La cuestión del transfuguismo aparece en el punto 14 de los estatutos del PP. Lo hace para situar entre las infracciones muy graves que alguien del partido se valga de tránsfugas para “constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”, que es justo lo que ha ocurrido para que Elena Candia haya llegado a la Alcaldía de Lugo -y para algún otro cambio en gobiernos locales antes que este-. Este lunes, el presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, ha propuesto que se cambien estas normas internas de la formación para que validen estas maniobras.

Como ha hecho desde que se conocieron los primeros movimientos para la moción de censura que terminaría desalojando a PSOE y BNG del gobierno local de Lugo, Rueda se ha defendido con la sentencia del Tribunal Constitucional que, en junio de 2025, llevó a la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para eliminar un punto que impedía que las mociones pudiesen prosperar si dependían del voto de un tránsfuga.

El barón gallego del PP insiste en que esa redacción que considera una infracción grave valerse de tránsfugas estaba en los estatutos antes de dicha sentencia y, por lo tanto, considera que lo lógico es que la redacción cambie para amparar el transfuguismo. En realidad, la versión actual de los estatutos del PP se aprobó en julio de 2025, en el 21 Congreso Nacional del partido, mientras que la decisión del Constitucional se conoció en junio de ese mismo año.

La moción de censura de Lugo, debatida la semana pasada, recibió críticas tanto del PSOE como del BNG y motivó protestas ciudadanas. Después de ser elegida alcaldesa, Candia tuvo que retrasar en dos ocasiones su salida del edificio del Ayuntamiento al ser recibida con abucheos por los centenares de personas concentradas allí.

Uno de los aspectos que más se recriminó fue lo excepcional del contexto en el que se presentó: la edila tránsfuga, María Reigosa, se presentó a las elecciones municipales de 2023 en las listas del PSOE, pero no logró el acta en aquella jornada electoral, sino tras el fallecimiento de uno de sus compañeros, Pablo Permuy. Antes había muerto la que era entonces alcaldesa, Paula Alvarellos, y después murió otra edila, Olga López Racamonde. De ahí que los socialistas gallegos hablen de una moción “negociada en tanatorios”. Candia ya ha anunciado que Reigosa, que no se puede integrar en el nuevo gobierno, se va a ocupar de labores “de supervisión política y programática de actuaciones municipales relacionadas con infraestructuras de forma transversal”.

Rueda insistió en estas semanas en el derecho del PP a presentar la moción de censura y manifestó este lunes que, pese a lo que dicen los estatutos del partido, él no va a impulsar ningún expediente para sancionar a Candia. “Ya lo que haga mi partido, habría que preguntar a los órganos correspondientes”, añadió, antes de volver a aludir a que “la redacción responde a circunstancias diferentes a las que hay ahora desde el punto de vista legal”.

También hizo mención a una de las primeras medidas de Candia como alcaldesa de Lugo: retirar una bandera de Palestina que colgaba en O Vello Cárcere. Lo justificó asegurando que la intención de su compañera de partido es “gobernar, si puede, para todos los lucenses y, si no, para la inmensa mayoría”. La decisión, con el “simbolismo” que tiene, se tomó pensando en eso, dijo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, asistió este jueves a la inauguración de la nueva sede de Luckia en A Coruña, y reivindicó que la empresa, dedicada a las apuestas, destaca por su “responsabilidad y conciencia”.

La nueva sede se ubica en el polígono de A Grela de la ciudad herculina, donde la comitiva autonómica fue recibida por el presidente de Luckia, José González Fuentes, informa Europa Press. En su intervención, el presidente de la Xunta agradeció la “responsabilidad y conciencia” que, defiende, caracterizan al grupo, que “sabe bien lo que tienen entre manos”. En el acto también participaron otros representantes institucionales, como la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

En esta línea, insistió en que se trata de un sector que exige una “especial responsabilidad y conciencia”, y consideró que está demostrada por el grupo.

“Siempre es un tema sensible, pero bien regulado, cumpliendo las normas y siendo inflexible con la exigencia y con su cumplimiento, y teniendo generosidad y amplitud de miras, todo se puede hacer. Cumpliendo la ley y pensando en las personas se puede llegar muy lejos”, afirmó el líder autonómico.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha embarcado en la defensa a capa y espada de la moción de censura impulsada por su partido en Lugo con el apoyo de una edil tránsfuga. Para ello no ha dudado, durante la sesión de control parlamentario de este martes, en retorcer los hechos y en ignorar los resultados de las últimas elecciones municipales, cuando su partido, el PP, quedó a un escaño de la mayoría absoluta y del gobierno local. Ahora se ha servido de la exsocialista María Reigosa, que accedió al pleno tras la muerte de dos de sus compañeros de lista, para hacer alcaldesa a Elena Candia. La oposición, en concreto el PSOE, le recordó que los propios estatutos de la formación conservadora consideran “una infracción muy grave” utilizar o valerse de “tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”. Exactamente lo que sucederá el 7 de mayo en Lugo.

El reglamento interno del PP reserva además duras sanciones para aquellos que incumplan ese punto: suspensión de afiliación de cuatro a seis años, inhabilitación para cargos internos o de representación durante el mismo periodo o incluso expulsión. No parece que Alfonso Rueda esté pensando en aplicarlas, a juzgar por el olímpico silencio con el que recibió la pregunta al respecto de José Ramón Gómez Besteiro, líder socialista: “¿Va a abrir expediente por estas graves actuaciones en Lugo?”. Sobre la controvertida y escandalosa maniobra de Candia y los populares también opinó en su turno Ana Pontón. “Está claro que usted no le dan las cuentas y por eso esta moción de censura indecente”, arremetió, “es corrupción política. No sé si acabará en Soto del Real, pero desde el punto de vista político es impresentable”.

Rueda no dejó entrever ni el más mínimo atisbo de autocrítica o voluntad de entendimiento. Volvió a mencionar lo sucedido en Noia, donde una moción con un concejal elegido en las listas del PP dio el bastón de mando a un socialista -en este caso no medió el fallecimiento de otros ediles-, para criticar “esa moral progresista” y acusó a la izquierda de “intentar de todo” contra la operación. “Intentan meter miedo con amenazas”, aseguró sin especificar a qué se refería. Lo que sí hubo fueron manifestaciones ciudadanas y una protesta en el pleno municipal del pasado jueves. El presidente gallego alcanzó la cumbre de su propia lógica cuando afeó a Besteiro no haber dado “ni una sola razón por la que no deba haber un cambio de Gobierno en Lugo”. Los últimos resultados electorales, en los que PSdeG y BNG sumaron la mayoría de asientos en el pleno, no le parecieron razón suficiente. “¿Cómo vamos a esperar que cumpla usted la ley si no es capaz de cumplir los estatutos del PP?”, le había espetado el socialista. Los próximos comicios locales serán en mayo de 2027.

El Consello de Contas y el deterioro de la sanidad pública

Aunque Ana Pontó también criticó la moción del PP en Lugo, su pregunta de control era sobre la situación de deterioro de la sanidad pública gallega, una realidad denunciada por usuarios y trabajadores y que constatan numerosos indicadores. La nacionalista utilizó esta vez el último informe del Consello de Contas, órgano fiscalizador del Gobierno gallego, sobre la atención primaria. El documento constata la infrafinanciación de la misma -Galicia es, tras Madrid, la comunidad que menos invierte en medicina de familia-, lo que la coloca por debajo de la media estatal y -dijo Pontón- “en menos de la mitad de las recomendaciones de la OMS”. “No es casualidad, es deliberado tras 17 años de recortes del Partido Popular”, aseguró. Son además los que Alfonso Rueda lleva en la Xunta, como conselleiro, como vicepresidente y desde 2022 como presidente.

Este no se apartó del manual consuetudinario con el que ataca a Pontón: “Usted tergiversa los datos, yo no”, “brava aquí, mansa en Madrid”, “cuando sale fuera habla bien de Galicia”, “triste, visión catastrofista”, “lleva aquí 25 años [en verdad son 22]”, “no sé si es consciente de los disparates que dice”. La argumentación sobre la sanidad pública tampoco varió demasiado de la que ha venido utilizando en el Parlamento cada vez que la oposición saca el tema: espigó afirmaciones del mismo informe de Contas esgrimido por la líder del BNG para señalar que “hay avances” en primaria y explicó que el gasto presupuestario “en sanidad” es del 31,6%. En la cifra incluye los millonarios convenios con empresas privadas del ramo. Y que el grueso de la responsabilidad de lo que sucede es de “sus cómplices [del BNG], los de Soto del Real”. Las competencias en la materia están transferidas a la comunidad desde finales de los años 80.