La derecha del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a evidenciar su capacidad de bloqueo en los nombramientos clave de la cúpula judicial. Los equipos negociadores de los bloques conservador y progresista se reunieron este lunes por primera vez para tratar la renovación de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado, pero el encuentro terminó sin avances después de que los vocales elegidos a iniciativa del PP decidieran “levantarse de la mesa”, según fuentes del grupo progresista.

Esa Sala tiene sin cubrir desde hace dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio. Los vocales progresistas consideran imprescindible que esta plaza sea adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora. 

Sin embargo, el primer contacto formal entre ambos grupos ha puesto de manifiesto que la estrategia del grupo conservador pasa por esperar a que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque. Para ello, sin embargo, habría que esperar varios meses. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán de manera forzosa el próximo junio y Juan Ramón Berdugo en septiembre. No obstante, ambas partes se han emplazado a seguir negociando, según fuentes de los bloques del órgano, que cuenta con diez vocales cada uno. 

“Nosotros queremos que se cumplan los plazos y se cubra ya la vacante pendiente en la Sala Segunda. Pero el otro grupo quiere acumular las vacantes. Ha habido un primer contacto y se han levantado de la mesa”, explica una fuente del grupo de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar. “Los conservadores se niegan a hacer ya la renovación porque consideran que pueden sacar un mayor beneficio con una negociación en bloque”, lamenta otra fuente de este mismo grupo. 

En las conversaciones informales previas, antes incluso de que se hubiera iniciado la negociación, los vocales conservadores ya habían dejado claro su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, una de las candidatas más valoradas por el sector progresista, si bien en este grupo barajan otros perfiles.

Bacigalupo es una catedrática con un amplio currículum y que en 2015 formó parte del “grupo de expertos” que colaboró con el PSOE en la redacción del programa de las primeras generales a las que se presentó Pedro Sánchez. Además, es cuñada de la exvicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera. 

Los vocales conservadores repiten así la estrategia urdida hace un año, cuando descartaron la elección de las progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso para la presidencia de esa misma Sala y también para la de lo Contencioso-Administrativo, las más delicadas del Supremo. Ambas acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros. Los progresistas transigieron y finalmente apoyaron de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador. 

Los nombramientos realizados durante el primer año de mandato evidencian que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, logró el 38% de las designaciones realizadas en la cúpula judicial. Es casi el doble de lo que consiguieron las otras tres asociaciones juntas. Además, la APM copó casi la mitad de los ascensos al Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación. 

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha mostrado este viernes su “absoluto respaldo y apoyo” a los integrantes de la carrera judicial que “se ven afectados por actuaciones y presiones”. Durante su intervención en el acto de clausura de las XXXIV Jornadas de presidentes de Tribunales de Instancia —los antiguos jueces decanos—, Perelló ha dicho que ese tipo de manifestaciones “no respetan” el marco de lealtad institucional, que es “un deber implícito en la Constitución”. 

Las palabras de la también presidenta del Tribunal Supremo se producen semanas después de que diferentes miembros del Gobierno salieran en tromba contra el juez Juan Carlos Peinado tras su decisión de proponer sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria y en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado de forma reiterada el archivo de esa causa.

En la mañana de este mismo viernes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) su derecho a criticar a Peinado y ha negado que sus manifestaciones supongan ninguna forma de “presión” contra el magistrado.

Así, el ministro ha reiterado que su opinión que tiene sobre la instrucción del juez Peinado “es muy negativa”, pues considera que “no es normal que haya 15 revocaciones” de la Audiencia Provincial en una fase de instrucción y que el Tribunal Supremo también haya “tumbado instrucciones”. El alto tribunal frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. 

“Injerencia externa”

Horas después, en su discurso ante los antiguos jueces decanos, la presidenta del CGPJ ha llamado a defender la “independencia” de los jueces “frente a cualquier forma de injerencia externa, venga de donde venga”. “Los jueces necesitan ejercer su función con plena autonomía de criterio, guiados únicamente por el Derecho”, ha aseverado. 

“Ni la mejor organización, ni las mejores leyes, ni los medios mejor dotados servirían para dar respuesta a la sociedad si no contáramos con el factor humano que representan todos los integrantes de la Carrera Judicial”, ha afirmado Perelló. 

Además, la presidenta ha hecho alusión a las palabras que pronunció la semana pasada el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, durante su visita al alto tribunal español. Guyomar afirmó que “cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio”, según ha recordado Perelló, que también se ha referido a las advertencias de la Comisión Europea de que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia del Poder Judicial o la confianza pública en este.

Críticas a la reforma de Bolaños

En las jornadas que ha clausurado Perelló, los presidentes de Tribunales de Instancia han suscrito un escrito de conclusiones crítico con la reforma que sustituye los antiguos 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. Así, cuestionan los mensajes “optimistas” sobre ese cambio legal y denuncia que se ha llevado a cabo con “desorganización”, “sin medios”, “sin tiempo suficiente” y “sin escuchar” a los operadores jurídicos. 

En este sentido, sostienen que los tribunales siguen careciendo de los recursos materiales y personales necesarios, lo que obliga a los profesionales a trabajar con un “notable sobreesfuerzo personal” debido a las “tímidas inversiones” por parte de la Administración. Y exigen al Ministro de Justicia que su promesa de crear nuevas plazas judiciales vaya acompañada de “la debida dotación de recursos personales y materiales”. “No es asumible que la creación de una Plaza Judicial no se acompañe del incremento proporcional de personal al servicio del Tribunal de Instancia”, recoge el escrito. 

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

El Ministerio de Justicia ha defendido, de acuerdo a sus datos oficiales, que en el primer año de la entrada en vigor de la reforma se han empezado a notar los efectos con un descenso de la litigiosidad y, por primera vez desde 2016, una reducción de los asuntos pendientes. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer que vaya a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En un recurso contra esa decisión del magistrado, el fiscal José Manuel San Baldomero reclama el sobreseimiento para la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos investigados dado que considera que “no hay delito”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal carga contra el juez Peinado y critica que haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”.

También cuestiona la forma de instruir del magistrado: “Echando la vista atrás, en los dos años de instrucción, a la vista de las resoluciones judiciales dictadas, no hemos comprendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias”. No obstante, también apunta que, aunque no sean delito, hay “determinadas cuestiones que pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático y una Administración transparente” y que “resulta necesario huir de situaciones de riesgo o dudas sobre la rectitud de los funcionarios públicos y la desviación de poder”.

El fiscal trata de rebatir las atribuciones que hace el juez para intentar llevar a juicio a Begoña Gómez. Respecto al delito de tráfico de influencias, recuerda que para que exista este delito debe haber una “presión moral” eficiente sobre un funcionario y un beneficio económico que no se da en este caso, dado que la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense y que centra la imputación por este delito no era remunerada.

“Aparte de ser un caso de corrupción poco rentable, induce a evidente confusión: no hay beneficio por retribuciones derivadas de la Cátedra TSC creada el 30 de octubre de 2020. La retribución es cero”, subraya.

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. “Entendemos que estamos ante una mera conjetura, una hipótesis carente de base, surgida de la nada en esta fase para tratar de justificar algo que no se sostiene racionalmente”, sostiene.

Además, el fiscal considera jurídicamente insostenible aplicar este delito a la financiación de una cátedra en una universidad pública, ya que este artículo del Código Penal está diseñado para proteger la competencia en el sector estrictamente privado. “Creemos que el tipo penal resulta tan forzado como los intentos de deformar los hechos para que encajen en él”, puede leerse en su escrito.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el representante del Ministerio Público afirma que el producto en sí, el software, “no fue registrado a su nombre, ni parece que existiera intención de hacerlo”. Y añade que el uso que hubiera podido hacerse de ese software en páginas y dominios registrados a nombre Begoña Gómez cuando todavía estaba en período de pruebas no constituye un delito de apropiación indebida.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, el fiscal rechaza que el uso de la asistente para realizar gestiones de la cátedra sea malversación. Afirma que no existe un “perjuicio” para las arcas públicas, que no hay una regulación concreta y normativa respecto de la asistente del cónyuge de presidente del Gobierno y que la asesora cumplió estrictamente con las funciones de su cargo.

En otro escrito, el fiscal reclama de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones y afirma que en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid entienda procedente la apertura de juicio oral, se dé traslado al Fiscal nuevamente a fin de formular escrito de conclusiones provisionales, donde reclamará la absolución de Begoña Gómez, la asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Petición de 24 años de prisión

La defensa de Begoña Gómez reclamó el pasado lunes a la instancia superior que anule el auto de Peinado. En su escrito, la defensa de la mujer del presidente del Gobierno calificaba de “absolutamente inaceptable” la comparación que hizo el magistrado de Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII.

En el escrito, su abogado, Antonio Camacho, afirmaba que “los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”. Y cuestionaba la “rapidez inusitada” con la que el juez dio carpetazo a la investigación.

Por su parte, la acusación popular dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír ha solicitado una pena de 24 años de cárcel para Begoña Gómez, 22 años de prisión para la asistente y seis años para el empresario.

En el escrito sostiene que desde el momento en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa “aumentó la proyección institucional” de Begoña Gómez así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados. Apunta que, de esa forma, pudo acceder a directivos de grandes empresas gracias a esos “vínculos personales” y que también “accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios”.

La dificultad de la negociación para encontrar una respuesta a la integración de Catalunya en el Estado radica en que ni el nacionalismo catalán ni el nacionalismo español tienen un proyecto compartido de Catalunya y de España que les sirva de base para la negociación. 

El nacionalismo catalán está absolutamente convencido de que “nadie es capaz de hacer que los catalanes se olviden de que son catalanes”, como dijo Felip Aner en el debate de la Constitución de Cádiz. En la defensa de la identidad de Catalunya frente a cualquier pretensión de “españolización”, como la que defendió el ministro José Ignacio Wert que había que hacer con los niños catalanes en las escuelas, hay un acuerdo unánime. 

La resiliencia del nacionalismo catalán frente al nacionalismo español es indiscutible. Frente al nacionalismo español que representa la derecha, se trata más de resistencia que de resiliencia. Cuando se reduce la Constitución para Catalunya al artículo 155 de la misma, es obvio que hay que responder con un cierre de filas. Es la propia supervivencia de la identidad nacional lo que está en juego.

Frente al nacionalismo español del que es portador la izquierda, la posición del nacionalismo catalán no es tan unívoca. En la desconfianza coinciden. Pero también coinciden en que no hay alternativa a la negociación. Y que la negociación, tras lo ocurrido desde la reforma del Estatuto de Autonomía en 2006, sólo puede hacerse con la izquierda española. Con la fragmentación de la derecha española y la competición entre los partidos que la representan a ver quién es más duro con el nacionalismo catalán, es obvio que no hay nada que negociar. Ni por parte del nacionalismo catalán ni por parte de la izquierda española. 

Este es el gran problema constitucional de la DEMOCRACIA en España, como lo dejó dicho con claridad Manuel Azaña en el debate parlamentario de 1932 sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya. El problema está presente en la historia política y constitucional española antes de los procesos constituyentes democráticos del siglo XX, el de la Segunda República en 1931 y el de la Monarquía Parlamentaria en 1978, pero únicamente en estos procesos democráticos adquiere dimensión constitucional. 

La Democracia española no puede operar de manera estable sin dar una respuesta a este problema. No se si será fácil o difícil, contestaba Azaña a Ortega sin mencionarlo expresamente, pero la democracia española tiene que resolverlo. Es una cuestión de supervivencia. Sin el ejercicio del derecho a la autonomía por Catalunya no es posible la democracia. La historia de los años inmediatamente posteriores a su discurso parlamentario del 32 vendría a darle la razón. Ni Autonomía ni Democracia.

En la experiencia constitucional de 1978 la democracia española ha operado de manera razonablemente satisfactoria mientras Catalunya ha ejercido el derecho a la autonomía con base en un Estatuto pactado con el Estado y refrendado por sus ciudadanos. Ha dejado de hacerlo desde el momento en que Catalunya no ha podido ejercer el derecho a la autonomía en esas condiciones. 

Esto no es una valoración, sino una constatación. Con un Estatuto “impuesto” no se puede ejercer el derecho a la autonomía. El resultado es el desorden institucional en que ha caído Catalunya. El desorden catalán ha conducido al desorden institucional en el Estado desde 2015 de una manera inequívoca, aunque de manera ambigua desde varios años antes. Sin la integración de Catalunya en el Estado de una forma que sea aceptada por los catalanes de manera muy mayoritaria, la democracia en España no puede operar. 

¿Cómo se puede salir del desorden institucional tanto en Catalunya como en España? Esto es lo que se tiene que abordar, mejor dicho, que empezar a abordar en la mesa de negociación. Siendo conscientes los partidos nacionalistas catalanes que están presente en esa mesa de que representan lo que representan, que no es toda Catalunya, y de que necesitan, en primer lugar, ponerse de acuerdo entre ellos  y, en segundo lugar, la complicidad de una parte significativa del “catalanismo” no nacionalista, sin cuyo concurso carecerían de la legitimidad democrática necesaria para pactar con el Estado.

Los partidos nacionalistas que están presentes en la mesa representan algo menos del 50% de los ciudadanos que participan en las elecciones, que viene a ser un 35% del cuerpo electoral. Necesita la complicidad del 25-30% de los electores no independentistas para que se pueda llegar a un pacto aceptable con el Estado.

Sin la agregación de la parte no independentista, pero inequívocamente autonomista de los ciudadanos de Catalunya, no hay ningún gobierno de España que pueda alcanzar un pacto. Una cosa es que el Gobierno acepte sentarse a negociar en una mesa en la que solo están presentes los partidos independentistas y otra muy distinta es que deje sin voz a los ciudadanos catalanes partidarios de la autonomía, pero no de la independencia. El Gobierno que no actuara de esta manera quedaría deslegitimado en el resto del Estado.

La negociación tiene límites no escritos, pero que, por eso mismo, se imponen de manera inexcusable. Cada parte de la mesa tiene que saber cuál o cuáles son los suyos así como los de la otra parte y abstenerse de planteamientos incompatibles con dichos límites. Porque como decía alguien que sabe mucho y tiene una enorme experiencia práctica en este terreno, Michael Ignatieff, “la política no solo consiste en solucionar problemas, sino también en no tocar los que no tienen solución” (La Vanguardia, 22 de octubre de 2019).

Los límites son el elemento constitutivo de la libertad. En el reino de la naturaleza no existe la libertad. Existen el azar y la necesidad, pero no la libertad. La libertad solo existe en las sociedades humanas porque nos ponemos límites a nosotros mismos para hacer posible la convivencia. No hay terreno en el reconocimiento y respeto de los límites sean más necesarios que en este de la integración de diversas naciones (dejemos de lado el eufemismo “nacionalidades”) en un Estado común.   

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a la Junta de Extremadura en el contencioso que ésta mantenía contra las restricciones a las limitaciones de nuevas plantaciones, replantaciones y conversiones que fueron establecidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2017.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado en concreto los apartados segundo, cuarto, quinto y sexto de la Resolución de 27 de diciembre de 2017 del Ministerio de Agricultura, por el que se autorizaba solo 57,4 hectáreas de nuevas plantaciones de viñedo para cava.

El fallo insta al Ministerio a la aprobación de una nueva resolución en la que tenga en cuenta los intereses de todas las regiones de producción de cava en España, en especial de regiones como Extremadura que son consideradas desfavorecidas, aclara la Unión de Extremadura.

Así el Ejecutivo regional ha ganado el contencioso que mantenía por las restricciones que, en materia de nuevas plantaciones, replantaciones y conversión de derechos de replantación, fueron establecidas por la Resolución de 27 de diciembre de 2017 de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios para el año 2018, cuando se encontraba al frente del Ministerio Isabel García Tejerina.

El fallo

La sentencia señala que el Ministerio entonces dirigido por el Partido Popular estableció limitaciones a las nuevas plantaciones “sin respetar el requisito de necesario acuerdo entre las partes y sin motivar su decisión de acuerdo a derecho”, explica la Junta de Extremadura.

“No se aprecian razones de devaluación sino más bien todo lo contrario, e ignorando el principio de unidad de mercado, las peculiaridades geográficas de la DOP Cava, las normas de derecho de la competencia y la propia consideración de Extremadura como beneficiaria de las acciones prioritarias de la Unión Europea, Objetivo I de los Fondos Estructurales, evitando los principios comunitarios de solidaridad entre las regiones y de ayuda a las menos desarrolladas”, señala la Junta en una nota de prensa.

Por otra parte el Tribunal estima que la resolución afectó al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que establece como objetivo primordial de la PAC garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial mediante el aumento de la renta individual de quienes trabajan en la agricultura.

De este modo la Resolución que fue impugnada de forma inmediata por la Junta de Extremadura “atentó contra la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, afectando a la unidad de mercado interior, a la libre competencia y despreciando los principios en que aquél se basa por no existir un acuerdo previo entre las partes”.

El Gobierno regional subraya que siempre manifestó, antes y después de que se produjeran, su oposición frontal a las restricciones que finalmente fueron impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Desde su página web y sus redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram y Youtube) el IVAM ofrece jugar con los amantes del arte desde casa. Para ello ha lanzado un concurso en Instagram relacionado con la exposición ‘Contracultura’ en el que sus seguidores pueden ganar un carnet de socio del museo, un catálogo editado por el museo y una comida para dos personas en su restaurante, una vez vuelva a abrir sus puertas.

Además, las exposiciones dispuestas en sus distintas salas que no pueden visitarse, dadas las circunstancias, pueden disfrutarse gracias a las galerías de fotos que se irán subiendo a la red, así como los vídeos donde los propios comisarios explican el contenido de las mismas.

Así, en estos momentos po demos conocer de forma virtual las 6 exposiciones que alberga el museo a puerta cerrada: las dedicadas a Orientalismos, Miquel Navarro, Julio González, Tiempos convulsos, la Contracultura valenciana y Ignacio Pinazo. El paseo por sus galerías nos muestra obras de la colección propia del museo o piezas traídas a Valencia de forma temporal desde los principales museos del mundo, comentadas por el propio director del IVAM, José Miguel G. Cortés, el subdirector de Colección Sergio Rubira, el artista Miquel Navarro o los comisarios Rogelio López Cuenca, Alberto Mira, Javier Pérez Rojas, Josep Salvador, Irene Bonilla o Maria Jesús Folch.

La visita a las redes sociales y el canal de videos del museo descubre obras y autores, valencianos e internacionales, de primer orden del panorama artístico moderno y contemporáneo, pero también nos acerca sus actividades para todos los públicos. Su archivo de conferencias y seminarios ‘online’ cuenta con decenas de intervenciones de pensadores y creadores tan variados como Annette Meessager, Élisabeth Lebovici, Griselda Pollock, Marta Gili, Zineb Sedira, Frances Morris o Santiago Auserón entre otros.

Además el #IVAMdesdecasa también dedica espacio y tiempo para los más pequeños, con talleres de educación que ha desarrollado el museo y que ahora se encuentran a disposición de padres y educadores en sus distintos canales ‘online’.