Cuando hace unas semanas, desde la nave Orión, nos llegaron imágenes de la cara oculta de la Luna, los consejeros autonómicos de las comunidades donde habitan lobos en España respiraron con alivio: no había lobos a la vista. Y es que en este 2026, en el que la humanidad ha sido capaz de desarrollar una tecnología que permitió llevar a cuatro personas a los confines de la Luna, los responsables de diversas regiones del norte de España nos azotan semanalmente con la admonición de que la ganadería está en riesgo por culpa de los lobos. Somos capaces de poner una nave con cuatro personas a girar alrededor de la Luna, pero hay quien nos quiere hacer creer que en España no es posible implementar sistemas para coexistir con apenas 2.000 lobos sin prescindir de matarlos a balazos.

No es esta una afirmación gratuita, se basa en declaraciones públicas que pueden leerse en la hemeroteca. Hace unos días así lo expresó Marcelino Marcos, consejero de medio rural del Gobierno asturiano, tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que daba la razón a las demandas presentadas por organizaciones ecologistas contra las matanzas de lobos impulsadas por el Gobierno regional.

Este tipo de declaraciones alarmistas son también habituales entre los responsables públicos de Galicia, de Cantabria y de La Rioja, comunidades que, como Asturias, abrazaron la matanza de lobos tras la desprotección de la especie en marzo de 2025. Incluso en Euskadi y Aragón, territorios donde la especie tiene una presencia testimonial, sus gobiernos se expresan en estos términos. La pregunta que procede es si estas afirmaciones tienen algún rigor: ¿está la ganadería en riesgo por la presencia de los lobos? Analicemos algunas cifras.

Asturias cerró su censo bovino de 2025 con 337.000 animales; Galicia supera el medio millón; Cantabria cuenta con unas 250.000 vacas; y Euskadi con unas 150.000. Es decir, hablamos de más de un millón de vacas solo en las comunidades cantábricas. A la vista de que la ganadería bovina -que es la principal en esas regiones cuyos responsables son los impulsores de mensajes apocalípticos- no está en peligro, hablemos de los daños ocasionados por los lobos.

Según distintos datos tomados de las comunidades autónomas, el número de animales afectados anualmente por ataques de lobos se sitúa en unos 15.000 para el total de los territorios en que los lobos están presentes en la mitad norte de España (porque en la mitad sur los eliminamos hace pocas décadas). En esos territorios, el censo ganadero total en extensivo supera los tres millones de animales. La afección numérica de esos 15.000 animales muertos atribuidos a los lobos supone el 0,5 % de la cabaña ganadera total en extensivo. Las pérdidas de animales por otras causas, como enfermedades o ingestión accidental de plantas tóxicas, supera esa cifra. Por poner un contraste, el brote de dermatosis nodular contagiosa (DNC) que afectó a Cataluña a finales de 2025 derivó en el sacrificio de más de 2.000 vacas solo en Girona: algo más del 1,5 % del censo bovino de esa provincia.

Basándonos en datos, los daños de los lobos no son una amenaza para el sector ganadero. Esto no exime de que en casos muy determinados los daños pueden derivar en problemas puntuales en algunas explotaciones. Porque, más allá de las cifras globales, hay que observar los problemas individuales. Pero para ello están las medidas preventivas y compensatorias.

Los daños de los lobos se pueden y se deben prevenir y minimizar. Para ello existen numerosas alternativas, desde el uso de perros de vigilancia bien entrenados hasta los vallados y sistemas de seguimiento con tecnología de localización, medidas que tienen que ir acompañadas de un cuidado de los animales con cierres nocturnos y pastoreo presencial. Todas estas medidas deben contar con el apoyo de las administraciones, con acciones de formación y suficiente respaldo económico, medidas que además pueden generar empleo en el medio rural. Tenemos como sociedad el reto de abordar esas medidas de coexistencia con la fauna salvaje, siendo conscientes de que en ciertos casos son complejas de implementar. Pero sabemos cómo hacerlo, el objetivo es llevarlo a cabo sobre el terreno afrontando las dificultades que existen, analizando los casos individualmente y creando marcos de mediación con la imprescindible participación del sector ganadero.

Además, los daños de los lobos, como todos los de la fauna salvaje, deben ser indemnizados de manera ágil y contemplando otros efectos que conllevan los mismos. Esos daños ascienden actualmente a una cifra que se mueve entre ocho y diez millones de euros anuales para el total de las comunidades donde los lobos están presentes. También leemos y escuchamos declaraciones en el sentido de que esos daños económicos son “inasumibles”. Solo el Gobierno de Asturias gastó en 2022 más de diez millones de euros en mejorar las instalaciones de una estación de esquí, la de Valgrande-Pajares, que desde entonces apenas pudo ser utilizada unas pocas semanas por falta de nieve, algo previsible en un contexto de cambio climático.

Pero además de todo esto, los lobos aportan lo que se ha venido a llamar servicios ecosistémicos. Esto quiere decir también beneficios que nos afectan de manera directa a las personas en nuestra vida cotidiana. Los grandes carnívoros regulan las poblaciones de herbívoros, como ciervos y jabalíes, cuya abundancia puede derivar en problemas de degradación de vegetación, de índole sanitario e incluso de seguridad vial.

La población de ciervos y jabalíes en parques nacionales como Cabañeros o Monfragüe está generando graves problemas en el ecosistema de ambos espacios; el brote de peste porcina en Cataluña enfrenta a la administración a un grave problema con consecuencias económicas elevadísimas; y los accidentes de tráfico por atropello de fauna -principalmente ciervos, jabalíes y corzos- supusieron en España más de 30.000 casos en 2024, con ocho personas fallecidas y más de 500 heridas, además de un monto económico que se estima en más de 100 millones de euros. En Norteamérica la presencia de pumas en territorios que esta especie recolonizó, redujo los accidentes de tráfico con ungulados en un 22 %, lo que se estima que pudo salvar 155 vidas humanas y evitar más de 21.000 personas heridas.

Tras la ignominiosa maniobra política impulsada en 2025 por el PP y Vox, abrazada por Junts y PNV, extrayendo al lobo del listado de especies protegidas, los gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja se lanzaron a matar lobos. Afortunadamente asistimos a pronunciamientos judiciales que vienen a confirmar lo que desde la ciencia se viene defendiendo, paralizando muchos de esos planes. Pero esas comunidades anuncian que no se detendrán, que pese a los datos y las sentencias quieren imponer su relato, un relato en el que los apenas 2.000 lobos ibéricos que habitan en España son la causa de todos los males del medio rural.

En las próximas semanas, el Gobierno español tiene que cumplir con la obligación de remitir a la Comisión Europea el informe sobre el estado de conservación del lobo, y algunas comunidades autónomas ya han anunciado que pretenden imponer un informe que les permita seguir matando lobos, un informe contrario al criterio del Ministerio de Transición Ecológica y contrario a todos los informes científicos que señalan que la población de lobos sigue estando en una situación frágil y vulnerable.

Sabemos que no hay lobos en la Luna, que muy probablemente allí no exista ninguna forma de vida. Aquí, en la Tierra, tenemos la fortuna de convivir con innumerables especies, muchas de las cuales están desapareciendo en una galopante crisis de biodiversidad, extinciones que estamos causando los humanos cazando, alterando hábitats e incluso modificando las condiciones de vida del planeta a nivel global. Los lobos ibéricos son uno de los mayores exponentes de la belleza natural del planeta que habitamos. Salvemos a los lobos.

Últimamente se ve con frecuencia al llegar a una ciudad un cartel a la entrada que dice “Villamarina (o como se llame la población) contra de la violencia machista”. Me parece muy loable y, por supuesto, estoy de acuerdo en condenar la violencia, la machista y todas las demás. Lo que no acabo de entender es por qué o para qué se hace.

¿Alguien piensa que cuando un violador o asesino en potencia entra con su coche en la primera rotonda de la localidad va a dar media vuelta, pensando “Ah, pues si aquí no aceptan la violencia machista, tendré que irme a otra parte”?

¿O suponen que los habitantes varones de ese lugar van a recapacitar sobre sus intenciones de hacerle daño a una mujer al ver que la ciudad, representada por su Ayuntamiento, está en contra de esas prácticas?

¿Tan mal estamos ya de valores morales que ahora tenemos que dejar claro por escrito que no nos parece bien golpear, violar, maltratar a las mujeres? ¿Vamos a empezar a poner carteles diciendo que los ladrones no son bienvenidos en nuestro pueblo? ¿Que no queremos estafadores, chantajistas? ¿Asesinos?

Nuestro gobierno, con gran acierto, intenta endurecer las leyes para proteger a las mujeres de la violencia ejercida contra ellas por los hombres, pero también tenemos leyes contra muchos otros delitos y, a pesar de ello, las cárceles están llenas de gente a la que, al parecer, no les resulta disuasoria la existencia de esas leyes.

Nunca he entendido bien el uso de la violencia cuando, por fortuna, vivimos en una sociedad en la que hay tantas otras opciones para resolver conflictos, pero la violencia ejercida contra mujeres por el simple hecho de serlo es algo que me resulta absolutamente incomprensible. Y sin embargo, se da cada vez con mayor frecuencia. 

Se lee que en gran parte se debe a la desorientación de los varones en esta sociedad actual en la que ya no ocupan el lugar central, pero no debe de ser solo eso porque en una jerarquía laboral o militar los hombres no maltratan ni atacan a sus superiores por el hecho de serlo. Uno puede despotricar contra su jefe en el bar o entre sus amigos, pero no lo mata a cuchilladas. Tampoco lo mata cuando el jefe decide que va a prescindir de sus servicios y acaba de ser despedido. Sin embargo, cuando una mujer llega a la conclusión de que no quiere seguir manteniendo una relación amorosa, erótica o del tipo que sea, tiene muchas posibilidades de ser agredida por el hombre.

¿Se trata entonces de un problema de posesión? ¿De que muchos varones piensan -o más bien sienten- que la mujer es un objeto de su propiedad, sin capacidad de decisión y que si otro hombre “se la lleva” se merece la muerte? Sin embargo nadie destruye un coche que le han robado cuando lo ve pasar por la calle. Intenta recuperarlo, a ser posible sin un solo rasguño.

¿De dónde les viene a algunos, a muchos hombres, esa pulsión violenta, homicida? Hablo de hombres en general, aunque soy perfectamente consciente de que hay muchísimos varones pacíficos, cariñosos y decentes, pero con las estadísticas en la mano, está claro que hay muchos más varones que matan mujeres que al contrario.

No creo que el arte (digamos cine, literatura, videojuegos) esté en el origen de la violencia machista. Llevamos ya varios milenios de ejemplos reales de que los hombres pegan y matan y las mujeres son golpeadas y asesinadas, pero quizá haríamos bien en concentrar nuestros esfuerzos para luchar contra la violencia machista más en la educación de los niños, de los futuros hombres, que en el castigo de los criminales cuando ya lo son.

Habría que tomar medidas para que los niños y jóvenes no estén constantemente expuestos a la violencia –con frecuencia unida al sexo- en redes sociales, en películas de alto presupuesto, videojuegos e incluso en novelas juveniles, donde da la sensación de que lo que más se usa es el antiquísimo motivo literario de la lucha entre el bien y el mal, pero haciendo que la violencia y la brutalidad resulten atractivas, gloriosas, apetecibles… todo muy “épico” como se ha dado en llamar ahora a lo que se refiere a grandes escenarios con seres hinchados de testosterona y una espada en la mano (o un subfusil, un machete, una ametralladora, cualquier cosa que mate).

Está más que probado que la publicidad hace que la gente use productos que hasta el momento no le habían hecho falta y adopte hábitos nada saludables a fuerza de verlos anunciar y disfrazar de comportamientos deseables y llenos de glamour. El alcohol y el tabaco son buenos ejemplos de ello. Las empresas tabacaleras consiguieron que en las películas de Hollywood cuando el cine aún era en blanco y negro las mujeres más atractivas y deseables fumaran. El ritual de cortejo en el que la protagonista, elegante y bella, sacaba un cigarrillo y una mano masculina se lo encendía mientras se miraban a los ojos a través del humo fue un clásico imbatible durante generaciones.

La famosa copa de bienvenida se convirtió también en un cliché en los años cincuenta: el hombre volvía a casa después del trabajo y su esposa, arreglada y con tacones, le ayudaba a quitarse abrigo y sombrero e inmediatamente le sugería con una sonrisa pícara “¿una copa?” y los dos se tomaban un Martini muy seco cargadito de ginebra que les caía en el estómago vacío para empezar la velada.

Sabemos que ese tipo de publicidad tuvo su efecto en la sociedad occidental durante muchísimas décadas y sin embargo ahora no queremos aceptar que tal vez ese empeño en mostrar la violencia en películas y videojuegos pueda estar perjudicando a las generaciones jóvenes y menos jóvenes mostrándoles como deseable la sensación de poder que se obtiene con un arma en la mano o con la intimidación y violencia sexual ejercida contra una mujer, a ser posible débil y asustada.

En las plataformas donde vemos series y películas se nos advierte de que la que hemos elegido contiene “sexo”, “drogodependencia”, “violencia”, “lenguaje inapropiado” y otras cuantas cosas más. ¿Por qué no ponen “machismo” o “violencia machista”? Quizá porque tendrían que retirar la mitad de los contenidos que ofrece la plataforma, ya que en la mayor parte de series y películas criminales la víctima es una mujer.

¿No sería más útil dar ejemplo y restringir el acceso a la visualización de la violencia que poner carteles a la entrada de los pueblos? 

Yo creo que deberíamos concentrarnos en dejar claro el mensaje de que estamos en contra de la violencia machista a través de los comportamientos que los niños van a tomar como modelo de lo que quieren ser cuando lleguen a la edad adulta. Podríamos dejar de ensalzar en películas, novelas y juegos a los machos brutales al presentarlos como héroes. Podríamos educar a nuestros hijos en el respeto a los demás, dejándoles claro que las mujeres tienen los mismos derechos que los varones y son exactamente iguales en dignidad; mostrarles que nunca está justificado el uso de la violencia ni física ni psíquica y que nadie es propiedad de otra persona, por mucho que haya firmado en un acta de matrimonio o haya prometido amor eterno frente a una congregación en una iglesia.

Eso es trabajo de todos. Y es trabajo. Hay que hacerlo, no solo pensarlo. No basta con poner un cartel y “condenar enérgicamente” las violaciones y los asesinatos. Hay que estar siempre dispuesto a dar ejemplo, a corregir comportamientos tóxicos, a no apartar la vista cuando vemos que algo está sucediendo frente a nosotros. Hay que ir por el mundo con los ojos abiertos para captar las señales de auxilio que puedan darse y actuar en consecuencia. Si los violentos ven que no es fácil, que, como sociedad, no queremos, antes o después, conseguiremos librarnos de esa tara.

Que en el mundo se viven tiempos siniestros salta a la vista. “La humanidad nunca había vivido un momento más peligroso que el actual”, ha escrito Rafael Poch en el digital CTXT. Cita extensamente a un analista ruso, Dmitri Trenin, “presidente del principal think tank del Kremlin”, que advierte del peligro, no de una “Tercera Guerra Mundial” sino de algo nuevo, de “otra cosa”: un estado permanente de coexistencia de guerra y paz en el mundo, donde el ámbito de la paz va reduciéndose y el campo de batalla va ampliándose. Estas serían sus características actuales: conflictos locales que se regionalizan (Ucrania, Oriente Medio en estado “caliente”; Asia en estado latente); uso bélico de nuevas tecnologías (IA, drones, misiles, guerra digital); alianzas débiles y compromisos ambiguos entre los países; debilitamiento progresivo de las normas e instituciones internacionales; riesgo creciente de proliferación de las armas nucleares.

En esta situación, en los medios se repite a menudo que el mundo vive un “momento Weimar”, que estamos inmersos en un “Weimar global”. La analogía se refiere a la República alemana (1919-1933) que surgió de las cenizas de la Primera Guerra Mundial y que, tras múltiples crisis, terminó con el ascenso de los nazis al poder. Peter Gay, buen historiador de la espléndida cosecha cultural de aquella República de Weimar, decía que esta “nació en la derrota, vivió en la agitación y murió en el desastre.”

Quién hace unos años puso en circulación la analogía histórica con Weimar fue Robert D. Kaplan, en su recomendable y discutible libro “Tierra baldía. Un mundo en crisis permanente” (RBA 2025). Afirmaba Kaplan que “Rusia y Estados Unidos, China y Estados Unidos, Rusia y China, por no hablar de las potencias medias o menores, todas están, debido a sus tensos enfrentamientos y a la forma en que la tecnología continúa estrechando la tierra, llevando a cabo una extraña simulación de la República de Weimar.” El mundo interconectado de hoy sería cómo un gran Weimar sin una verdadera gobernanza, donde cada país está ligado a los demás de manera tan profunda que una crisis en un solo lugar puede desencadenar un efecto dominó de consecuencias inmediatas en los otros. 

No faltan en estos días acontecimientos que abonan la percepción de esta interdependencia fulminante. Sin embargo, aunque los efectos de la guerra en el estrecho de Ormuz sobre el precio de nuestra gasolina permite comprobar cuánto de cierto había en las profecías de Kaplan, no parece una buena idea seguir insistiendo en la analogía histórica entre nuestro presente y el pasado de la República de Weimar. 

Sin hablar de la creación artística y literaria (donde la comparación entre la rica producción de aquel período y la sequía actual podría conducir a la melancolía), las diferencias económicas, sociales y políticas entre el desorden geopolítico actual y las crisis de la República de Weimar son enormes. En la Alemania de aquella época, la hiperinflación fue tan colosal que convirtió el dinero en basura (“Hubo días en los que pagué cincuenta mil marcos por un periódico, y por la tarde cien mil”, dejó escrito Stefan Zweig). También era extrema la violencia política entre los partidos políticos, marcados a derecha e izquierda por lo que Peter Gay llamó un “hambre de totalidad”. Por agobiante que sea en muchos aspectos nuestra sociedad actual, una equiparación es imposible. 

Pero más allá de estas diferencias, hay algo que también induce a desconfiar de la idea de “Weimar global” difundida por Kaplan. Su fórmula tiene el atractivo de las medias verdades expresadas con talento periodístico y acentos proféticos, pero es tremendamente negativa, fatalista. Aunque no vislumbra en el horizonte ni un Hitler ni “un Estado mundial totalitario”, Kaplan advierte, como neoconservador pesimista que es (“me doy cuenta de lo obsesivamente negativo que estoy siendo”, escribe) que no debemos suponer “que la próxima fase de la historia proporcionará alivio alguno a la actual.” 

En el frontispicio de la “Tierra baldía” de Kaplan figura como epígrafe una cita de Roger Scruton. La esperanza, dice allí el filósofo británico, es “un activo peligroso que amenaza no solo a quienes la aceptan, sino a todos los que se encuentran en el ámbito de sus ilusiones.” ¿Hay que abandonar toda ilusión, toda esperanza? En estos asuntos hay que remitirse a la vieja sabiduría popular y dejar a cada alma en su almario. Pero en los asuntos comunes, el “activo peligroso” que hoy nos amenaza no son quienes albergan la esperanza de otro mundo mejor, sino los que pretenden devorar desde dentro las democracias y alumbrar un mundo de autócratas y potentados sin ley (es decir, un mundo de forajidos). Oponerse a este destino, con esperanza o sin ella, es un deber democrático imperativo. 

En este sentido, Weimar representa una lección permanente de los errores a evitar. Entre ellos destacan dos inmensas equivocaciones concretas que no tuvieron nada de ineluctable. En primer lugar, el error de los servicios de información militar y de los magnates industriales y financieros que descubrieron a Hitler y lo apoyaron decisivamente, pensando que se trataba simplemente una momentánea póliza de seguro contra el comunismo. El segundo error fue el de las izquierdas, que obtuvieron 221 escaños en últimas elecciones de la República de Weimar, superando a los 196 de los nazis, pero fueron víctimas de sus divisiones y enfrentamientos, antes de serlo de la represión hitleriana. 

Las analogías históricas pueden servir para un fregado y para un barrido. Su atractivo, y también su riesgo, es que pueden llegar a tener una enorme fuerza simbólica. La evocación de los Acuerdos de Múnich de 1938 fue usada insistentemente por quienes (Kaplan entre ellos) alentaron al Trío de las Azores a cometer el insensato y trágico error de invadir Irak en el año 2003. Los que entonces se oponían a la guerra fueron tildados de “muniqueses”, de apaciguadores pazguatos frente a los dictadores. En sus versiones más extremas, el recurso a la fuerza simbólica de estas evocaciones históricas puede inducir a errores más inocuos pero aún más disparatados (en 1987, Aznar llegó a posar ante las cámaras disfrazado de Cid Campeador). 

Por encima de todo, la República de Weimar es hoy un símbolo histórico que asociamos automáticamente, en nuestra memoria colectiva, a una derrota catastrófica de la democracia. No es cuestión de no mentarla, como si de la bicha se tratara. Se trata simplemente de considerarla, a diferencia de los alquimistas del malestar y el fatalismo, no como un destino fatal e ineluctable de las democracias, sino como una lección para no repetir errores concretos del pasado. 

Alcalde de Pontevedra, concejales, decana y miembros de la dirección del Colexio de Xornalistas:

Gracias por organizar y acoger este acto en una época donde no está de moda defender el periodismo. En estos tiempos donde hay quien trata de entender la libertad de expresión como el derecho a decir lo que me da la gana sin pruebas, en una era en la que hay intentos indisimulados de confundirlo todo no tanto para que la gente crea las mentiras, sino, probablemente, para que nadie crea ya nada.

Sabemos bien que no es el tipo de agenda que vaya a dar votos a un político ni que haga vivir mejor a los periodistas que se implican en sus horas libres para organizar este tipo de actos.

Gracias, porque solo se puede entender esta dedicación como un compromiso moral que muchas veces nos acompaña a los periodistas y que se resume en cinco palabras: PORQUE ALGUIEN TIENE QUE HACERLO.

Porque las cosas irían aún peor si no lo hiciese nadie.

Gracias por ocuparos. Y gracias también por el premio.

Vaya por delante el agradecimiento al Colexio de Xornalistas, a quien haya propuesto la candidatura y a quienes decidisteis votarla. Estoy convencido de que Mary Bruce, la periodista de ABC News, y los compañeros Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua lo merecían bastante más, así que lo primero es compartirlo con ellos y desear que en Nicaragua y en tantos países del mundo se respeten la libertad de expresión y el derecho a la información.

Digo Nicaragua porque de ahí proceden los nominados, pero podríamos citar El Salvador, Guatemala, por supuesto Gaza, México o Colombia, donde cada año asesinan a compañeros.

Y también a esas petrodictaduras que un día patrocinan mundiales de fútbol y al siguiente trituran a periodistas en embajadas de países extranjeros. Allí ya los trituran de verdad, en Madrid, de momento, solo amenazan con hacerlo.

Y desde hace año y medio, casi a la misma altura que esos países, hay que defender la libertad de expresión en los Estados Unidos, lo que algunos llamaron “primera democracia del mundo”, y donde vemos cómo se ataca a los medios de comunicación desde el poder y, también, desgraciadamente, cómo algunas cabeceras históricas han cedido a ese chantaje.

Si repaso la lista de compañeros que recibieron antes este premio -Xosé Hermida, John Lee Anderson, Le Monde Diplomatique, Julia Otero, Manolo Rico, Lorenzo Milá, Erika Reija, Marcos Méndez, con quien coincidí hace case 30 años en una redacción, y tantos y tantas profesionales tan grandes- solo puedo acabar agravando este síndrome del impostor de quien solo pretende ser un periodista. Y que me hace temer que un día llegue a Sigüeiro la brigada de periodistas de verdad para obligarme a devolver el premio, pedir perdón y entregar el ordenador.

Mientras eso no suceda, solo puedo entender el premio como la forma que encontraron muchos compañeros de empatizar seguramente con lo que está más cerca. Y solo puedo recibirlo como un reconocimiento colectivo a una redacción, en este caso de elDiario.es, pero podrían ser muchas otras, que se vio amenazada solo por hacer su trabajo, insultada en privado y, lo que es más grave, incluso ante el Tribunal Supremo. Insultada por presuntos servidores públicos que se supone que deberían trabajar por el bien de todos.

Es cierto que, si comparamos con el contexto global, en España de momento no asesinan a periodistas, aunque sí los despiden y hay gente muy poderosa empeñada en hacernos la vida imposible.

Aquí quiero detenerme un poco no tanto para hablar de mí, sino de todos nosotros: yo nunca imaginé que tendría que defender nada menos que ante el Supremo a una redacción que fue insultada en un juicio sin que los magistrados interrumpiesen al testigo que la estaba atacando. Ese día aprendí -algunas pistas tenía ya de antes- que no todos somos iguales ante la Justicia; desde luego no ante ese Tribunal Supremo que interrumpe y corta a quien pide defender la dignidad de una redacción mientras da carta blanca a cargos públicos para insultar a compañeros y a medios enteros.

No haría falta explicar que a ningún periodista, ni siquiera a uno que llega de Sigüeiro a Madrid, se le ocurriría amenazar a los magistrados del tribunal más alto del país. Pero con la misma convicción insisto en que defenderé siempre y ante quien sea la protección de nuestras fuentes. Respetarlas y preservarlas no es solo un derecho constitucional, es también nuestra primera obligación y nuestra razón de ser.

¿Cómo vamos a mirarle a la cara a las fuentes? ¿Cómo nos miraremos al espejo si alguien que confió en nosotros, que nos pidió protección, ve como revelamos su nombre en una tertulia, una barra de bar o el Tribunal Supremo?

No hubo amenazas al Supremo pero tampoco ningún comportamiento heroico. Defender a nuestras fuentes y mantener el secreto profesional es simplemente lo que hay que hacer. Lo que nos enseñaron nuestros mayores, muchos de ellos presentes en esta sala hoy. Y cumplir con nuestro deber no puede pasar de moda.

Me gustaría compartir el premio, como dije, con el resto de los nominados y con la redacción de elDiario.es, que se vio insultada y amenazada solo por hacer su trabajo. Seguramente esa hermosa fotografía de Mercedes Moralejo se quedará en mi casa, pero el cariño de la profesión tengo que compartirlo con todo un equipo, desde Ignacio Escolar y la dirección, que decidieron publicar pese a las presiones y amenazas, a los compañeros que trabajaron durante meses en esa sucesión de exclusivas: Marcos Pinheiro, Pedro Águeda, Antonio Vélez, Alberto Pozas, Elena Herrera, Aitor Riveiro, al equipo de mesa, de redes, de podcast… En definitiva, a la redacción de elDiario.es.

Pero también quiero compartirlo con muchos de los compañeros que estáis aquí, incluido algún hermano mayor, con quienes me enseñastéis el oficio durante estos años, con los que he discutido y espero seguir haciéndolo en los siguientes. Ya sabéis, todo el mundo lo sabe, quiénes sois.

Y me gustaría extender este premio a otro colectivo que ya lo ha recibido pero que lo sigue mereciendo. Os Venres Negros, que llevan siete años manifestándose por el derecho que tenemos todos a recibir una información de calidad en los medios públicos de Galicia. Dentro de este colectivo, que protesta por todos nosotros siguiendo esa máxima, PORQUE ALGUIEN TIENE QUE HACERLO, quiero compartirlo con una persona a la que conocí poco, que nunca fue amiga, pero que ha sido un ejemplo. Donde estés, Mabel Montes, ¡gracias!

Que el premio sea esa fotografía fantástica de Mercedes Moralejo que captó ese instante en una de las mayores catástrofes medioambientales que ha vivido Europa es importante para mí por tres o cuatro razones. La primera, porque el fotoperiodismo contribuyó también en aquel momento a sacar a la luz algo que miles de gallegos vivían de primera mano y que docenas de también gallegos trataron de tapar desde los despachos: no solo desde despachos políticos, también en los de algunas redacciones. La foto prueba además lo viejos que nos hacemos: porque hace ya 23 años de aquello, cuando andábamos de playa en playa, llevando chapapote de la arena al coche, del coche al hotel y de nuevo a la playa…

A mí me pilló en la Cadena Ser. Y entre todas las lecciones que el Prestige nos dejó a la sociedad hay una que dos personas no olvidaremos. Aquí está Ainhoa Apestegui, la compañera a la que el 13 de noviembre de 2002, aproximadamente sobre las siete de la tarde, yo le dije que suponía que el teletipo ese del petrolero en problemas en la Costa da Morte seguramente quedaría en nada. Ainhoa, con toda la razón, aún me recuerda hoy semejante ejemplo de instinto periodístico. Y a mí me sirve para decirle a quienes empiezan que también hay segundas oportunidades, que uno puede cometer errores como ese, seguir viviendo de esto dos décadas después… y hasta recibir un premio por parte de algunos incautos.

El recuerdo de aquella tarde de noviembre me sirvió después para nunca más marcharme de una redacción cuando surgía una alerta, por pequeña que pareciera. Y ahora que lo pienso, cuántas horas perdidas en alertas falsas… Pero mejor estar que abandonar antes de tiempo una redacción.

Desde aquel error -otros vinieron después- pasaron más de dos décadas. No voy a engañar a nadie: durante muchos años yo estuve convencido de que este era el mejor oficio del mundo. Ahora la verdad es que cuesta pensarlo, pero de lo que sigo convencido es de que cada vez es más necesario.

En tiempos de propagandistas, agitadores y mentirosos profesionales hace falta más valentía que nunca, no por parte de los periodistas, que normalmente lo son, sino por parte de las cabeceras y también de los lectores: entre todas las amenazas que tiene hoy este oficio también está la de sucumbir a los que solo quieren leer aquello que les da la razón.

En estas semanas varias veces me preguntaron por recetas para que el periodismo recupere el prestigio perdido y vuelva a ser esa profesión humilde de personas que contaban lo que les pasa a otras personas. Ojalá yo conociese la pócima, no la tengo, pero mientras la seguimos buscando, en medio del aluvión de Inteligencia Artificial, infoespectáculo, medias verdades y mentiras completas difundidas a través de grandes plataformas propiedad de tecno-oligarcas bien interesados en propagarlas, no estaría de más volver a los orígenes.

Los periodistas no sabemos lo que habrá que hacer en el futuro, pero sí sabemos seguro lo que no hay que hacer nunca. Decía hace pocas semanas Soledad Gallego, primera directora de El País y quien ya siempre será una maestra para todos, que el periodismo no puede prescindir de planteamientos éticos en un mundo que está cambiando como nunca.

Coincido con ella y también con Iñaki Gabilondo, quien hace tiempo dijo que los trenes no cuelgan ya carteles de prohibido escupir en el suelo no porque ahora esté permitido escupir sino porque pensábamos que estaba asumido por todos que esas cosas no se hacen.

Si el periodismo fuese un tren, probablemente habría que volver a colgar los carteles de prohibido escupir en el suelo.

Voy terminando, dicen que no se debe acabar un discurso de periodismo sin citar a Kapuscinski. Yo lo haré para llevar la contraria.

Aseguraba el maestro de periodistas que los cínicos no sirven para este oficio. Yo respondería que puede que no sirvan, pero están por todas partes, cobran más y disponen de altavoces más potentes.

Cierro con una pregunta, que es lo que nos enseñaron en casa: tú cuando no sepas, pregunta. ¿Cómo hacemos ahora, maestro Kapuscinski, para sacar a los cínicos de en medio antes de que nos lleven a todos por delante?

Otra vez, esas cinco palabras: PORQUE ALGUIEN TIENE QUE HACERLO

Autoridades. Amigos. Familia. Gracias por estar hoy. Pero sobre todo, gracias por estar siempre.

Siempre hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y para Feijóo y el PP, tras días de excitación, locuacidad y verbo ágil a cuenta del hantavirus y el crucero MV Hondius que debía fondear en aguas de Tenerife, ha llegado el momento del silencio. No por prudencia ni circunspección, sino por temor a quedar en evidencia. O a descarrilar en la campaña electoral de Moreno, que el próximo domingo se juega la mayoría absoluta. Si ha habido o no un toque de atención a la ofensiva de Génova desde Andalucía, nunca lo sabremos.

El caso es que la operación ha resultado un éxito internacional como ha reconocido medio mundo, pese a que la conversación de los populares y su sincronizada de guardia haya girado durante días en torno a un supuesto caos, opacidad y descoordinación en el Gobierno de coalición. En estos tiempos de brocha gorda y polarización en los que el silencio no tiene quien lo practique, nada mejor que la exageración, la mentira, los bulos y la desinformación para infundir miedo, generar alarma y pedir una lluvia de dimisiones a destiempo. Total, cuando la verdad ha dejado de importar y la derecha ha decidido cabalgar a lomos del exabrupto, los de Feijóo saben que nadie espera ya de ellos una pizca de mesura, solidaridad o deber moral. Con Semper o sin Semper.

El recuerdo del covid aún en la memoria colectiva y la llegada en barco de otro virus abrían a la derecha una nueva oportunidad para la sobreexposición verbal y el enésimo zarandeo a Pedro Sánchez y sus ministros. Todos, por cierto, al pie del cañón, y no como Mazón durante la Dana o Díaz Ayuso, que además de seguir sus vacaciones pagadas en México y montar un bochinche indescriptible, ni se interesó por la gestión de la crisis. En su ausencia, tuvo un digno suplente con el presidente canario, Fernando Clavijo, subido al carro de la desmesura y el populismo con peregrinas teorías sobre ratones nadadores que bien podrían haberse pergeñado desde la factoría del ayusismo.

Sin embargo, en cuanto la comunidad internacional comenzó a elogiar al Ejecutivo de Sánchez por su solidaridad y su buen hacer, Feijóo y los suyos enmudecieron. 50 minutos de mitin dominguero en Málaga y ni una palabra del crucero, del virus o del dispositivo desplegado para evacuar y trasladar a sus países de origen a los pasajeros y la tripulación.

León XIV, Ursula von der Leyen, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el de Naciones Unidas, el presidente de los Países Bajos, su ministro de Relaciones Exteriores, el primer ministro de Francia, el embajador del Reino Unido en España, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá o el embajador de Turquía en España se han deshecho en elogios con España por el éxito del operativo coordinado con 23 países y dos organismos supranacionales, al margen del atronador ruido político y de una oposición abonada al aspaviento y atrapada en la inmediatez y la frustración.

Por lo que sea, a Feijóo parece asistirle un placer por el mal ajeno, especialmente cuando el impropio se llama Pedro Sánchez y el perjuicio pudiera dejar el nombre de España por los suelos. Su deseo ante esta nueva crisis no era otro más que el fracaso del dispositivo y que la OMS, la UE y Naciones Unidas hubieran amonestado al Gobierno. Ocurrió todo lo contrario.

António Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, ha agradecido el apoyo del Gobierno de España por la gestión de estos días en coordinación con la Organización Mundial de la Salud: “Aunque el riesgo actual para la salud pública del virus sigue siendo bajo, es importante que los esfuerzos de salud internacionales garanticen la seguridad de todos, incluidos los pasajeros y la tripulación del MV Hondius”, escribió en un mensaje que podría haber escrito Feijóo, y no lo hizo. Una muestra más de que sus obsesiones y el partidismo van muy por delante del interés general.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ha seguido el ejemplo de Vox, al negarse a participar en una reunión en el Congreso con una delegación iraní por las normas protocolarias impuestas a las mujeres, a las que se les prohibía saludar a los hombres.

De acuerdo con las instrucciones iniciales de protocolo para la visita de la delegación iraní, las mujeres que asistieran al encuentro no podían estrechar la mano de los representantes de Irán, sino solamente mirarles de lejos.

Aunque a raíz de la protesta de Vox la Cámara Baja informó de que se había eliminado el saludo protocolario previo al encuentro, ni los diputados de la formación liderada por Santiago Abascal ni los de Ciudadanos participaron en esa reunión.

En el caso de Ciudadanos, solo acudió a la cita la vicepresidenta de la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, María Luisa Alonso, pero lo hizo en condición de representante institucional de la Cámara.

Así lo ha explicado a la prensa la diputada de la formación naranja por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, quien ha dejado claro que su grupo ha considerado que “no era aceptable” el hecho de que las parlamentarias no pudiesen saludar a los hombres de la delegación iraní.

Rodríguez ha aprovechado la ocasión para presentar una iniciativa parlamentaria en defensa de los derechos humanos en Irán y ha pedido al Gobierno que condene la opresión que sufren las mujeres por no tener la libertad de quitarse el velo.

Eduardo Santos Itoiz (Pamplona, 1973) es el líder de Podemos en Navarra y, desde agosto, el único consejero morado en una coalición con PSN y Geroa Bai liderada por la socialista María Chivite. Su partido, sumido en una gran crisis la pasada legislatura, consigue ahora protagonismo a pesar del batacazo electoral en las autonómicas de mayo. Este exdiputado y jurista de formación dirige Políticas Migratorias y Justicia, una Consejería de nueva creación que ha obligado a Santos y a su equipo a instalarse temporalmente en una antigua oficina del área de Deportes que, a tenor de los cables pelados y el color de las fotografías, parece llevar años cerrada. La entrevista se celebra en su despacho provisional, casi desnudo salvo por una pequeña bandera de Navarra y algunos papeles sobre la gran mesa de madera. No se separa en todo el interrogatorio de un bolígrafo de color... morado.

¿Cuáles son sus principales objetivos como consejero para esta legislatura?

Tenemos dos planteamientos diferentes en dos direcciones, Políticas Migratorias y Justicia. En Justicia hay una inercia en la cual Navarra tiene una competencia de gestión muy clara y otra cosa son las políticas migratorias.

Empecemos con Justicia.

Concebimos Justicia como un servicio público de atención al ciudadano y puesto al servicio de la igualdad de oportunidades. No se puede concebir la sociedad sin leyes, orden y justicia. Y este derecho debe ser rápido. Por lo tanto, tenemos como objetivo dotar de medios materiales a todo eso que se debe hacer y que es un poder independiente del Estado. Y ahí entrarían muchísimas cuestiones de índole práctica: implantación de la nueva oficina judicial, implantación de los servicios sociales de Justicia, especial atención a las víctimas -justicia restaurativa como paradigma-, … Además, tenemos que plantearnos las penas alternativas a prisión y las medidas de tratamiento al delincuente, enfocadas a todos los factores sociales que llevan al delito para disminuir ese riesgo. Por ejemplo, cuando se actúa sobre el maltratador, se previenen delitos futuros. Y tenemos que ir hablando también de una progresiva asunción de competencias en materia penitenciaria por parte de Navarra de manera que podamos generar itinerarios sociolaborales para estas personas que han cometido delitos, de nuevo para incidir en la prevención de la reincidencia de delitos futuros.

¿Y Políticas Migratorias?

Estamos hablando de que la migración en sí se ha convertido en un elemento central de debate en España y en Europa. Es evidente la emergencia de partidos abiertamente xenófobos, racistas o que intentan de alguna manera utilizar los elementos de diferencia para generar un discurso político que va en contra de los derechos humanos. El primer objetivo es combatir desde un punto de vista democrático y plural ese discurso en la sociedad navarra. Y hay otra parte de acogida a las personas migrantes. Tenemos menores no acompañados, por ejemplo. Hay que prestarles atención y hay que trabajar con entidades locales de manera que hagamos una red en toda Navarra.

En cuanto al tema de acogida de inmigrantes, en los últimos días han reclamado al Estado su disposición a recibir a más personas. ¿Tienen un dato de cuántas se podrían acoger?

Vamos a ver, como todo el mundo sabe, la política migratoria corresponde al Estado, al Gobierno central…

Entonces, ¿por qué hay una Consejería de Migraciones en Navarra?

Una cosa es que el Estado, digamos, defienda las fronteras con otros Estados, negocie con Europa, etcétera. Y otra cosa es que cuando ese Estado dice que unas personas vengan no haya que darles un tratamiento y una acogida. Ahí, respondiendo a la pregunta anterior, creo que debemos liderar una iniciativa estatal para que haya criterios claros de acogida en función de indicadores o parámetros lo más objetivos posibles para todas las comunidades autónomas. Un modelo es el programa ‘Share’ del Gobierno vasco. Si no, puede ocurrir -y de hecho ocurre- que esto se haga en función de la buena voluntad puramente, en función del deseo de solidaridad más que por las necesidades de estas personas o por las posibilidades concretas que tengamos en un sitio o en otro para dar este tipo de acogida.

Entonces, ¿qué criterios van a seguir? ¿Qué recursos van a destinar? ¿A cuántas personas se puede acoger?

Hay indicadores diferentes de riqueza, de empleo, de integración social o cultural… Hay muchísimos indicadores que se pueden tener en cuenta a la hora de decir dónde hay más posibilidades de acogida y dónde hay menos. Luego el siguiente problema es ver cómo se financia eso. Eso lo podemos financiar desde la estructura de las comunidades autónomas, a través de nuestros propios presupuestos y con el autogobierno y la financiación que tenemos cada uno. Por ello en Navarra se ha decidido hacer una Dirección General de Políticas Migratorias, porque se quiere poner una especial atención a la gestión de esta diversidad. Pero, insisto, desde nuestro punto de vista, esto lo debería liderar el Gobierno central, que es quien tiene la competencia base de las políticas migratorias. Es quien tiene la llave, digamos, de quién entra o quién no entra es el Estado.

Decía que los Estados tienen la llave de quién entra y quién no entra. En el caso de Francia no sólo tiene la llave, sino que ha cerrado la puerta en muchas ocasiones. ¿Tiene constancia de devoluciones en caliente en la zona de Navarra que limita con Francia?devoluciones en caliente

En principio Europa es una sola entidad y hay un tratado de Schengen que establece una libertad de circulación. Otra cosa es que en el ámbito de la inmigración irregular un Estado pueda devolver a una persona extranjera al lugar de procedencia. Nosotros no tenemos constancia… Si la Delegación del Gobierno no nos dice que eso ha ocurrido de una manera o de otra no la podemos tener porque esa competencia sobre las fronteras es del Estado. Tenemos que empezar a trabajar en la coordinación con la Delegación del Gobierno sobre personas que ‘de facto’ están aquí y que necesitan de un itinerario de integración. Eso no es posible sin establecer paralelamente un itinerario administrativo de concesión de la residencia. Si no, estamos dando voces en el vacío. Necesitamos una política clara, ponerla en protocolos y establecer un cauce de diálogo con la Administración central para que estas personas puedan desarrollar un proyecto de vida que sea beneficioso para ellas y para la comunidad en la que se asientan.

Volviendo al tema de la creación de su Consejería, tanto Navarra Suma como EH Bildu han criticado el aumento de altos cargos del Gobierno de Navarra. Entre los ejemplos que ponían de reparto de sillones está precisamente el de la creación de su Consejería. ¿Qué tiene que responder a esto?Navarra Suma como EH Bildu han criticado el aumento de altos cargos del Gobierno de Navarra

Es lógico. Están en la oposición y tienen que empezar a decir algo. Si vamos a los contenidos de la Consejería, su justificación es que no hace falta ni siquiera plantearla… En Madrid, donde gobiernan los partidos de Navarra Suma con el apoyo externo de Vox, también han planteado 13 consejerías y, curiosamente, la de Justicia es una única. Ni siquiera tienen Políticas Migratorias. Es decir, parece que solamente Justicia ya tendría entidad suficiente como para merecer una atención especial… Para la cantidad de funcionarios que hay en Navarra y teniendo en cuenta que se quiere hacer un Gobierno proactivo y planteando medidas, no es para nada excesivo el planteamiento que se ha hecho en términos de estructura.

Si tan relevante era esta Consejería, ¿por qué no existía en la legislatura pasada, en la que ustedes apoyaban también el Gobierno?

Si ustedes recuerdan, la legislatura pasada arrancó en un contexto de crisis económica y de austeridad. Es un planteamiento que venía de la época de UPN, en la que se habían recortado absolutamente todas las Consejerías aún a costa de saturar de trabajo muchas de ellas. Justicia, estaba junto con Función Pública, Interior y Presidencia, que son tres áreas tremendamente potentes. Además, como todo el mundo recuerda, la legislatura pasada lo que Podemos dio es confianza desde fuera, en este caso a Uxue Barkos, para que ella gestionara el Gobierno de la manera que ella entendiera que lo tenía que gestionar. Podemos no participó en ese Gobierno.

¿Tiene algún dato objetivo para conocer, en medio del cruce de cifras difusas, el verdadero incremento de altos cargos en Navarra?

Creo que esta polémica es absurda. Creo que si queremos servicios públicos de calidad, Gobiernos efectivos y una dirección que sea realmente efectiva en los asuntos públicos, hay que hacer una estructura adecuada. Realmente, el criterio de mirarlo sólo por cuánto cuesta es de gente que no cree en los servicios públicos. Lo entiendo perfectamente por parte de Navarra Suma, pero sí me sorprende un poco más en el caso de EH Bildu… No estamos hablando sólo de cantidades de dinero, sino de la rentabilidad social que va a generar. Habrá una mayor efectividad en la acción de Gobierno. Todo depende de con qué se compare y qué es lo que se pretende.

Sus compañeros de Podemos en Euskadi, por ejemplo, han criticado bastante al Gobierno de Iñigo Urkullu precisamente con estos mismos argumentos. ¿No suena incoherente que en sitios pegados digan una cosa y la contraria?han criticado bastante al Gobierno de Iñigo Urkullu

Ignoro cuál es la situación de Euskadi y cuál es el fundamento…

Se pasó de un Gobierno monocolor del PNV a dar entrada al PSE-EE y eso supuso pasar de 8 a 11 Consejerías. Una de las que se creó también era una Consejería específica de Justicia, aunque en este caso con competencias de Trabajo y no de Migración.

Desconozco la realidad del País Vasco y cuál es el planteamiento dentro de Podemos. En todo caso, pues bueno, los compañeros ya saben perfectamente cuál es su realidad social. Pero yo insisto: si realmente queremos Gobiernos efectivos y Gobiernos en los cuales la carga de llevar adelante políticas sea adecuada y sea equilibrada, hay que plantearlo de una manera clara, evidente y socialmente abierta. Hay que hablar de rentabilidad social.

La crítica del resto de partidos políticos no está en ampliar la Administración, por ejemplo, para tener más técnicos que trabajen en estos asuntos. La crítica es que precisamente se está yendo el dinero en altos cargos…

Vamos a ver, es que las dos cosas van en paralelo y no se puede hablar sólo de altos cargos. Es demagogia. Hay que ver cuál es la posibilidad de creación de nuevos servicios. Todo va en relación a las disponibilidades económicas. Desde luego, la voluntad de este Gobierno es seguir creciendo en otorgar servicios públicos a la ciudadanía. Creo que poner el acento únicamente en que se han creado dos o tres jefes de gabinete en una estructura tan compleja como una Administración que tiene miles de funcionarios… Cada uno verá por dónde quiere hacer oposición o política, pero creo que se nos debe juzgar por la rentabilidad de eso, es decir, por los resultados de lo que se puede hacer.

Retomemos un tema que ha mencionado de pasada al principio, el de la transferencia de Prisiones. La pasada legislatura, el Parlamento -con el apoyo de Podemos y también del PSN- reclamó esta competencia. ¿Por qué no está en el acuerdo de Gobierno? ¿Qué podemos esperar en esta legislatura?

Hay cuatro comunidades autónomas que en sus Estatutos incluyen la competencia de gestión de Prisiones. Una es Cataluña, que la tiene desde hace muchos años. Luego están Euskadi, Andalucía y Navarra. Lógicamente, el poder tratar en materia de reinserción a las personas que residen y trabajan en Navarra y que han cometido delitos incluye un amplio abanico de aspectos. Muchos ya son competencia de Navarra y otros los estamos intentando gestionar, como las competencias en Sanidad penitenciaria. ¿Qué ocurre? Que hacer todo ese itinerario tiene una pata administrativa que es, al final, la que tiene la llave de posibilitar un tercer grado, libertades condicionales, salidas programadas, … Se trata de la efectividad en las políticas, no simplemente de un deseo. Y todo está recogido en una ley orgánica, que es el Amejoramiento del Fuero. Nosotros lo que pactamos en el acuerdo de Gobierno es estudiar la implantación de una oficina de ejecución penal, que lógicamente tiene que ser el embrión de ver cómo Navarra puede llevar a efecto la transferencia. Pero siempre desde la perspectiva del ciudadano. El planteamiento puramente competencial en sí está vacío si no supone un beneficio para el ciudadano. El Parlamento de Navarra se ha pronunciado en muchísimas ocasiones en favor de esta transferencia. Es una obligación legal y lógicamente eso hay que pactarlo con el Estado.

Pero otras transferencias pendientes sí se han recogido de manera más clara en el acuerdo. Es el caso del cambio en Tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral.

Las transferencias que están en el acuerdo están, digamos, en marcha. Están siendo ya negociadas. En el caso de Tráfico, Pedro Sánchez se comprometió. También la Sanidad penitenciaria está muy avanzada. En todo caso, sí que hay un capítulo destinado al autogobierno en el cual todos los partidos estamos diciendo que apostamos por el autogobierno de Navarra y, por lo tanto, vamos a por el desarrollo de la ley orgánica de Amejoramiento del Fuero en todos sus aspectos aunque siempre con lealtad a los marcos administrativos e institucionales en los que estamos.

Usted había calificado antes de ser consejero lo ocurrido en Alsasua como “una desagradable pelea de bar”. Su presidenta, María Chivite, por el contrario, ha dicho respetar la Justicia y pide no considerar víctimas a los presos. ¿Cómo hay que interpretar esta divergencia de opiniones entre el consejero de Justicia y la presidenta en un tema tan peliagudo para Navarra como es éste?

Sacar contradicciones en este tema no es para nada evidente… Mi posición como consejero de Justicia, mi posición institucional, es muy clara. Yo me dedico a gestionar las competencias de Justicia y los jueces ejercen un poder del Estado absolutamente independiente, que es el Poder Judicial. Por lo tanto, cometería un error si lo que hago como consejero de Justicia es cuestionar las decisiones de otros poderes del Estado. Por lo tanto también, tengo que respetar eso sin ningún tipo de problema. Ahora bien, es evidente que el caso de Alsasua representa dentro de la ciudadanía navarra una herida política y social muy evidente, sobre la cual yo tengo mi opinión como jurista, que es conocida y que es coincidente con la práctica totalidad de la doctrina criminal española que se ha pronunciado a ese respecto. ¿Cómo se ha aplicado la prisión provisional, por ejemplo? ¿Cómo se ha ensanchando el concepto de terrorismo? Siempre me van a encontrar al lado de los derechos y las garantías, como no puede ser de otra manera, en la construcción de una sociedad democrática. Son planos perfectamente compatibles y que no nos generan ningún tipo de contradicción de Gobierno.

Se le achacó al anterior Gobierno no reunirse con las personas agredidas. ¿Lo va a hacer usted?

Yo me reuniré con cualquiera que me lo solicite y, especialmente, si son víctimas de un delito y requieren de mi colaboración en aspectos concretos. No está dentro de mis intenciones cerrar la puerta nunca a ninguna víctima de un delito que pida mi colaboración o mi ayuda para un aspecto concreto. Ahora, también digo que nadie me lo ha pedido hasta el momento. Pero, vamos, las puertas de esta Consejería están abiertas en este sentido, sin ningún tipo de problema. Y, en ese sentido, también creo que hay que dejar clara una cosa, hay que dejar clara la diferencia entre víctimas y agresores. Evidentemente, estas personas son víctimas de un delito. Las personas que están encarceladas son agresores y eso debe merecernos una condena de los hechos claramente. Otra cosa es el debate jurídico sobre si estamos de acuerdo en el uso de la prisión provisional, en el uso del concepto de terrorismo o en la proporcionalidad de las penas. Si yo me puedo pronunciar políticamente sobre algo es en favor siempre de la convivencia y de que no se utilicen este tipo de conflictos para tensionar o romper los consensos sociales sobre los cuales tiene que vivir pacíficamente una comunidad, deslegitimando todo tipo de violencia.

Este fin de semana se ha celebrado en Alsasua el Ospa Eguna contra la Guardia Civil. Se ha pedido al Gobierno de Navarra y a la Justicia que se prohíba. ¿Qué opinión tiene? [La entrevista fue previa al acto, cuyo desarrollo fue pacífico]cuyo desarrollo fue pacífico]

A mí me llama la atención que se hable de los derechos de la Guardia Civil. Los derechos son de las personas. Y lo segundo que me llama la atención es que se plantea todo esto en función de un concepto que se ha ensanchado -desde mi punto de vista también indebidamente-, que es el planteamiento de delitos de odio. Los delitos de odio están pensados para proteger a personas y colectivos especialmente vulnerables por razón de sexo, raza, religión, ideología u orientación sexual. Lo pone claramente en la Constitución española. No están pensados en ningún caso para proteger colectivos que no sean vulnerables y, en este sentido, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia son claras en relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por su propia entidad no son colectivos vulnerables. Por lo tanto, la propia existencia de un delito de odio contra la Guardia Civil es antitético y no puede sostenerse jurídicamente. Odiar no es delito. Odiar es un sentimiento humano.

Otra de las discrepancias en el Gobierno es la alta velocidad. ¿Qué va a pasar cuando toque tomar decisiones sobre la llegada del AVE a Navarra?

Es conocido que esto es una discrepancia públicamente aceptada. En el pacto de legislatura ya dijimos que no nos vamos a poner de acuerdo de ninguna de las maneras. El tren de alta velocidad es un proyecto que no compartimos y eso quiere decir que cada partido de los que sustentan el Gobierno tiene absoluta libertad dentro de la Cámara, con la fuerza que cada uno tenga, para defender su proyecto. Asumimos que eso no afecta al Gobierno de Navarra.

Podemos obtuvo unos resultados electorales muy insatisfactorios en Navarra. ¿Han hecho ya autocrítica o la entrada en el Gobierno suaviza algo esa crisis?

El análisis ha sido público y en términos de autocrítica. Es algo asumido por toda la organización. Los resultados electorales están ahí y son absolutamente innegables. Ahora bien, una cosa son los resultados electorales, que efectivamente afectan al partido, y otra cosa es que tengamos que asumir nuestras responsabilidades institucionales. Son dos planos absolutamente diferentes. Hubo un planteamiento de entrar al Gobierno y lo refrendó la asamblea ciudadana por un 80%. Ahora tendremos que ver como partido cómo crecemos y cómo planteamos nuestro proyecto en la sociedad para tener más fuerza a futuro.

¿Cómo se vuelve a recuperar la confianza de los votantes?

Se hace sabiendo transmitir un proyecto a la sociedad. Y, desde luego, evitando cualquier traslado a la sociedad de intereses particulares por encima de lo que sería un interés colectivo. La receta es muy sencilla.

En La Rioja, los negociadores de Castilla-La Mancha han dinamitado la organización. Se ofrecieron también para negociar en Navarra en nombre de Podemos. ¿Qué ocurrió? ¿De haber aceptado habría hoy Gobierno en Navarra?

No hubo una oferta que se pudiera tomar en serio. El partido en Navarra siempre ha negociado como partido en Navarra, con sus estructuras adecuadas y los planteamientos adecuados, al margen de cualquier otro tipo de consideración. Aquí hay una estructura muy clara. Respecto a La Rioja, no sé si me corresponde a mí juzgar o valorar lo que se ha hecho en la negociación. Expresar mi opinión estando lejos del día a día sería un punto imprudente.

La negociación en Navarra coincidió con la del Congreso. Aquí, durante semanas, se estuvo trabajando en el programa y luego ya se entró en el reparto de Consejerías. ¿Por qué no se hizo así en Madrid? ¿Qué pronóstico hace de lo que puede ocurrir en los próximos días?

No lo sé [Risas]. Aquí siempre tuvimos claro lo que había que hacer. Lo importante de este pacto es que se ha creado, digamos, una cultura política. De alguna manera ya arrancó en el año 2015, cuando cristalizó en el Gobierno de Uxue Barkos. Respecto a Madrid, yo no estoy al cabo de lo que está ocurriendo en la negociación. El problema es que se está planteando un excesivo tacticismo. Pero también me parece que no hay que obviar la fuerza y la representatividad de Podemos dentro de unas elecciones que estuvieron muy polarizadas a la ultraderecha y que, por lo tanto, generaron una expectativa del Gobierno de coalición. Echo en falta que quien tiene la obligación de llevar la iniciativa política porque es quien tiene que liderar ese Gobierno -Pedro Sánchez y el PSOE- ofrezca un itinerario claro de búsqueda de apoyos que hasta el momento no tiene.

Si hubiese estado en su mano, ¿habría aceptado la última propuesta del PSOE?

Eso sería imprudente decirlo. Lo que espero es que se pueda reconducir esa situación y se llegue a un resultado adecuado. Que sea un Gobierno de coalición, de colaboración o como se quiera llamar, pero que tenga claramente unas políticas sociales como eje vertebrador de su acción. Insisto, creo que sobra tacticismo y falta voluntad de acuerdo. Con voluntad de acuerdo construyes confianza, con confianza generas contenidos y luego todo va, digamos, rodado.

¿Podemos en Navarra tiene en mente que el 10 de noviembre va a haber elecciones?

Podemos en Navarra está a la expectativa de lo que pueda ocurrir. No tenemos esa capacidad de influencia para determinar lo que vaya a pasar.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha destacado este lunes que “no merece la pena” formar “cualquier Gobierno” de “cualquier manera” porque “no va a funcionar”, y por esta razón, ha criticado a Unidas Podemos por ser “una izquierda minoritaria” que insiste en “propuestas inasumibles”, cuando no en “la imposición”.

En estos términos se ha pronunciado la vicepresidenta, en una entrevista en TVE, cuando ha detallado cuestiones de la negociación que el Gobierno y el PSOE tuvieron con la formación de Pablo Iglesias en julio, como las imposiciones de que el propio Iglesias formara parte del Ejecutivo de coalición o que, una vez descartado él, entrara Irene Montero.

Calvo ha dado por hecho que la propuesta de Gobierno de coalición que pretendió entonces Unidas Podemos “no va a funcionar” por cuanto, según sus palabras, se trataba de componer un Ejecutivo de coalición “de cualquier manera” y “a costa de cualquier cosa”, y algo así no lo pueden aceptar ni el presidente en funciones y ganador de las elecciones, Pedro Sánchez, ni el PSOE.

Ha incidido en que “Unidas Podemos ha estado dando señales de querer un Gobierno suyo dentro del Gobierno de España” y que tal objetivo es inasumible“ para el partido que ”ha ganado las elecciones“, pues su prioridad es otra: es ”tener cuatro años de estabilidad y salir al paso de las situaciones que habrá por delante“, en especial la lucha contra ”los coletazos de la crisis“, el ”brexit“ y la guerra comercial de EEUU y China.

“Una izquierda minoritaria no puede poner tantas condiciones a la izquierda mayoritaria que ganó las elecciones”, ha reiterado; más adelante, en la entrevista, ha hecho hincapié en que dicha “izquierda minoritaria” no puede pretender “una imposición a blanco o negro”.

Asimismo, la vicepresidenta ha puesto el acento en el escenario que a su juicio abre el proyecto político que Sánchez explicará este lunes a la Ejecutiva de su partido y que a partir de mañana desgranará a otras organizaciones.

No quiere el PSOE ir a elecciones de nuevo, tal y como ha dicho, y la obligación es llegar hasta el último minuto, para lo que apela a las características del nuevo programa socialista con vistas a lograr un acuerdo que permita la investidura.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha insistido en que un gobierno de coalición “no está encima de la mesa” y en que los socialistas esperan evitar unas nuevas elecciones a través de su propuesta de “acuerdo programático” que aúne a la izquierda y al centro.

“¿De qué serviría generar un gobierno inconexo, un gobierno en el que realmente hay dos gobiernos?”, se ha preguntado Celaá durante una entrevista en Antena 3.

“Sería electoralista buscar el pragmatismo más rápido para configurar un gobierno aun a sabiendas de que ese gobierno no tuviera cohesión interna”, ha subrayado la portavoz en funciones.

Celaá ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene esperanzas “fundadas” en que su proyecto de programa reciba el “respaldo suficiente”.

El proyecto para el que el Ayuntamiento de Artenara había decidido emplear el dinero procedente del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) está en el aire. El municipio, que en estas semanas celebra la declaración de Risco Caído como Patrimonio Mundial de la Unesco, no luce igual desde que la obra encalló, afeando el casco de este pueblo de la cumbre de Gran Canaria. Ha pasado casi un año desde que la empresa encargada de llevarla a cabo, la Constructora Hermanos Quintana Bolaños, decidiera poner fin a la construcción de la plaza del parque Manuel Díaz Cruz por unos desacuerdos con el arquitecto encargado de dirigir la construcción. Ahora, desde el Consistorio se vuelve a licitar el proyecto con el objetivo de terminarlo a finales de noviembre de este año. Es decir, debe estar finalizada en menos de seis meses. 

El Fdcan fue una de las iniciativas que el Gobierno de Canarias vendió esta pasada legislatura como motor para un nuevo modelo económico de las islas. Nació en 2016, con Fernando Clavijo al frente del Ejecutivo autonómico. Se trataba de una partida de 87 millones de euros destinados a llevar a cabo actuaciones de mejora y modernización en las zonas comerciales de todas las islas. Desde un primer momento recibió críticas. Los presidentes de cinco Cabildos insulares (La Gomera, Tenerife, Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura) se quejaban de que el reparto de los fondos no se correspondía al de la triple paridad. En Gran Canaria, tres municipios se vieron muy beneficiados con respecto al resto. Mogán, Firgas y Agaete disponían del 10% del presupuesto concedido para los 21 municipios en total, algo que no sentó bien al resto de los alcaldes y alcaldesas. 

El municipio de Artenara recibió 510.000 euros para realizar tres obras, de los que 350.000 correspondían al proyecto Plaza Mercadillo y Aparcamiento y Soterrado de contenedores de basura. La partida se dividió en dos anualidades de 175.000 euros para los años 2017 y 2018, pero la obra se ha convertido en un mamotreto a la espera de que una nueva empresa sea capaz de ejecutarla.

La construcción de la nueva plaza en el parque del casco municipal, justo en la zona recreativa que se encuentra rodeando la piscina, ha traído muchos quebraderos de cabeza para los vecinos y vecinas del municipio. Desde un primer momento el proyecto no fue muy bien acogido por los más críticos del pueblo, que advertían de que la obra generaría un fuerte impacto ambiental en el casco. Un pensamiento que confirman ahora cuando ven una especie de mamotreto en un espacio verde del pueblo del que no saben nada desde, aproximadamente, agosto de 2018. “A partir de las fiestas de La Cuevita” -celebradas el último fin de semana de agosto de cada año- “ya no se hizo nada”, recuerdan. A finales de octubre los trabajadores de la constructora comenzaron a llevarse su material. Y hasta la fecha. 

Según explican fuentes consultadas, los problemas comenzaron por desacuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, las formaciones que, a través de un pacto con alcaldía compartida por dos años, gobernaban el municipio. “No se ponían de acuerdo con lo que querían y estaban constantemente cambiándolo todo”. 

Pero los problemas se acrecentaron cuando se hicieron las primeras pruebas del hormigón empleado para hacer las columnas. Desde el Ayuntamiento se aseguraba que el material empleado era de mala calidad, no llegaba a la resistencia adecuada. Sin embargo, los resultados de los análisis que hacía la empresa proveedora del hormigón y la constructora eran óptimos. “Así estuvieron un tiempo hasta que se hartaron y se fueron”, recuerdan algunos vecinos. El proyecto se adjudicó en febrero de 2018 por un importe de 377.949 euros. Este periódico contactó con uno de los dueños de la empresa, pero prefirió no hablar del asunto. 

El alcalde de Artenara, Jesús Díaz (PP), resta importancia a lo sucedido en relación a esta obra. “Hubo problemas técnicos, no se llegaba a la resistencia adecuada, empezaron con idas y venidas y hay que demoler parte de las columnas que están mal ejecutadas”, explica. En una conversación telefónica este martes, el primer edil del municipio aseguró que ese mismo día se llevaría a Comisión de Gobierno el proyecto para volver a licitarlo. “Se publicará de nuevo el concurso para que se presenten las empresas que quieran hacer la obra, que tendrá que demoler parte de las columnas que están mal ejecutadas”. 

Sobre el plazo que tendrá la nueva empresa que resulte ganadora, aclara que la obra debe estar acabada a finales de noviembre de este mismo año, es decir que tendrá un tiempo aproximado de cuatro meses. La licitación con la anterior empresa estaba programada para seis meses. “La obra no es tan complicada, tienen que tirar las columnas, volver a ponerlas y construir encima la plaza, para que la gente vea todo el parque José Antonio Ramos”. aclara.

Díaz señala que aún quedan 275.000 euros por ejecutar y que, en contra de lo que piensan los vecinos del pueblo, la nueva plaza no tendrá aparcamiento, es solo una balconada para ver el parque. Sin embargo, el propio nombre del proyecto es Obra de plaza mercadillo y aparcamiento y soterrado de contenedores de basura. 

Deutsche Bank y Commerzbank, primer y segundo banco comercial privado en Alemania respectivamente, contemplan su fusión, según una información del semanario “Der Spiegel”.

El ministro de Finanzas y vicecanciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, puede imaginarse la fusión, al igual que los presidentes de ambos bancos, Christian Sewing y Martin Zielke, según fuentes citadas por “Der Spiegel”.

“Zielke (presidente de Commerzbank), preferiría la fusión más bien hoy que mañana”, según una fuente conocedora de la situación.

Sin embargo, Sewing ha dicho que en los próximos dieciocho meses la fusión no es importante porque primero tienen que cerrar la integración del banco minorista Postbank, reducir costes y sanear el banco.

Su hermano de 18 años murió el pasado 1 de julio atado con correas en pies y manos, boca abajo en una cama. Este lunes conoció el auto de archivo del caso, ocurrido en el centro de reforma juvenil Tierras de Oria (Almería) durante una inmovilización con medidas de contención y de sujeción mecánica. “No estamos conformes y no nos vamos a callar”, asegura Abdel T., que muestra sus dudas acerca de cómo se ha desarrollado la investigación por parte del juzgado de Purchena.

Para acordar el sobreseimiento provisional de la causa, la jueza considera, basándose principalmente en la autopsia, que se trató de un fallecimiento “accidental” y no observa delito en la actuación de los cinco trabajadores investigados. “Entre unos y otros están tapando la verdad”, dice el joven en conversación telefónica con eldiario.es Andalucía. “Dicen que es una muerte violenta accidental pero provocada en parte por una medicina que le dieron ellos. Nos dijeron que activaron el protocolo para protegerlo a él pero lo que hicieron fue matarlo”, denuncia.

El centro de reforma Tierras de Oria (Almería) lo gestiona la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso) pero su titularidad la ostenta la Junta de Andalucía. La grabación de los hechos, a la accedió eldiario.es Andalucía, mostraba que la inmovilización se produjo sin la presencia de personal sanitario, al contrario de lo que aseguró la Junta apenas 48 horas después de lo ocurrido. Tampoco se apreciaban en el vídeo las convulsiones de las que habló en su momento el vicepresidente andaluz, Juan Marín, ni hubo supervisión por parte de personal sanitario como dijo en sede parlamentaria que marcaba el protocolo.

Sin esposas

“El vídeo no he podido verlo. La jueza dice que el protocolo de contención se activó porque mi hermano estaba muy agitado y llevaba puestas unas esposas. Un hermano sí pudo ver el vídeo en el despacho del abogado y vio que no estaba esposado en el momento en el que le tiraron a la cama”, como así pudo comprobar este medio. “Mentiras y mentiras por parte de la Junta y del juzgado”, lamenta.

El juzgado, aunque reconoció que la colocación boca abajo no es la más recomendable en una contención pese a que el protocolo entonces vigente la permitía, defiende que se adoptara tal posición. “Su colocación boca arriba le podría haber ocasionado graves lesiones, no considerándose procedente la retirada de las esposas hasta que se calmara”, dice el auto de archivo. En el vídeo al que tuvo acceso este medio se aprecia que el joven ya no llevaba las esposas cuando le empujaron hasta la sala de contenciones y le colocaron sobre la cama. También dice la jueza que, en la valoración médica que se hizo a su ingreso en el centro, no se indicó que él presentase “alguna contraindicación a la aplicación de las medidas de contención”. “Pero ese informe lo hacen en el centro, ¿no?”, se pregunta el hermano del joven fallecido.

Abdel T. tampoco entiende “por qué acuden como testigos personas que estaban implicados en la activación del protocolo ya que son ellos los que han causado la muerte. Van a testificar a su favor. Son muchas cosas. Tenemos testigos que dicen que mi hermano no estaba agresivo ese día”, comenta.

“Impunidad para un homicidio”

El familiar espera poder poner un recurso contra el auto de archivo, planteando también “pedir una segunda autospia” ya que la aportada a la investigación finalmente “no coincide” con las que difundió el diario El País los días 11 de julio y 31 de julio. “Son muchas cosas”, indica. Abdel T. no sabe exactamente “qué va a pedir” el representante legal de la familia pero asegura que “no nos vamos a callar, con o sin abogado”.

En la grabación de los hechos se ve cómo el joven, de origen marroquí, fue inmovilizado en una cama por varios miembros de seguridad y personal del propio centro, que tardaron diez minutos en colocarle el sistema de sujeción al completo y que tardaron casi otros diez minutos en darse cuenta de que el joven no reaccionaba porque, en ese intervalo de tiempo, había fallecido. Los diez minutos siguientes, antes de sacarlo por el suelo a rastras de la sala de inmovilización, solo sirvieron para tratar de revivirlo con una repetida e infructuosa reanimación cardiopulmonar. La grabación fue incorporada al procedimiento el 24 de julio, como parte del anexo del atestado del equipo de la Policía Judicial de Huércal-Overa (Almería).

Para un abogado que ha seguido de cerca el caso, el auto de archivo “es la triste comprobación de espacios de impunidad cada vez más grandes y más fuertes en esta democracia, y que intereses no claros impiden el funcionamiento de las instituciones, con lesión para derechos fundamentales”, señalando que ha existido “impunidad para un homicidio causado por fuerza bruta en la inmovilización de un menor preso. Si llega a pasar con un terrorista de ETA, dimite hasta el Ministro del Interior. ¿Cómo puede considerarse algo fortuito ese homicidio tras el empleo de esa fuerza desmedida?”, denuncia el letrado.

Volar en helicóptero hasta una cumbre remota y salvaje para lanzarse en un descenso vertiginoso en bici o con esquís: un sueño para muchos amantes de los deportes extremos, pero una aberración para muchos montañeros o ecologistas. Dos actividades, conocidas como helibike y heliesquí, que ha impulsado una empresa en el Pirineo aragonés y que ahora se encuentran bajo la lupa por su posible efecto sobre las especies protegidas y los frágiles hábitats de la alta montaña pirenaica.

La empresa, llamada Altitude Rides, comenzó con los viajes de helibike en el verano de 2018 en la zona entre el Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido y el Parque Natural de Posets-Maladeta. Suben a los clientes en helicóptero hasta cumbres a casi 3.000 metros de altitud para después comenzar un descenso vertiginoso en bici, montaña abajo. Los vuelos, según la empresa, se hacen en Punta Suelza y Sierra Negra (Benasque), fuera de los límites de espacios protegidos.

Es un territorio salvaje y prácticamente virgen, donde habitan especies protegidas como el quebrantahuesos o la perdiz nival. Para algunas organizaciones conservacionistas, la puesta en marcha fue irregular, pues se hizo sin una evaluación de impacto ambiental que tuviese en cuenta lo sensible del entorno o las molestias que pueden suponer los vuelos de helicóptero a baja altura.

“Es una actividad nueva y se debía evaluar su impacto ambiental, independientemente de la opinión de cada cual”, defiende el vicepresidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), Juan Antonio Gil.

El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, un órgano consultivo y participativo, publicó un dictamen a finales de diciembre de 2019 en el que pedía al organismo competente del Gobierno de Aragón (INAGA) que sometiera al proyecto de helibike al examen ambiental más exhaustivo, la evaluación de impacto ordinaria.

El dictamen es contundente y, entre los efectos negativos del helibike, destaca potenciales molestias a la fauna -algunas rutas, por ejemplo, pasan por zonas críticas para el urogallo-, posibles daños a flora protegida, o que la actividad supone “una acción erosiva relevante” que “impacta sobre suelos de estructura muy frágil y de muy difícil recuperación”.

Señala el Consejo que “en las partes elevadas, en muchas ocasiones, se utilizan sendas poco o nada marcadas, ni señalizadas, pudiendo discutirse si se trata de senderos o zonas campo a través”, y que muchos de los recorridos afectan a espacios protegidos de la Red Natura 2000.

El INAGA tiene que tomar ahora una decisión sobre el helibike, aunque según fuentes del organismo consultadas por Ballena Blanca, lo habitual es que siga el dictamen del Consejo de Protección de la Naturaleza. En el caso del heliesquí, debe decidir pronto si renueva un permiso provisional otorgado a Altitude Rides para la temporada pasada, aunque según la empresa aún no han hecho vuelos con clientes.

Uno de los dos socios de Altitude Rides, Pablo Irigoyen, se queja de que son “la primera y única empresa de turismo activo que ha tenido que hacer una evaluación de impacto ambiental.”

Irigoyen recuerda que, aunque fueron pioneros en traer el helibike a Europa, en otras partes del Pirineo -el valle de Arán y en Andorra- sí que se practica el heliesquí desde hace años. Incluso hay empresas que ofrecen servicios de ‘heli-pesca’, vuelos en helicóptero para pescar en lagos de alta montaña. En Francia el uso de helicópteros con fines turísticos está prohibido por encima de 1.600 metros en los Pirineos y 1.800 en los Alpes, desde que en 1980 el presidente Valéry Giscard d'Estaing enfureció a los vecinos de Chamonix por hacer heliesquí desde la cumbre del Mont Blanc.

El promotor de la empresa, que normalmente trabaja en una brigada helitransportada contra incendios en el Pirineo aragonés, minimiza el posible impacto de los vuelos en helicóptero y critica que, por ejemplo, la Administración no comparte con ellos la localización de los nidos donde crían en invierno las parejas de quebrantahuesos, para poder evitarlos.

“Queremos molestar lo menos posible. Volamos como mucho 2 horas a la semana en la temporada, que dura de junio a octubre. No hay tanta gente que quiera hacer helibike, ojalá la hubiese”, explica Irigoyen. La compañía cobra 360 euros por una jornada de 12 horas, que incluye una subida en helicóptero y tres subidas en furgoneta para hacer los descensos.

Sin embargo, los críticos lo ven muy distinto. Para el presidente la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza de Aragón, Javier Escorza, se trata de una actividad “totalmente prescindible”, a diferencia de otros usos del helicóptero en montaña como los rescates o el abastecimiento de refugios.

“Trabajamos con helicópteros y sabemos los ruidos y las molestias que generan a todo tipo de fauna. Los bichos salen disparados por todos lados cuando los sobrevuelas, es un medio muy perturbador”, asegura Esparza. De hecho, en el Pirineo el vuelo sobre espacios protegidos está muy restringido: en el Parque Nacional de Ordesa, por ejemplo, se prohíbe volar por debajo de los 3.000 metros sobre la vertical del terreno.

Desde Altitude Rides defienden que no vuelan por ninguna zona acotada, y que en el Pirineo aragonés hay otras muchas empresas que suben bicis con furgonetas o con 4x4 para hacer descensos extremos. “Entiendo que a la gente no le guste, hay amigos míos que me dicen que no lo ven ético. Pero hay una legislación nos guste o no”, dice Irigoyen, en referencia a que sobrevolar la zona es legal, así como el descenso con esquís o en bici.

El alcalde de Bielsa, uno de los municipios donde se desarrolla la actividad, dice que han apoyado la actividad desde el principio y defiende que su afección es “mínima”. “Tenemos una comarca que vive de la naturaleza, vivimos de nuestras montañas y de lo que se pueda hacer en nuestras montañas. Ir en bici y esquiar por el monte no es una actividad prohibida”, dice Miguel Noguero.

Para sus detractores, en el fondo subyace un pulso sobre el modelo de desarrollo para el Pirineo, y un debate todavía abierto sobre la regulación de los deportes de aventura, cuyo auge está aumentando la presión humana sobre estos espacios tan frágiles. “¿Qué queremos, un paisaje de alta montaña con protección o un parque de atracciones?”, se pregunta el ecologista José Luis Latas, del grupo Acción Verde e impulsor de una recogida de firmas contra el heliesquí.

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