La jueza que investiga el escándalo de la adjudicación de las viviendas de protección pública ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, el expediente completo. Así se desprende de una providencia dictada este martes por la titular de la plaza 5 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en la que pide “con urgencia” tanto el expediente completo como otros documentos relativos a la licitación y adjudicación de la parcela municipal de 8.618 metros cuadrados de superficie donde se construyó la urbanización Les Naus.

Por otro lado, a la Sociedad Cooperativa Residencial Les Naus Coop. V., promotora de la urbanización de viviendas protegidas, le requiere las actas de su constitución en junio de 2018, de su junta general y de su patronato o consejo rector, el listado de sus socios constituyentes y los contratos firmados entre esa cooperativa y tres mercantiles.

Se trata de diligencias planteadas por la Fiscalía y por una de las defensas, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

Por otro lado, la providencia, a instancias de la defensa de la jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento, María P.H., investigada en la causa, requiere también a la corporación municipal para que remita antes de las declaraciones previstas el próximo 20 de mayo dos expedientes relativos al procedimiento de enajenación de la parcela antes citada y los antecedentes del mismo a partir de 2016.

El Parlamento israelí ha aprobado una nueva ley para juzgar por la vía militar a los palestinos sospechosos de participar en los ataques del 7 de octubre de 2023, después de los cuales Israel lanzó su brutal ofensiva de castigo contra la Franja de Gaza. La ley establece la creación de un tribunal militar especial que podrá aplicar la pena de muerte a los supuestos implicados en esos ataques contra el sur de Israel, donde fueron asesinadas más de 1.200 personas y 250 secuestradas por las milicias palestinas.

El centro legal palestino-israelí Adalah ha denunciado que la ley recién aprobada “niega a los sospechosos las garantías procesales básicas para un juicio justo y habilita al tribunal para imponer la pena de muerte, una sentencia que no se ha ejecutado en Israel desde 1962”. Según Adalah, los procedimientos de ese tribunal militar son “fundamentalmente incompatibles con el derecho a la vida, la presunción de inocencia, la independencia judicial y el Estado de derecho”.

La ley ha recibido 93 votos a favor y ninguno en contra, en el Parlamento de 120 escaños y en una votación celebrada cerca de la medianoche del lunes. El texto fue impulsado por un partido que integra la coalición de gobierno ultraderechista, encabezada por Benjamín Netanyahu, y por un partido de la oposición, lo cual indica el apoyo unánime de todas las formaciones políticas a las medidas draconianas.

La ONG israelí Comité Público contra la Tortura ha afirmado que la Knéset (Parlamento) “ha votado a favor de la venganza por encima de la justicia”. “Quienes participaron en los ataques del 7 de octubre contra civiles en el sur de Israel deben rendir cuentas. Pero estos juicios masivos, que actúan como espectáculo, violan los derechos de los acusados y niegan a los supervivientes y sus familias una evaluación honesta de lo que les sucedió a ellos y a sus seres queridos”, ha agregado en un comunicado.

Además, el Comité Público contra la Tortura ha recordado que “la tortura contra los detenidos palestinos es generalizada, sistemática y se utiliza habitualmente para obtener confesiones”. La organización ha mostrado de esta forma su preocupación por los alrededor de 1.300 palestinos retenidos sin cargos en Israel como “combatientes ilegales”, además de un número indeterminado de gazatíes que mantiene detenidos bajo la sospecha de haber participado en los ataques del 7 de octubre.

Según medios locales, son unos 300 los palestinos detenidos ese día por haber supuestamente participado en los ataques contra varios lugares del sur de Israel, próximos a la valla fronteriza de Gaza.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, ha declarado que la ley ofrece “un marco histórico destinado a impartir justicia y llevar ante la justicia a los terroristas que perpetraron la peor masacre en la historia del Estado” de Israel, de acuerdo con el periódico The Times of Israel. Por su parte, el ministro de Finanzas, el ultrarradical Bezalel Smotrich –líder del partido Sionismo Religioso, que impulsó el texto–, se ha felicitado por la aprobación de la ley con el apoyo de la oposición. “No olvidaremos ni perdonaremos. Quienes asesinaron, violaron y masacraron pagarán las consecuencias”, ha afirmado.

La nueva ley se suma a otra aprobada por la Kneset a finales de marzo que introducía la pena de muerte por ahorcamiento como castigo por “actos de terrorismo” y que se aplicaría casi exclusivamente a los palestinos, tanto en Israel como en los territorios ocupados. Adalah ha denunciado que la aprobación de ambas leyes sitúa a Israel en contra de “la tendencia internacional hacia la abolición” de la pena de muerte y “en incumplimiento de sus obligaciones vinculantes en virtud del derecho internacional”.

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un usuario de la red social Twitter –actualmente X– por propagar durante meses a lo largo de 2022 mensajes con un “rechazo intolerante” hacia todo lo relacionado con el islam con el fin de “hacer un llamamiento a la hostilidad” y “lesionar la dignidad del colectivo”.

El fallo dictado en firme, consultado por Europa Press, impone al acusado dos años de prisión por un delito con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas con una atenuante muy cualificada de reparación de daño y suspende el ingreso en prisión del condenado.

El acusado, con una cuenta creada en enero de 2015 y que tenía 1.635 seguidores, publicó distintos mensajes y comentarios desde, al menos, el 21 de mayo de 2022 hasta el 10 de octubre del mismo año, dirigidos contra el colectivo musulmán.

Instó a la ilegalización del islam y al derribo de mezquitas

En el primero de ellos comentó una noticia relativa a la anulación del empadronamiento en Salobreña (Granada) de la entonces candidata a la Junta de Andalucía por Vox Macarena Olona; quien para él era “perseguida”, toda vez que contraponía su situación a la del colectivo, al que acusaba de la comisión sistemática de delitos y, pese a ello, ser “más españoles”.

El hombre dirigió varios 'tuits' directamente a criticar el islam, al que llegó a calificar de “tumor de occidente” para instar a “erradicarlo” e “ilegalizarlo” así como a perseguir a quienes lo practicaban. Del mismo modo, comentó varias noticias que usaba para sugerir el derribo de mezquitas y a prohibir el uso del velo o la presencia de imanes.

El tribunal señala así que el acusado era consciente de que sus mensajes se incorporaban a redes telemáticas “con vocación de perpetuidad”, de modo que, desde que se lanzaban, carecía del control sobre su difusión.

Años después pidió perdón “avergonzado”

En este sentido, los mensajes llegaron a sus seguidores, quienes “podían multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión, circunstancia que incrementaba exponencialmente el daño y la humillación al colectivo de víctimas objeto de sus ataques”.

El fallo tuvo en cuenta para fijar la pena que el acusado, tiempo después de los hechos, dejó inactiva la cuenta, borró los mensajes e incluso publicó –ya en mayo de 2025– un texto en el que se retractaba de todo lo dicho y pedía perdón “avergonzado”.

No obstante, además de la pena de cárcel que deja en suspenso durante dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en dicho periodo de tiempo, le impone una multa de tres meses a razón de seis euros diarios y la inhabilitación para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de cinco años.

Naciones Unidas ha vuelto a llamar la atención a España por el archivo de querellas relacionadas con crímenes de la dictadura. Así lo estipulan en una observación conjunta del pasado mes de febrero cuatro relatores de la ONU, que apuntan a que “mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos” del franquismo “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

La comunicación fue dirigida al Gobierno español a raíz de una queja presentada por Irídia y CEAQUA en la que describen hasta 18 casos iniciados en los tribunales españoles tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática que se han topado con obstáculos para ser instruidos. Entre ellos está el asesinato de Teófilo del Valle en Elda en 1974, una querella que no se archivó y por la que en un inicio se acordó la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa. Sin embargo, hace unos días la Audiencia de Alicante la ha tumbado esgrimiendo la Ley de Amnistía de 1977.

Los relatores recuerdan que los estándares internacionales “estipulan la imprescriptibilidad e imposibilidad de amnistiar” crímenes de lesa humanidad, por lo que hacerlo “estaría obstaculizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo”. “Si bien es importante asegurar que la justicia opere con respecto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías” a este tipo de casos, añade.

La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática impulsó la creación de una fiscalía especializada que está interviniendo en algunos casos y en algunos de ellos se ha acabado tomando declaración a los denunciantes, algo que pasó por primera vez en septiembre de 2023, con las torturas denunciadas por Julio Pacheco. Sin embargo, posteriormente fue archivado. Además, el Tribunal Constitucional certificó un año después que la nueva legislación de memoria histórica no cambia el escenario y los crímenes seguirían sin juzgarse. Lo hizo aplicando los mismos criterios que antes de su aprobación y que ahora censura la ONU.

La observación reclama a España que transmita el comunicado a las autoridades judiciales “a fin de que puedan tener en cuenta los estándares internacionales” que deben aplicar. “Nos permitimos recordar que el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación del Estado español, en todas sus esferas y niveles, de investigar y sancionar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos”, escriben añadiendo que “el incumplimiento de estas obligaciones” puede “comprometer la responsabilidad del Estado en su conjunto”.

El escrito ha sido firmado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

No es la primera vez que Naciones Unidas concreta una advertencia de este tipo. Y así lo recuerdan en esta ocasión los relatores, que mencionan las anteriores veces en las que la ONU ha reprochado a España por la falta de diligencia con las víctimas del franquismo: en 2014, 2015, 2024 y 2025. La comunicación insta a España a proporcionar información detallada sobre las querellas y a “adoptar medidas” para asegurar que implican investigaciones “eficaces, independientes y exhaustivas”.

La respuesta de España

El Gobierno, por su parte, respondió a la ONU el pasado 13 de abril afirmando que los tribunales archivan o inadmiten estas causas “basándose en normativas penales internas” y la doctrina del Tribunal Constitucional sobre prescripción, Ley de Amnistía y el principio de irretroactividad de las normas penales. Ante ello, señala que algunos jueces están “argumentando” que el derecho a la tutela judicial “debe satisfacerse” no por la vía penal, sino por la civil, mediante expedientes de jurisdicción voluntaria.

En cuanto a los datos de querellas archivadas o activas, el Ejecutivo remarca que no cuenta con estas cifras porque la Estadística Judicial “no publica el desglose de datos sobre esta materia”. Lo que sí incluye en la respuesta es un recorrido por la actividad de la Fiscalía, según lo que esta misma ha publicado en su Memoria Anual, en la que destaca que en 2024 la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática inició diez expedientes de seguimiento por querellas de este tipo o intervino “activamente” presentando nueve recursos contra la inadmisión el archivo.

Además, se añaden las medidas adoptadas por el Ministerio Público para “promover las investigaciones”, entre ellas “la consolidación” de una red de 49 fiscales especialistas, la adopción de una postura de “combate procesal” contra los archivos “automáticos”, el impulso a la vía civil como “medida alternativa” o la apertura de “diligencias de investigación preprocesal cada vez” que se hallan restos humanos con signos de violencia en una fosa común.

Víctor Aldama, el jefe de la trama corrupta que colonizó el Ministerio de Transportes y ensució para siempre al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, ambos en prisión a la espera de sentencia, sigue enredado en la espiral de las mentiras para tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez.

El último bulo, al que se ha enganchado el PP como a un clavo ardiendo, tiene que ver con una mentira anterior que Aldama lanzó en una de las cadenas de televisión asociadas a las patrañas del empresario corrupto contra el Ejecutivo. Aldama dio a entender en Telemadrid, en una entrevista concedida en enero de 2026, que le encarcelaron en octubre de 2024 por el caso hidrocarburos porque no accedió al intento de soborno del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quién llamó supuestamente a su portavoz, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero a cambio del silencio del empresario.

La contratación de Bermejo por parte de Aldama es a finales de noviembre de 2024, un mes después de la supuesta llamada de Bolaños. Un intento de soborno del que Aldama hablaba por primera vez más de un año después de que, supuestamente, se produjera. Y sin ofrecer prueba alguna, pero que provocó el escándalo de los periodistas que le jaleaban en la tertulia.

Durante el juicio en el Supremo, donde la Fiscalía Anticorrupción le pide siete años de cárcel con posibilidad de una rebaja sustancial por su supuesta colaboración esencial con la Justicia, Aldama presumió de que ningún dirigente socialista le había demandado por sus acusaciones. Un día después, Bolaños presentó la denuncia: “No conozco ni he hablado nunca, ni tengo ni he tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el señor Aldama, se llama Ramón Bermejo. Mi relación personal es total y absolutamente inexistente, nunca he mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el señor Aldama ni con el señor Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tengo sus números de teléfono”.

Bermejo, que según ese relato le contó a Aldama el intento de soborno, facilitó a El Debate información de hasta 15 llamadas de teléfono supuestamente con origen o destino en algún departamento del complejo de la Moncloa, sin aclarar su contenido o siquiera la persona con la que habló, pero sí las fechas en las que se produjeron esas supuestas comunicaciones comprometedoras: entre el 25 de junio y el 27 de agosto de 2024.

Aldama agradeció el nuevo bulo: “Señor Bolaños, una vez más parece que no MIENTO!”. Y el PP se lanzó en tromba a publicitarlo para acusar de nuevo al Gobierno sin pruebas.

Resulta que en el periodo de las supuestas llamadas (junio a agosto de 2024), Aldama no había dado señales de querer colaborar con la Justicia para denunciar comportamientos corruptos de dirigentes socialistas. Más bien al contrario. Llevaba imputado en el caso de las mascarillas desde febrero de 2024 sin hacer amago de confesión ante el juez instructor o en los medios de comunicación a los que luego se abonó para lanzar sus acusaciones.

¿Cómo podía el PSOE ofrecer dinero a cambio de silencio sin saber que Aldama tenía una manta y pretendía tirar de ella?

En aquellas fechas, el PSOE ya había despedido a Ábalos (febrero de 2024), pese a que no estaba imputado todavía en la causa. El exministro rechazó dejar el escaño y se pasó al grupo mixto.

El empresario corrupto solo delató a sus socios de la supuesta organización criminal en el Ministerio de Transportes cuando le encarcelaron por otra trama de delincuencia relacionada con el negocio de hidrocarburos.

Cuando salió en libertad (21 de noviembre de 2024) tras aceptar confesar su culpa y el pago de comisiones ilegales en el caso de las mascarillas, amenazó públicamente al Gobierno de Pedro Sánchez con revelar nuevas corruptelas. En ese momento, noviembre de 2024, ya declaró Aldama que no conocía de nada ni a Bolaños, ni al ministro Óscar López, y se lamentaba de que estos dirigentes socialistas le criticaran. “Es duro ver que hay gente como el señor Bolaños o el señor Óscar López que no les había mencionado en ningún momento y que no me conocen de nada, que hablan de mí de oídas o porque esta gente siempre que habla de alguien, habla sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando y luego se demuestra que es mentira o que lo que dicen no es tal cual”. No parece que entonces supiera que Bolaños estaba intentando sobornarle. Y eso pese a que fue en esos días de noviembre de 2024 cuando supuestamente contrató como portavoz a Bermejo para que le paseara por radios y televisiones esparciendo todo tipo de acusaciones sin pruebas. Bermejo no le dijo nada o, si se lo dijo, dejó que pasaran 14 meses para denunciarlo.

En el periodo de los contactos comprometedores (junio a agosto de 2024) entre Bermejo y algún departamento de Moncloa, el corrupto Aldama no había contratado como portavoz a ese profesional de los medios de comunicación que, según indican fuentes del Gobierno, llamó de manera insistente a departamentos que nada tenían que ver con Bolaños para ofrecer supuesta información que nadie atendió. Ni rastro de un supuesto soborno de Bolaños a Aldama y múltiples pruebas de un nuevo bulo del “colaborador esencial de la justicia” que sigue en libertad a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.

Tan protagonistas fueron en una época como irrelevante su participación en el juicio del caso Kitchen. Son una decena de testigos clave en el ecosistema madrileño que alumbró el espionaje a Luis Bárcenas, tanto dentro como fuera de la Administración. A una parte de ellos solo el cargo que ocuparon les confiere un papel sobresaliente, como es el caso del presidente Mariano Rajoy y sus máximos colaboradores en el Gobierno y el PP. Otros testigos estaban acomodados en la penumbra de unos perfiles profesionales que esconden su auténtica impronta, como el padre Silverio o el abogado Javier Iglesias.

En las últimas semanas, todos han comparecido ante el tribunal del caso Kitchen ajenos a la guerra sucia del último Gobierno del PP, ya fuera contra los investigadores del caso de la caja B o contra los adversarios políticos de Podemos y el independentismo catalán. Han reaccionado extrañados a las preguntas de los abogados, que despacharon sin apenas aportaciones. Como si el archivo sonoro del caso Villarejo, las agendas del comisario o los avances en la investigación recogidos en el sumario no hubieran ofrecido suficientes pistas de quiénes son en realidad. 

Javier Iglesias, la abogacía como coartada

“Excelentísima señora”. Es la fórmula elegida por Javier Iglesias para dirigirse a la presidenta del tribunal durante sus dos comparecencias en el juicio de Kitchen. La respetuosísima fórmula no le sirvió para librarse de la advertencia airada de Teresa Palacios ante el intento por no contestar a una sola pregunta. Iglesias esgrimió su condición de abogado, en general, y de letrado de la mujer de Villarejo, en particular. Todo lo que hubiera conocido en el ejercicio de la abogacía está protegido por el secreto. Palacios aplazó la declaración y a la segunda, Iglesias tuvo que contestar a la mayoría de las preguntas que se le formularon: no podía ser que todo lo hubiera conocido como abogado.  

Antes de la comparecencia de Iglesias, Bárcenas había repetido las acusaciones vertidas en el pasado contra él al declarar como perjudicado en Kitchen. El ex tesorero del PP relató los ofrecimientos que le habría hecho Iglesias, primero en libertad, y cuando ingresó en prisión. El abogado habría llevado un mensaje del PP para que los papeles de la caja B quedaran en nada. Uno de los ofrecimientos habría incluido el pago de 500.000 euros. El otro, que el Gobierno libraría a Bárcenas de todos los investigadores judiciales y policiales de Gürtel. Y también del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 

“Absolutamente falso”, replicó Iglesias en su turno. “Nunca he sido abogado del PP. Nunca me ha pagado el PP. Y nunca he recibido un mandato del PP”, añadió. Y sin haber trabajado en el PP, Iglesias siempre estuvo ahí. Como abogado de donantes del PP, del tesorero Álvaro Lapuerta y del cabecilla de la Gürtel Francisco Correa. Para este comenzó a trabajar precisamente cuando iba a tirar de la manta del 3% en comisiones para el partido. Hasta que recibió una visita de Iglesias y la colaboración con la justicia acabó.

La figura de Javier Iglesias es inabordable en apenas unos párrafos. Sirvan dos citas. Una es un informe de Asuntos Internos de octubre de 2018 en el que los agentes deben interpretar los audios incautados al comisario Villarejo sobre la operación Kitchen. “Habría tenido un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad (con conocimiento de El Asturiano [Rajoy] y El Largo [Iglesias])”, escribieron los investigadores.

Javier Iglesias dijo a este periódico en 2019 que no conocía a Mariano Rajoy. El expresidente desmintió esa afirmación en su declaración en el juicio de Kitchen y aseguró que se había reunido en un par de ocasiones con Iglesias como abogado del tesorero del PP Álvaro Lapuerta. 

La segunda cita es de Luis Bárcenas. Fue durante el juicio de la caja B del PP en la Audiencia Nacional. “El Largo, aunque no es el John Silver de ‘La Isla del Tesoro’, es Javier Iglesias, el abogado que en esta causa aparece por todos lados, en todas partes”, afirmó el ex tesorero.

El padre Silverio Nieto, pastor de almas

El padre Silverio da misa en la parroquia de la calle Goya, punto de encuentro del nacionalcatolicismo del barrio de Salamanca, en Madrid. Su relación con al menos tres de los acusados en el juicio de Kitchen era la misma que con cualquiera de sus parroquianos: él se dedica a sanar almas afligidas, explicó ante el tribunal.

Aquellas almas tan atormentadas en 2020 eran las del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que amenazaba con hablar de la implicación del ministro del Interior, amigo del padre Silverio. O del comisario Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, que había señalado previamente a Martínez. El Gordo también es muy amigo de don Silverio. El cura solo reenvió un mensaje para informar a unos de las intenciones de otros, afirmó ante el tribunal. “Lo estaban pasando muy mal humanamente”, dijo. 

Así que Silverio Nieto era próximo a Martínez y amigo personal del ministro del Interior y del comisario de las cloacas, García Castaño. Pudiera influir que antes de cura fue marino mercante, juez y, hasta el año 1983, inspector de la Policía. “No coincidí con Enrique García Castaño en el Cuerpo”, afirmó en el juicio. Sobre su papel en la Conferencia Episcopal, dijo que había sido responsable del contacto con otras confesiones religiosas, del máximo interés para los Servicios de Información. Y por el interés en esas confesiones conoció a Fernández Díaz, que quería entrevistarse con sus líderes religiosos cuando viajaban a España. 

De lo que no habló el padre Silverio fue del papel que tuvo en la negociación con las víctimas de abusos en la Iglesia en defensa de los intereses de esta. O de cómo influía en Fernández Díaz, al que llegaba a tratar con una vehemencia que rallaba el desprecio, según cuentan responsables de aquel ministerio. Esas fuentes aseguran que el padre Silverio, ahora de 79 años, dictaba nombramientos de policías al ministro.

El 4 de octubre de 2017, tres días después del referéndum soberanista en Cataluña, el padre Silverio escribe a Martínez, quien ya está fuera de Interior. “No es fácil hacerlo tan mal… se añora al Equipo anterior y sería imprescindible recuperar a EGCastaño. Es el único que tiene los contactos con los servicios inteligencias (sic) extranjeros y conoce internamente los Mossos”, analiza el pastor de almas.

Manuel Vázquez, el cordial ‘Fiti’

Una forma de hacer carrera en la Policía se ha encarnado estos días ante el tribunal de Kitchen. Entre las formas aparecidas, la del comisario ya jubilado Manuel Vázquez, ‘Fiti’ para todos en el Cuerpo. ‘Fiti’ no participó en la brigada política, pero tenía sus aspiraciones. Llegó a jefe de la UDEF y desde ese puesto se ofreció a lo que hiciera falta para acabar su carrera en Galicia, su tierra. De jefe superior.

Así que 'se comió el marrón’ del informe PISA, que no lo había hecho su unidad, la UDEF. Lo envió al Tribunal de Cuentas en el último intento de Interior por sacarle partido a la estrategia contra Podemos, después de que fuera rechazado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Antes, había telefoneado a los magistrados del alto tribunal por si requerían alguna explicación adicional del dosier que había incorporado Manos Limpias a una querella contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

En el juicio, ‘Fiti’ hizo de ‘Fiti’. Él no sabía nada de ningún operativo ilegal. Habiendo sido jefe de la UDEF esa afirmación venía muy mal a los acusados, que defienden que ellos espiaron a Bárcenas para ayudar a la Unidad. Pero ‘Fiti’ no les iba a dejar tirados del todo. Y en un momento dado de su declaración recordó algo: en la toma de posesión de su comisario general, este le preguntó si sabía algo de “una operación inteligencia”, legal, por tanto, sobre el entorno de Bárcenas. 

El comisario Vázquez fue jefe del inspector Manuel Morocho cuando este sufría, según su relato, una campaña de acoso para evitar que su trabajo sobre la caja B del PP no destrozara al partido. Según ‘Fiti’, Morocho exageraba. El chico sentía “autopresión”, según él. 

Más del 'Fiti' en el juicio: “Que aparezca M. Rajoy, el poner a dudar quién es, es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid”. Detrás de la ocurrencia de Vázquez, que recogieron muchos medios, está la explicación completa: Él había advertido a Morocho que se precipitaba incluyendo el nombre de Rajoy al aludir a la anotación ‘M. Rajoy’ de los papeles de Bárcenas. Esos papeles, dijo, presentaban anomalías que hacían dudar entonces de su credibilidad, según advirtió a su subordinado.

Mariano Rajoy o como quiera que le llamen

Los testigos del caso Kitchen que querían mostrar tan solo una de sus caras tenían dos ventajas para hacer efectivo su plan: que no se les acusa de nada y que al tribunal solo le interesan los hechos recogidos en los escritos de acusación. 

A esto, Rajoy le sumó un considerable desprecio por el acontecimiento del juicio. El expresidente del Gobierno aseguró que no recordaba unos mensajes con Bárcenas que, sin embargo, comentó ante otro tribunal. Fue en 2017, durante no de los hechos más trascendentes de su mandato, la declaración como testigo en el juicio de la caja B del PP e En aquellos mensajes, Rajoy intentaba que Bárcenas aguantara y no tirara de la manta que también le cubría a él, como perceptor de dinero negro de los empresarios. 

Siempre confiado en que su ingenio se impone a cualquier otra consideración, Rajoy optó por referirse a los indicios contra él en la causa de Kitchen con un intento por hacer gracia. Sobre los alias de 'El Asturiano' y 'El Barbas' con el que se referían a él Villarejo y sus compinches, dando por hecho su conocimiento de la operación, Rajoy dijo: “Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por lo tanto, pregúntele a ellos”.

Soraya Sáenz de Santamaría, una sonrisa displicente

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría adoptó la postura más relajada de cuantas se han materializado ante el tribunal de Kitchen. Sonriente, la ex jefa política del CNI quiso hacer creer que se había enterado del espionaje a Bárcenas “por la prensa”. Ni recurrió a la salvaguarda de que el trabajo del servicio de Inteligencia está clasificado como secreto. 

El abogado de Podemos le preguntó si aquellas noticias tan inquietantes no le llevaron a hacer alguna averiguación por si le hacían alguna pregunta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, del que era portavoz. “No”, contestó Sáenz de Santamaría. 

María Dolores de Cospedal no hace encargos, solo pregunta

La exsecretaria general del Partido Popular presentó un método aún más atrevido de mostrar solo una cara: negó la evidencia reproducida en el juicio ante ella. Y así sentenció: “[A Villarejo] le hice preguntas, pero no encargos, que son cosas distintas”. La exhibición de los “trabajos puntuales” que propuso al policía su marido entonces, Ignacio López del Hierro, en su presencia, o el comentario sobre los papeles de Bárcenas (“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”), entran en la categoría de preguntas, según Cospedal. Esta última conversación fue por teléfono. La grabó Villarejo y fue publicada por El País en 2022. En el juicio, Cospedal aseguró que nunca había hablado por teléfono con Villarejo.

Ignacio Cosidó, el director ausente

Mención especial merece Ignacio Cosidó, el director general de la Policía durante la operación Kitchen que nunca supo nada de las maniobras sobre la familia de Bárcenas. Cosidó intentó defender su ignorancia por lo que hicieron sus inmediatos superiores y sus inmediatos subordinados hasta que aparecieron las firmas que le delatan. Cosidó estampó su rúbrica en los documentos que avalan las recompensas para los implicados en la operación en forma a de medallas pensionadas y destinos ‘dorados’.

“En las deliberaciones que se hacían en la Junta de Gobierno [sobre las medallas] había un número muy elevado de propuestas y no se podía entrar pormenorizadamente en cada expediente (...) Son muchos miles de expedientes los que a lo largo de mis 5 años de directos se valoraron en la Junta de Gobierno”, dijo el exdirector de la Policía. 

Cosidó también chocó con la prensa. Se enteró por ella de la operación Kitchen, pero no leyó las noticias que informaban sobre cómo Interior decidió cesar a uno de sus policías de confianza, Marcelino Martin-Blas, por su enfrentamiento con Villarejo. Ignacio Cosidó dijo que el comisario llevaba al frente de Asuntos Internos cuatro años –en realidad eran poco más de tres– y a él le pareció normal “un cierto grado de rotación” que había decidido su segundo. 

Félix Sanz Roldán y el honor de los espías españoles

Ningún indicio consolidado pudo obtenerse de la participación del CNI durante la instrucción del caso Kitchen, que por otra parte duró hasta que Manuel García Castellón quiso. Pero varios indicios apuntan al servicio de Inteligencia: desde los motoristas con cámaras en el caso que perseguían a Rosalía Iglesias y que no eran policías hasta las cámaras ocultas en el chalé de los Bárcenas en Baqueira. 

Nada de ello resulta suficiente para rebatir una afirmación tan rotunda como la del entonces director, Félix Sanz Roldán: “EL CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni omisión, sobre el caso por el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para facilitarle elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Ningún Gobierno de ningún color me pidió que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido”. 

Una afirmación de Sanz Roldán tan rotunda como incontrastable: toda la actividad del CNI es secreta. Sin embargo, Sanz Roldán volvió a tropezar en su declaración con la obsesión hacia Villarejo. Dijo que había demandado al comisario por las difamaciones contra los miembros del Centro, que por tener identidades ocultas no pueden defenderse. Fue entonces cuando un abogado le preguntó por qué eligió una acusación del comisario contra él para presentar la querella –luego desestimada– en lugar de cualquiera de las otras acusaciones sin pruebas que Villarejo hizo contra los espías españoles. 

Jesús Vicente Galán, el policía que pasaba por allí

El inspector jubilado Jesús Vicente Galán confirmó que Asuntos Internos participó en las vigilancias extrajudiciales a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas. Responsabilizó a su jefe en Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, que se sienta en el banquillo y con el que lleva años enfrentado. “Marcelino me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin ser detectados”, afirmó ante el tribunal. 

Galán se mostró como un mandado, pero su trayectoria desmiente. Días después de su declaración, una policía rasa compareció y contó las penurias que Galán le hizo pasar para que cambiara de destino y dejara así de investigar al Pequeño Nicolás a las órdenes directas de un juez. A la cúpula policial de entonces ya no le interesaba el caso del Pequeño Nicolás porque salpicaba a Villarejo. 

Jesús Vicente Galán fue miembro de la brigada política y no solo participó en Kitchen, también atacó a Podemos y fue recompensado con un destino en la Embajada de Mauritania (más de 11.000 euros mensuales) y una medalla pensionada, pasando a ingresar en el 'club de los diezmileuristas' que el PP organizó entre mandos afines.

Adrián de la Joya, desaparecido ¿en Suiza?

La mejor forma de no delatar el verdadero rostro en el juicio de Kitchen es no aparecer por él. El empresario Adrián de la Joya no ha sido localizado en Suiza, donde supuestamente mantiene su residencia. El tribunal prometió seguir buscándolo, pero se enfrentarán a la máxima de De la Joya: “Estoy vivo gracias a que nadie, nunca jamás, habla de mí”. Así se expresa en una de las grabaciones de su amigo y socio el comisario Villarejo. 

Detenido e imputado en el caso Lezo, Adrián de la Joya se quedó con el dinero que OHL depositó en una de sus cuentas en Suiza, cuyo último destinatario iba a ser Ignacio González, el expolítico del PP que llegó a presidente de la Comunidad de Madrid. En la Audiencia Nacional argumentó que Javier López Madrid y el grupo empresarial le debían dinero. 

Los investigadores del caso Kitchen siempre creyeron que su residencia en Suiza era una falsa y que el empresario siempre ha vivido en Madrid. 

Seis poderosas entidades bancarias se lanzaron sobre Sandra Ortega por considerar que había avalado los préstamos por valor de 140 millones de euros que Room Mate, la compañía hotelera de Kike Sarasola, les dejó sin pagar. La mujer más rica de España —con un patrimonio estimado de 10.000 millones— se defendió desde el primer momento argumentando que ella no había suscrito esos documentos y que su firma fue falsificada por el que había sido su hombre de confianza hasta 2020, José Leyte. Por cuarta vez, un tribunal le ha dado la razón. La magistrada del Juzgado de Instancia número 58 de Madrid ha rechazado el recurso presentado por Société Generale, que se suma así a los carpetazos recibidos por las demandas de EBN, Banca March y Abanca. Todavía quedan otras dos causas pendientes, las presentadas por Bankinter y Deutsche Bank.

Société Generale y su filial SocGen Financiaciones reclamaban a la hija del fundador de Inditex —“Amancio está preocupado, igual que estaría cualquier padre”, contaron a elDiario.es fuentes de su entorno al inicio de esta ofensiva— algo más de 20 millones de euros por el aval de dos créditos a Room Mate en 2018 y 2020, cuando Rosp Corunna, la sociedad de Ortega, poseía el 30% de la propiedad de la hotelera. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, avala que ella no rubricó esas cartas e incluye el informe del perito calígrafo que atribuye su autoría a la persona que, desde hacía más de dos décadas, había gestionado los negocios, primero de Rosalía Mera y, después, de su hija: “Todas las firmas habían sido realizadas por una misma mano, sin lugar a dudas la de don José Leyte Verdejo”, algo que, según el escrito de la jueza, éste nunca negó, aunque aseguró hacerlo siempre con el conocimiento de su jefa.

Este hecho supuso la ruptura de Ortega con Leyte, a quien denunció por falsedad documental en un juzgado de A Coruña tras el primer intento de la banca por recuperar sus préstamos. El tribunal herculino archivó la causa por “falta de indicios de criminalidad”, tras lo que las entidades financieras renovaron una batalla judicial que, hasta el momento, ha seguido dando la razón a la administradora única de Rosp Corunna. En conversación con elDiario.es, Leyte ha evitado valorar esta nueva sentencia, que desconoce, en un proceso en el que, según dice, sólo actuó como testigo.

Descartada la autenticidad de la firma, la jueza considera que Société Generale tampoco pudo acreditar “el conocimiento y consentimiento” de los avales por parte de Ortega, defendido en solitario por Leyte. La sentencia no ahorra reproches al banco. “El perjuicio causado tiene su origen en una actuación negligente e impropia de una entidad financiera, que tiene un deber de diligencia cualificado que excede del propio de un padre de familia”, dice textualmente. Una negligencia que no sólo se limita a no haber comprobado la autenticidad de la firma; también a no hacer lo mismo con la “valoración de solvencia crediticia” de Room Mate.

Según la magistrada, ni Société ni Socgen “acreditaron” ninguna actuación con la que comprobasen o verificasen la autenticidad de la firma. “No se solicitó la firma ante notario, ni de forma presencial por la Sra. Ortega ante apoderados de las entidades crediticias, ni se realizó comunicación alguna con Rosp Corunna salvo a través del director General, el Sr. Leyte”, pese a que conocían que sus poderes limitados le impedían avalar préstamos de ese calibre. Tampoco solicitaron una reunión ni una comunicación telefónica con la administradora única.

Frente a este comportamiento, la directora del centro de empresas de Caixabank en A Coruña, “entidad que trabaja habitualmente con Rosp desde hace 20 años”, reconoció que la forma habitual de llevar a cabo este tipo de operaciones es “mediante firma presencial de Dña. Sandra Ortega y una o dos personas apoderadas de Caixabank”. “También se hace ante Notario”, añadió antes de manifestar que la propietaria de Rosp Corunna “siempre firma personalmente” y que su entidad “no flexibiliza los controles pese a que los clientes sean habituales”.