La guerra de Donald Trump en Irán está suponiendo que se disparen los precios en Estados Unidos. Así, según el índice de precios al consumo publicado este martes, los precios subieron un 3,8% en abril en EEUU con respecto al año anterior. La principal causa es el aumento de los costes energéticos, que sustituyó a los aranceles como principal factor del incremento de los precios para los estadounidenses.

El aumento de precios registrado en abril es el mayor desde 2023.

La subida de la energía representa más del 40% del aumento mensual del índice general de precios en EEUU.

La vivienda también aumentó en abril, con un incremento del 0,6%; los alimentos subieron un 0,5% durante el mes –el índice de alimentos para el consumo en el hogar subió un 0,7% y el de alimentos para el consumo fuera del hogar aumentó un 0,2%–.

El índice de todos los artículos, excluidos alimentos y energía, subió un 0,4% en abril.

Entre los índices que aumentaron a lo largo del mes se incluyen el mobiliario y el funcionamiento del hogar, las tarifas aéreas, el cuidado personal, la ropa y la educación.

Por el contrario, los vehículos nuevos, comunicaciones y atención médica se encontraban entre los principales índices que descendieron en abril.

El índice general subió un 3,8% entre abril de 2025 y abril de 2026, después de subir un 3,3% en los 12 meses que finalizaron en marzo.

El índice general, excluidos alimentos y energía, subió un 2,8% en el año, tras un aumento del 2,6% en los 12 meses que finalizaron en marzo.

La energía aumentó un 17,9% en los 12 meses que finalizaron en abril, mientras que el índice de alimentos aumentó un 3,2 % durante el último año.

El índice de la energía de mes a mes aumentó un 3,8% en abril, tras haber subido un 10,9% en marzo. La gasolina, por su parte, aumentó un 5,4% en el mes, mientras que la electricidad subió un 2,1% en abril.

El gasóleo de calefacción aumentó un 5,8% en el mes, mientras que el índice del gas natural disminuyó un 0,1% durante el mismo periodo. El índice de la energía aumentó un 17,9% en los últimos 12 meses y el índice de la gasolina subió un 28,4%.

El índice de la electricidad aumentó un 6,1% en los últimos 12 meses hasta abril y el índice del gas natural subió un 3%.

La inflación había ido descendiendo de forma más o menos constante desde que alcanzara su punto álgido en junio de 2022, con un repunte interanual de los precios del 9,1%, un aumento provocado por los cuellos de botella en la cadena de suministro al final de los confinamientos por la COVID-19 y por la crisis de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, la inflación se mantuvo todo este tiempo por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, y Teherán respondió cerrando el acceso al estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo. Los precios de la energía se dispararon.

La Fed, de la que se esperaba que recortara sus tipos de interés de referencia en 2026, se ha vuelto cautelosa mientras espera a ver cuánto dura el conflicto y si el aumento de los precios de la energía se extiende a otros productos y provoca un brote inflacionista mayor.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha arremetido contra la Fed y su presidente saliente, Jerome Powell, por negarse a recortar los tipos para impulsar la economía.

Kevin Warsh, el elegido por Trump para suceder a Powell, está previsto que sea confirmado por el Senado esta semana; pero no está claro si Warsh apostaría por tipos más bajos dadas las incertidumbres derivadas de la guerra —o si podría persuadir a sus colegas del comité de fijación de tipos de la Fed para que le siguieran si lo intentara.

Algunas empresas también están empezando a sentir las consecuencias, informa AP. Por ejemplo, Whirlpool, fabricante de los electrodomésticos KitchenAid y Maytag, informó la semana pasada de que sus ingresos cayeron casi un 10% en su último trimestre y afirmó que la guerra ha provocado un “descenso del sector a niveles de recesión” que ha minado la confianza de los consumidores.

Red Eléctrica de España (REE) ha denunciado, en sus alegaciones al expediente sancionador incoado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que existe un “conflicto de interés en el organismo regulador que comprometería las debidas garantías de imparcialidad y objetividad”.

En un comunicado, Redeia, matriz de Red Eléctrica, señaló también que en sus alegaciones, presentadas este lunes, advierte de “la manifiesta indefensión” a la que somete al operador del sistema el expediente sancionador abierto por el organismo presidido por Cani Fernández, al adolecer “de la más mínima precisión necesaria para fundamentar toda imputación”.

Asimismo, la compañía presidida por Beatriz Corredor destaca que, en su escrito, Red Eléctrica “defiende y demuestra la plena adecuación” de su actuación a la normativa vigente y “que no existe infracción alguna que pueda serle atribuida, adjuntando todas las pruebas demostrativas de dicho cumplimento”, lo que, a juicio de la compañía, “debe conducir al inmediato archivo del expediente”.

Además, critica “la falta de la más mínima precisión necesaria sobre los hechos en los que la CNMC fundamenta su imputación”, lo que coloca a Red Eléctrica en “una situación manifiesta de indefensión en la que, en contra de toda lógica, se ve obligada a probar su inocencia”.

Para Redeia, esta falta de precisión “es incompatible con la complejidad técnica y el carácter exhaustivo del procedimiento previo tramitado por el regulador, al que Red Eléctrica ha aportado, a petición del propio organismo, más de medio centenar de informes y documentos que evidencian la improcedencia del procedimiento sancionador contra el operador del sistema”.

No obstante, la compañía mostró su sorpresa por el hecho de que está documentación no se incorpora en el expediente sancionador del organismo regulador.

Más de 60 expedientes

En las últimas semanas, la CNMC ha incoado una avalancha de expedientes sancionadores contra las empresas del sector, sumando más de sesenta.

Entre ellos, el pasado 17 de abril, abrió un expediente sancionador a Red Eléctrica, basándose en el artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico por incumplimiento del operador del sistema de diferentes funciones con perjuicio para el sistema o sujetos, calificada como infracción “muy grave”.

En concreto, el regulador inició el expediente por un posible incumplimiento de varios preceptos del artículo 30.2 de esa norma, con perjuicio para el sistema o sujetos, señalando a la programación del 'mix' de ese día.

El Tribunal Supremo ha reconocido a una interina laboral como fija debido al abuso en la temporalidad en su puesto, en un importante fallo que llega tras la sentencia de la justicia europea del pasado 14 de abril que consideró que España no sanciona adecuadamente el abuso de contratos temporales en la Administración Pública. No obstante, los magistrados precisan que la fijeza no será la sanción propicia para todos los casos de abuso de temporales, sino solo para aquellos en los que las personas afectadas hayan superado un determinado proceso selectivo.

El alto tribunal ha adelantado en una nota el sentido del fallo del Pleno de la Sala de lo Social, de ayer 11 de mayo, pero el contenido íntegro de la sentencia “se conocerá próximamente”, apunta. Es importante destacar que su criterio se refiere al empleo público laboral, que se rige por el Estatuto de los Trabajadores, no a los temporales interinos que se rigen por la regulación de Función Pública.

A falta de conocer el detalle de la sentencia, la nota traslada que los magistrados optan por articular varias posibles vías de sanción a la Administración Pública por el abuso de la temporalidad, dado que el TJUE consideró que los actuales son insuficientes.

Fuentes del Ministerio de Función Pública destacan que, con esta sentencia “el Supremo vuelve a aplicar la doctrina ya consolidada por el propio Tribunal”, sobre la imposibilidad de hacer fijos a aquellos trabajadores públicos que encadenen contratos temporales sin haber aprobado una oposición.

“Los principios de igualdad, mérito y capacidad son pilares constitucionales que garantizan el acceso al empleo público en España basándose en la competencia profesional”, recuerdan en el Ministerio que dirige Óscar López.

Cuándo procede reconocer a la persona interina como “fija”

La nota del Supremo explica brevemente cuándo se puede sancionar el abuso en la temporalidad con la declaración de “fija” del trabajador y trabajadora temporal.

“Solamente cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, no resulta contra legem (contra ley) la conversión de ese contrato en una relación laboral fija”.

En ese caso, “esa persona ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad” que exige la Constitución Española, recuerdan los magistrados. Dada la vulneración posterior de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada, “evidencia una necesidad estructural de trabajadores”, que “obliga a dicha conversión”, explica la nota.

En este caso concreto, el Supremo analiza el abuso en la temporalidad de una interina laboral del Ayuntamiento de Madrid, que aprobó un consurso oposición –consistente en un solo examen– para “Operario/a de instalaciones deportivas municipales”, y que no sacó la plaza, tras lo que encadenó varios contratos temporales con el consistorio de la capital.

“La aplicación de la citada doctrina al caso concreto, en el que la actora había superado dicho proceso selectivo y posteriormente se había producido un abuso en la temporalidad, conlleva que se declare que su relación laboral es fija”, indica la nota del Supremo.

Cuando no procede la fijeza: otras vías de sanción

Sin embargo, los magistrados precisan que esta declaración como persona trabajadora fija no procede en todos los casos. “La contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”, argumenta el Supremo.

En estos casos, “las medidas adecuadas para prevenir y reparar el abuso en la temporalidad” y garantizar la eficacia de la Cláusula 5 del Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada son “el abono de una indemnización calculada conforme a los criterios fijados en la citada sentencia del TJUE y la remisión del testimonio de la sentencia en la que se constate que se ha producido un abuso en la temporalidad a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador”, recoge la nota.

Así, estos dos mecanismos de sanción alternativos podrían acordarse para resarcir para aquellas personas que hayan sufrido un abuso en la contratación temporal, pero que no accedieran a su puesto tras superar un proceso selectivo, como una oposición. Una sentencia reciente reconoció precisamente una indemnización de 52.000 euros a una empleada pública por los años de abuso de temporalidad cuando era interina.

Fuentes de Función Pública subrayan que “el problema del exceso de trabajadores temporales afecta en especial a Comunidades Autónomas, con una tasa del 40% de empleados eventuales” y recuerdan que la Administración General del Estado solo tiene el 4,7% de sus trabajadores con un contrato temporal, por lo que “cumple los requisitos de temporalidad”.

Tras la sentencia europea del 14 de abril y el avance del procedimiento de sanción abrierto por Bruselas contra España solo unos días después, el Ministerio de Óscar López constituyó un grupo de trabajo con las comunidades autónomas “para atajar el abuso de la figura de la temporalidad”, añaden en el Ministerio.

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RECTIFICACIÓN: En una versión anterior de este artículo se informaba de forma incorrecta del caso particular que había estudiado el Supremo( el de una interina de la Comunidad de Madrid), que es el que analizó la justicia europea, pero no el que analiza en esta sentencia el alto tribunal.

El futbolista argentino Leo Messi ha adquirido las antiguas galerías Via Wagner, situadas en el Turó Park de Barcelona, por 11,5 millones de euros.

La operación llega después de que se anunciara la compra del UE Cornellà, un club de la quinta categoría del fútbol español, también por parte del astro argentino, que aumenta así sus inversiones en Barcelona y su área metropolitana.

Según ha informado el vendedor de este activo, el private office de Alejandro Alcaraz, Santomera Bay, la compra se ha llevado a cabo a través de la socimi Edificio Rostower, propiedad del futbolista.

Las antiguas galerías Via Wagner permanecían cerradas desde 1993 debido a la existencia de 87 locales con propietarios y aspiraciones divergentes.

Con Leo Messi como nuevo propietario, ahora se acometerá una reforma integral del edificio, de 4.000 metros cuadrados, que posteriormente se destinará al mercado de alquiler de oficinas.

“El proyecto suscita en estos momentos el interés de varios operadores tier 1 del ámbito financiero como potenciales ocupantes, si bien aún no se ha cerrado quién ocupará finalmente el activo”, asegura la sociedad vendedora.

Santomera Bay adquirió el edificio en 2025, un activo que “había despertado el interés de los principales family offices e inversores institucionales, así como de múltiples operadores, por su enclave y valor patrimonial, siendo finalmente Edificio Rostower socimi quien se ha adjudicado el proyecto”, añade esta sociedad.

La socimi de Leo Messi es propietaria de MiM Hotels, marca que agrupa establecimientos hoteleros situados en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra, todos ellos operados por Meliá Hotels International, así como de los restaurantes Hincha, gestionados por el prestigioso chef Nandu Jubany.

“Cuando un inversor de la dimensión y el reconocimiento global de Leo Messi elige Barcelona, envía una señal al mercado internacional que sitúa a la ciudad en el foco de los grandes inversores institucionales y refuerza su posición como capital europea de referencia para la inversión inmobiliaria de alto valor”, subraya también Santomera Bay

El barril de petróleo Brent sigue cotizando por encima de los 100 dólares. La causa es la guerra en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita en tiempos normales una quinta parte del crudo y casi un tercio del gas natural licuado del planeta. La escena recuerda lo que ya sabíamos, pero solemos olvidar: una constante de la historia de la humanidad es la lucha por los recursos. Hoy son los combustibles fósiles —indispensables para que el metabolismo de las sociedades contemporáneas pueda reproducirse, hasta el punto de que sin un flujo continuado de carbón, petróleo o gas natural cualquiera de ellas colapsaría—. En otros tiempos fueron el oro, la plata y otros metales como el estaño o el cobre los recursos lo bastante codiciados como para alimentar guerras, invasiones y masacres de pueblos enteros.

Para entender lo que ocurre conviene recuperar una idea formulada en los años setenta por el economista Herman Daly —discípulo de Nicholas Georgescu-Roegen y, junto con autores como el español Joan Martínez Alier, una de las figuras fundacionales de la economía ecológica—. Según Daly, la economía no es un universo autónomo sino un subsistema del Sistema-Tierra, y por tanto debe operar dentro de sus límites para que su propia reproducción esté garantizada a medio plazo. Durante la mayor parte de la era industrial, el impacto de la actividad humana fue pequeño en relación con el conjunto de la biosfera: vivíamos en lo que Daly llamó un “mundo vacío”, un mundo en el que los recursos naturales aparecían como abundantes aunque, por definición, fuesen finitos. Ese ha sido el tiempo “normal” en el que se gestó la disciplina económica moderna y en el que naturalizamos el estado de cosas actual, con todas sus infraestructuras dependientes de los combustibles fósiles y el nivel de consumo facilitado por la industria petroquímica. El problema, advertían Daly y sus compañeros, es que progresivamente —y por eso casi de forma imperceptible para las vidas particulares— la actividad económica humana ha seguido creciendo hasta desbordar la capacidad del planeta. La acumulación de conocimiento desde entonces ha ido confirmando la tendencia a través de distintos indicadores científicos: los límites planetarios, la huella ecológica, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático… Y, además, lo que era finito pero abundante comienza a dejar de serlo. Hemos entrado en lo que Daly llamaba un “mundo lleno”.

Irónicamente, este relato de disputa por los recursos, que resulta tan familiar para la antropología, la historia o la sociología, ha sido marginado por la economía mainstream. A pesar de que la definición de Lionel Robbins que aparece en la mayoría de los manuales describe a la ciencia económica como la disciplina ocupada en la asignación de recursos escasos, en el pensamiento económico convencional los recursos naturales en particular brillan por su ausencia. De hecho, los factores de producción que se enseñan a los estudiantes en las facultades son solo dos: capital y trabajo. Los recursos naturales que en su momento preocuparon tanto a los economistas clásicos, como la tierra, no aparecen en las lecciones que los futuros economistas reciben en la universidad. Aunque existen manuales más recientes que han incorporado el medio ambiente y los recursos naturales, siguen tratándolos como variables secundarias y, sobre todo, altamente sustituibles con otros factores de producción —como si al agotarse el agua, pudiéramos sustituirla por capital—.

No se trata de que los economistas sean deliberadamente estúpidos: los recursos naturales fueron durante mucho tiempo muy abundantes y, en consecuencia, también muy baratos. Como resultado, no se preocuparon por ellos al definir y especificar los modelos que pretenden representar el mundo real. Al economista le interesan los precios, y aquello que es tan abundante que su precio resulta irrelevante —el oxígeno, el agua— suele despertar poco interés. Lo mismo sucedió durante décadas con la energía. Cuando empezó a extraerse petróleo en Estados Unidos, el problema de las grandes empresas era que aquel líquido viscoso era demasiado abundante: las primeras estrategias de las petroleras americanas estaban destinadas a modular y restringir la extracción para sostener el precio. Hasta los años setenta el barril fue, en términos reales, extraordinariamente barato; con la primera crisis del petróleo de 1973 superó ligeramente los 10 dólares nominales y, con la segunda, llegó a rozar los 40 dólares —equivalentes a más de 130 dólares de hoy—. La era del crudo barato terminó entonces, aunque la cultura económica que se construyó sobre ella sobrevive intacta.

Hace décadas que los economistas ecológicos cuestionan el tratamiento que la economía convencional dispensa a los combustibles fósiles. Según los marcos al uso, los combustibles fósiles y la energía en general apenas aportan al PIB de un país: el sector energético en su conjunto no representa, a efectos contables, ni el 5% del valor monetario de la producción. Es la misma lógica por la que se nos dice que el “turismo” —o cualquier otro sector— es importante porque representa el 12% del PIB. En la contabilidad del crecimiento —la que utilizan todas las instituciones económicas para sus predicciones— lo decisivo es la contribución de capital, trabajo y progreso técnico, pero no de la energía. Los economistas ecológicos —Robert Ayres, Reiner Kümmel, y más recientemente Steve Keen— llevan décadas advirtiendo que esa forma de pensar conduce a equívoco: el oxígeno tampoco aparece en el PIB y, sin embargo, sin él no hay actividad económica posible. Con la energía pasa lo mismo: aunque su peso contable sea pequeño, si se interrumpe se desploma toda la economía. Lo que es, por otro lado, sentido común.

Como cualquier organismo vivo, toda actividad económica necesita inputs de energía y produce residuos como salida. La economía convencional no la conceptualiza así, lo que le permite tratarla como un sistema cerrado, con flujos circulares de capital y trabajo pero sin entradas físicas ni salidas residuales y mucho respetando las leyes de la termodinámica. La realidad, sin embargo, se impone: cuando las fuentes de energía se interrumpen, todo el metabolismo se tambalea. Y es más fácil que esos flujos dejen de llegar cuanto más escaso sea el recurso o cuanto más concentrada esté su extracción y procesamiento. Conviene recordar lo concentrados que están los combustibles fósiles a escala mundial: solo tres países —Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia— concentran más del 40% de la extracción de petróleo, y un porcentaje aún mayor en el caso del gas natural, encabezado por Estados Unidos, Rusia e Irán.

Si los hidrocarburos están concentrados, los minerales que se necesitan para la transición energética lo están todavía más, y eso es algo de lo que poca gente es consciente. Los llamados minerales críticos —imprescindibles para la producción de tecnologías renovables y para buena parte de los bienes electrónicos— presentan grados de concentración superiores a los del petróleo. Como muestra el siguiente gráfico de la Agencia Internacional de la Energía, en el caso del litio tres países concentran más del 80% de la extracción, mientras que cerca del 70% del cobalto se ubica en un solo país: la República Democrática del Congo. En la fase de procesamiento la fotografía es aún más nítida: China controla más del 80% de las tierras raras, alrededor del 70% del cobalto y cerca del 60% del litio. La combinación de azar geológico y política industrial ha conducido a un escenario donde los elementos cruciales del metabolismo de las sociedades modernas están en muy pocas manos.

El mundo lleno tiene, así, una geografía precisa: unos pocos países y un puñado de minas y refinerías que controlan los flujos físicos de los que depende todo lo demás. Y sobre esa geografía se está levantando una crisis política mayor. El liberalismo tradicional se construyó en este tiempo de anomalía fósil, naturalizando un estado de cosas en el que la energía era abundante y la economía no parecía tener límites. En aquel marco, cualquier país que necesitara energía o cualquier otro recurso podía teóricamente conseguirlo acudiendo al mercado internacional; la clave del progreso, se nos decía, era la apertura de mercados. Así, la crisis actual del liberalismo no tiene tanto que ver con sus ideas como con la pérdida de la base material que las sostenía. En un mundo lleno, la interdependencia se ha convertido en vulnerabilidad: la energía y los recursos vuelven a ser escasos y altamente disputados. Eso sí, no ocurre con todos a la vez ni en el mismo grado, sino que algunos resultan especialmente críticos, los llamados, precisamente por eso, minerales críticos.

Como he defendido en La guerra por la energía: poder, imperios y crisis ecológica, esta es la situación que explica el retorno de las prácticas neomercantilistas y de la violencia por parte de una gran potencia, Estados Unidos, que fue hegemónica en la era de los combustibles fósiles y teme ahora perder esa posición privilegiada. Entender los fenómenos geopolíticos del mundo contemporáneo solo es posible si recurrimos a las herramientas de la historia y la economía ecológica, y si evitamos en lo posible eso que llamamos economía convencional.

Si usted ve a algún economista hablar como si todavía viviéramos en un mundo vacío, recuerde que se trata de un zombi: alguien que parece vivo, pero no lo está.

“No puede ser que una encimera te quite la vida y eso es lo que está pasando ahora”. Francisco Manuel Aragón trabajaba en una marmolería haciendo encimeras de piedra artificial, habituales en muchas cocinas. Pero cada vez tenía “más tos”, como varios de sus compañeros, y “pinchacitos en el pecho”. Fue al médico de cabecera, que le detectó una silicosis crónica simple. Tenía 27 años. “Fue un palo. Con 27 años tienes ganas de vivir, un proyecto de vida... se te trunca todo”. Esta enfermedad profesional progresiva e incurable, lejos de reducirse, está en plena explosión en España. El año pasado registró un nuevo récord: 632 nuevos casos.

Francisco Manuel Aragón hoy es presidente de la Asociación Nacional de Afectados y Enfermos de Silicosis (ANAES), con sede en Chiclana (Cádiz). Junto a él, muchos otros trabajadores y sus familiares pelean desde hace años por visibilizar el auge de la silicosis en España, que muchos tildan de “epidemia”. Empezó a aflorar a finales de la pasada década, convirtiendo esta dolencia –de las más antiguas y vinculada en los siglos pasados a la minería– en la principal enfermedad de carácter profesional en Andalucía.

A nivel estatal, en el año 2000 se detectaron 15 casos. Cifra que se ha ido disparando desde finales de los 2000 y que ha llegado más de 600 nuevos partes de silicosis el año pasado, según el Observatorio de Enfermedades Profesionales (CEPROSS) del Ministerio de la Seguridad Social.

Se trata de una patología crónica por la inhalación de polvo de sílice cristalina, que afecta principalmente a la capacidad respiratoria de los afectados, pero que también se está relacionando con “enfermedades reumatológicas autoinmunes sistémicas (esclerosis sistémica, artritis reumatoide, etc.), cuya relación está suficientemente acreditada por la evidencia científica”, destaca Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CCOO.

Con poco más de 40 años, a Francisco Manuel Aragón “el simple hecho de subir una escalera” ya le supone una dificultad. “Nos cuesta respirar”, explica el presidente de ANAES, que tomó las riendas de la asociación tras la muerte de su primo, después de un trasplante de pulmón. “Es la última oportunidad que tenemos porque no hay tratamiento para que no avance la enfermedad. Vivió unos 15 días tras el trasplante”, lamenta.

El mayor foco: el aglomerado de cuarzo

En 2023, el Gobierno creó un Grupo de trabajo, “Sílice cristalina respirable”, dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para abordar esta situación, con presencia de los sindicatos y las empresas. El reciente crecimiento de la enfermedad implica a “nuevos sectores de riesgo” que no son la minería, apuntan en el Ministerio de Sanidad, que encargó un informe publicado el año pasado, bajo el título La remergencia de la silicosis en España, con la participación del catedrático de la Universidad de Granada (UGR) Alfredo Menéndez y la investigadora del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) Catherine Cavalin, especialistas en esta enfermedad.

En el Ministerio de Sanidad explican que “el sector con mayor crecimiento ha sido la 'Fabricación de otros productos minerales no metálicos', en particular el 'Corte, tallado y acabado de la piedra', actividad en la que se incluyen las empresas que trabajan con aglomerados de cuarzo y también las que procesan piedra natural”. Le siguen los sectores de extracción de piedra natural o roca ornamental, y a más distancia, la construcción.

Chiclana (Cádiz), así como Montemayor (Córdoba), han concentrado gran parte de las marmolerías que en Andalucía trabajaban el aglomerado de cuarzo, principalmente el Silestone –producido por el gigante almeriense Cosentino– y el Ceasarstone –de Levantina–, y ahora suman gran parte de los afectados.

Como Raúl Herrero, de 50 años, también en ANAES y que trabajó en marmolerías desde 1998 hasta finales de 2016, cuando le detectaron una silicosis crónica complicada. “Me llamó el neumólogo al trabajo y me dijo: 'Deja lo que estés haciendo y vente para la consulta'. No volví a pisar más el taller desde ese día”, explica el trabajador. Tenía entonces 40 años. Tuvo que formarse para ser conductor de autobús porque con la incapacidad total no podía mantener a su familia. Ha estado trabajando hasta el año pasado, cuando inició una baja por el deterioro de su enfermedad.

Raúl Herrero explica que en sus últimos años como marmolista, los servicios de prevención de la mutua les hacían radiografías y exámenes anuales para vigilar su salud. “Ya empezaban a sonar más los casos de silicosis”, recuerda, pero nunca le advirtieron de nada. “Pongo mucho en duda que alguien mirara esas radiografías. O por lo menos, un experto”, lamenta. Fue su médico de cabecera el que le apremió a hacerse pruebas, que revelaron que tenía silicosis, con la enfermedad ya en grado avanzado.

Aunque hasta el momento los casos de silicosis se ubicaban más en los trabajos con piedra artificial, y no en su fabricación, en los últimos años han aflorado diagnósticos de extrabajadores y trabajadores de la fábrica de Cosentino en Cantoria (Almería) con la enfermedad, organizados en torno a la asociación ASAC (de Afectados por Silicosis de Aglomerado de Cuarzo), presidida por Fernando Arévalo. “Cosentino decía que en la fábrica no había casos y no era cierto, en la asociación tenemos solo 50 personas y hay muchas más”, afirma Arévalo.

Fuentes de la multinacional almeriense responden que pueden afirmar “con claridad que los casos confirmados durante el periodo de alta en Cosentino son aislados en relación con el volumen total de personas que han trabajado y trabajan en nuestros centros productivos”, aunque no concretan su número. Sostienen además que “la rotación de profesionales entre distintas empresas del sector hace especialmente complejo determinar con precisión en qué periodo laboral se origina cada enfermedad profesional”.

Hace unos meses, el Instituto de Medicina Legal (IML) constató que los médicos subcontratados por las mutuas de prevención para detectar cuanto antes indicios de silicosis entre los trabajadores de Cosentino no diagnosticaron la enfermedad cuando ya podían hacerlo. Esto les provocó el “agravamiento evitable” de sus condiciones de salud, según el informe forense incorporado en una causa judicial sobre estas demoras.

Falta de prevención y de información

El Ministerio de Sanidad explica que el incremento observado en las últimas dos décadas en el sector del corte, tallado y acabado de la piedra artificial se ha relacionado con el periodo del boom inmobiliario, “en la mayoría de las ocasiones acompañado por déficits en la prevención”. “Dado el largo periodo de latencia de la silicosis, de 10-15 años, o más, consideramos que los casos actuales de silicosis son, en su gran mayoría, la consecuencia de estas exposiciones masivas a sílice en estos sectores de actividad”, indica el departamento de Mónica García.

La duda es cuándo se llegará al pico de nuevos casos de silicosis fruto de estos años de uso intensivo del aglomerado de cuarzo y de la escasa prevención, y también cuál será la situación de la enfermedad a partir de entonces. Fuentes de Cosentino señalan que, “gracias al refuerzo continuo de las medidas de prevención y seguridad en los centros de trabajo que manipulan materiales con sílice cristalina, cabe esperar que la evolución natural de estos casos sea progresivamente descendente en los próximos años”.

La patronal de marmolistas Fedesmar señala al propio material como el punto de inflexión de la escalada de afectados. “Obviamente, la manipulación masiva de materiales con alto contenido de sílice cristalina (más del 93%) como los denominados aglomerados de cuarzo han sido el elemento detonante de esta enfermedad en el sector”, sostienen. “Antes de su incorporación, cuando se trabajan exclusivamente materiales naturales, la silicosis no se conocía como enfermedad profesional vinculada a nuestro sector”, indican en la organización patronal.

Desde Fedesmar recuerdan que en muchos casos los enfermos son “los propios empresarios”, que tenían talleres familiares, y que adolecieron de “desinformación” o información “sesgada” o “confusa”. Cosentino reconoció hace años en los tribunales que no facilitó la información suficiente a marmolistas que enfermaron de silicosis.

Fue el caso de D. A. C., que trabajaba con su padre y dos hermanos en un taller de marmolería. “Hacíamos encimeras de aglomerado de cuarzo. Enfermamos todos”, explica el afectado, al que detectaron la silicosis con 36 años. Uno de sus hermanos ha fallecido por la enfermedad y también un primo, dedicado al mismo sector. “Es horroroso. Siempre estamos asustados”, reconoce D. A. C., que destaca que en el taller aplicaban medidas preventivas, “pero eran insuficientes para ese material nuevo” del que asegura que desconocían el riesgo.

“Los servicios de prevención tampoco fueron alertados de los riesgos que la manipulación de estos materiales provocaba para el trabajador”, añaden en Fedesmar, que denuncian también que “la propia administración tampoco actúa con la eficiencia y rigor esperado cuando se manifestaron los primeros casos en el sector”. En Andalucía, se creó un plan específico, el Programa Integral de Silicosis de Andalucía en el manipulado de aglomerados de cuarzo, conocido como PISA, que el Gobierno del PP de Juanma Moreno dejó caducar y al que no ha dado continuidad pese al continuo auge de la enfermedad.

Cosentino lanzó por su parte hace un año una fundación (Premin) “para la prevención, mitigación e investigación de la silicosis”, de la que recelan la mayoría de asociaciones de afectados, sindicatos y varios investigadores contactados, por el conflicto de intereses que enfrenta la multinacional ante este problema de salud pública.

Asociaciones de víctimas piden la prohibición como en Australia

Las asociaciones de víctimas ANAES y ASAC, y cada vez más expertos de la comunidad científica –como ha ocurrido en California ante el aumento de casos en el Estado–, exigen actuar para frenar esta escalada de la silicosis.

En el sindicato UGT consideran que hay que acabar con “incumplimiento generalizado” de la normativa de prevención de riesgos laborales, afirma su responsable de Salud Laboral, Patricia Ruiz. Además, reclaman hacer un seguimiento exhaustivo de los trabajadores de los sectores expuestos al polvo de sílice cristalina. En CCOO exigen también “reducir el valor límite ambiental para adecuarlo al carácter cancerígeno de la sustancia” al 0,025 miligramos por metro cúbico, “la mitad del actualmente vigente”.

Este lunes, la Agencia de Salud y Seguridad en el trabajo británica (HSE) ha anunciado nuevas obligaciones para el sector del corte de piedra artificial, con medidas como la prohibición de corte en seco, una vigilancia periódica de la salud de los empleados y la sustitución a piedra artificial con un bajo contenido en sílice. “Existe piedra artificial con menor contenido en sílice y de la misma calidad, lo que elimina cualquier motivo para que las empresas no cambien a productos menos peligrosos”, ha sostenido la agencia, que ha llevado un trabajo de investigación de dos años, en colaboración con el sector.

En Cosentino afirman que su compromiso “con la seguridad sigue siendo firme e inequívoco”. “Desde 2022, toda nuestra producción contiene menos del 40% de sílice cristalina, y una parte muy relevante de nuestro portafolio, se sitúa por debajo del 10%. Además, recientemente hemos lanzado al mercado ECLOS, un nuevo producto que, entre otras prestaciones, destaca por no incorporar sílice cristalina en su formulación”, explican en la multinacional, donde consideran que “esta reducción del contenido de sílice cristalina representa un avance tangible que ayuda a los talleres de elaboración y corte a gestionar de forma más eficaz la exposición de sus empleados al polvo de sílice”.

Desde la patronal de marmolistas Fedesmar apuestan por estos materiales de bajo o nulo contenido en sílice cristalina, pero piden “transparencia en la información” así como estudios sobre sus posibles efectos en la salud. Algunas investigaciones, como esta publicada en la revista Nature, advierten de que no hay evidencia de los posibles riesgos para la salud de estos nuevos materiales, por lo que recomiendan una “evaluación toxicológica continua”.

Las asociaciones de víctimas ANAES y ASAC piden la prohibición de esta piedra artificial en España, como hizo en diciembre de 2023 Australia, al considerar que no había prevención posible para paliar los riesgos derivados de los aglomerados de cuarzo. La investigadora francesa Catherine Cavalin subraya el carácter participativo y el alto nivel científico del peritaje que realizó ese país antes de prohibir la importación y el uso de encimeras de piedra artificial. “Es muy específico y único en la historia de la salud laboral”. Reunió a expertos de distintas especialidades que estudiaron en profundidad el material entre 2019 y 2023, así como otro estudio paralelo de su Agencia de Salud en el Trabajo (Safe Work Australia).

Sanidad, en su informe de La remergencia de la silicosis en España, también emplazó a este debate, que “CCOO ya ha propuesto abrir” en el seno del Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional, indica Mariano Sanz. Sin embargo, por el momento este Grupo de Trabajo no está en este punto. Acaba de finalizar un mapa de exposición a sílice cristalina respirable por actividades prioritarias, “que nos permita tener información sobre la caracterización de la exposición en las diferentes actividades”, indican en el Ministerio de Sanidad, y ahora se dirige a cumplir los otros dos objetivos marcados: un análisis del seguimiento del cumplimiento de la normativa y la elaboración de propuestas de mejora, así como la recomendación de buenas prácticas.

El catedrático Alfredo Menéndez advierte de que la magnitud del problema en nuestro país “genera estupor” entre los investigadores australianos o californianos, “que son los que están abordando este asunto en sus respectivos territorios”. España es uno de los países con más casos del mundo. “Hay más casos en Andalucía que en California, cuando la población de California triplica la de Andalucía. E incluso más casos en Andalucía que en toda Australia”, subraya el investigador. 

“Es incomprensible que un año después estemos donde estamos”, sostiene Alfredo Menéndez, ante la ausencia de un Plan de acción por parte del Grupo de trabajo de sílice cristina del Gobierno. Desde principios de 2000, “son 6.500 partes de una enfermedad crónica, incurable y tremendamente complicada de gestionar en el día a día. ¿A qué seguimos esperando?”, alerta. 

Pence hizo estas declaraciones en el inicio abierto a la prensa de su encuentro con Zelenski en la capital polaca, donde ambos coincidieron con motivo de los actos de conmemoración del 80º aniversario del inicio de la II Guerra Mundial.

“Le puedo asegurar que la relación entre EEUU y Ucrania nunca ha sido más estrecha”, aseguró Pence, que sustituyó en el último momento a Donald Trump en este viaje porque el presidente prefirió quedarse para seguir de cerca la evolución del huracán Dorian.

En un encuentro en un hotel, el vicepresidente recalcó que EEUU “está del lado del pueblo ucraniano, muy especialmente desde 2014”. “Hemos defendido fuertemente la integridad territorial de Ucrania y puedo asegurar que seguiremos estando con el pueblo ucraniano en seguridad e integridad territorial, incluida su demanda legítima sobre Crimea”, indicó.

En 2014, Rusia se anexionó la península ucraniana de Crimea aprovechando con que ya disponía de una importante base militar en la región y un año más tarde comenzó a apoyar a los rebeldes prorrusos de las regiones orientales de Lugansk y Donetsk, en su misma frontera, que están desde entonces sumergidas en un conflicto.

Esta declaración se produce una semana después de que Trump dijese en la cumbre del G7 de Biarritz (Francia) que estaba planteándose invitar a Rusia a la próxima cita del G7, aprovechando que le corresponde a EEUU su organización. Rusia fue expulsada de este formato, que entonces se llamaba G8, por su agresión a Ucrania.

Pence se mostró asimismo interesado en conocer los últimos avances en la negociación en torno a los Acuerdos de Minsk, el pacto entre Kiev y Moscú -alcanzado en 2015 con mediación de Francia y Alemania-, que ofrece una hoja de ruta para resolver el conflicto en el este ucraniano, pero apenas se ha implementado por las reticencias de ambas partes.

Francia y Alemania llevan semanas hablando de un nuevo posible encuentro a cuarto, el conocido como formato Normandía, pero los contactos no han resultado aún en avances.

Zelenski, por su parte, aseguró que estaba dispuesto a “vencer la corrupción” y avanzar en la agenda de reformas económicas.

Por parte de la administración estadounidense, participaron en el encuentro, además de Pence, el secretario de Energía, Rick Perry, y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.

Llegados a este punto, Calvo ha indicado que la única vía para evitar la repetición de las elecciones es que Unidas Podemos dé su visto bueno al acuerdo programático que este lunes aprobará la dirección federal del PSOE con 300 medidas, incluidas algunas iniciativas de la formación morada.

La dirigente socialista ha hecho un llamamiento a los morados para que permitan la investidura de Sánchez y hagan posible la formación de un gobierno en solitario del PSOE porque España se enfrenta en el corto plazo a retos que precisan de un ejecutivo estable. Entre otras cosas, hay que “mantener un crecimiento razonable de la economía española y hay que sacar al país de los coletazos de la crisis”, ha citado.

Calvo ha lamentado que Unidas Podemos, “la izquierda minoritaria”, esté en una posición de imponer numerosas condiciones a la izquierda mayoritaria del PSOE, que es la que ganó las elecciones el pasado 28 de abril.

Pero también ha criticado la falta de asunción de responsabilidades por parte de PP y de Ciudadanos, en contraposición con la posición del PSOE en 2016, que se abstuvo para permitir la investidura del 'popular' Mariano Rajoy para evitar ir a unas terceras elecciones.

Si Sánchez no consigue los apoyos suficientes para poder formar gobierno, Calvo ha confirmado que el líder del PSOE no está dispuesto a volver a someter a la ciudadanía a la “frustración” de otra investidura fallida.

Los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio y José Ramón Lazcano, y los consejeros del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga y Concepción Rivero, han sido expulsados definitivamente de la formación naranja.

Según la resolución de la Comisión de Garantías y Valores, los ediles capitalinos causaron baja el pasado 6 de agosto en virtud del artículo 7 de los estatutos de Cs y por ello, la formación reclama al Ayuntamiento que extinga el grupo municipal y pasen a convertirse en ediles no adscritos y por tanto, con la consiguiente pérdida de derechos políticos y económicos.

En el caso de Arriaga y Rivero, fueron expulsados el 21 de agosto al no admitirse tampoco sus recursos contra su expulsión provisional, y al igual que con los ediles, Cs se ha dirigido al Cabildo para solicitar que se conviertan en consejeros no adscritos.

El expediente de expulsión de Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano se puso en marcha tras el pleno de constitución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el que votaron a favor de la elección de la socialista Patricia Hernández como nueva alcaldesa de la ciudad, en sustitución del nacionalista José Manuel Bermúdez.

La comisión ha ratificado igualmente la expulsión de las concejales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario María de la Peña Armas y Sonia Álamo, y solicitan al consistorio que las pase al grupo de no adscritos.

El dictamen afecta a Oriol Junqueras. Pero también puede repercutir en Carles Puigdemont y Toni Comín, que tienen abierta su propia causa ante el Tribunal de Justicia de la UE: ¿desde qué momento un representante público lo es? ¿En qué momento le aplica la inmunidad parlamentaria?

Este martes se ha conocido el dictamen del abogado general, el polaco Maciej Szpunar, después de la vista celebrada el 14 de octubre en Luxemburgo, el mismo día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo, que condenaba a Junqueras a 13 años de prisión y de inhabilitación por delitos de sedición y malversación.

El dictamen del abogado general no es vinculante y no se corresponde necesariamente con la futura sentencia, si bien la mayoría de las veces coincide. Según el Abogado General Szpunar, “la adquisición del mandato parlamentario de los diputados europeos resulta únicamente del voto de los electores y no puede estar supeditada al ulterior cumplimiento de formalidad alguna”, y “considera que el Parlamento Europeo debería poder pronunciarse sobre la oportunidad de suspender o de mantener la inmunidad de uno de sus miembros”. Así, Szpunar expone que debía considerarse que una persona en la situación de Junqueras había adquirido el mandato parlamentario y, por lo tanto, la condición de miembro del Parlamento, de modo que podía gozar de la inmunidad. 

Según Szpunar, la prestación del juramento o de la promesa de acatar la Constitución española no constituye una etapa del proceso de elección al Parlamento Europeo en España y que este proceso debe considerarse concluido con la proclamación oficial de los resultados. En consecuencia, la condición de miembro del Parlamento debe considerarse adquirida únicamente en virtud de dicha proclamación y desde el momento en que esta última tiene lugar. El Acta de 1976 3 no permite a un Estado miembro suspender por ninguna razón el mandato de un miembro del Parlamento ni las prerrogativas que lleva consigo. Por ello el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que declare que una persona que ha sido oficialmente proclamada electa al Parlamento Europeo por la autoridad competente del Estado miembro en el que tuvo lugar esa elección adquiere, únicamente por ese hecho y desde ese momento, la condición de miembro del Parlamento, independientemente de cualquier formalidad ulterior que esté obligada a cumplir, ya sea en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho nacional del Estado miembro en cuestión. Dicha persona conservará esa condición hasta el término de su mandato, salvo en los casos de dimisión, fallecimiento o anulación de su mandato.

Por consiguiente, según Szpunar, antes de la apertura de la sesión constitutiva del Parlamento Europeo tras las elecciones, las autoridades nacionales del Estado miembro en el que el diputado en cuestión ha resultado electo están obligadas a abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda obstaculizar los trámites del miembro del Parlamento necesarios para asumir efectivamente sus funciones y a suspender las medidas que ya estén en curso, salvo que hayan obtenido la suspensión de la inmunidad por el Parlamento. Esta obligación sólo se aplica a las medidas a las que atañe la inmunidad parlamentaria en virtud del Derecho nacional, al que se remite el Protocolo por lo que respecta al contenido material de la inmunidad.

Así, Szpunar expone que debía considerarse que una persona en la situación de Junqueras había adquirido el mandato parlamentario y, por lo tanto, la condición de miembro del Parlamento, de modo que podía gozar de la inmunidad establecida en el Protocolo. Este último establece que los miembros del Parlamento gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país. El Abogado General estima que, si bien el contenido sustantivo de la inmunidad derivada del Derecho nacional depende de ese Derecho, la duración de la protección se rige, no obstante, por el Derecho de la Unión, en pie de igualdad para todos los diputados del Parlamento. En cuanto al momento en que tal diputado comienza a gozar de esa inmunidad, el Abogado General señala que la inmunidad se aplica a los diputados, en principio, desde la apertura del primer período de sesiones del nuevo Parlamento Europeo electo, momento en el que comienza a correr la duración de su mandato. Dado que el Parlamento está permanentemente en período de sesiones, la duración de la cobertura de la inmunidad en cuestión coincide con la duración del mandato. Por otra parte, ninguna disposición supedita el inicio del mandato a la asistencia efectiva del diputado europeo a la sesión constitutiva del nuevo Parlamento electo, ni a que asuma efectivamente sus funciones en general, ni a ninguna otra circunstancia. Según el Sr. Szpunar, el mandato de un diputado europeo que no ha asumido efectivamente sus funciones por no haber cumplido todas las formalidades exigidas por el Derecho nacional también comienza con la apertura del primer período de sesiones del nuevo Parlamento electo. En consecuencia, a partir de ese mismo momento, ese diputado está amparado por la inmunidad parlamentaria establecida por el Protocolo.

No obstante, “Szpunar considera que, en la medida en que la sentencia de 14 de octubre de 2019 conlleva la anulación del mandato del Sr. Junqueras Vies, el Tribunal de Justicia no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, pues su respuesta tendría carácter hipotético”, afirma el Tribunal. Es decir, que aunque el Tribunal dictaminara finalmente de acuerdo con la opinión del abogado general, estaría el problema de que Junqueras ya ha sido inhabilitado. Pero podría tener repercusiones en los casos de Puigdemont y Comín, que no lo han sido al no haber sido juzgados.

Cuestión prejudicial del Supremo

Lo que ve el tribunal europeo es una cuestión prejudicial planteada por el propio Supremo –y que ha decidido mantener tras dictar sentencia–, en relación con su negativa a conceder el permiso penitenciario a Junqueras para recoger el acta de eurodiputado. Al contrario de lo que hizo cuando el líder de ERC fue elegido diputado en el Congreso, el Supremo negó esta vez el permiso por temer “riesgo de fuga”. 

Entonces, en tanto que Junqueras no pudo recoger el acta no porque no quisiera ir a por ella, sino por la negativa de un permiso penitenciario y en tanto que fue elegido eurodiputado el 26 de mayo, ¿en qué momento aplica la inmunidad parlamentaria?

Durante la vista de octubre, el representante de la Fiscalía, Fidel Cadena Serrano; de la Abogacía del Estado, Sonsoles Centeno Huerta; del Parlamento Europeo, Cristina Burgos; de la Comisión Europea, Isabel Martínez del Peral; y de Vox, Marta Castro Fuentes, defendieron que Junqueras no tiene derecho a reclamar esa inmunidad: sólo puede beneficiarse de ella tras la proclamación por parte del Estado miembro y la sesión constitutiva de la Eurocámara, en este caso el 2 de julio. Y Junqueras no pudo recoger el acta en junio por no tener el permiso penitenciario para ello por lo que no pudo asistir el 2 de julio a la sesión de Estrasburgo.

Por contra, el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynden, defendió en la vista que se está “frustrando la inmunidad y la independencia del Parlamento Europeo. No existe ninguna condición que impida el acceso a la inmunidad. Quien ha sido proclamado electo y se encuentra en territorio nacional, debe disfrutar de inmunidad cuando se contempla para quien ha sido electo para el español. La condición de parlamentario precisa de protección. El Supremo reconoce que su argumento es la incapacidad de alternativas a las prisión condicional. Este tribunal no puede basarse en la desconfianza del sistema de cooperación europeo”.

“Lo que el Supremo defiende”, afirmaba Van den Eyden, “es impedir la inmunidad para garantizar los efectos de un procedimiento penal y una medida de preventiva, pero la prohibición de salida no está prevista en la ley y viola derechos fundamentales”.