La Federación Comarcal Sur Villaverde Alto de Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la organización Regularización Ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el concejal delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández. Les atribuyen delitos por presunta prevaricación e irregularidades en la gestión del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno central.

La denuncia, recogida por Europa Press, está firmada por el secretario general del sindicato, Pablo Redondo Jiménez. En ella solicita que acuerde la apertura de la correspondiente investigación y ejercite las acciones penales de los delitos que se denuncian ante la autoridad judicial que resulte competente. El sindicato sostiene que el Ayuntamiento habría obstaculizado “el acceso de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular a los certificados de vulnerabilidad exigidos para tramitar su regularización extraordinaria antes del próximo 30 de junio”.

El escrito atribuye a los responsables municipales posibles delitos de denegación discriminatoria de prestación pública, recogido en el artículo 511 del Código Penal, y de prevaricación administrativa, tipificado en el artículo 404. Además de Almeida y Fernández, la denuncia incluye como presuntos responsables a la coordinadora general de Políticas Sociales, Raquel Muros Delgado; a la directora general de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad, María Consolación Alfaro Moreno; y a la jefa del Departamento de Coordinación y Programación de la Atención Social Primaria, María Pilar Benito Pecharromán.

Según la denuncia, los protocolos implantados por el Ayuntamiento desde finales de abril habrían introducido “trabas burocráticas adicionales” para acceder a los servicios sociales municipales y obtener el certificado de vulnerabilidad necesario para completar el proceso de regularización. CNT sostiene que dichas medidas afectaron especialmente a personas migrantes con dificultades idiomáticas, problemas de acceso digital o sin recursos económicos, provocando retrasos que podrían dejar fuera del proceso a numerosos solicitantes.

El Gobierno aprobó el pasado 15 de abril de 2026 el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes mediante el Real Decreto 316/2026. Entre los requisitos establecidos figura la acreditación de situación de vulnerabilidad a través de servicios sociales públicos o entidades colaboradoras autorizadas. La denuncia señala que, tras la entrada en vigor de la norma, los centros de servicios sociales municipales de Madrid no recibieron instrucciones claras durante varios días pese al fuerte aumento de solicitudes.

Posteriormente, el 21 de abril, los trabajadores sociales recibieron órdenes para cancelar citas previamente organizadas y derivar las solicitudes al sistema de Registro General del Ayuntamiento. Según el sindicato denunciante, este nuevo procedimiento añadió barreras administrativas y retrasó el acceso a los informes necesarios para la regularización.

Almeida minimiza las acusaciones: “Maniobra de propaganda”

Almeida, por su parte, ha trasladado en un acto con prensa desde Carabanchel que, aunque no conoce la denuncia, sí está seguro de que tanto él como el delegado Fernández no han cometido irregularidad penal alguna y que esto le parece “más bien una maniobra de propaganda por parte de la CNT”. Lo sustenta en que no le consta siquiera que CNT se haya dirigido de cualquier manera al Ayuntamiento de Madrid instando a que acometiera cualquier tipo de actuación en relación con el proceso de regularización.

“Este es un Estado de Derecho, que acudan a la Fiscalía, pero conviene acudir a la Fiscalía no para obtener un titular, sino cuando verdaderamente se pueda haber producido un ilícito penal. E insisto, estoy seguro de que ni el delegado ni yo hemos cometido ese ilícito penal. Así que tranquilidad total y absoluta”, expone el primer edil.

Polémicas palabras del alcalde recogidas en la denuncia

El documento de CNT se sustenta además en unas palabras del regidor después de la Junta de Gobierno municipal. El alcalde aseguró públicamente que el Ayuntamiento “no iba a colaborar” con el proceso de regularización impulsado por el Ejecutivo central. CNT considera que esas manifestaciones reflejan “una voluntad política de obstaculizar el procedimiento” y relaciona dichas declaraciones con los protocolos posteriores implantados en servicios sociales.

La denuncia subraya además que el Ayuntamiento conocía previamente la situación de saturación de los servicios sociales municipales. El escrito recoge datos internos que reflejarían esperas medias de hasta 36 días para obtener cita en servicios sociales y demoras superiores a los 50 días en algunos distritos como Villaverde, Hortaleza o San Blas-Canillejas. Pese a ello, el sindicato sostiene que el Consistorio no adoptó medidas extraordinarias de refuerzo de personal para afrontar el incremento de solicitudes derivado del proceso de regularización.

CNT solicita a la Fiscalía que abra diligencias de investigación, reclame los protocolos internos elaborados en abril y tome declaración tanto a los responsables políticos como a trabajadores sociales y personas migrantes afectadas. Entre las diligencias solicitadas figuran requerimientos al Ayuntamiento para que aporte comunicaciones internas, datos sobre citas anuladas y estadísticas de emisión de certificados de vulnerabilidad. Asimismo, el sindicato pide investigar quién elaboró y ordenó aplicar los protocolos denunciados y por qué dichos documentos carecían, según la denuncia, de firma oficial.

Más de 2.000 trabajadores se han manifiestado este jueves por las calles de Vigo, en el primer día de huelga convocada por CC.OO., CIG y UGT en este sector, en protesta por el bloqueo en la negociación del convenio provincial del Metal, que afecta a unos 30.000 trabajadores de astilleros, auxiliares de naval y automoción, fontanería, electricidad, y otras actividades. Además, en esta jornada, se han unido los trabajadores del Comercio del Metal, también en huelga.

Al grito de “¡Convenio del Metal, Solución!”, los manifestantes, entre los que se encontraba el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, y varios diputados del BNG, han partido de la zona de Beiramar, donde se encuentran los principales astilleros de la ciudad, rodeados de un amplio despliegue de unidades policiales antidisturbios. En la zona de Plaza de América se han unido a la marcha otro grupo de trabajadores y piquetes y, en el cruce de Gran Vía con Venezuela, se han sumado a la marcha un grupo de manifestantes del Comercio del Metal.

Antes de la salida de la manifestación, el responsable comarcal de CIG Industria, Xulio Fernández, han destacado que “la huelga es un total éxito”, según la información que trasladan los piquetes y delegados de los centros de trabajo de la provincia. Asimismo, ha instado a la patronal a “abandonar la sinrazón”, “dejar de imponer” y “sentarse a negociar de manera leal y honrada”, para atender las “justas” reivindicaciones de un sector que, este jueves, está “demostrando su fortaleza” en la calle.

Por su parte, el portavoz de CC.OO., Rodolfo Otero, ha recordado que el acuerdo para el convenio no estuvo lejos pero ha advertido de que los trabajadores necesitan “un reconocimiento” por parte de la patronal. “Lo que venimos a exigir en la calle es dignidad, necesitamos que los trabajadores sean respetados, y se les dé la dignidad que merecen”, ha proclamado, y ha incidido en que este sector es muy vulnerable en lo que respecta a la seguridad laboral, con una industria en concreto, el naval, con un “alto riesgo” de accidentes. “Queremos que se reconozca esa situación y se le dé cobertura”, ha añadido.

Mientras, Cristian González, portavoz de UGT en la mesa de negociación, ha apuntado que “el convenio del Metal de Pontevedra siempre fue un referente”. “Y hay que demostrarlo, tanto en el salario como, sobre todo, en las condiciones de trabajo”, ha explicado. “Vemos un aumento de la precariedad, cuestiones como el estrés térmico, y si no lo ponemos en convenio, los empresarios no hacen lo que tienen que hacer (...) ponemos en riesgo la salud de los trabajadores”, ha afirmado, y ha trasladado su esperanza de que esta jornada de huelga sirva para que la patronal “despierte, se tome las cosas de verdad, y que nos sentemos a negociar”.

La marcha ha transcurrido sin incidencias destacadas, aunque un peatón ha resultado herido leve en un brazo por la explosión de un petardo. Asimismo, se han registrado daños por fuego en dos contenedores en la calle Venezuela.

“Estamos aquí por la dignidad que nos quieren quitar”

Al finalizar la manifestación, en la Praza da Estrela, se ha celebrado una asamblea en la que los representantes sindicales han llamado a mantener la actividad de los piquetes en esta jornada, para que los centros de trabajo sigan cerrados, y se culmine el “éxito rotundo” de este paro. Xulio Fernández ha lamentado que la oferta de la patronal “intransigente” en la negociación de este convenio es “un insulto”, y ha recordado que la huelga se repetirá los próximos días 13, 14, 19, 20 y 21 de mayo. Precisamente, ha recordado que en esos últimos días se celebra la Feria Navalia. “Allí tendremos que estar”, ha advertido.

Por su parte, Rodolfo Otero ha apelado a la unidad de los trabajadores para que los empresarios no solo atiendan las reivindicaciones sino que luego “cumplan el convenio”. “Estamos aquí por la dignidad que nos quieren quitar”, ha proclamado. Cristian González ha remarcado que las demandas de la parte social no pasan solo por mejoras salariales, sino que es prioridad mejorar las condiciones laborales, especialmente en astilleros como Armón, “que parece un campo de concentración” lleno de trabajadores de numerosas subcontratas, cada uno con condiciones distintas.