La derecha del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a evidenciar su capacidad de bloqueo en los nombramientos clave de la cúpula judicial. Los equipos negociadores de los bloques conservador y progresista se reunieron este lunes por primera vez para tratar la renovación de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado, pero el encuentro terminó sin avances después de que los vocales elegidos a iniciativa del PP decidieran “levantarse de la mesa”, según fuentes del grupo progresista.

Esa Sala tiene sin cubrir desde hace dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio. Los vocales progresistas consideran imprescindible que esta plaza sea adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora. 

Sin embargo, el primer contacto formal entre ambos grupos ha puesto de manifiesto que la estrategia del grupo conservador pasa por esperar a que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque. Para ello, sin embargo, habría que esperar varios meses. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán de manera forzosa el próximo junio y Juan Ramón Berdugo en septiembre. No obstante, ambas partes se han emplazado a seguir negociando, según fuentes de los bloques del órgano, que cuenta con diez vocales cada uno. 

“Nosotros queremos que se cumplan los plazos y se cubra ya la vacante pendiente en la Sala Segunda. Pero el otro grupo quiere acumular las vacantes. Ha habido un primer contacto y se han levantado de la mesa”, explica una fuente del grupo de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar. “Los conservadores se niegan a hacer ya la renovación porque consideran que pueden sacar un mayor beneficio con una negociación en bloque”, lamenta otra fuente de este mismo grupo. 

En las conversaciones informales previas, antes incluso de que se hubiera iniciado la negociación, los vocales conservadores ya habían dejado claro su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, una de las candidatas más valoradas por el sector progresista, si bien en este grupo barajan otros perfiles.

Bacigalupo es una catedrática con un amplio currículum y que en 2015 formó parte del “grupo de expertos” que colaboró con el PSOE en la redacción del programa de las primeras generales a las que se presentó Pedro Sánchez. Además, es cuñada de la exvicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera. 

Los vocales conservadores repiten así la estrategia urdida hace un año, cuando descartaron la elección de las progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso para la presidencia de esa misma Sala y también para la de lo Contencioso-Administrativo, las más delicadas del Supremo. Ambas acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros. Los progresistas transigieron y finalmente apoyaron de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador. 

Los nombramientos realizados durante el primer año de mandato evidencian que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, logró el 38% de las designaciones realizadas en la cúpula judicial. Es casi el doble de lo que consiguieron las otras tres asociaciones juntas. Además, la APM copó casi la mitad de los ascensos al Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación.