La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha mostrado este viernes su “absoluto respaldo y apoyo” a los integrantes de la carrera judicial que “se ven afectados por actuaciones y presiones”. Durante su intervención en el acto de clausura de las XXXIV Jornadas de presidentes de Tribunales de Instancia —los antiguos jueces decanos—, Perelló ha dicho que ese tipo de manifestaciones “no respetan” el marco de lealtad institucional, que es “un deber implícito en la Constitución”. 

Las palabras de la también presidenta del Tribunal Supremo se producen semanas después de que diferentes miembros del Gobierno salieran en tromba contra el juez Juan Carlos Peinado tras su decisión de proponer sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria y en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado de forma reiterada el archivo de esa causa.

En la mañana de este mismo viernes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) su derecho a criticar a Peinado y ha negado que sus manifestaciones supongan ninguna forma de “presión” contra el magistrado.

Así, el ministro ha reiterado que su opinión que tiene sobre la instrucción del juez Peinado “es muy negativa”, pues considera que “no es normal que haya 15 revocaciones” de la Audiencia Provincial en una fase de instrucción y que el Tribunal Supremo también haya “tumbado instrucciones”. El alto tribunal frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. 

“Injerencia externa”

Horas después, en su discurso ante los antiguos jueces decanos, la presidenta del CGPJ ha llamado a defender la “independencia” de los jueces “frente a cualquier forma de injerencia externa, venga de donde venga”. “Los jueces necesitan ejercer su función con plena autonomía de criterio, guiados únicamente por el Derecho”, ha aseverado. 

“Ni la mejor organización, ni las mejores leyes, ni los medios mejor dotados servirían para dar respuesta a la sociedad si no contáramos con el factor humano que representan todos los integrantes de la Carrera Judicial”, ha afirmado Perelló. 

Además, la presidenta ha hecho alusión a las palabras que pronunció la semana pasada el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, durante su visita al alto tribunal español. Guyomar afirmó que “cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio”, según ha recordado Perelló, que también se ha referido a las advertencias de la Comisión Europea de que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia del Poder Judicial o la confianza pública en este.

Críticas a la reforma de Bolaños

En las jornadas que ha clausurado Perelló, los presidentes de Tribunales de Instancia han suscrito un escrito de conclusiones crítico con la reforma que sustituye los antiguos 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. Así, cuestionan los mensajes “optimistas” sobre ese cambio legal y denuncia que se ha llevado a cabo con “desorganización”, “sin medios”, “sin tiempo suficiente” y “sin escuchar” a los operadores jurídicos. 

En este sentido, sostienen que los tribunales siguen careciendo de los recursos materiales y personales necesarios, lo que obliga a los profesionales a trabajar con un “notable sobreesfuerzo personal” debido a las “tímidas inversiones” por parte de la Administración. Y exigen al Ministro de Justicia que su promesa de crear nuevas plazas judiciales vaya acompañada de “la debida dotación de recursos personales y materiales”. “No es asumible que la creación de una Plaza Judicial no se acompañe del incremento proporcional de personal al servicio del Tribunal de Instancia”, recoge el escrito. 

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

El Ministerio de Justicia ha defendido, de acuerdo a sus datos oficiales, que en el primer año de la entrada en vigor de la reforma se han empezado a notar los efectos con un descenso de la litigiosidad y, por primera vez desde 2016, una reducción de los asuntos pendientes. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer que vaya a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En un recurso contra esa decisión del magistrado, el fiscal José Manuel San Baldomero reclama el sobreseimiento para la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos investigados dado que considera que “no hay delito”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal carga contra el juez Peinado y critica que haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”.

También cuestiona la forma de instruir del magistrado: “Echando la vista atrás, en los dos años de instrucción, a la vista de las resoluciones judiciales dictadas, no hemos comprendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias”. No obstante, también apunta que, aunque no sean delito, hay “determinadas cuestiones que pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático y una Administración transparente” y que “resulta necesario huir de situaciones de riesgo o dudas sobre la rectitud de los funcionarios públicos y la desviación de poder”.

El fiscal trata de rebatir las atribuciones que hace el juez para intentar llevar a juicio a Begoña Gómez. Respecto al delito de tráfico de influencias, recuerda que para que exista este delito debe haber una “presión moral” eficiente sobre un funcionario y un beneficio económico que no se da en este caso, dado que la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense y que centra la imputación por este delito no era remunerada.

“Aparte de ser un caso de corrupción poco rentable, induce a evidente confusión: no hay beneficio por retribuciones derivadas de la Cátedra TSC creada el 30 de octubre de 2020. La retribución es cero”, subraya.

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. “Entendemos que estamos ante una mera conjetura, una hipótesis carente de base, surgida de la nada en esta fase para tratar de justificar algo que no se sostiene racionalmente”, sostiene.

Además, el fiscal considera jurídicamente insostenible aplicar este delito a la financiación de una cátedra en una universidad pública, ya que este artículo del Código Penal está diseñado para proteger la competencia en el sector estrictamente privado. “Creemos que el tipo penal resulta tan forzado como los intentos de deformar los hechos para que encajen en él”, puede leerse en su escrito.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el representante del Ministerio Público afirma que el producto en sí, el software, “no fue registrado a su nombre, ni parece que existiera intención de hacerlo”. Y añade que el uso que hubiera podido hacerse de ese software en páginas y dominios registrados a nombre Begoña Gómez cuando todavía estaba en período de pruebas no constituye un delito de apropiación indebida.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, el fiscal rechaza que el uso de la asistente para realizar gestiones de la cátedra sea malversación. Afirma que no existe un “perjuicio” para las arcas públicas, que no hay una regulación concreta y normativa respecto de la asistente del cónyuge de presidente del Gobierno y que la asesora cumplió estrictamente con las funciones de su cargo.

En otro escrito, el fiscal reclama de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones y afirma que en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid entienda procedente la apertura de juicio oral, se dé traslado al Fiscal nuevamente a fin de formular escrito de conclusiones provisionales, donde reclamará la absolución de Begoña Gómez, la asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Petición de 24 años de prisión

La defensa de Begoña Gómez reclamó el pasado lunes a la instancia superior que anule el auto de Peinado. En su escrito, la defensa de la mujer del presidente del Gobierno calificaba de “absolutamente inaceptable” la comparación que hizo el magistrado de Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII.

En el escrito, su abogado, Antonio Camacho, afirmaba que “los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”. Y cuestionaba la “rapidez inusitada” con la que el juez dio carpetazo a la investigación.

Por su parte, la acusación popular dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír ha solicitado una pena de 24 años de cárcel para Begoña Gómez, 22 años de prisión para la asistente y seis años para el empresario.

En el escrito sostiene que desde el momento en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa “aumentó la proyección institucional” de Begoña Gómez así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados. Apunta que, de esa forma, pudo acceder a directivos de grandes empresas gracias a esos “vínculos personales” y que también “accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios”.