La Federación Comarcal Sur Villaverde Alto de Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la organización Regularización Ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el concejal delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández. Les atribuyen delitos por presunta prevaricación e irregularidades en la gestión del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno central.

La denuncia, recogida por Europa Press, está firmada por el secretario general del sindicato, Pablo Redondo Jiménez. En ella solicita que acuerde la apertura de la correspondiente investigación y ejercite las acciones penales de los delitos que se denuncian ante la autoridad judicial que resulte competente. El sindicato sostiene que el Ayuntamiento habría obstaculizado “el acceso de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular a los certificados de vulnerabilidad exigidos para tramitar su regularización extraordinaria antes del próximo 30 de junio”.

El escrito atribuye a los responsables municipales posibles delitos de denegación discriminatoria de prestación pública, recogido en el artículo 511 del Código Penal, y de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404. Además de Almeida y Fernández, la denuncia incluye como presuntos responsables a la coordinadora general de Políticas Sociales, Raquel Muros Delgado; a la directora general de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad, María Consolación Alfaro Moreno; y a la jefa del Departamento de Coordinación y Programación de la Atención Social Primaria, María Pilar Benito Pecharromán.

Según la denuncia, los protocolos implantados por el Ayuntamiento desde finales de abril habrían introducido “trabas burocráticas adicionales” para acceder a los servicios sociales municipales y obtener el certificado de vulnerabilidad necesario para completar el proceso de regularización. CNT sostiene que dichas medidas afectaron especialmente a personas migrantes con dificultades idiomáticas, problemas de acceso digital o sin recursos económicos, provocando retrasos que podrían dejar fuera del proceso a numerosos solicitantes.

El Gobierno aprobó el pasado 15 de abril de 2026 el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes mediante el Real Decreto 316/2026. Entre los requisitos establecidos figura la acreditación de situación de vulnerabilidad a través de servicios sociales públicos o entidades colaboradoras autorizadas. La denuncia señala que, tras la entrada en vigor de la norma, los centros de servicios sociales municipales de Madrid no recibieron instrucciones claras durante varios días pese al fuerte aumento de solicitudes.

Posteriormente, el 21 de abril, los trabajadores sociales recibieron órdenes para cancelar citas previamente organizadas y derivar las solicitudes al sistema de Registro General del Ayuntamiento. Según el sindicato denunciante, este nuevo procedimiento añadió barreras administrativas y retrasó el acceso a los informes necesarios para la regularización.

Almeida minimiza las acusaciones: “Maniobra de propaganda”

Almeida, por su parte, ha trasladado en un acto con prensa desde Carabanchel que, aunque no conoce la denuncia, sí está seguro de que tanto él como el delegado Fernández no han cometido irregularidad penal alguna y que esto le parece “más bien una maniobra de propaganda por parte de la CNT”. Lo sustenta en que no le consta siquiera que CNT se haya dirigido de cualquier manera al Ayuntamiento de Madrid instando a que acometiera cualquier tipo de actuación en relación con el proceso de regularización.

“Este es un Estado de Derecho, que acudan a la Fiscalía, pero conviene acudir a la Fiscalía no para obtener un titular, sino cuando verdaderamente se pueda haber producido un ilícito penal. E insisto, estoy seguro de que ni el delegado ni yo hemos cometido ese ilícito penal. Así que tranquilidad total y absoluta”, expone el primer edil.

Polémicas palabras del alcalde recogidas en la denuncia

El documento de CNT se sustenta además en unas palabras del regidor después de la Junta de Gobierno municipal. El alcalde aseguró públicamente que el Ayuntamiento “no iba a colaborar” con el proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo central. CNT considera que esas manifestaciones reflejan “una voluntad política de obstaculizar el procedimiento” y relaciona dichas declaraciones con los protocolos posteriores implantados en servicios sociales.

La denuncia subraya además que el Ayuntamiento conocía previamente la situación de saturación de los servicios sociales municipales. El escrito recoge datos internos que reflejarían esperas medias de hasta 36 días para obtener cita en servicios sociales y demoras superiores a los 50 días en algunos distritos como Villaverde, Hortaleza o San Blas-Canillejas. Pese a ello, el sindicato sostiene que el Consistorio no adoptó medidas extraordinarias de refuerzo de personal para afrontar el incremento de solicitudes derivado del proceso de regularización.

CNT solicita a la Fiscalía que abra diligencias de investigación, reclame los protocolos internos elaborados en abril y tome declaración tanto a los responsables políticos como a trabajadores sociales y personas migrantes afectadas. Entre las diligencias solicitadas figuran requerimientos al Ayuntamiento para que aporte comunicaciones internas, datos sobre citas anuladas y estadísticas de emisión de certificados de vulnerabilidad. Asimismo, el sindicato pide investigar quién elaboró y ordenó aplicar los protocolos denunciados y por qué dichos documentos carecían, según la denuncia, de firma oficial.

Desde este sábado, 16 de mayo, y hasta el domingo 21 de junio, la estación de Cercanías de Sol permanecerá cerrada cada fin de semana y no circularán por ella los trenes de las líneas C-3 y C-4. La clausura se debe a las obras de mejora en el túnel de Sol, que conecta Atocha con Nuevos Ministerios y Chamartín.

El cierre se producirá durante los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 en mayo, y 13, 14, 20 y 21 en junio. Quedará exento del cierre el fin de semana del 6 y 7 de junio en el que el Papa León XIV visitará Madrid, debido al volumen de personas que se esperan en la capital durante esos días.

Durante esos cinco fines de semana, los trenes de la C-3 procedentes de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha, mientras que los de la C-4 con inicio en Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes llegarán hasta Nuevos Ministerios. Los procedentes de Parla, también de la C-4, terminarán en Atocha. En ninguno de estos trayectos se hará parada en Sol.

Las obras tienen como objetivo mejorar la capacidad de las líneas C-3 y C-4, que pasan por el túnel de Sol, y forman parte de una serie de trabajos por los que se verá beneficiada también la línea C-5. En definitiva, gracias a estas obras que realiza Adif se mejorará la gestión del tráfico en Atocha y se ampliará su capacidad.

Desde Renfe se ha apuntado que se avisará a los usuarios de la C-3 y C-4 por megafonía y a través de su personal en estaciones de la posibilidad de continuar el viaje en estas líneas.

Alternativas de transporte

Los viajeros de estas dos líneas que deseen hacer el trayecto entre Nuevos Ministerios y Atocha tendrán a su disposición las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que hacen este recorrido por el túnel de Recoletos con parada en la estación del mismo nombre.

Aquellas personas que necesiten llegar a Sol, podrán hacerlo a través de Metro de Madrid. La estación cuenta con conexión con las líneas 1, 2 y 3 del suburbano madrileño. Para llegar desde Atocha a Sol, los viajeros podrán tomar la L1 desde Estación del Arte hasta Sol. Desde Nuevos Ministerios, la alternativa pasa por tomar la L6 hasta Moncloa y allí la L3 hasta Sol. En el caso de Chamartín, la conexión con Sol es directa a través de la L1.

“Tomadura de pelo”, “despilfarro absurdo”, “costoso e inservible lavado de cara”. Así han calificado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Puente de Vallecas el proyecto Vallecas Abierto, que presentó el pasado lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El plan busca “regenerar” el espacio existente bajo el scalextric, aunque según las entidades que firman el escrito “carece de sentido” gastar 11,5 millones de euros en una operación que “tiene mucho de cosmético y poco de mejora real de la calidad de vida de la vecindad del entorno en los barrios de San Diego y Numancia (Puente de Vallecas) y Adelfas (Retiro)”.

En el marco del proyecto, Almeida ha anunciado la construcción en los próximos dos años de un jardín vertical de 700 metros, alguna instalación municipal bajo el puente que podría ser un local de ensayo, más pasos peatonales y la peatonalización de un trozo de la vía pública en una reforma que el Ayuntamiento define como “ambiciosa y realista”. Actuaciones “completamente inútiles para combatir el problema más grave que genera el scalextric, la contaminación atmosférica provocada por los 170.000 vehículos que lo usan a diario”, según reza la comunicación de las agrupaciones de residentes. La intervención no eliminará ninguno de los 20 carriles de tráfico operativos en la zona.

Por ello, los colectivos vecinales de Vallecas y Retiro insisten en el desmantelamiento definitivo del paso elevado, una actuación que el propio Ayuntamiento aprobó con la unanimidad de todos los grupos políticos hace cinco años, en el pleno municipal del 30 de marzo de 2021, con la idea de cerrar una de grandes heridas que aún siguen abiertas en la capital. El alcalde ha supeditado la retirada del scalextric al desarrollo de la operación del Abroñigal, una “fea excusa para eludir su propia responsabilidad, pasando la pelota del problema a otra Administración, la que representa el Gobierno central”.

“Más de 120.000 personas viven en San Diego, Numancia y Adelfas y a diario padecen los malos humos, los ruidos y la fealdad de la frontera que representa el paso elevado. El regidor está obligado a velar por su salud y bienestar, como los de cualquier vecino o vecina del municipio que gobierna”, lamenta el comunicado.

“No es de recibo que el Ayuntamiento se gaste casi 80 millones de euros en el proyecto Parque Ventas para construir una losa de hormigón de 200 metros lineales sobre la M-30 (una actuación que rechazan las asociaciones vecinales de Salamanca y Ciudad Lineal y la Fravm por costosa y absurda), mientras renuncia a desmantelar el último scalextric de la ciudad, una añeja demanda vecinal que cuenta con la simpatía de todo el mundo”, añaden los firmantes del documento.

La Fravm considera “sorprendente” que el alcalde haya anunciado esta mañana que dialogará con las asociaciones vecinales para determinar la dotación que irá debajo del scalextric cuando el proyecto general se ha gestado en los despachos del Consistorio sin ningún tipo de participación ni diálogo con el tejido asociativo vecinal.

“Lo que queremos es que se pongan las bases para la retirada definitiva del scalextric, una auténtica fractura en la ciudad y símbolo del enorme desequilibrio territorial y social que aún padece la ciudad, pero que con voluntad política se puede y debe reparar”, sostiene Jorge Nacarino, presidente de la Fravm. “Todo lo que no sea avanzar hacia este horizonte será tirar el dinero”, apostilla.

Por ello, las asociaciones vecinales de Puente de Vallecas sugieren que los 11,5 millones presupuestados para Vallecas Abierto se empleen en cubrir otras necesidades o demandas históricas del distrito, como la “siempre aplazada” biblioteca municipal de la calle Monte Olivetti, la Escuela de Música de Vallecas, que fue aprobada en el plan SURES para ser ejecutada en una parcela situada en la intersección de las calles Javier de Miguel con Martínez de la Riva pero anulada en 2024; o la apertura de un equipamiento público en el edificio del antiguo colegio Fernán Caballero de la calle Francisco Laguna.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha dado instrucciones para abrir una oficina de comercio en Jerusalén y para trasladar a la capital israelí a un agregado mercantil que trabajará en el área de las exportaciones del país suramericano.

El enviado estará a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y coordinará los proyectos de La Red de Inversiones y Exportaciones de Paraguay (Rediex) en el estado de Oriente Medio, según confirmaron este miércoles a Efe fuentes gubernamentales.

Se trata del último movimiento del Gobierno de Abdo Benítez para mejorar sus relaciones con Israel, después de que en septiembre de 2018 decidiese trasladar su embajada a Tel Aviv, lo que provocó roces diplomáticos.

La apertura de la oficina comercial ha sido bien recibida por el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, quien celebró en su cuenta oficial de Twitter la “decisión” de Abdo Benítez.

“Felicito al Pdte. de Paraguay @MaritoAbdo por su decisión de abrir una Oficina de Comercio en Jerusalén, nuestra capital. Esto luego de haber reconocido a Hezbollah como una organización terrorista”, afirmó el titular de Exteriores.

En otro mensaje en la misma red social, Katz aseguró que “el fortalecimiento del estatus de Jerusalén es una de mis prioridades” y se mostró “convencido de que pronto veremos la Embajada de Paraguay en Jerusalén”.

La relación diplomática entre ambos países se tensó cuando Abdo Benítez revirtió la decisión de su predecesor, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018), quien trasladó la legación diplomática de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo los pasos de Estados Unidos y Guatemala.

La vuelta de la legación a la capital israelí fue mal recibida por el Gobierno de Benjamin Netanyahu, que anunció el cierre de su embajada en Asunción y el fin de los programas de cooperación entre ambos países.

Sin embargo, a finales de agosto, el embajador concurrente en Paraguay, Yoed Magen, presentó en Asunción sus cartas credenciales al Gobierno de Paraguay en “una señal clara de reanudación de la cooperación”.

Dos días antes, el Gobierno paraguayo reconoció al movimiento islamista palestino Hamás y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas internacionales.