El Parlamento israelí ha aprobado una nueva ley para juzgar por la vía militar a los palestinos sospechosos de participar en los ataques del 7 de octubre de 2023, después de los cuales Israel lanzó su brutal ofensiva de castigo contra la Franja de Gaza. La ley establece la creación de un tribunal militar especial que podrá aplicar la pena de muerte a los supuestos implicados en esos ataques contra el sur de Israel, donde fueron asesinadas más de 1.200 personas y 250 secuestradas por las milicias palestinas.

El centro legal palestino-israelí Adalah ha denunciado que la ley recién aprobada “niega a los sospechosos las garantías procesales básicas para un juicio justo y habilita al tribunal para imponer la pena de muerte, una sentencia que no se ha ejecutado en Israel desde 1962”. Según Adalah, los procedimientos de ese tribunal militar son “fundamentalmente incompatibles con el derecho a la vida, la presunción de inocencia, la independencia judicial y el Estado de derecho”.

La ley ha recibido 93 votos a favor y ninguno en contra, en el Parlamento de 120 escaños y en una votación celebrada cerca de la medianoche del lunes. El texto fue impulsado por un partido que integra la coalición de gobierno ultraderechista, encabezada por Benjamín Netanyahu, y por un partido de la oposición, lo cual indica el apoyo unánime de todas las formaciones políticas a las medidas draconianas.

La ONG israelí Comité Público contra la Tortura ha afirmado que la Knéset (Parlamento) “ha votado a favor de la venganza por encima de la justicia”. “Quienes participaron en los ataques del 7 de octubre contra civiles en el sur de Israel deben rendir cuentas. Pero estos juicios masivos, que actúan como espectáculo, violan los derechos de los acusados y niegan a los supervivientes y sus familias una evaluación honesta de lo que les sucedió a ellos y a sus seres queridos”, ha agregado en un comunicado.

Además, el Comité Público contra la Tortura ha recordado que “la tortura contra los detenidos palestinos es generalizada, sistemática y se utiliza habitualmente para obtener confesiones”. La organización ha mostrado de esta forma su preocupación por los alrededor de 1.300 palestinos retenidos sin cargos en Israel como “combatientes ilegales”, además de un número indeterminado de gazatíes que mantiene detenidos bajo la sospecha de haber participado en los ataques del 7 de octubre.

Según medios locales, son unos 300 los palestinos detenidos ese día por haber supuestamente participado en los ataques contra varios lugares del sur de Israel, próximos a la valla fronteriza de Gaza.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, ha declarado que la ley ofrece “un marco histórico destinado a impartir justicia y llevar ante la justicia a los terroristas que perpetraron la peor masacre en la historia del Estado” de Israel, de acuerdo con el periódico The Times of Israel. Por su parte, el ministro de Finanzas, el ultrarradical Bezalel Smotrich –líder del partido Sionismo Religioso, que impulsó el texto–, se ha felicitado por la aprobación de la ley con el apoyo de la oposición. “No olvidaremos ni perdonaremos. Quienes asesinaron, violaron y masacraron pagarán las consecuencias”, ha afirmado.

La nueva ley se suma a otra aprobada por la Kneset a finales de marzo que introducía la pena de muerte por ahorcamiento como castigo por “actos de terrorismo” y que se aplicaría casi exclusivamente a los palestinos, tanto en Israel como en los territorios ocupados. Adalah ha denunciado que la aprobación de ambas leyes sitúa a Israel en contra de “la tendencia internacional hacia la abolición” de la pena de muerte y “en incumplimiento de sus obligaciones vinculantes en virtud del derecho internacional”.

Los días pasan y la situación en Oriente Medio no ve luz al final del túnel. El frágil alto el fuego sigue en pie y ya suma varias semanas sin que se vislumbre una solución a corto plazo. Durante el fin de semana, el intercambio de propuestas entre EEUU e Irán a través de Pakistán terminó sin un acercamiento entre ambos países.

Mientras, los ojos siguen en el Estrecho de Ormuz. Su bloqueo va a dejar una huella económica que será difícil borrar. Aquí un análisis. También continúa la represión del régimen iraní, como muestra el libro clandestino de la premio nobel Narges Mohammadi.

Trump no ha conseguido en Irán el éxito que esperaba y, con ese revés, afronta esta semana su viaje a China.

No es la primera vez, ni será la última, en la que se puede apreciar al presidente de EEUU, Donald Trump, dar visibles cabezadas durante un acto oficial en la Casa Blanca, donde se recuesta apaciblemente mientras su equipo pronuncia discursos que le dejan dormido.

Esta vez ha sido en un acto sobre la salud de las madres, con motivo del día de la madre, que en Estados Unidos se celebró este domingo. En el acto, además, Trump ha aprovechado para calificar de “basura” la última propuesta de Irán y de considerar que el alto el fuego se encuentra “en estado crítico”.

En cuanto han empezado a circular fotos y las imágenes de vídeo del Despacho Oval en el que se aprecia a Trump dar cabezadas, los servicios de comunicación de la Casa Blanca se han apresurado para replicar con insultos a los periodistas que difundían el momento.

“Estaba pestañeando, idiota”, replica la cuenta de X Rapid Response a Idrees Ali, periodista de Reuters especializado en la información del Pentágono, quien publicó una foto de la fotógrafa de Reuters en la que se veía al presidente con los ojos cerrados durante el acto sobre salud materna celebrado en el Despacho Oval.

En realidad, el periodista no mencionaba que Trump estuviera dormido, sino que simplemente difundía una imagen con el siguiente pie de foto: “El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un acto sobre salud maternal en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D.C., EEUU, el 11 de mayo de 2026”.

A partir de ahí, se sucedieron los comentarios en las redes sociales sobre la reacción airada de la Casa Blanca.

Trump, quien cada vez que menciona al expresidente Joe Biden le insulta con el apelativo de sleepy –dormilón–, ha dado más muestras en este primer año de su segundo mandato de sestear en su silla de las que dio su predecesor en los cuatro años que estuvo en el cargo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se mostró este martes desafiante ante la presión de las últimas horas que puede acabar con su liderazgo del partido y del país.

El líder laborista insiste en que no se marchará pese a las decenas de diputados de su grupo parlamentario que han pedido su dimisión y las renuncias simbólicas para empujarle. Al comienzo de la reunión de su gabinete en Downing Street ya prevista esta mañana, el primer ministro dijo que las últimas 48 horas han sido “desestabilizadoras” para la economía del país por la subida del coste de la deuda pública británica y recordó que ningún rival en el partido ha lanzado un reto formal para sustituirle.

Starmer repitió que asume la “responsabilidad” de los malos resultados de las elecciones locales del jueves pasado, pero también la de seguir luchando por “el cambio” que prometió hace dos años, cuando ganó las elecciones generales con mayoría absoluta. “Las últimas 48 horas han desestabilizado el Gobierno y eso tiene un coste económico real para nuestro país y para las familias”, dijo Starmer. “No se ha lanzado el proceso del Partido Laborista para retar al líder. El país espera de nosotros que sigamos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete”.

Los intereses de los bonos a diez años de deuda pública británica superaron el 5,13%, cerca del nivel alcanzado durante la crisis financiera de 2008.

Según varios medios, la ministra de Interior, Shabana Mahmood, y otros miembros del gabinete le pidieron este lunes a Starmer que considere anunciar un calendario para “una transición ordenada” y abrir un proceso para elegir sucesor de aquí a septiembre, cuando se celebrará el congreso del Partido Laborista. Los aspirantes más claros a sustituirlo son Angela Rayner, la exviceprimera ministra, Wes Streeting, el ministro de Sanidad, y Andy Burnham, el alcalde de Manchester y que ahora mismo no se puede presentar porque no es diputado, un requisito necesario para ser líder del partido. Para lanzar el desafío al primer ministro, cualquier candidato necesita el apoyo del 20% del grupo parlamentario, en este caso de 81 de los 403 diputados laboristas en la Cámara de los Comunes. El primer ministro estaría automáticamente también entre los candidatos a no ser que renuncie de manera explícita.

Los tres aspirantes a primer ministro tienen sus propios obstáculos: Rayner, del ala izquierda del partido, todavía está esperando la resolución de Hacienda sobre impuestos que no pagó como debía en el escándalo que la obligó a dimitir en septiembre; Streeting, el más centrista, es menos conocido y puede estar lastrado por su relación pasada con Peter Mandelson, el exembajador británico en Washington investigado ahora por la policía por sus conexiones con el pederasta Jeffrey Epstein; y Burnham, el más popular, tendría que ganar primero un escaño, algo no tan obvio dada la caída de apoyo electoral del laborismo.

En las últimas horas, varios ministros fieles han animado a Starmer a seguir “luchando” o a tomar las decisiones según lo que él crea mejor para el país y para el partido. A la salida de la reunión de este martes en Downing Street, los ministros que se pararon a hablar con la prensa fueron sus aliados. El ministro de Vivienda, Steve Reed, insistió en que los laboristas tienen unirse para apoyar al primer ministro y seguir “trabajando”. La ministra de Ciencia, Liz Kendall, aseguró que en la reunión se habló de la guerra de Irán y los retos económicos del momento. El primer ministro “seguirá con su trabajo como debe”, según el ministro de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden.

Los ministros que hablaron a la salida aseguraron que ninguno en la reunión desafió de manera formal a Starmer. “Hemos tenido una reunión del gabinete con mucho contenido para hablar de los grandes asuntos que afronta nuestra economía y nuestra sociedad. No se ha lanzado nada”, dijo Peter Kyle, ministro de Empresas. “Me voy a Bruselas para seguir trabajando con Bruselas para profundizar nuestra relación en beneficio del Reino Unido”. Varios ministros aseguraron que en la reunión nadie pidió a Starmer su dimisión. El primer ministro dijo que no hablaría del debate sobre su liderazgo durante la reunión del gabinete y que lo haría con los ministros de manera individual.

La ministra Mahmood se fue por la puerta de atrás, y Streeting no se paró a responder las preguntas que le gritaban los periodistas junto a la puerta del 10 de Downing Street.

En todo caso, este martes el futuro del Gobierno británico sigue incierto. Puede haber más dimisiones como medida de presión. A primera hora de la mañana, dimitió una secretaria de Estado de Comunidades, Miatta Fahnbulleh, después de varias renuncias de parlamentarios que trabajan como asistentes de ministros. La renuncia de cargos públicos del Gobierno es una forma clásica en la política británica de provocar la caída del líder. La secretaria de Estado dijo que hacía falta más “ritmo” y “ambición” en las medidas para cambiar el país. Otras dos secretarias de Estado dimitieron después de la reunión del gabinete.

El derrumbe del Partido Laborista en las elecciones locales del 7 de mayo ha llevado a parlamentarios, sindicalistas y otros aliados laboristas a pedir la dimisión de Starmer o el anuncio de una retirada en los próximos meses para que otro líder de su partido intente gobernar el país tocado por el declive y el descontento. Pero la presión contra el primer ministro viene de atrás, al menos desde noviembre.

El discurso

Starmer intentó este lunes convencer a los suyos con un discurso en el que prometió una vez más centrarse en ayudar a la clase trabajadora, acercarse a la UE y renacionalizar las empresas en sectores clave al borde de la quiebra. Pero las llamadas de miembros de su partido a que se aparte continuaron durante todo el día. Este martes por la mañana, ya habían salido a pedirle en público que se marchara más de 80 diputados. Los primeros habían sido los tradicionalmente más críticos con Starmer, pero a medida que transcurrían las horas se fueron uniendo algunos de los diputados que le habían defendido con más entusiasmo en el pasado y de todo el espectro ideológico. 

Había diputados veteranos y otros más novatos, elegidos por primera vez en 2024, cuando Starmer consiguió una mayoría histórica por el margen para el laborismo en la Cámara de los Comunes tras 14 años de gobiernos laboristas. Pidió su dimisión hasta el diputado más joven, Sam Carling elegido por Cambridge con 22 años cuando Starmer llegó a primer ministro. “Se necesita cambio y tristemente he llegado a la conclusión de que Keir Starmer no es la persona adecuada para liderar ese cambio”, dijo Carling, en una declaración con palabras parecidas a las de otros. “Hemos hecho muchos progresos, pero si seguimos como ahora me temo que no durará”. 

Pero esos más de 80 diputados críticos no están unidos por ahora alrededor de un candidato alternativo a Starmer, como insiste el primer ministro y los ministros que lo defienden.

El caos laborista llega justo en la apertura del nuevo curso legislativo. Este miércoles arranca en el Parlamento con el discurso del rey, que lee los planes legislativos del Gobierno para el nuevo curso. Entre las medidas anunciadas ya por Starmer está la legislación para acompasar de manera más automática las reglas en el Reino Unido con las que apruebe la Unión Europea y así facilitar el comercio, tocado para la isla desde el Brexit. El primer ministro insiste en que no es el momento de una crisis interna con tantos retos externos.

Starmer alertó el lunes contra “el caos de cambiar constantemente de líderes” como hicieron los gobiernos conservadores en sus 14 años en el poder marcados a menudo por las crisis: “El Partido Laborista no puede infligir eso a el país otra vez”.

La compañía teatral La Maquiné será la encargada de dirigir la gala de los XXIII Premios Max de las Artes Escénicas que se celebrará el próximo 29 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga, según ha anunciado la Fundación SGAE.

La Maquiné es una compañía de teatro familiar formada por los creadores escénicos Joaquín Casanova (Granada, 1976) y Elisa Ramos (Granada, 1978) quienes trabajan desde 2008 en una nueva forma de teatro capaz de acercar las artes escénicas tanto a niños como adultos.

Seis años después de recibir un Premio Max por “El bosque de Grimm”, La Maquiné dirigirá la ceremonia de estos galardones, los más importantes de las artes escénicas españolas, organizada por la Fundación SGAE, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, el Teatro Cervantes de Málaga y el INAEM.

Una cuidada estética, el empleo de un lenguaje plural y de calidad y el detallismo de cada una de sus producciones ha consolidado esta compañía como una de las más originales del teatro familiar, capaz de desarrollar un discurso universal, centrado en la creación de nuevos públicos, ha explicado la organización de los Premios Max.

“El arte de escuchar” será el lema de esta próxima edición: “una reflexión de la sociedad en donde vivimos, contaminada por el ruido, la tecnología y estímulos que nos bombardean constantemente, que nos desvían de una escucha más enriquecedora”, ha indicado la organización.

Esta es la primera vez que la ceremonia de los Premios Max, galardones de carácter itinerante, recala en Málaga, donde coincidirán con el 150 aniversario de su Teatro Cervantes.

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, a la edición del pasado año concurrieron 3.200 candidaturas profesionales individuales y 358 espectáculos.

Volver sobre la propia historia no es que sea conveniente, sino que es imprescindible. Cuando se trata de la historia tan reciente que casi no se puede considerar historia, sino parte del propio proceso político que se está viviendo, todavía más. Lo que pasó ayer mismo es historia, pero es también materia con la que se está haciendo política hoy.

Viene a cuento esta introducción del ruido que ha acompañado al que todavía no es siquiera Proyecto de Ley de Libertad Sexual. Pareciera que estamos ante una norma que va a ser publicada en el BOE y va a entrar en vigor de manera inmediata, cuando no ha empezado propiamente el iter legislativo pre-parlamentario.

Nadie debería sorprenderse con lo ocurrido esta pasada semana y menos que nadie los partidos que han formado el primer Gobierno de coalición desde la entrada en vigor de la Constitución. Basta echar la mirada a lo que ha sido, y continúa siendo, la resistencia frente a la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, para anticipar lo que cabía y cabe esperar respecto de la Ley de Libertad Sexual. Porque esto no ha hecho más que empezar.

Aparentemente, la Ley Orgánica 1/2004 contra la Violencia de Género no encontró resistencia alguna. Fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. El PP, que se había resistido durante la legislatura anterior con su mayoría absoluta a aprobar la Proposición de Ley del PSOE de 2001 y que respondió en 2003 con la aprobación de la LO 11/2003, “de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros”, no se atrevió, tras la derrota de marzo de 2004, a oponerse a la ley y votó con todos los demás grupos parlamentarios la LO 1/2004 propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ni un solo voto en contra.

Esa unanimidad parlamentaria sería puesta en cuestión inmediatamente desde el poder judicial. Con la violencia de género se inició la “guerra jurídica”. Se elevarían contra la LO 1/2004 200 cuestiones de inconstitucionalidad, de las cuales el Tribunal Constitucional (TC) admitiría 127. El TC dictaría la STC 59/2008 con 7 votos a favor de la constitucionalidad de la ley y 5 votos en contra.

¿Es admisible que una Ley aprobada por unanimidad por las Cortes Generales que “representan al pueblo español” (art. 66. 1 CE) pueda ser cuestionada en su constitucionalidad por un juez? ¿Es admisible que el TC admita un tal cuestionamiento?

Formalmente no hay nada que lo impida, pero materialmente es inadmisible. Una interpretación de la Constitución hecha por unanimidad por las Cortes Generales no puede ser puesta en cuestión. La unanimidad del único órgano constitucional que representa directamente al pueblo español excluye el control jurisdiccional. La Justicia constitucional es una institución “contra-mayoritaria”, pero no “anti-democrática”. No puede convertirse en una institución contra la expresión unánime del Parlamento. Una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juez contra una ley unánimemente aprobada por las Cortes Generales es un ejercicio fraudulento de dicho instituto. Así como también lo es que el TC la admita a trámite y no la rechace de plano. La cuestión de constitucionalidad es un instrumento de defensa de la democracia y no puede convertirse en un instrumento de resistencia y agresión a la forma más contundente posible de expresión de la “voluntad popular”.

En esa resistencia judicializada a la Ley contra la Violencia de Género se generó el caldo de cultivo que acabaría encontrando su expresión en Vox. La “guerra jurídica” contra la violencia de género fue clave para la génesis de Vox. Fue una resistencia, además, no solo judicial, ya que estuvo acompañada por algunas voces destacadas, como la de Alfonso Guerra, que llegó a acusar veladamente de prevaricación al TC por no haber declarado anticonstitucional la ley. “Guerra jurídica” más “fuego amigo”.

De aquellos polvos, estos lodos. Lo que está ocurriendo con la política contra la violencia de género en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que el concurso de Vox es necesario para la formación de gobierno, que doy por sobradamente conocido, viene de allí. Así como también viene de allí el batiburrillo entre los socios de Gobierno puesto de manifiesto esta semana respecto de la Ley de Libertad Sexual.

Y de allí, del aprendizaje que ha hecho la derecha contra la violencia de género, especialmente desde el éxito de Vox, es del que se va a hacer uso contra la Ley de Libertad Sexual. Estoy convencido de que el PP considera que se equivocó al permitir que la Ley contra la Violencia de Género fuera aprobada por unanimidad. Ahora con Vox ya no sería posible que la Ley de Libertad Sexual fuera aprobada por unanimidad, pero, en todo caso, el PP piensa que tiene que hacer visible su distanciamiento de lo que hizo con la violencia de género en 2004. Y de ahí que ahora no será contra la aplicación de la Ley de Libertad Sexual contra lo que se hará oposición, sino que se hará desde antes incluso de que se haya iniciado su tramitación como proyecto de ley. Es lo que estamos viendo. Y se continuará, por supuesto, una vez que la ley haya sido aprobada y haya entrado en vigor.

Las derechas españolas con sus apoyos mediáticos anuncian una “batalla integral” contra la ley, en la que no se va a dejar de recurrir a ninguno de los instrumentos que estén a su disposición. Y en esta época de “fake news”, los instrumentos son muchos más que aquellos de los que se dispusieron contra la LO 1/2004.

Me imagino que, tras lo ocurrido esta semana, no solamente los partidos que forman el Gobierno, sino todos los demás que directa o indirectamente han hecho posible su formación, tomarán buena nota. La ley es de suma importancia, tanto desde un punto de vista de la realidad a la que se dirige como por su valor simbólico. Es una ley que interpela a lo que se debe entender por democracia en este siglo XXI. El canon de la Ley de Libertad Sexual es el indicador de la democracia contemporánea. Es la pieza que faltó en la definición del “contrato social” con base en el cual se ha construido y desarrollado el Estado Constitucional hasta hoy, aunque no con la misma intensidad durante todo este tiempo. Pero ha faltado. Son, pues, más de dos siglos de historia constitucional, e innumerables de historia preconstitucional, los que hay que corregir.

Nadie puede llamarse a engaño. No se puede admitir distracción ni confusión de ningún tipo. Hay que definir con claridad cuál es el contenido que debe tener la ley y blindarla técnicamente. Es obvio que en la definición del contenido y del blindaje técnico no solamente puede haber, sino que no puede no haber, opiniones no totalmente coincidentes y que será necesario, en consecuencia, un esfuerzo para llegar al acuerdo. Eso no pasa solo con esta ley, aunque con esta ley pase de una manera muy especial.

Por eso la movilización ciudadana es decisiva. Tiene que entrar de manera destacada en la fabricación del consenso necesario para que la ley se apruebe y entre en vigor. La manifestación de este domingo 8 de marzo debe ser un momento de singular importancia en esta operación. El mensaje tiene que ser expreso e inequívoco. Y que quien no esté de acuerdo, que no venga.

A mediados del siglo VI D.C, una epidemia, la denominada plaga de Justiniano, asoló el Imperio Bizantino y se fue extendiendo por el Mediterráneo hasta Dinamarca e Irlanda. Hoy se estima, con un grado alto de fiabilidad, que fue el bacilo de la peste (Yersinia pestis). La historia de la humanidad es la historia de sus epidemias y la historia de cómo los estados y la sociedad civil se han enfrentado a éstas. En el mundo actual, hemos asistido a diferentes epidemias de distinta gravedad: desde los tiempos del SIDA a la gripe A, el ébola o el virus RS-COV. Todo esto sin olvidar la gripe clásica que se extiende cada año en nuestro país y que se lleva su precio en vidas humanas

Pero la epidemia del coronavirus, COVID-19, ha puesto negro sobre blanco la necesidad de construir estados del bienestar fuertes y consolidados que puedan hacer frente a impactos severos desde el puntos de vista de la salud pública, la economía o el medio ambiente. La pandemia nos ha dicho que es necesario garantizar los medios humanos y materiales suficientes en todos los niveles del sistema sanitario para hacerla frente. Los recursos humanos e infraestructuras sanitarias tienen que ser suficientes para una asistencia adecuada y de calidad frente al coronavirus. También garantizar la salud y el bienestar del personal sanitario que está expuesto de manera especial. Por otra parte, es necesario mostrar nuestro más profundo agradecimiento al personal sanitario por su trabajo en esta crisis.

Otra tarea urgente es el aumento del presupuesto para la sanidad pública, después de los drásticos recortes anteriores, que garantice que ésta sea universal y de calidad. Se necesita más personal sanitario, camas de hospital y mejores servicios auxiliares que puedan atender a toda la gente que lo necesita y que evite una mayor mortalidad de la pandemia. Un objetivo a conseguir es revertir los procesos de privatización y externalización de la sanidad y del trabajo social. La atención primaria en un sistema de salud público es el camino para garantizar el derecho a la atención universal. Los seguros y hospitales privados tienen que asumir su parte del coste del tratamiento del coronavirus, para que la sanidad privada se corresponsabilice de los gastos que, hasta este momento, solamente ha soportado el sistema de sanidad público. La ciudadanía tenemos que desarrollar responsabilidad social con empatía hacia las personas más necesitadas o vulnerables.

Garantizar los derechos laborales a las personas afectadas por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia es otra tarea pendiente. La protección social de las personas trabajadoras, especialmente aquellas con contratos precarios que son quienes cargan con el mayor peso y riesgo de la crisis causada por el coronavirus.  Hay que asumir las bajas por cuidados con el mantenimiento del salario, reducción de la jornada laboral con el sueldo completo y medidas para garantizar la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados y que estos no recaigan solamente en las mujeres. Se necesitan aumentar las medidas de protección a pequeños comercios, pequeñas empresas y a personas en régimen de autónomos, que son las que ya están sufriendo un impacto en sus economías. Además, fomentar el comercio de barrio y los canales cortos de comercialización para abastecerse y dar apoyos fiscales a pequeñas empresas que hayan sufrido el impacto de la crisis del coronavirus.

Esta situación nos debe hacer pensar en la disminución de gastos y despilfarros de la administración que no repercuten en la calidad de vida de las personas: rescates de autovías o bancos, grandes infraestructuras de transporte, ampliaciones de aeropuertos, gasto militar o subvenciones a líneas aéreas. Es una oportunidad también para la mejora de la salud ambiental. La mala calidad del aire, la contaminación química o la contaminación del agua, además de provocar una gran cantidad de muertes prematuras al año, merman la salud de la población y nos hacen más vulnerables a infecciones. Se debe dar prioridad a actuaciones que mejoren la salud y medio ambiente en todas las políticas públicas.

Esta epidemia manifiesta la gran fragilidad de nuestros sistemas económicos que generan contaminación, contribución al cambio climático, pérdida de biodiversidad, injusto reparto de la riqueza y morbilidad y mortalidad ambiental y sanitaria. Ante esto, no queda otra opción que poner la vida en el centro de las políticas económicas y sociales.  Seguro que saldremos de esta epidemia, pero es necesario repensar nuestro futuro para seguir construyendo y reforzando un estado del bienestar sostenible, al servicio de la ciudadanía.

Vayan por delante las disculpas porque este artículo llega tarde pero ya se sabe que lo más difícil del mundo es pensar (aunque no siempre basta con el esfuerzo) y más en estos días de convulsión colectiva. Como muchos otros ciudadanos y ciudadanas me he preguntado si no hubiese sido mejor cerrar zonas como Madrid o Vitoria para evitar que el contagio, la maldita curva del coronavirus, no ascendiese como lo ha hecho. Hemos descubierto que los epidemiólogos, como pasa con los economistas o los politólogos cuando recurrimos a ellos para aclararnos dudas, dan respuestas distintas e incluso contradictorias a una pregunta que a priori al resto se nos antoja sencilla. No lo debe ser tanto cuando no todos contestan lo mismo.

Como muchos otros ciudadanos y ciudadanas me he preguntado si el confinamiento decretado por el Gobierno no debería ser más severo y limitar las salidas a aquellos que trabajan en los sectores considerados esenciales. Que empleados de fábricas como la de Mercedes-Benz en Vitoria hayan tenido que plantarse para que se pare la producción hace que las dudas sean más que pertinentes. Es cierto, no todo el mundo puede trabajar desde casa y hay que procurar una alternativa que no sea la de exponer a una parte de la población que no pertenece a los servicios considerados como esenciales.

Como muchos otros ciudadanos y ciudadanas me he preguntado en qué está la Unión Europea, si esto va de que cada Estado se salve como pueda y si en Bruselas alguién aprendió alguna lección de la crisis del 2008. Pedro Sánchez pronostica que esta nueva crisis será temporal y coyuntural. Ojalá. Pero que sea así, vista la incomparecencia de la UE, depende sobre todo de la respuesta que den los gobiernos. Tendrá más posibilidades de acertar si los 200.000 millones prometidos este martes acaban llegando y si el escudo social no se queda solo en retórica.

Muchos tenemos un cielo de Madrid en nuestras vidas, sea a través de canciones escritas en el barrio de Carabanchel o de los atascos en la Gran Vía; de las sobremesas sin reloj a las novelas de Juan Eduardo Zúñiga. Y estos días de videoconferencias por trabajo, amistad o ambas a la vez, intentamos animarnos pensando en que cuando pase todo esto nos reuniremos en una mesa y funcionará el conjuro de nuestra cocinera preferida, que lleva media vida en Madrid pero es muy gallega.

Utilizar esta crisis, que no es madrileña, ni vasca ni catalana o murciana sino mundial, para buscar rédito político es una equivocación. Muchos Estados han cometido errores, el propio Sánchez asume que España puede estar entre los que deberían haberlo hecho mejor, pero a estas alturas el objetivo común de todas las administraciones tiene que ser frenar la curva de contagios, garantizar el material y asistencia sanitaria necesarias y diseñar una estrategia económica que tenga como prioridad evitar que siga ensanchándose la desigualdad. Por si alguien lo ha olvidado, haber permitido esa brecha social fue uno de los grandes errores de la crisis del 2008 que aún estamos pagando.

En estos días tan aciagos, en los que miles de personas se debaten entre la vida y la muerte y el resto de la humanidad sufre el temor al contagio del virus, el confinamiento domiciliario ha entrado como elefante en cacharrería modificando sustancialmente nuestras costumbres. Probablemente pocas personas, excepto visionarias o frikis podían haber imaginado un escenario como el actual. La gravedad de la situación obliga a adoptar medidas extremas que están poniendo a prueba capacidad de resistencia, moderación y convivencia.

Las cuatro paredes a las que nos gusta llamar 'hogar' nunca como ahora han sido objeto de análisis tan minuciosos; observamos con asombro ese decorado que nos pide a gritos una reforma, que aún tardará en llegar; las baldas de la estantería estarán pronto vencidas, si no actuamos rápidamente con un apoyo; esos cajones de la cómoda que no acaban de cerrar bien…Veinticuatro horas para revisar la salud de nuestras viviendas; todo un día para convivir con nuestra familia, con las neuras, manías y costumbres de cada cual; tiempo para exprimir verbos que en nuestro quehacer cotidiano quizás usemos poco, como hablar, reír, leer o cantar. También tiempo de trabajo.

Y es en ese tiempo, el del teletrabajo, el que nos depara una oportunidad distinta, al menos a quienes no estamos en esto de la educación “tele transportada”. Por ejemplo, podemos activar una acción que, en circunstancias normales, suele resultar escasamente usual: listar películas comerciales que aporten significado didáctico y espíritu en el alumnado.

Estas páginas ya han servido para un objetivo similar en otro tiempo. Pretendo ahora ceñirme a largometrajes recientes relativamente que ayuden a pensar sobre la sociedad en la que vivimos, que ofrezcan alternativas, que valoren esfuerzos y oficios no siempre adecuadamente reconocidos.

Estoy hablando de las ventajas del cine social para la educación. Diversos autores reconocen que, sin ser propiamente un género cinematográfico, el cine social (tanto el documental como el de ficción) sirve para denunciar problemas actuales y para ayudar a transformar la propia sociedad. Las obras aquí encuadradas se alimentan de la realidad para incidir críticamente sobre ella. La mayoría de los directores y de las directoras que aquí encajan sus obras ven el cine social como un medio más que como un fin en sí mismo.

El periodista de El Correo César Coca, en el Suplemento Territorios, dedicado a conmemorar los 125 años del Cine, recoge unas palabras de Ángeles González-Sinde, exministra de Cultura, que sirven para introducir una de las bondades sociales del cine al que nos referimos: “Debemos plantearnos cómo el cine aborda la igualdad de género, el racismo, la injusticia económica, o si se presenta una sociedad irreal en la que hay pocos o ningún inmigrante o no existen mujeres policía o juezas”.

Para hablar de injusticia de género, nada mejor que recurrir a 'La fuente de las mujeres' (2011), de Radu Mihaileanu. Esta película franco-belga sitúa en un poblado indeterminado del África subsahariana la polémica que hombres y mujeres mantienen para decidir quién debe de encargarse de recoger el agua de la fuente de la montaña. La tradición, que obligaba a las mujeres, queda cuestionada cuando éstas deciden iniciar una huelga de sexo hasta que se debata la cuestión. A partir de entonces cada cual utilizará cuantos argumentos considere necesarios para convencer de su razón.

Cuatro años después y con dos Oscar a sus espaldas (mejor película y mejor guion original) surge 'Spotligth', de Tom McCarthy. En este caso, el objetivo es demostrar la tenacidad de un grupo de periodistas de investigación del Boston Globe para denunciar los abusos sexuales cometidos por diversos sacerdotes de la diócesis de esa ciudad. El film muestra las complicaciones que debe superar el equipo de investigación para vencer las continuas zancadillas que el poder establecido (el religioso, en este caso) utiliza para mantener el orden establecido.

Ken Loach, director referente si hablamos de cine social, dirigió en el año 2016 'Yo, Daniel Blake', o la utilización por el Estado de todos los resortes posibles para perjudicar a esa parte de la ciudadanía británica, necesitada de protección social. El protagonista, un carpintero obligado a dejar de trabajar por motivos de salud, se encuentra con la incoherente decisión administrativa de no concesión de baja médica, siendo obligado a trabajar en empleos cada vez más variados y denigrantes. La nota solidaria de la película la aporta su relación con Katie, una madre soltera con dos hijos, obligada también a recorrer sin éxito todos los canales administrativos de auxilio social. Sólo el calor humano que surge de la relación de estos desahuciados británicos de la época de Cameron irriga un soplo de esperanza. La película obtuvo premios en los festivales de Venecia, Locarno y San Sebastián.

Dentro del cine europeo continental, quizás Francia sea el país que realiza películas de mayor compromiso social. En 2018, dos de ellas llegaron a nuestras pantallas con relativo éxito: 'Las buenas Intenciones', de Gilles Legrand, y 'Las invisibles', de Louis-Julien Petit. En la primera de ellas, la protagonista, una persona entregada en cuerpo y alma a las causas sociales, ve peligrar su trabajo y se empeña en abrir un centro de formación para personas refugiadas. En clave de comedia, pero con destellos de la miseria social en la que viven millones de personas del mundo privilegiado, se nos muestran las pugnas de dos mundos cercanos y lejanos a la vez. Impagable la escena en la que Isabelle, la protagonista, acompañada de su hija, a la hora de pagar, interroga a la cajera sobre la trazabilidad de la prenda en cuestión.

La segunda película francesa citada ya encierra en su propio título el destino del grupo de mujeres que vive en las calles de nuestras principales ciudades. El argumento recoge los meses finales de un centro de día que atiende a este tipo de mujeres y que cerrará inevitablemente. Toda la película gira en torno a ese tiempo final, con prisas, en las que el esfuerzo y nerviosismo de unas -las trabajadoras sociales- choca continuamente con la aparente tranquilidad y resignación de las otras -mujeres acostumbradas a desconfiar diariamente de las instituciones-. El nexo que las une es la dignidad de unas y otras por hacer frente de la manera más humana al futuro que las espera.

El pasado año, Ken Loach dirigió 'Sorry We Missed You' y volvió a acertar. Este prolijo director, próximo a cumplir 84 años, se ha olvidado de la edad para construir una de sus obras más completas, en opinión de los críticos. Acostumbrado como está a navegar contra corriente, Loach elige esta vez la economía colaborativa inglesa para hacerla fuente de sus críticas. Muestra los subterfugios escondidos del capitalismo más despiadado, ese que se esconde tras el bálsamo de la aparente energía del trabajo autónomo, del emprendimiento, para mostrar las carencias de jornadas sin horario límite, por salarios irrisorios y sin protección social alguna.

El protagonista, un padre de familia de clase obrera, obligado a refugiarse en una nueva empresa de reparto a domicilio, en clave colaborativa. Junto a él, su mujer, que cuida de personas dependientes, encerrada en un trabajo muy válido para la nueva modalidad capitalista británica, los contratos de cero horas. Completan la imagen familiar sus dos hijos, adolescente el mayor con toda la rabia propia de la edad y esquivo ante la mansedumbre que cree ver en sus progenitores, y la niña, elemento aglutinador de las relaciones familiares.

Finalizo el listado con una producción española, en cartelera hasta la suspensión de las actividades de masas por el coronavirus: 'Adú', de Salvador Cano. En esta película se mezclan tres historias con un nexo común: la emigración. De un lado, las personas encargadas de vigilar las fronteras para frenar la avalancha de miles de seres ansiosos de un mundo mejor; del otro, las que se dedican a la ayuda humanitaria, intentando aliviar la brutalidad sufrida por quienes se exponen al éxodo; en medio, el protagonista, Adú, un niño camerunés, de seis años, felizmente interpretado por Moustapha Oumarou, que inicia junto a su hermana un viaje inesperado.

La discriminación sexual, la escasez de recursos sociales, la injusticia con las personas oprimidas, la esperanza solidaria son algunos de los temas recurrentes aparecidos en este puñado de obras de cine social mencionadas. Hay muchas más que indagan día tras día en la pobreza y riqueza consustancial al ser humano. El cine seguirá estando ahí para contárnoslo. Porque esa es su esencia. Como dice Román Gubern “…entra por los ojos; es el arte popular de masas por excelencia”. Seguiremos utilizándolo en la educación para ayudar a abrir mentes, a mejorar la formación de un espíritu crítico que conforme una ética necesaria en el alumnado.

De manera clara y sin dejar espacio a la interpretación, el Tribunal de Justicia Europeo reconoce el abuso sostenido en el tiempo sobre el personal interino y eventual en fraude de ley por la temporalidad. De esta forma, tumba uno de los principales argumentos de la Administración al reconocer que el no haber reclamado este fraude no sustrae al poder público del cumplimiento de la Directiva Europea 70/1999, que sanciona este comportamiento irregular, amen de las propias leyes del Estado Español.

Si bien no impone a los estados miembros una obligación general de trasformar en contratos por tiempo indefinido los contratos de duración indeterminada, sí prohíbe el abuso de la temporalidad, lo que a la postre significa acabar, y en su caso sancionar, los abusos de la Administración.

La sanción de estas prácticas debe ser efectiva y disuasoria, para garantizar que este abuso de la temporalidad no vuelva a ocurrir. En este sentido la sentencia deja abierta la puerta a poder obtener como sanción una indemnización equivalente a la del despido improcedente. Esta medida hace un claro guiño a lo gravedad e improcedencia del despido de este personal. Esta compensación por despido, a mi juicio, no impide la reclamación de otras indemnizaciones por daños y perjuicios, daños morales, incluso contra su salud.

Es muy importante que la sentencia reconozca que se deben cubrir con plazas fijas aquellas que sean estructurales. Esto supone un gran avance al asignar de facto una plaza fija a todo el personal con abuso en la temporalidad, puesto que ahora no pueden definir como no estructural una plaza cubierta durante años. Esto daría pie a la desaparición de las tasas de reposición de efectivos, dejando a cada persona con una plaza.

La situación deja al Gobierno sin muchas opciones, ya que de coger el camino de la indemnización se enfrentaría a cientos de miles de denuncias que podrían colapsar los juzgados y suponer una indemnización de tal cuantía, que resultara inasumible en estos momentos de crisis.

El otro camino, para mi el más lógico, sería que una vez reconocido el  “Una persona una plaza” (con el fin de las tasas de reposición para este colectivo), sería el de optar por el concurso de méritos restringido que, por otra parte, se encuentra en nuestra legislación para casos excepcionales, ya que la sentencia europea pone coto a la Figura de Personal Laboral Indefinido no Fijo, creada a golpe de sentencia.

Es en este punto donde otros estados de la UE tomaron caminos distintos, como Grecia e Italia. Todo parece indicar, por la postura de los sindicatos mayoritarios, que ya solicitan el fin de las tasas de reposición para este colectivo, que el camino marcado, a poco que apriete el colectivo de interinos y laborales en fraude de ley por la temporalidad, será el concurso de méritos. A la postre significaría no desperdiciar toda la formación y experiencia de personal que ha demostrado desempeñar con eficacia el puesto, ahora más que nunca estructural, que ocupan.

El colectivo está unido. Se han organizado de espalda a los sindicatos oficialistas, y está dispuesto a dar la batalla. No se debe tardar mucho en dar una solución justa a este personal de la Administración que a pesar de estar abusado y con precariedad laboral se está jugando la vida en defensa del interés público en estos delicados momentos.

Pero, dentro de esa avalancha de noticias echo a faltar una mayor atención hacia el que es el objetivo prioritario del maldito coronavirus: los viejos. Y sin ser, creo, conspiranoico el único motivo que se me ocurre es que entre los productores y comunicadores de esas noticias hay muy pocos viejos; y esto, unido al conocido síndrome de querer ignorar el futuro que afecta a muchos jóvenes, nos hace poco menos que invisibles, cuando en realidad somos, muy a pesar nuestro, los protagonistas de esta película de terror. Intentaré con estas letras paliar en parte esta injusticia expresando qué y cómo percibo personalmente, como un viejo más, la situación.

Si tuviera que resumir en una palabra el sentir general diría que los viejos estamos literalmente acojonados. Unos lo manifiestan más abiertamente y otros lo tratamos de disimular; pero el temor, sea explícito o implícito, se capta en nuestras actitudes y nuestras conversaciones. Los motivos para este temor son variados y diferentes en cada caso; pero siempre van combinados entre ellos, y nos  afectan de modo distinti según las circunstancias personales de cada uno. Me explicaré:

Ante la previsible prolongación de esta situación, solo puedo pedir tres cosas: