótica) noticia en relación al cumplimiento del Acuerdo de Paris en materia de cambio climático. Tan efímera y anecdótica que se está viendo que en realidad a medio y largo plazo la crisis del coronavirus va a poner más difícil descarbonizar la economía tras las reacciones de las compañías aéreas. Sin embargo, la conexión más relevante es precisamente la contraria. No es tanto cómo el coronavirus afecta a los ecosistemas y al medio ambiente sino como estos afectan al coronavirus. Se nos olvida la importante labor protectora ante infecciones, epidemias y pandemias que juega una naturaleza bien conservada. Tiene que ocurrir una catástrofe para que algunos traigamos la hemeroteca y escarbemos entre la literatura científica otra vez y encontremos razones más allá de la ética para conservar la biodiversidad.

Muchos ven en la ganadería, agricultura y avicultura intensivas, así como el creciente mercado y consumo de animales exóticos, la causa del actual brote epidémico y de otros previos como el SARS-CoV en 2002, la gripe aviar (H5N1) en 2003, la gripe porcina (H1N1) en 2009, el MERS-CoV en 2012, el ébola en 2013 o el Zyka (ZIKV) en 2015). La extensión de monocultivos genéticos de animales domésticos, por ejemplo, elimina cualquier cortafuego inmune que pueda estar disponible para ralentizar la transmisión. Los tamaños y densidades de población elevados aumentan las tasas de transmisión. Además, las condiciones de hacinamiento deprimen la respuesta inmune. El alto rendimiento, parte de cualquier producción industrial, proporciona un suministro de susceptibles que es renovado continuamente y que es el combustible para la evolución de la virulencia. En otras palabras, el agronegocio está tan centrado en las ganancias que la selección de un virus que podría matar a millones de personas se considera un riesgo aceptable. Para reducir la aparición de nuevos brotes de virus, la producción de alimentos tiene que cambiar radicalmente. La autonomía de los agricultores y un sector público fuerte pueden frenar los problemas ambientales y las infecciones descontroladas. Es muy conveniente introducir diversidad en las variedades de ganado y cultivos en una reestructuración estratégica, tanto a nivel de granja como regional.

Comer animales salvajes es para muchas regiones del planeta la única opción alimenticia. Pero ello conlleva riesgos muy graves para la salud de la humanidad como estamos viviendo con la crisis del coronavirus y como vivimos, por ejemplo, con el Ébola y los murciélagos o el SARS y las civetas. Además, la biodiversidad nos protege de infecciones, lo supimos hace años con el virus del Hanta por ejemplo. Hay que encontrar un nuevo equilibrio global entre comer y proteger animales salvajes porque en ambas cuestiones nos va la vida.

Por desgracia, las primeras especies en desaparecer de los ecosistemas son las que más reducen la transmisión de patógenos. Se vio con el virus del Nilo y la pérdida de biodiversidad de aves, con el síndrome pulmonar por hantavirus y la desaparición de pequeños mamíferos, y con la enfermedad de Lyme. En este último caso, la desaparición de zarigüeyas (marsupiales americanos vulnerables) y la supervivencia de especies como el ratón de pies blancos favoreció la transmisión del patógeno a humanos.

No sólo la biodiversidad nos protege de los virus. Los ecosistemas estables y funcionales lo hacen en general y de múltiples formas. Pero la función protectora de los ecosistemas se está debilitando con el cambio climático. Es particularmente preocupante en este sentido la pérdida de hielo y de suelos congelados. Con el calentamiento global los hielos, simplemente, se funden y al hacerlo liberan todo tipo de gases, muchos de ellos con un potente efecto invernadero. Además de gases, liberan virus. La fusión de un glaciar chino ha liberado 33 especies de virus, 28 de ellas completamente desconocidas para la ciencia y con potencial de infección a humanos. La fusión de los suelos permanentemente congelados (permafrost) de las zonas boreales está liberando virus y bacterias muy peligrosos para el ser humano tal como se vio por ejemplo hace unos años con los brotes de Ántrax en Rusia. Se teme que no sean casos aislados: se han descubierto fragmentos de ARN del virus de la gripe española de 1918 en cadáveres enterrados en fosas comunes en la tundra de Alaska y se piensa que cepas virulentas de viruela y peste bubónica están también enterradas en Siberia. El calentamiento global y otras formas de alteración de los ecosistemas como la minería, están exponiendo y reactivando bacterias resistentes a antibióticos y virus antiguos potencialmente peligrosos para nuestra salud.

Mientras la OMS pide a la comunidad internacional que se prepare en previsión de los escenarios catastróficos que se avecinan con el coronavirus y con los nuevos virus que están por llegar, muchos científicos nos estamos acordando de Santa Bárbara y del papel protector de la biodiversidad. La mejor estrategia no es la contención y el tratamiento sanitario como se está haciendo ahora con el coronavirus. Al igual que con un incendio, cuando se está en esta fase, ya tenemos una evidencia palmaria de nuestro fracaso colosal. Es un fracaso que se queme el monte, aunque logremos apagar el fuego, y es un fracaso reducir y controlar una pandemia cuando en el camino cientos de miles de personas han muerto y millones de personas han sufrido trastornos físicos, psíquicos y económicos. La mejor estrategia, la más eficiente, la más sostenible, la más viable, es rodearnos de ecosistemas saludables, funcionales y ricos en especies. Tan obvio que se nos olvida.

La declaración del estado de alarma como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 ha alterado nuestras vidas de una forma que no podíamos ni siquiera imaginar hace menos de dos semanas: nuestras hijas e hijos en casa, el teletrabajo, los bares y parques cerrados, estanterías vacías en muchos supermercados y  neveras repletas. Muchos hospitales están al límite y la población, aunque muy responsable, tiene miedo. Por eso es tan importante que sepamos que incluso en tiempos de incertidumbre, existen normas que se nos aplican a todos. A la ciudadanía y a los poderes públicos. Porque el respeto a las normas en democracia es fundamental y no es algo que se pueda tomar a la ligera y mucho menos en tiempos de pandemia. 

Sin embargo, la semana pasada supimos algo sobre el Parlamento de Andalucía que rompe todas esas lógicas. La Mesa de la Cámara, en una sesión telemática celebrada el día 16 de marzo, decidió que, dadas las circunstancias de confinamiento había que convocar a la  Diputación Permanente. Confieso que cuando lo leí me quedé confusa pero dada la situación, con todo el ruido de fondo provocado por la pandemia y sus cifras, las dificultades de organizar el teletrabajo,  las niñas en casa,  no me detuve a pensarlo. Cuando he tenido un minuto para hacerlo, he podido comprobar cómo la Mesa del Parlamento de Andalucía, que no es cualquier órgano, sino la sede de la soberanía andaluza, el lugar donde se sientan nuestros representantes, había decidido saltarse a la torera los procedimientos parlamentarios con un fin que yo todavía no alcanzaba a vislumbrar. Vamos por partes.

La Diputación Permanente es un órgano que existe en todos los Parlamentos para velar por los poderes de la Cámara cuando no está reunida, bien porque está disuelta o porque está en período de vacaciones parlamentarias. Así lo establece el artículo 58 del Reglamento de la Cámara andaluza. Nada justifica por tanto que se convoque ahora, saltándose flagrantemente las normas parlamentarias que tratan de asegurar que nuestros representantes cumplen con su cometido sin vulnerar nuestros derechos y libertades, con escrupuloso respeto a los procedimientos que ellos mismos han aprobado. El Parlamento andaluz no está disuelto. Tampoco está en período vacacional. Ha tenido que ajustar su funcionamiento a este tiempo en el que se exige el confinamiento de la ciudadanía y que pare toda aquella actividad que no sea esencial. Como todos. Pero eso no justifica que se convoque a un órgano que carece de competencia al margen de los tiempos previstos en el Estatuto de Autonomía.

Y es que la convocatoria de la Diputación Permanente, al margen de los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento Parlamentario, provoca un vicio que a mi parecer es difícilmente subsanable. Se está poniendo en riesgo la validez de todos los acuerdos que se adopten por la Diputación Permanente sencillamente porque no es un órgano que pueda constituirse cuando el Parlamento está reunido y no son vacaciones parlamentarias. En democracia, los acuerdos para ser válidos requieren que se adopten por el órgano competente siguiendo el procedimiento previsto. Los dos elementos son necesarios. Y aquí falta el primero.

Como imagino que la presidencia de la Cámara andaluza y la Mesa por extensión tienen que conocer este dato, no cabe sino preguntarse qué motivo adicional hay para actuar así. No me ha hecho falta buscar mucho. El motivo podría estar en la convalidación del Decreto-Ley 2/2020 de 9 de marzo, de mejora y simplificación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, que modifica una cantidad ingente de normas, abocándonos al modelo económico de la Comunidad de Madrid, ese mismo que está demostrando los resultados nefastos que la degradación de lo público tiene en los momentos difíciles. Esa norma, que va a modificar todo el sistema económico andaluz, elimina controles administrativos previos fundamentales en el caso de licencias urbanísticas, con un absoluto desprecio a las normas de protección del Medio Ambiente, de salud pública, de planeamiento urbanístico, modificando casi 30 leyes de una tacada.

El Decreto-ley, pensado en el Estatuto para la aprobación de normas en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, no es en modo alguno el cauce apropiado para aprobar una norma que modifica leyes tan importantes como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, la Ley de Salud Púbica o la Ley de Servicios Sociales. Por si ello fuera poco, todo parece indicar que el Decreto-Ley podría convalidarse  por un órgano que carece de competencia para ello. El Decreto tiene que ser convalidado antes del 10 de abril, teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía para Andalucía establece como plazo 30 días desde su promulgación. Para lograrlo, se habrán retorcido las normas para adaptarlas a las necesidades del gobierno de PP y Ciudadanos, de su socio Vox y de los que los apoyan –especuladores inmobiliarios, empresas poco respetuosas con el medio ambiente…. 

Se podrían haber buscado opciones acordes con el Reglamento a pesar de esta  situación. El mismo Congreso de los Diputados se reúne esta semana para acordar la prórroga del Estado de alarma. Es verdad que el Parlamento andaluz no tiene implementado un sistema de voto telemático, pero permite la delegación del voto por causas tasadas. Quizá una Resolución que permitiera la delegación del voto en un caso como éste podría permitir una celebración del Pleno con la asistencia de sólo la mayoría  necesaria para respetar el quórum que permita la adopción de acuerdos. Podría modificarse la distribución de escaños para que los diputados guardaran la distancia de seguridad; distribuir guantes y mascarillas; el debate incluso podría acortarse, o por el contrario, alargarse para que no coincidan muchos diputados a la vez en la Cámara, salvo en el momento de la votación. Cualquier cosa para no someter a la ciudadanía andaluza a la convalidación de una norma que puede resultar anulada porque no cumple con uno de los principios básicos en los Estados de Derecho: que los acuerdos se adoptan por el órgano competente, siguiendo el procedimiento previsto para ello.  

Si finalmente el Decreto-ley resulta convalidado por la Diputación Permanente, adolecerá de un vicio, otro más, de inconstitucionalidad que a poco que sea recurrido por 50 diputados o 50 senadores, quedará anulado porque este vicio de procedimiento no puede ser subsanado. Como no lo puede ser la aprobación de una norma de tal calibre por la vía del Decreto-Ley. No puedo ni imaginar los efectos que la derogación de una norma de esta magnitud podría tener sobre la ya de por sí maltrecha economía andaluza. Espero, además, que el que plantee el recurso de inconstitucionalidad sea el Presidente del Gobierno y que invoque el artículo 161.2 CE, para que su vigencia quede suspendida. Todo eso espero. Y que salgamos de esta, claro.

Martes 25 de febrero. En Italia son ya 229 los casos confirmados de coronavirus y se considera que existe transmisión comunitaria en las regiones de Lombardía, Véneto, Emilia-Romagna y Piamonte. Los ecos de la epidemia empiezan a llegar a España. Por fortuna, ahí está Lorenzo Milá para tranquilizarnos precisamente desde Milán, la capital lombarda: “estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas que se han infectado”, “Afecta sobre todo a personas con defensas bajas o con situaciones de salud precarias”. Son las nueve y cinco de la mañana y con las buenas noticias entran divinamente el café y la tostada.

Solo unas horas más tarde la Generalitat confirma el primer caso en la Península, el de una italiana residente en Barcelona que había regresado de Bérgamo. El lunes ya se había aislado el Hotel Costa Adeje en Canarias. Comienza el goteo de casos. Los protocolos se limitan en la mayoría de los casos de personas que creen estar infectadas a recomendarles que se queden en casa y avisar si los síntomas empeoran.

Nadie vio venir lo que se nos venía encima y el que diga lo contrario miente como un bellaco oportunista. No lo vio venir ni siquiera Lorenzo Milá, que estaba sentado encima. Y no hablamos de un comunicador cualquiera. Una Antena de Oro, dos premios de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España, siete veces nominado al TP de Oro como mejor presentador de informativos de España, Premio Nacional de Periodismo en 2017, corresponsal en Washington y en Roma…y una trayectoria de casi 40 años, que es como si fueran ninguno frente a algo radicalmente distinto y desconocido para todas las generaciones que hoy andamos por la Tierra.

Ahora empezarán los debates para ver quien tiene la culpa. El 8M. El mitin de Vox en Vistalegre. O el pobre de Lorenzo Milá. De poco sirve. No dejemos que los árboles nos impidan ver el bosque. Este virus se extenderá por todos los países del mundo, al margen de decisiones puntuales y la causa última es una contradicción mucho más profunda. Vivimos en un planeta totalmente globalizado, con un comercio mundial que alcanzó los 19’67 billones de dólares en 2018 y en el que más de 1.400 millones de personas viajaron por todo el mundo el año pasado. China es nuestro cuarto importador principal. El tercero es Italia.

Sin embargo, seguimos viendo a China como un país absolutamente extraño y lejano, sin tener en cuenta que los más de 9.000 km que nos separan de Pekín suponen apenas 10 horas de vuelo. Por no hablar de la distancia mental: cuando el virus empezó a hacer estragos en Wuhan se le llamó inmediatamente el coronavirus chino. Como si nuestra genética fuera distinta a la de los chinos y nos hiciera inmunes. Como si se tratara de una de esas epidemias que azotan de forma crónica a los llamados países del tercer mundo, cuando la realidad es que la mayoría de nuestras ciudades son humildes aldeas, si las comparamos con las del gigante asiático.

La cobertura mediática, que sigue aún la inercia de los tiempos de la Guerra Fría y nos predispone contra todo lo que viene de los 'países comunistas', ridiculizó las medidas tomadas por Pekín y especuló con oscuras razones políticas. También las rechazaron eminencias científicas como Howard Markel, profesor de Historia de la Medicina en la Universidad de Michigan, que consideró en el New York Times que la estricta cuarentena era una medida tardía y solo podía empeorar las cosas. Al fin y al cabo, el SARS de 2003, la versión ‘pentium’ de este Covid19, tampoco fue para tanto: 765 muertos, la inmensa mayoría en China y Hong Kong.

Hoy en cambio sabemos que si el virus sigue extendiéndose matará a cientos de miles de personas, si no millones, un precio que nuestras sociedades actuales no están dispuestas a pagar, con independencia de cuál sea el impacto económico. Tampoco la sociedad china. Ni la británica, por mucho que se empeñe Boris Johnson. El pueblo británico no lo permitirá. Cuando hablamos de un virus que solo afecta a los mayores y a las personas con bajas defensas debemos tener en cuenta que solo en España son más de 9 millones las personas mayores de 65 años y más de 200.000 los pacientes oncológicos cada año. El efecto de un coronavirus desbocado en esta vieja Europa puede ser el de un nuevo caballo de Atila.

La culpa no es de Lorenzo Milá. La culpa es de todos y de nadie y quizá eso es lo que más nos desconcierta. Que esta vez no hay un cabeza de turco al que cargarle el muerto. Las decenas de miles de muertos. Detrás de la propagación de esta pandemia hay algo mucho más preocupante: un combinado de globalización y de eurocentrismo, una contradicción fundamental de nuestro mundo contemporáneo que ha actuado como una mezcla letal en esta crisis.

Asumamos nuestras limitaciones y miremos adelante. No pudimos prevenirlo. Pero estamos a tiempo de pararlo, de erradicarlo. Lo que está en juego es un principio básico para nuestras sociedades: entre la vida o la bolsa, primero va siempre la vida. Será extraordinariamente difícil porque exige una coordinación internacional sin precedentes. Pero si todo el mundo se para al mismo tiempo “tutto andrá bene…”. Saldremos de ésta y volveremos a disfrutar de un café con tostadas mientras seguimos las crónicas del mejor presentador de informativos de España.