Naciones Unidas ha vuelto a llamar la atención a España por el archivo de querellas relacionadas con crímenes de la dictadura. Así lo estipulan en una observación conjunta del pasado mes de febrero cuatro relatores de la ONU, que apuntan a que “mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos” del franquismo “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

La comunicación fue dirigida al Gobierno español a raíz de una queja presentada por Irídia y CEAQUA en la que describen hasta 18 casos iniciados en los tribunales españoles tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática que se han topado con obstáculos para ser instruidos. Entre ellos está el asesinato de Teófilo del Valle en Elda en 1974, una querella que no se archivó y por la que en un inicio se acordó la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa. Sin embargo, hace unos días la Audiencia de Alicante la ha tumbado esgrimiendo la Ley de Amnistía de 1977.

Los relatores recuerdan que los estándares internacionales “estipulan la imprescriptibilidad e imposibilidad de amnistiar” crímenes de lesa humanidad, por lo que hacerlo “estaría obstaculizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo”. “Si bien es importante asegurar que la justicia opere con respecto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías” a este tipo de casos, añade.

La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática impulsó la creación de una fiscalía especializada que está interviniendo en algunos casos y en algunos de ellos se ha acabado tomando declaración a los denunciantes, algo que pasó por primera vez en septiembre de 2023, con las torturas denunciadas por Julio Pacheco. Sin embargo, posteriormente fue archivado. Además, el Tribunal Constitucional certificó un año después que la nueva legislación de memoria histórica no cambia el escenario y los crímenes seguirían sin juzgarse. Lo hizo aplicando los mismos criterios que antes de su aprobación y que ahora censura la ONU.

La observación reclama a España que transmita el comunicado a las autoridades judiciales “a fin de que puedan tener en cuenta los estándares internacionales” que deben aplicar. “Nos permitimos recordar que el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación del Estado español, en todas sus esferas y niveles, de investigar y sancionar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos”, escriben añadiendo que “el incumplimiento de estas obligaciones” puede “comprometer la responsabilidad del Estado en su conjunto”.

El escrito ha sido firmado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

No es la primera vez que Naciones Unidas concreta una advertencia de este tipo. Y así lo recuerdan en esta ocasión los relatores, que mencionan las anteriores veces en las que la ONU ha reprochado a España por la falta de diligencia con las víctimas del franquismo: en 2014, 2015, 2024 y 2025. La comunicación insta a España a proporcionar información detallada sobre las querellas y a “adoptar medidas” para asegurar que implican investigaciones “eficaces, independientes y exhaustivas”.

La respuesta de España

El Gobierno, por su parte, respondió a la ONU el pasado 13 de abril afirmando que los tribunales archivan o inadmiten estas causas “basándose en normativas penales internas” y la doctrina del Tribunal Constitucional sobre prescripción, Ley de Amnistía y el principio de irretroactividad de las normas penales. Ante ello, señala que algunos jueces están “argumentando” que el derecho a la tutela judicial “debe satisfacerse” no por la vía penal, sino por la civil, mediante expedientes de jurisdicción voluntaria.

En cuanto a los datos de querellas archivadas o activas, el Ejecutivo remarca que no cuenta con estas cifras porque la Estadística Judicial “no publica el desglose de datos sobre esta materia”. Lo que sí incluye en la respuesta es un recorrido por la actividad de la Fiscalía, según lo que esta misma ha publicado en su Memoria Anual, en la que destaca que en 2024 la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática inició diez expedientes de seguimiento por querellas de este tipo o intervino “activamente” presentando nueve recursos contra la inadmisión el archivo.

Además, se añaden las medidas adoptadas por el Ministerio Público para “promover las investigaciones”, entre ellas “la consolidación” de una red de 49 fiscales especialistas, la adopción de una postura de “combate procesal” contra los archivos “automáticos”, el impulso a la vía civil como “medida alternativa” o la apertura de “diligencias de investigación preprocesal cada vez” que se hallan restos humanos con signos de violencia en una fosa común.

“¡Queda inaugurado este pantano!”. España entera hizo suya la frase que acompañaba el corte de la cinta con la bandera bicolor. La cruzada del régimen contra “la pertinaz sequía” abría así, con pompa y No-Do, heridas enormes en el terreno y en la historia personal de miles de familias bajo el eslogan del “resurgimiento eléctrico de la patria”. 

Francisco Franco era un amante del agua, y a los viajes en yate o la pesca, el dictador sumó la afición inauguradora de todo tipo de infraestructuras hidráulicas. Grandes presas o centrales hidroeléctricas que en su monumentalidad anegaban tragedias silenciadas: el doloroso desplazamiento de los habitantes de los pueblos destruidos y las existencias truncadas de los represaliados que se vieron forzados a dejarse la piel –y hasta la vida– en la reconstrucción de una España arrasada.

Como la del joven Tomás Clavero de la Iglesia, cuyo destino, oculto en un pliegue de la historia de aquellos años, ha salido a la luz durante la investigación de elDiario.es para este reportaje. Para los suyos, el niño de 13 años que vivía en Ferrol (A Coruña) cuando estalló la sublevación fascista, había simplemente desaparecido en 1936. Sin embargo, ahora sabemos que el 13 de mayo de 1942 fue entregado para trabajos forzados en la Colonia Penitenciaria de Villameca. 

Sobre su espalda de 17 años, “por Dios, España y su revolución nacional-sindicalista”, recaería el brutal esfuerzo de erigir el primer pantano de la nueva era franquista, no muy lejos de Astorga, en el centro de la provincia de León. La presa de Villameca, que todavía hoy retiene 20 hectómetros de agua, sería inaugurada por Franco cuatro años después. Para entonces, la pista del jovencísimo Tomás se pierde. Ahora sí, para siempre. Rara vez quedaba constancia de quién enfermaba y moría por las pésimas condiciones laborales. Por eso es difícil que haya una estimación certera de las víctimas mortales de este régimen de esclavitud.

Banderitas y mentiras

Las imágenes de la propaganda le retratan al dictador marcial, orgulloso, ataviado con traje militar, igual que el que lucía a su lado un siempre sonriente Carlos Arias Navarro, alias 'Carnicerito de Málaga', el mote que le granjeó su brutal represión en el 36. Arias Navarro era entonces gobernador civil de León, casado con la potentada familia minera Del Valle. Luego sería, por este orden, jefe nacional de la represión como director general de Seguridad, alcalde de Madrid, el rostro que anunció la muerte del dictador y último presidente del Gobierno del régimen.

El Noticiario Documental (No-Do) y las fotografías de la época inmortalizan ese 2 de octubre de 1946 en Villameca, el boato de la primera de una serie de inauguraciones, su despliegue popular con banderitas y pancartas al paso del coche oficial, el triunfalismo del aparato fascista. 

Esta misma escena se reprodujo por decenas de valles españoles. Solo en León se repetiría dos veces más. El 24 de septiembre de 1956, el No-Do –ya con su familiar voz enlatada– contaba que en el pantano de Luna “el generalísimo cumplía su infatigable tarea de conocimiento directo de los problemas hidroeléctricos y sus soluciones”. Más tarde, el 16 de septiembre de 1961, tendría lugar el estreno del pantano de Bárcena y la central eléctrica de Compostilla II, en Ponferrada (El Bierzo), en un escenario que traía a Franco desagradables recuerdos: el de un atentado contra su vida, tan fallido como el resto.

 “Aunque durante el franquismo se levantaron centenares de infraestructuras, el número y la autoría se exageraron; el dictador se apropió de proyectos ya diseñados y los presentó como logros propios”, explica la profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de León Beatriz García. “Se trataba de pintar a Franco como ”símbolo de modernidad y progreso, reforzando la legitimidad del régimen ante la población y en el imaginario colectivo“, sostiene. Para eso había que ocultar que el Plan General de Pantanos y Riegos databa de 1902 y que su impulso material comenzó a ejecutarse en la II República con Indalecio Prieto (PSOE).

El violento golpe de Estado que motivó la Guerra Civil causó primero una drástica pérdida de mano de obra masculina, paralizando la construcción de las inmensas infraestructuras hidráulicas. Al mismo tiempo, la estrategia diseñada para imponer el terror entre los perdedores abarrotó prisiones y campos de concentración como el de San Marcos, en León, considerado uno de los más duros. Hoy convertido en Parador Nacional de gran lujo, llegó a albergar hasta su clausura en 1939 a más de 7.000 hombres y 300 mujeres reclusas en condiciones infrahumanas, como remarca Sara González Castro en su estudio Estrategias para la represión.

El régimen dio con la ecuación para resolver de un plumazo estos dos problemas, los brazos masculinos escasos y la saturación de los penales: la redención de penas a cambio de trabajo. La solución, de paso, mantenía la represión plenamente activa sobre los presos políticos –no los delincuentes comunes–, porque solo podían acogerse a ella los reos sobre los que la justicia militar franquista había hecho caer en grotescos consejos de guerra todo su peso. Era la doble condena por haberse mantenido del lado de la legalidad democrática, explica en El sistema franquista de Redención de Penas por el Trabajo Domingo Rodríguez Teijeiro, de la Universidad de Vigo. 

La idea cristiana de la redención y el perdón

Desde el principio, el sistema se sazonó con las ideas cristianas del arrepentimiento, requisito obligatorio para poder acogerse, y del perdón magnánimo del vencedor. La filosofía de la Redención de Penas por el Trabajo era “cooperar con la iglesia y la sociedad en la salvación de los valores de cada preso en cuanto cristiano, español y hombre”. Así rezaba –nunca mejor dicho– la instrucción de noviembre de 1939 del Patronato que desarrollaba la norma de 1938. V. Antonio López recuerda en Esclavos del franquismo, que el ideólogo de estos batallones disciplinarios fue el físico José Antonio Pérez del Pulgar, un jesuita.

Desde esa fecha se reconocía a determinadas empresas el derecho a pedir mano de obra esclava. Se desplegaron diferentes modelos, desde destacamentos penales a colonias penitenciarias, pasando por batallones disciplinarios de trabajadores, que se pusieron a disposición de la industria y de las obras públicas. Los tres se implantaron en la provincia de León, documenta González Castro.

De hecho, dos de los tres pantanos inaugurados por Franco en León utilizaron esta nueva forma de esclavismo. En Villameca (1946), la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha documentado al menos 13 casos de trabajadores forzosos, ficha a ficha, un abanico que iba desde los 16 años del vallisoletano Jesús Vicente Francisco a los 58 del burgalés Antonio Romero Blanco.

Tenían en común que ninguno procedía de la provincia leonesa, que cumplían condena en la Prisión Central de Astorga y penas no muy elevadas. Porque como explica Rodríguez Teijeiro, había “preferencia los de penas 'leves' –inferiores a 12 años y un día–, lo que se justificaba en la intención” que manifestaban las instrucciones del franquismo: “Incorporar rápidamente a las tareas de engrandecimiento patrio a aquellos reclusos que están en condición de redimir prontamente su pena, volviéndolos a su hogar y a su trabajo libre”. Comunistas o masones estaban excluidos: eran considerados “desafectos irrecuperables”.

La reducción de condena establecida era de un día por cada jornada trabajada, “con rendimiento real no inferior al de un obrero libre”, lo que escondía todo tipo de posibles excesos. Se pagaban 2 pesetas por día (1,5 de manutención y 0,5 de libre disposición), que se entregaban a la mujer si el reo estaba casado y 1 peseta más por cada hijo menor de 15 años.

Sin embargo, también se consignaban al céntimo sus gastos, como los de alimentación y otros, que en muchos casos se detraían hasta dejar el saldo en poco menos que nada. Como se aprecia en estos documentos manuscritos de 1944 del Canal del Bierzo, se anotaban los costes de cada rancho e incluso los llamados “socorros” recibidos. No había tanto celo en consignar quiénes morían al no soportar las condiciones en las que vivían y trabajaban.

La tragedia de los Clavero y el niño desaparecido

En el listado de los esclavos de Villameca, aparece Tomás Clavero de la Iglesia, 17 años, que hasta ahora se le daba oficialmente por “desaparecido” en su Lugo natal.

Así consta en todos los estudios gallegos volcados en el proyecto 'Nomes e voces', una base de datos sobre las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo de las tres universidades gallegas y la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia: “En un contexto de persecución y muertes en su familia, desapareció en 1936; según rumores que llegaron a la familia, nunca concluyentes, fue llevado a Lugo, donde murió”.

La tragedia de los Clavero, como tantas, está sin embargo plenamente documentada: dos de sus hermanos, David (24 años, pintor y afiliado a las Juventudes Socialistas Unificadas) y Rafael (20 años, tipógrafo, de UGT), fueron sacados del campo de concentración de La Escollera y paseados. No cabe duda de ello, cuando se consigna que murieron “a manos de la fuerza pública” y “por lesiones causadas por arma de fuego”.

Por “rebelión militar”, su padre, el madrileño Rafael Clavero García (tipógrafo, 49 años, afiliado a PSOE y UGT) fue condenado a pena de muerte, conmutada luego por cadena perpetua. Y un tercer hijo, Manuel Clavero de la Iglesia, fue arrestado mientras se escondía en su domicilio en 1939 para evitar otro paseo; fue condenado a 12 años de prisión por complicidad en la rebelión, pero al ser menor de edad se le conmutó por seis años en un correccional. Al obtener la libertad condicional huyó echándose 'al monte', es decir, sumándose a la guerrilla antifranquista, y murió en un enfrentamiento a tiros con la Guardia Civil en Forcón (Silán, municipio de Muras) en junio de 1949 junto a Juan Gallego Abeledo 'El Comandante' y otros.

El paradero del pequeño, Tomás, se había mantenido hasta ahora en el olvido. Pero aparece en el documento de su entrega el 13 de mayo de 1942 para trabajos forzados en la Colonia Penitenciaria de Villameca, donde se le pierde su rastro para siempre. 

El rastro del dinero hasta hoy

Una empresa constructora, Ginés Navarro, hermana el embalse de Villameca con el de Luna, donde también trabajaron forzados presos políticos en barracones, especialmente para la construcción de la central hidroeléctrica de Mora de Luna, que Franco también bendijo en persona en su arranque. El proyecto era de la compañía Eléctricas Leonesas SA (ELSA), cuyos activos acabaron años después en lo que fue Unión Fenosa, que tenía la concesión de la energía generada.

No resulta difícil seguirle hasta nuestros días el rastro a este emporio, como el de tantas empresas del IBEX 35 españolas que se nutrieron de este régimen de trabajos forzosos. En concreto, el rastro de Ginés Navarro va desde las millonarias infraestructuras públicas adjudicadas y rastreables a partir de 1940, hasta llegar a hitos de la España del 'pelotazo', como el encarcelamiento de su presidente, Mariano López Plaza, en 1991, del que se libró pagando 100 millones de pesetas. Ginés Navarro salió a Bolsa en 1994 con el Grupo March como accionista mayoritario, grupo que a su vez fundó Juan March Ordinas, el empresario que pagó el avión Dragón Rapide con el que Francisco Franco dio alas desde Canarias hasta Tetuán en los albores del golpe de Estado de 1936. En 1997 se produjo la fusión por absorción de Ginés Navarro por OCP Construcciones, que se convirtió en la actual ACS, gigante de construcción y servicios que preside desde entonces el todopoderoso Florentino Pérez, del que los March salieron como accionistas en el año 2017.

Canal Bajo del Bierzo

Antes que pantanos, y de los primeros en España, también con presos forzados se ejecutó en la provincia leonesa otra inmensa obra hidráulica, la derivación del Canal Bajo del Bierzo, que data de 1944, solo cinco años después de la victoria fascista. Documentación inédita del Archivo de la Prisión Provincial de León, dada a conocer por Sara González Castro, permitió recientemente reconstruir la actividad de este Destacamento Penal.

Los presos, procedentes en su mayoría de la prisión de Ponferrada –aunque la asociación Aerle documenta al menos cinco de las cárceles de León y Astorga– formaron parte de un contingente forzado que funcionó a destajo todo un año, de diciembre de 1943 a diciembre de 1944. Tuvo una plantilla variable que pasó de los 50 presos iniciales a un mínimo de 34 en julio, para incrementarse notablemente a finales de agosto hasta alcanzar los 88 trabajadores, cifra que se mantuvo hasta su clausura. Tras el cierre, 79 reclusos causaron baja y algunos regresaron a la prisión provincial de Madrid.

Bajo tierra, igual que bajo el agua

Y tanto como en gigantescas infraestructuras hidráulicas, también en León se contabilizan infinidad de campos de trabajos forzados para empresas del sector minero, otro puntal esencial, ya que el carbón debía alimentar la más rápida reconstrucción nacional posible de la dictadura. Numerosas investigaciones, entre ellas la de Isaías Lafuente y la de la asociación Aerle, reunieron pruebas detalladas de cientos de presos jugándose la vida bajo tierra en las Minas de Antracita Moro SA y Minas del Bierzo, ambas en Fabero; las Minas de Orallo, de la Sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP); o Antracitas de Gaiztarro, en sus minas de Matarrosa del Sil.

Solo en el destacamento de Fabero constan al menos 324 hombres identificados entre los años 1941 y 1943, y otros 169 en la mina 'Peña' de la comarca de Laciana. Alimentando a todas ellas, el penal de Orallo fue uno de los más nutridos. Y como siempre, los documentos de su penosidad, enfermedades y muertes han quedado enterrados para siempre, como sepultados en el agua quedaron los pueblos y los sufrimientos de los esclavos que pagaron en sus carnes la necesidad de hacer fuerte al régimen dictatorial que el autoproclamado Generalísimo gobernó 40 años con mano de hierro.

Y hoy, 50 años después de caer su régimen, siguen silenciados, sin una sentencia, un homenaje, un resarcimiento o una placa. Por contra, en la central de Compostilla II, junto al pantano de Bárcena, sí permanece la gran placa que recuerda las magnánimas obras del dictador Francisco Franco Bahamonde.