La derecha del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a evidenciar su capacidad de bloqueo en los nombramientos clave de la cúpula judicial. Los equipos negociadores de los bloques conservador y progresista se reunieron este lunes por primera vez para tratar la renovación de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado, pero el encuentro terminó sin avances después de que los vocales elegidos a iniciativa del PP decidieran “levantarse de la mesa”, según fuentes del grupo progresista.

Esa Sala tiene sin cubrir desde hace dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio. Los vocales progresistas consideran imprescindible que esta plaza sea adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora. 

Sin embargo, el primer contacto formal entre ambos grupos ha puesto de manifiesto que la estrategia del grupo conservador pasa por esperar a que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque. Para ello, sin embargo, habría que esperar varios meses. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán de manera forzosa el próximo junio y Juan Ramón Berdugo en septiembre. No obstante, ambas partes se han emplazado a seguir negociando, según fuentes de los bloques del órgano, que cuenta con diez vocales cada uno. 

“Nosotros queremos que se cumplan los plazos y se cubra ya la vacante pendiente en la Sala Segunda. Pero el otro grupo quiere acumular las vacantes. Ha habido un primer contacto y se han levantado de la mesa”, explica una fuente del grupo de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar. “Los conservadores se niegan a hacer ya la renovación porque consideran que pueden sacar un mayor beneficio con una negociación en bloque”, lamenta otra fuente de este mismo grupo. 

En las conversaciones informales previas, antes incluso de que se hubiera iniciado la negociación, los vocales conservadores ya habían dejado claro su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, una de las candidatas más valoradas por el sector progresista, si bien en este grupo barajan otros perfiles.

Bacigalupo es una catedrática con un amplio currículum y que en 2015 formó parte del “grupo de expertos” que colaboró con el PSOE en la redacción del programa de las primeras generales a las que se presentó Pedro Sánchez. Además, es cuñada de la exvicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera. 

Los vocales conservadores repiten así la estrategia urdida hace un año, cuando descartaron la elección de las progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso para la presidencia de esa misma Sala y también para la de lo Contencioso-Administrativo, las más delicadas del Supremo. Ambas acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros. Los progresistas transigieron y finalmente apoyaron de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador. 

Los nombramientos realizados durante el primer año de mandato evidencian que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, logró el 38% de las designaciones realizadas en la cúpula judicial. Es casi el doble de lo que consiguieron las otras tres asociaciones juntas. Además, la APM copó casi la mitad de los ascensos al Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación. 

Un debate frente a un aluvión de encuestas. El segundo choque entre los candidatos de los cinco partidos con representación en el Parlamento andaluz ha venido precedido por la publicación de hasta seis sondeos que coinciden en tres cuestiones: el PP está rozando de nuevo la mayoría absoluta, el PSOE puede horadar su suelo –que son sus actuales 30 parlamentarios– y tanto Vox como las dos formaciones más a la izquierda (Por Andalucía y Adelante Andalucía) mejoran sus actuales cifras. Con estos datos bajo el brazo, los mismos que se barajan desde la precampaña, los aspirantes han encarado un encuentro en Canal Sur Televisión que siempre se publicita como “el decisivo” por aquello de ser el último.

Esta segunda confrontación a cinco previa al 17M ha estado adobado, además, por un coro de protestas que esperaba a los candidatos a las puertas de la sede de la RTVA, en la que se sumaban Mareas Blancas, representantes de Amama (la asociación que destapó la crisis con los cribados del cáncer de mama) y, sobre todo, trabajadores del propio Canal Sur, que este lunes han protagonizado la primera de las tres jornadas de huelga que ha convocado el Comité Intercentros. Los candidatos de izquierda –Antonio Maíllo, José Ignacio García y María Jesús Montero, por orden de llegada– han cruzado la calle para saludar a estos colectivos, mientras que Manuel Gavira (Vox) y el propio Moreno han pasado de largo cuando no hacía mucho que la televisión pública se fuera a negro durante el programa de Juan y Medio por esta protesta.

Y si Amama y las Mareas Blancas estaban en la puerta, en la cuestión sanitaria es donde las izquierdas se han hecho especialmente fuertes ante un Moreno visiblemente incómodo y que ha dejado muchos interrogantes sin responder con el argumento de que era “interpelado por todos”. “Todos contra mí”, ha lamentado, mientras las izquierdas (PSOE, Por Andalucía y Adelante) han acosado a preguntas a un líder del PP andaluz que se ha escudado en que la Junta “asumió su responsabilidad” con la salida de “toda la cúpula del SAS” e insistiendo en que “ninguna mujer ha fallecido”.

Agrio cara a cara Moreno-Montero

Pese a ello, no ha dado los detalles que se le han reclamado, limitándose a asegurar que “hubo un problema de información con 2.317 mujeres y se pidió perdón”, además de cesar a toda la cúpula del Servicio Andaluz de Salud (SAS). “¿No ha habido muertes? Debe ser que las familias se lo inventan”, ha replicado Montero, a la que se han unido Maíllo y García en su crítica a una gestión sanitaria que “provoca muertes” evitables. El choque Moreno-Montero también se ha reproducido cuando el presidente ha sacado a relucir tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), lamentando la falta de dimisiones y de explicaciones –lo que ha provocado la indignada reacción del alcalde del municipio–, a lo que le ha replicado que todo se sabrá, como también “qué pasó con el 112” y la actuación de los servicios de emergencia que dependen de la Junta.

Maíllo ha presentado una “enmienda a la totalidad” a su política sanitaria, que ha calificado de “desastre premeditado para convencer a la sociedad andaluza de que la mejor sanidad es la que se paga”. “Es un desastre”, ha apostillado, antes de que Moreno y Montero se enzarzaran en un agrio cara a cara de nuevo con los cribados de cáncer de mama como protagonistas.

El aspirante del PP ha acusado a la candidata socialista de “no decir ni una verdad”, recordando la promesa incumplida del PSOE en 2010 sobre el cribado de cáncer de colon y agarrándose a su propia experiencia personal. “Durante esos nueve años muchas personas fallecieron porque no hubo cribado de cáncer de colon, entre ellas mi padre, que tuvo un diagnóstico tardío y por tanto metastásico”. “A mí me habéis llamado asesino desde las cuentas oficiales del PSOE”, ha denunciado, antes de preguntarse de manera retórica “¿qué podría llamarle a usted?”. “¿Pero sabe la diferencia entre usted y yo? Que yo no soy como usted”, le ha espetado el candidato del PP. “Ni yo como usted”, ha replicado Montero.

Gavira, a hablar de su libro

Durante el debate, el cara a cara más común ha sido entre estos dos protagonistas, fajándose menos Moreno a la hora de replicar a Maíllo y García, que por su parte le ha dejado alguna que otra puya a la candidata socialista sobre todo en cuestión de financiación autonómica. Como en el primer debate, las izquierdas han llegado a hacerle un tres contra uno al presidente, que ha respondido con silencios, sonrisas irónicas o comentarios sueltos diciendo que los reproches que le hacían eran una barbaridad o directamente una mentira.

El que ha vuelto a parecer un verso suelto ha sido Manuel Gavira, al que de hecho en varios momentos le sobraba tiempo que consumía por puro protocolo. Sus ideas fuerza han sido las mismas: la “prioridad nacional” duramente replicada por las izquierdas (aquí Moreno no ha bajado a la arena), la bandera de una política de “sentido común” y centralizar en los migrantes prácticamente todos los problemas de la sociedad española, “colapsando” los servicios públicos y disparando la inseguridad, apuntándoles incluso de estar detrás de las violaciones y las agresiones a ancianos.

Moreno, como también hizo en el primer debate, casi no se ha dirigido al candidato de Vox, al que le reprochó que no suspendiera la campaña el día de luto oficial por la muerte de dos guardias civiles en la persecución de unas narcolanchas. Ante sucesos tan graves, ha vuelto a esgrimir el “sentido común”, que en este caso consistiría en que “ante el narco, el alto o el plomo, o que las narcolanchas se paren o acaben en el fondo del mar”.

El “lío” y el “chantaje”

En política es moneda de uso común decir que unas elecciones no se ganan en los debates, pero que sí se pueden perder. El presidente andaluz y aspirante a la reelección por el PP, Juan Manuel Moreno, evidenció en el celebrado hace una semana en RTVE que no estaba dispuesto a arriesgar lo más mínimo, lo que al final jugó en su contra y le llevó a ofrecer una imagen acartonada que rozó el bloqueo. Este lunes, encima, entraba en el plató con un mensaje cristalino que horas antes había llegado vía Madrid: Vox descarta la abstención si Moreno roza la mayoría absoluta pero no la logra, en ese escenario –ha avisado su portavoz nacional– lo que tocaría es negociar para que la ultraderecha entre en el Gobierno andaluz.

Esto, en el lenguaje de campaña de Moreno es el “lío” a evitar, al que confronta la “estabilidad” que reportaría renovar su mayoría absoluta, la misma táctica que tan bien le salió hace cuatro años al atraer un voto de centro progresista que vio en él una alternativa más viable para parar a la ultraderecha que la propia izquierda. Por encima de todo está el aval de su marca personal, muy por encima de las siglas del partido, presentándose como un tipo fiable, predecible y con sus dosis de progresista y andalucista. Como él mismo dijo hace cuatro años, “es mucho más fácil votar a Juanma Moreno que votar al PP”.

Frente al “lío” o el “desgobierno” de Moreno, como también lo ha definido en su último minuto, las izquierdas (sobre todo José Ignacio García y Antonio Maíllo) han contrapuesto el “chantaje” de asegurar que si el PP no logra mayoría absoluta está en riesgo hasta la convocatoria de oposiciones. “No sé si sabe lo duro que es estudiar unas oposiciones, yo sí. Es durísimo chantajear a los andaluces y andaluzas diciendo «o me votan o no se van a celebrar las oposiciones», ha lamentado García, profesor de Secundaria, que ha insistido en que es falso que no se puedan convocar oposiciones si no se conforma Gobierno de inmediato: ”Se nota que nunca ha hecho unas oposiciones“.

“Fraude” fiscal y “fritos” a impuestos

La otra cuestión en la que han cargado las tintas las formaciones de izquierdas ha sido en la política fiscal del Gobierno de Moreno, contra el que Maíllo (Por Andalucía) ha cargado llegándole a acusar de cometer “fraude fiscal en términos políticos” porque “cuando le dice a la gente que le baja impuestos, se los baja a los superricos”. Por su parte, García (Adelante) ha lamentado que en Andalucía alguien que gana 80.000 euros al año puede desgravarse las clases de inglés privadas de su hijo, “pero si ganas 25.000 euros al año no puedes desgravarte el alquiler de tu vivienda”.

En paralelo, María Jesús Montero ha sacado a escena la “asfixia” de las universidades andaluzas, “mientras autorizan universidades privadas sin criterios de calidad”, “con menos papeles que un conejo de campo”, como ha llegado a afirmar José Ignacio García. Montero ha ido más allá y ha extendido el problema a todas las etapas educativas: “¿Qué le parece que las familias andaluzas tengan que endeudarse para matricular a sus hijos en formación profesional o en el máster obligatorio? No ofertan plazas públicas para la formación. ¿Por qué obliga a las familias andaluzas a endeudarse?”.

Donde más cómodo se ha mostrado Juan Manuel Moreno, y ha dado una imagen más suelta, ha sido con el modelo de financiación autonómica, no sin antes acusar a Montero de “freírnos a impuestos” como ministra de Hacienda durante los últimos años en el Gobierno de España, convirtiendo a Andalucía y al país en general “en un infierno fiscal”. Y ante el argumento de la socialista de que la Junta ha recibido 54.000 millones de euros más que los que transfería el Ejecutivo central bajo la presidencia del PP, Moreno ha respondido con que “ese es nuestro dinero, no lo regala el Gobierno de España”.

“Usted sería una magnífica candidata en Cataluña”, ha esgrimido Moreno por un lado, mientras por el otro Montero volvía una y otra vez a pedir explicaciones por la no aceptación de un modelo con el que Andalucía es la que más gana. Un rechazo que a Andalucía le cuesta 5.700 millones de euros que deja de ingresar si se incluye el fondo de compensación.

Y un último toque más frívolo, centrado en los looks lucidos en el debate, en el que han vuelto a repetir dos candidatos con corbata, aunque esta vez han aparcado el color verde para apostar por el azul (Moreno) y el rojo (Gavira). Las izquierdas han vuelto a prescindir de este complemento, con Maíllo con camisa blanca y García en vaqueros y camiseta, esta vez con una imagen de Federico García Lorca en defensa de “la memoria histórica, la cultura andaluza y Granada”. Montero, por su parte, ha apostado por el rojo frente al vestido verde del primer debate.

Siempre hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y para Feijóo y el PP, tras días de excitación, locuacidad y verbo ágil a cuenta del hantavirus y el crucero MV Hondius que debía fondear en aguas de Tenerife, ha llegado el momento del silencio. No por prudencia ni circunspección, sino por temor a quedar en evidencia. O a descarrilar en la campaña electoral de Moreno, que el próximo domingo se juega la mayoría absoluta. Si ha habido o no un toque de atención a la ofensiva de Génova desde Andalucía, nunca lo sabremos.

El caso es que la operación ha resultado un éxito internacional como ha reconocido medio mundo, pese a que la conversación de los populares y su sincronizada de guardia haya girado durante días en torno a un supuesto caos, opacidad y descoordinación en el Gobierno de coalición. En estos tiempos de brocha gorda y polarización en los que el silencio no tiene quien lo practique, nada mejor que la exageración, la mentira, los bulos y la desinformación para infundir miedo, generar alarma y pedir una lluvia de dimisiones a destiempo. Total, cuando la verdad ha dejado de importar y la derecha ha decidido cabalgar a lomos del exabrupto, los de Feijóo saben que nadie espera ya de ellos una pizca de mesura, solidaridad o deber moral. Con Semper o sin Semper.

El recuerdo del covid aún en la memoria colectiva y la llegada en barco de otro virus abrían a la derecha una nueva oportunidad para la sobreexposición verbal y el enésimo zarandeo a Pedro Sánchez y sus ministros. Todos, por cierto, al pie del cañón, y no como Mazón durante la Dana o Díaz Ayuso, que además de seguir sus vacaciones pagadas en México y montar un bochinche indescriptible, ni se interesó por la gestión de la crisis. En su ausencia, tuvo un digno suplente con el presidente canario, Fernando Clavijo, subido al carro de la desmesura y el populismo con peregrinas teorías sobre ratones nadadores que bien podrían haberse pergeñado desde la factoría del ayusismo.

Sin embargo, en cuanto la comunidad internacional comenzó a elogiar al Ejecutivo de Sánchez por su solidaridad y su buen hacer, Feijóo y los suyos enmudecieron. 50 minutos de mitin dominguero en Málaga y ni una palabra del crucero, del virus o del dispositivo desplegado para evacuar y trasladar a sus países de origen a los pasajeros y la tripulación.

León XIV, Ursula von der Leyen, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el de Naciones Unidas, el presidente de los Países Bajos, su ministro de Relaciones Exteriores, el primer ministro de Francia, el embajador del Reino Unido en España, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá o el embajador de Turquía en España se han deshecho en elogios con España por el éxito del operativo coordinado con 23 países y dos organismos supranacionales, al margen del atronador ruido político y de una oposición abonada al aspaviento y atrapada en la inmediatez y la frustración.

Por lo que sea, a Feijóo parece asistirle un placer por el mal ajeno, especialmente cuando el impropio se llama Pedro Sánchez y el perjuicio pudiera dejar el nombre de España por los suelos. Su deseo ante esta nueva crisis no era otro más que el fracaso del dispositivo y que la OMS, la UE y Naciones Unidas hubieran amonestado al Gobierno. Ocurrió todo lo contrario.

António Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, ha agradecido el apoyo del Gobierno de España por la gestión de estos días en coordinación con la Organización Mundial de la Salud: “Aunque el riesgo actual para la salud pública del virus sigue siendo bajo, es importante que los esfuerzos de salud internacionales garanticen la seguridad de todos, incluidos los pasajeros y la tripulación del MV Hondius”, escribió en un mensaje que podría haber escrito Feijóo, y no lo hizo. Una muestra más de que sus obsesiones y el partidismo van muy por delante del interés general.

La cuestión del transfuguismo aparece en el punto 14 de los estatutos del PP. Lo hace para situar entre las infracciones muy graves que alguien del partido se valga de tránsfugas para “constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”, que es justo lo que ha ocurrido para que Elena Candia haya llegado a la Alcaldía de Lugo -y para algún otro cambio en gobiernos locales antes que este-. Este lunes, el presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, ha propuesto que se cambien estas normas internas de la formación para que validen estas maniobras.

Como ha hecho desde que se conocieron los primeros movimientos para la moción de censura que terminaría desalojando a PSOE y BNG del gobierno local de Lugo, Rueda se ha defendido con la sentencia del Tribunal Constitucional que, en junio de 2025, llevó a la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para eliminar un punto que impedía que las mociones pudiesen prosperar si dependían del voto de un tránsfuga.

El barón gallego del PP insiste en que esa redacción que considera una infracción grave valerse de tránsfugas estaba en los estatutos antes de dicha sentencia y, por lo tanto, considera que lo lógico es que la redacción cambie para amparar el transfuguismo. En realidad, la versión actual de los estatutos del PP se aprobó en julio de 2025, en el 21 Congreso Nacional del partido, mientras que la decisión del Constitucional se conoció en junio de ese mismo año.

La moción de censura de Lugo, debatida la semana pasada, recibió críticas tanto del PSOE como del BNG y motivó protestas ciudadanas. Después de ser elegida alcaldesa, Candia tuvo que retrasar en dos ocasiones su salida del edificio del Ayuntamiento al ser recibida con abucheos por los centenares de personas concentradas allí.

Uno de los aspectos que más se recriminó fue lo excepcional del contexto en el que se presentó: la edila tránsfuga, María Reigosa, se presentó a las elecciones municipales de 2023 en las listas del PSOE, pero no logró el acta en aquella jornada electoral, sino tras el fallecimiento de uno de sus compañeros, Pablo Permuy. Antes había muerto la que era entonces alcaldesa, Paula Alvarellos, y después murió otra edila, Olga López Racamonde. De ahí que los socialistas gallegos hablen de una moción “negociada en tanatorios”. Candia ya ha anunciado que Reigosa, que no se puede integrar en el nuevo gobierno, se va a ocupar de labores “de supervisión política y programática de actuaciones municipales relacionadas con infraestructuras de forma transversal”.

Rueda insistió en estas semanas en el derecho del PP a presentar la moción de censura y manifestó este lunes que, pese a lo que dicen los estatutos del partido, él no va a impulsar ningún expediente para sancionar a Candia. “Ya lo que haga mi partido, habría que preguntar a los órganos correspondientes”, añadió, antes de volver a aludir a que “la redacción responde a circunstancias diferentes a las que hay ahora desde el punto de vista legal”.

También hizo mención a una de las primeras medidas de Candia como alcaldesa de Lugo: retirar una bandera de Palestina que colgaba en O Vello Cárcere. Lo justificó asegurando que la intención de su compañera de partido es “gobernar, si puede, para todos los lucenses y, si no, para la inmensa mayoría”. La decisión, con el “simbolismo” que tiene, se tomó pensando en eso, dijo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha embarcado en la defensa a capa y espada de la moción de censura impulsada por su partido en Lugo con el apoyo de una edil tránsfuga. Para ello no ha dudado, durante la sesión de control parlamentario de este martes, en retorcer los hechos y en ignorar los resultados de las últimas elecciones municipales, cuando su partido, el PP, quedó a un escaño de la mayoría absoluta y del gobierno local. Ahora se ha servido de la exsocialista María Reigosa, que accedió al pleno tras la muerte de dos de sus compañeros de lista, para hacer alcaldesa a Elena Candia. La oposición, en concreto el PSOE, le recordó que los propios estatutos de la formación conservadora consideran “una infracción muy grave” utilizar o valerse de “tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”. Exactamente lo que sucederá el 7 de mayo en Lugo.

El reglamento interno del PP reserva además duras sanciones para aquellos que incumplan ese punto: suspensión de afiliación de cuatro a seis años, inhabilitación para cargos internos o de representación durante el mismo periodo o incluso expulsión. No parece que Alfonso Rueda esté pensando en aplicarlas, a juzgar por el olímpico silencio con el que recibió la pregunta al respecto de José Ramón Gómez Besteiro, líder socialista: “¿Va a abrir expediente por estas graves actuaciones en Lugo?”. Sobre la controvertida y escandalosa maniobra de Candia y los populares también opinó en su turno Ana Pontón. “Está claro que usted no le dan las cuentas y por eso esta moción de censura indecente”, arremetió, “es corrupción política. No sé si acabará en Soto del Real, pero desde el punto de vista político es impresentable”.

Rueda no dejó entrever ni el más mínimo atisbo de autocrítica o voluntad de entendimiento. Volvió a mencionar lo sucedido en Noia, donde una moción con un concejal elegido en las listas del PP dio el bastón de mando a un socialista -en este caso no medió el fallecimiento de otros ediles-, para criticar “esa moral progresista” y acusó a la izquierda de “intentar de todo” contra la operación. “Intentan meter miedo con amenazas”, aseguró sin especificar a qué se refería. Lo que sí hubo fueron manifestaciones ciudadanas y una protesta en el pleno municipal del pasado jueves. El presidente gallego alcanzó la cumbre de su propia lógica cuando afeó a Besteiro no haber dado “ni una sola razón por la que no deba haber un cambio de Gobierno en Lugo”. Los últimos resultados electorales, en los que PSdeG y BNG sumaron la mayoría de asientos en el pleno, no le parecieron razón suficiente. “¿Cómo vamos a esperar que cumpla usted la ley si no es capaz de cumplir los estatutos del PP?”, le había espetado el socialista. Los próximos comicios locales serán en mayo de 2027.

El Consello de Contas y el deterioro de la sanidad pública

Aunque Ana Pontó también criticó la moción del PP en Lugo, su pregunta de control era sobre la situación de deterioro de la sanidad pública gallega, una realidad denunciada por usuarios y trabajadores y que constatan numerosos indicadores. La nacionalista utilizó esta vez el último informe del Consello de Contas, órgano fiscalizador del Gobierno gallego, sobre la atención primaria. El documento constata la infrafinanciación de la misma -Galicia es, tras Madrid, la comunidad que menos invierte en medicina de familia-, lo que la coloca por debajo de la media estatal y -dijo Pontón- “en menos de la mitad de las recomendaciones de la OMS”. “No es casualidad, es deliberado tras 17 años de recortes del Partido Popular”, aseguró. Son además los que Alfonso Rueda lleva en la Xunta, como conselleiro, como vicepresidente y desde 2022 como presidente.

Este no se apartó del manual consuetudinario con el que ataca a Pontón: “Usted tergiversa los datos, yo no”, “brava aquí, mansa en Madrid”, “cuando sale fuera habla bien de Galicia”, “triste, visión catastrofista”, “lleva aquí 25 años [en verdad son 22]”, “no sé si es consciente de los disparates que dice”. La argumentación sobre la sanidad pública tampoco varió demasiado de la que ha venido utilizando en el Parlamento cada vez que la oposición saca el tema: espigó afirmaciones del mismo informe de Contas esgrimido por la líder del BNG para señalar que “hay avances” en primaria y explicó que el gasto presupuestario “en sanidad” es del 31,6%. En la cifra incluye los millonarios convenios con empresas privadas del ramo. Y que el grueso de la responsabilidad de lo que sucede es de “sus cómplices [del BNG], los de Soto del Real”. Las competencias en la materia están transferidas a la comunidad desde finales de los años 80.

Comenzado el curso político llega la hora, sin excusas, de que los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional tomen posiciones ante la primera gran cuestión que sacar adelante, los Presupuestos Generales de la Región de Murcia.

Hemos pasado una formación de gobierno más que accidentada y llena de polémicas que tendrán su momento de coste político ya que todavía nadie ha explicado qué pasó en los cafés de cinco horas que sirvieron para ubicar la estrategia de Luis Gestoso y su formación filofascista. Aun por terminar de armar la mitad del organigrama del gobierno autonómico, hay que comenzar a poner números concretos a las cuentas que regirán la acción de gobierno durante todo el año próximo.

Aquí tenemos los dos primeros precedentes. El primero y más reciente son todas las reclamaciones que Vox ya anunció antes del verano y que pasan por la reducción de altos cargos, entes regionales, políticas de diversidad, subvenciones públicas y todo lo que huela a Estado del Bienestar. El segundo es el nivel de exigencia que Ciudadanos imprima a las cuentas de la Región de Murcia que, en las cuatro veces anteriores fue ninguno, a pesar de las enmiendas introducidas por el entonces portavoz Miguel Sánchez, ahora senador, defenestrado de su posición por su propio partido. No son buenas bases para dar solidez y credibilidad a un presupuesto.

Toda la ciudadanía ya estaba avisada de que el primer objetivo de la formación de gobiernos de derechas en el mapa autonómico era hacer de oposición al Gobierno del Estado. Son  declaraciones de Arrimadas, García Escudero y toda la dirigencia nacional de ambos partidos. Así pues, la coalición de derechas ha cumplido su promesa de traicionar la lealtad institucional y, junto a otras autonomías del mismo signo, han reclamado a la Administración General del Estado el nuevo pacto de financiación territorial (que no hicieron en 2015 cuando entonces estaba el Gobierno del PP y su socio Cs) y las líneas generales de la financiación de la estructura del Estado, pensando en qué gastar el dinero que a cada una le toca para poder hacer sus propias previsiones.

Como mejor ejemplo de los naranjas, Isabel Franco, que en la investidura de Fernando López, denunció desde la tribuna que la deuda regional de más de nueve mil millones de euros era culpa del “derroche y la barra libre del Partido Popular” deberá poner cara al espacio que ha ocupado con su consejería, la de Política Social. Y ahí veremos la profundidad a través de las grandes cifras. En el campo de los populares, Sanidad y Educación seguirán siendo los dos núcleos de acción de gobierno, los que más dinero reciben y que tienen por resolver los mismos problemas que llevan arrastrando todos los años anteriores. A saber, la pérdida de calidad en los servicios médicos que un reciente estudio situaba al final de la cola junto a la Comunidad de Canarias, y de otra parte vencer todos los indicadores educativos que ponen a la administración educativa del PP a la vanguardia del fracaso escolar, el amianto y la concertación con empresas privadas.

A la espera de que el Ministerio de Hacienda realice los informes técnicos oportunos, cada una de las comunidades deberá poner encima de la mesa la cifra de techo de gasto, que en la Región de Murcia se verá supeditada (si tuviera el Gobierno la seriedad que se le debe presuponer) a la cifra de déficit, deuda pública y proyección de las mismas para 2021.

Una de las incógnitas que se nos presentan con las cuentas regionales para el próximo ejercicio es, además de la amplitud de cada una de las partidas que veremos en su momento, la capacidad que tenga cada una de las partes del Ejecutivo para llevarse a sus consejerías el máximo de margen de maniobra. Ciudadanos pugnará por vender que representan la parte más dinámica del Gobierno y que su gestión sirve a la vida diaria de ciudadanos y ciudadanas de la Región. El Partido Popular, mientras, hará lo propio con sus grandes carteras, pero desde un plano inicialmente secundario, esperando que la mayoría de las afrentas de la oposición vayan para su socio preferente.

Y esto tiene un por qué significado y mayúsculo. Tanto en el supuesto de la repetición electoral como si no se produce, PP aspira a arrebatar escaños a los de Rivera. Recientemente los populares filtraron a medios que disponen de encuestas que indican que Cs ha tocado techo electoral y ahora solo pueden bajar. Y lo harán, más aún cuando queden fuera de la plataforma que se arma desde la calle Génova de Madrid, esa “España Suma” que, al menos en materia presupuestaria, todavía no ha dicho esta boca es mía. Es la confirmación de que la cuestión identitaria sigue siendo el pilar de la planificación de Pablo Casado, la cuestión de ser útiles a esa España (y a la Región de Murcia) está todavía por ver.