Los técnicos del Centro Criptológico Nacional y de la Policía han ratificado este martes en el juicio del caso Kitchen que aproximadamente la mitad del archivo encriptado que se incautó al comisario José Manuel Villarejo en 2017 no ha podido ser abierto y que su contenido quedará oculto a no ser que el propio policía lo desvele. Los especialistas pudieron acceder a 44 de los 92 archivos encriptados y, tal como reveló elDiario.es en mayo de 2022, abandonaron los trabajos hace más de seis años, en febrero de 2020.

“Un año después de recibirlo dejamos de trabajar sobre las cabeceras. El último resultado fue en marzo de 2019 y se dejó de trabajar en ellos en la pandemia, un año después”, ha explicado al tribunal uno de los técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN), perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los dos funcionarios han declarado por videoconferencia, no ha aparecido su imagen y sus voces han sido distorsionadas.

Los archivos habían pasado antes por la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía, por el Instituto de Ciberseguridad (Incibe), dependiente de Economía, y finalmente por el Centro Criptológico Nacional. Los técnicos del CCN han explicado que, tras un año sin obtener resultados, plantearon a su jefe la conveniencia de abandonar los trabajos ante la imposibilidad de avanzar mientras no dejaban de “consumir recursos”. Tras consultar con el servicio jurídico se trasladó al magistrado del caso, Manuel García Castellón y se abandonaron los trabajos.

Los archivos incautados al comisario Villarejo han motivado la apertura de más de 40 investigaciones en la Audiencia Nacional que afectan a la élite empresarial, política y mediática del país. Una de esas piezas, la número 7, sienta en el banquillo al primer ministro del Interior del Gobierno de Rajoy, a su número dos y a un grupo de mandos policiales. Otra de las piezas afectaba a la Jefatura del Estado, centrada en los contactos de Villarejo con la antigua pareja extramatrimonial de Juan Carlos I, la comisionista Corinna Larsen.

Los técnicos del CCN han relatado que los archivos estaban encriptados con el sistema Truecrypt, que puede ser utilizado por un usuario medio pero que no ofrece vulnerabilidades. Eso implicó que tras los primeros trabajos se pasase al uso del sistema conocido como “fuerza bruta”, consistente en que los potentes ordenadores del CCN van probando sucesivas contraseñas. “Puede llevar siglos”, ha dicho uno de los técnicos.

Los especialistas de la Policía y del CNI han explicado que ellos nunca tuvieron acceso a los archivos en sí sino a las “carátulas” de los mismos. “Es como recibir la cerradura del almacenamiento pero no todo el dispositivo”, han explicado. Los agentes han precisado que periódicamente informaban al juzgado de sus avances y que si no había ninguna evolución también se comunicaba a la Audiencia Nacional.

elDiario.es publicó una nota de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, en la línea de lo explicado hoy por los técnicos. “Por la experiencia en otros casos, en los primeros meses se obtienen algunas contraseñas, normalmente las más sencillas o las que se pueden deducir de los diccionarios creados. Posteriormente, en algunas ocasiones, tras varios meses o años de pruebas, se obtiene alguna nueva contraseña, pero en otras ocasiones no se recuperan nunca”, advertía Esteban.

La respuesta era una contestación al juez Manuel García Castellón, quien se había dirigido al CNI para que le facilitara una previsión de su trabajo. Esteban comienza explicando al juez a qué se enfrentan: “La aplicación de cifrado Truecrypt, utilizada en el procedimiento de referencia, es criptológicamente segura y no se conoce ninguna debilidad que pueda ser utilizada en el descifrado. La única forma de poder descifrarla es obteniendo la contraseña que ha sido utilizada”.

“En el caso de la citada aplicación –continúa–, las contraseñas pueden ser textos de longitud ilimitada de caracteres, lo que hace inviable probar todas las contraseñas posibles. En consecuencia, teniendo en cuenta que solo pueden realizar pruebas con las contraseñas más probables, la previsión de los avances que se pueden producir es totalmente desconocida”.

En este sentido, los agentes del CNI han dicho este martes en el juicio que se les entregaron 92 cabeceras y que obtuvieron, a partir de ellas, 29 claves con las que abrieron 40, a las que hay que sumar 4 del Incibe. El listado de posibles contraseñas se conoce como “diccionario” y se elabora a partir de los datos conocidos de la persona que ha creado las claves, por si hubiera utilizado aspectos personales, como lugares con los que está vinculado, fechas… Después, se trata de generar claves hasta llegar a alcanzar la velocidad de millones por segundo, dependiendo de la capacidad tecnológica de cada organismo. 

Los técnicos del Centro Criptológico han dicho hoy: “A partir de ahí es intentar suponer qué ha puesto el otro señor: combinar diccionarios, combinaciones… De las contraseñas que obtuvimos no pudimos acertar las otras 48 contraseñas, a partir de los otros datos. Si él seguía una lógica determinada nosotros no llegamos a obtenerla”.

Víctor Aldama, el jefe de la trama corrupta que colonizó el Ministerio de Transportes y ensució para siempre al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, ambos en prisión a la espera de sentencia, sigue enredado en la espiral de las mentiras para tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez.

El último bulo, al que se ha enganchado el PP como a un clavo ardiendo, tiene que ver con una mentira anterior que Aldama lanzó en una de las cadenas de televisión asociadas a las patrañas del empresario corrupto contra el Ejecutivo. Aldama dio a entender en Telemadrid, en una entrevista concedida en enero de 2026, que le encarcelaron en octubre de 2024 por el caso hidrocarburos porque no accedió al intento de soborno del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quién llamó supuestamente a su portavoz, Ramón Bermejo, para ofrecerle mucho dinero a cambio del silencio del empresario.

La contratación de Bermejo por parte de Aldama es a finales de noviembre de 2024, un mes después de la supuesta llamada de Bolaños. Un intento de soborno del que Aldama hablaba por primera vez más de un año después de que, supuestamente, se produjera. Y sin ofrecer prueba alguna, pero que provocó el escándalo de los periodistas que le jaleaban en la tertulia.

Durante el juicio en el Supremo, donde la Fiscalía Anticorrupción le pide siete años de cárcel con posibilidad de una rebaja sustancial por su supuesta colaboración esencial con la Justicia, Aldama presumió de que ningún dirigente socialista le había demandado por sus acusaciones. Un día después, Bolaños presentó la denuncia: “No conozco ni he hablado nunca, ni tengo ni he tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el señor Aldama, se llama Ramón Bermejo. Mi relación personal es total y absolutamente inexistente, nunca he mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el señor Aldama ni con el señor Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tengo sus números de teléfono”.

Bermejo, que según ese relato le contó a Aldama el intento de soborno, facilitó a El Debate información de hasta 15 llamadas de teléfono supuestamente con origen o destino en algún departamento del complejo de la Moncloa, sin aclarar su contenido o siquiera la persona con la que habló, pero sí las fechas en las que se produjeron esas supuestas comunicaciones comprometedoras: entre el 25 de junio y el 27 de agosto de 2024.

Aldama agradeció el nuevo bulo: “Señor Bolaños, una vez más parece que no MIENTO!”. Y el PP se lanzó en tromba a publicitarlo para acusar de nuevo al Gobierno sin pruebas.

Resulta que en el periodo de las supuestas llamadas (junio a agosto de 2024), Aldama no había dado señales de querer colaborar con la Justicia para denunciar comportamientos corruptos de dirigentes socialistas. Más bien al contrario. Llevaba imputado en el caso de las mascarillas desde febrero de 2024 sin hacer amago de confesión ante el juez instructor o en los medios de comunicación a los que luego se abonó para lanzar sus acusaciones.

¿Cómo podía el PSOE ofrecer dinero a cambio de silencio sin saber que Aldama tenía una manta y pretendía tirar de ella?

En aquellas fechas, el PSOE ya había despedido a Ábalos (febrero de 2024), pese a que no estaba imputado todavía en la causa. El exministro rechazó dejar el escaño y se pasó al grupo mixto.

El empresario corrupto solo delató a sus socios de la supuesta organización criminal en el Ministerio de Transportes cuando le encarcelaron por otra trama de delincuencia relacionada con el negocio de hidrocarburos.

Cuando salió en libertad (21 de noviembre de 2024) tras aceptar confesar su culpa y el pago de comisiones ilegales en el caso de las mascarillas, amenazó públicamente al Gobierno de Pedro Sánchez con revelar nuevas corruptelas. En ese momento, noviembre de 2024, ya declaró Aldama que no conocía de nada ni a Bolaños, ni al ministro Óscar López, y se lamentaba de que estos dirigentes socialistas le criticaran. “Es duro ver que hay gente como el señor Bolaños o el señor Óscar López que no les había mencionado en ningún momento y que no me conocen de nada, que hablan de mí de oídas o porque esta gente siempre que habla de alguien, habla sin informarse. No es la primera vez que cometen errores hablando y luego se demuestra que es mentira o que lo que dicen no es tal cual”. No parece que entonces supiera que Bolaños estaba intentando sobornarle. Y eso pese a que fue en esos días de noviembre de 2024 cuando supuestamente contrató como portavoz a Bermejo para que le paseara por radios y televisiones esparciendo todo tipo de acusaciones sin pruebas. Bermejo no le dijo nada o, si se lo dijo, dejó que pasaran 14 meses para denunciarlo.

En el periodo de los contactos comprometedores (junio a agosto de 2024) entre Bermejo y algún departamento de Moncloa, el corrupto Aldama no había contratado como portavoz a ese profesional de los medios de comunicación que, según indican fuentes del Gobierno, llamó de manera insistente a departamentos que nada tenían que ver con Bolaños para ofrecer supuesta información que nadie atendió. Ni rastro de un supuesto soborno de Bolaños a Aldama y múltiples pruebas de un nuevo bulo del “colaborador esencial de la justicia” que sigue en libertad a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.

La derecha del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a evidenciar su capacidad de bloqueo en los nombramientos clave de la cúpula judicial. Los equipos negociadores de los bloques conservador y progresista se reunieron este lunes por primera vez para tratar la renovación de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el exministro socialista José Luis Ábalos o el ya ex fiscal general del Estado, pero el encuentro terminó sin avances después de que los vocales elegidos a iniciativa del PP decidieran “levantarse de la mesa”, según fuentes del grupo progresista.

Esa Sala tiene sin cubrir desde hace dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio. Los vocales progresistas consideran imprescindible que esta plaza sea adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora. 

Sin embargo, el primer contacto formal entre ambos grupos ha puesto de manifiesto que la estrategia del grupo conservador pasa por esperar a que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque. Para ello, sin embargo, habría que esperar varios meses. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán de manera forzosa el próximo junio y Juan Ramón Berdugo en septiembre. No obstante, ambas partes se han emplazado a seguir negociando, según fuentes de los bloques del órgano, que cuenta con diez vocales cada uno. 

“Nosotros queremos que se cumplan los plazos y se cubra ya la vacante pendiente en la Sala Segunda. Pero el otro grupo quiere acumular las vacantes. Ha habido un primer contacto y se han levantado de la mesa”, explica una fuente del grupo de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar. “Los conservadores se niegan a hacer ya la renovación porque consideran que pueden sacar un mayor beneficio con una negociación en bloque”, lamenta otra fuente de este mismo grupo. 

En las conversaciones informales previas, antes incluso de que se hubiera iniciado la negociación, los vocales conservadores ya habían dejado claro su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, una de las candidatas más valoradas por el sector progresista, si bien en este grupo barajan otros perfiles.

Bacigalupo es una catedrática con un amplio currículum y que en 2015 formó parte del “grupo de expertos” que colaboró con el PSOE en la redacción del programa de las primeras generales a las que se presentó Pedro Sánchez. Además, es cuñada de la exvicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera. 

Los vocales conservadores repiten así la estrategia urdida hace un año, cuando descartaron la elección de las progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso para la presidencia de esa misma Sala y también para la de lo Contencioso-Administrativo, las más delicadas del Supremo. Ambas acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros. Los progresistas transigieron y finalmente apoyaron de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador. 

Los nombramientos realizados durante el primer año de mandato evidencian que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, logró el 38% de las designaciones realizadas en la cúpula judicial. Es casi el doble de lo que consiguieron las otras tres asociaciones juntas. Además, la APM copó casi la mitad de los ascensos al Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación. 

Este lunes se cerró una etapa en la crisis del hantavirus. El MV Hondius zarpó anoche de Tenerife hacia Países Bajos, que se encargará de la desinfección del crucero y de la treintena de trabajadores que siguen a bordo, junto con médicos especialistas. El operativo fue calificado de éxito rotundo por parte del director general de la OMS, el doctor Tedros, y de las autoridades españolas presentes (no así por parte del presidente canario, que ha seguido insistiendo en la falsa teoría de las ratas nadadoras).

Ahora cada país tiene que hacerse cargo de sus pasajeros y su debida cuarentena, aunque lo harán de forma distinta: Alemania ha decidido que los viajeros hagan la cuarentena en su casa, mientras que Francia ha optado por que pasen 15 días en el hospital. En España las autoridades han sido más conservadoras. Los 14 españoles del crucero están ya aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán hasta el 17 de junio, algo más de un mes. Anoche, uno de los viajeros dio “positivo provisional” en hantavirus y este lunes, al repetirse las pruebas, ha vuelto a dar positivo. Los 13 restantes tuvieron un resultado negativo, aunque también serán sometidos a más test.

Tan protagonistas fueron en una época como irrelevante su participación en el juicio del caso Kitchen. Son una decena de testigos clave en el ecosistema madrileño que alumbró el espionaje a Luis Bárcenas, tanto dentro como fuera de la Administración. A una parte de ellos solo el cargo que ocuparon les confiere un papel sobresaliente, como es el caso del presidente Mariano Rajoy y sus máximos colaboradores en el Gobierno y el PP. Otros testigos estaban acomodados en la penumbra de unos perfiles profesionales que esconden su auténtica impronta, como el padre Silverio o el abogado Javier Iglesias.

En las últimas semanas, todos han comparecido ante el tribunal del caso Kitchen ajenos a la guerra sucia del último Gobierno del PP, ya fuera contra los investigadores del caso de la caja B o contra los adversarios políticos de Podemos y el independentismo catalán. Han reaccionado extrañados a las preguntas de los abogados, que despacharon sin apenas aportaciones. Como si el archivo sonoro del caso Villarejo, las agendas del comisario o los avances en la investigación recogidos en el sumario no hubieran ofrecido suficientes pistas de quiénes son en realidad. 

Javier Iglesias, la abogacía como coartada

“Excelentísima señora”. Es la fórmula elegida por Javier Iglesias para dirigirse a la presidenta del tribunal durante sus dos comparecencias en el juicio de Kitchen. La respetuosísima fórmula no le sirvió para librarse de la advertencia airada de Teresa Palacios ante el intento por no contestar a una sola pregunta. Iglesias esgrimió su condición de abogado, en general, y de letrado de la mujer de Villarejo, en particular. Todo lo que hubiera conocido en el ejercicio de la abogacía está protegido por el secreto. Palacios aplazó la declaración y a la segunda, Iglesias tuvo que contestar a la mayoría de las preguntas que se le formularon: no podía ser que todo lo hubiera conocido como abogado.  

Antes de la comparecencia de Iglesias, Bárcenas había repetido las acusaciones vertidas en el pasado contra él al declarar como perjudicado en Kitchen. El ex tesorero del PP relató los ofrecimientos que le habría hecho Iglesias, primero en libertad, y cuando ingresó en prisión. El abogado habría llevado un mensaje del PP para que los papeles de la caja B quedaran en nada. Uno de los ofrecimientos habría incluido el pago de 500.000 euros. El otro, que el Gobierno libraría a Bárcenas de todos los investigadores judiciales y policiales de Gürtel. Y también del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 

“Absolutamente falso”, replicó Iglesias en su turno. “Nunca he sido abogado del PP. Nunca me ha pagado el PP. Y nunca he recibido un mandato del PP”, añadió. Y sin haber trabajado en el PP, Iglesias siempre estuvo ahí. Como abogado de donantes del PP, del tesorero Álvaro Lapuerta y del cabecilla de la Gürtel Francisco Correa. Para este comenzó a trabajar precisamente cuando iba a tirar de la manta del 3% en comisiones para el partido. Hasta que recibió una visita de Iglesias y la colaboración con la justicia acabó.

La figura de Javier Iglesias es inabordable en apenas unos párrafos. Sirvan dos citas. Una es un informe de Asuntos Internos de octubre de 2018 en el que los agentes deben interpretar los audios incautados al comisario Villarejo sobre la operación Kitchen. “Habría tenido un resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad (con conocimiento de El Asturiano [Rajoy] y El Largo [Iglesias])”, escribieron los investigadores.

Javier Iglesias dijo a este periódico en 2019 que no conocía a Mariano Rajoy. El expresidente desmintió esa afirmación en su declaración en el juicio de Kitchen y aseguró que se había reunido en un par de ocasiones con Iglesias como abogado del tesorero del PP Álvaro Lapuerta. 

La segunda cita es de Luis Bárcenas. Fue durante el juicio de la caja B del PP en la Audiencia Nacional. “El Largo, aunque no es el John Silver de ‘La Isla del Tesoro’, es Javier Iglesias, el abogado que en esta causa aparece por todos lados, en todas partes”, afirmó el ex tesorero.

El padre Silverio Nieto, pastor de almas

El padre Silverio da misa en la parroquia de la calle Goya, punto de encuentro del nacionalcatolicismo del barrio de Salamanca, en Madrid. Su relación con al menos tres de los acusados en el juicio de Kitchen era la misma que con cualquiera de sus parroquianos: él se dedica a sanar almas afligidas, explicó ante el tribunal.

Aquellas almas tan atormentadas en 2020 eran las del secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que amenazaba con hablar de la implicación del ministro del Interior, amigo del padre Silverio. O del comisario Enrique García Castaño, ‘El Gordo’, que había señalado previamente a Martínez. El Gordo también es muy amigo de don Silverio. El cura solo reenvió un mensaje para informar a unos de las intenciones de otros, afirmó ante el tribunal. “Lo estaban pasando muy mal humanamente”, dijo. 

Así que Silverio Nieto era próximo a Martínez y amigo personal del ministro del Interior y del comisario de las cloacas, García Castaño. Pudiera influir que antes de cura fue marino mercante, juez y, hasta el año 1983, inspector de la Policía. “No coincidí con Enrique García Castaño en el Cuerpo”, afirmó en el juicio. Sobre su papel en la Conferencia Episcopal, dijo que había sido responsable del contacto con otras confesiones religiosas, del máximo interés para los Servicios de Información. Y por el interés en esas confesiones conoció a Fernández Díaz, que quería entrevistarse con sus líderes religiosos cuando viajaban a España. 

De lo que no habló el padre Silverio fue del papel que tuvo en la negociación con las víctimas de abusos en la Iglesia en defensa de los intereses de esta. O de cómo influía en Fernández Díaz, al que llegaba a tratar con una vehemencia que rallaba el desprecio, según cuentan responsables de aquel ministerio. Esas fuentes aseguran que el padre Silverio, ahora de 79 años, dictaba nombramientos de policías al ministro.

El 4 de octubre de 2017, tres días después del referéndum soberanista en Cataluña, el padre Silverio escribe a Martínez, quien ya está fuera de Interior. “No es fácil hacerlo tan mal… se añora al Equipo anterior y sería imprescindible recuperar a EGCastaño. Es el único que tiene los contactos con los servicios inteligencias (sic) extranjeros y conoce internamente los Mossos”, analiza el pastor de almas.

Manuel Vázquez, el cordial ‘Fiti’

Una forma de hacer carrera en la Policía se ha encarnado estos días ante el tribunal de Kitchen. Entre las formas aparecidas, la del comisario ya jubilado Manuel Vázquez, ‘Fiti’ para todos en el Cuerpo. ‘Fiti’ no participó en la brigada política, pero tenía sus aspiraciones. Llegó a jefe de la UDEF y desde ese puesto se ofreció a lo que hiciera falta para acabar su carrera en Galicia, su tierra. De jefe superior.

Así que 'se comió el marrón’ del informe PISA, que no lo había hecho su unidad, la UDEF. Lo envió al Tribunal de Cuentas en el último intento de Interior por sacarle partido a la estrategia contra Podemos, después de que fuera rechazado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Antes, había telefoneado a los magistrados del alto tribunal por si requerían alguna explicación adicional del dosier que había incorporado Manos Limpias a una querella contra Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

En el juicio, ‘Fiti’ hizo de ‘Fiti’. Él no sabía nada de ningún operativo ilegal. Habiendo sido jefe de la UDEF esa afirmación venía muy mal a los acusados, que defienden que ellos espiaron a Bárcenas para ayudar a la Unidad. Pero ‘Fiti’ no les iba a dejar tirados del todo. Y en un momento dado de su declaración recordó algo: en la toma de posesión de su comisario general, este le preguntó si sabía algo de “una operación inteligencia”, legal, por tanto, sobre el entorno de Bárcenas. 

El comisario Vázquez fue jefe del inspector Manuel Morocho cuando este sufría, según su relato, una campaña de acoso para evitar que su trabajo sobre la caja B del PP no destrozara al partido. Según ‘Fiti’, Morocho exageraba. El chico sentía “autopresión”, según él. 

Más del 'Fiti' en el juicio: “Que aparezca M. Rajoy, el poner a dudar quién es, es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid”. Detrás de la ocurrencia de Vázquez, que recogieron muchos medios, está la explicación completa: Él había advertido a Morocho que se precipitaba incluyendo el nombre de Rajoy al aludir a la anotación ‘M. Rajoy’ de los papeles de Bárcenas. Esos papeles, dijo, presentaban anomalías que hacían dudar entonces de su credibilidad, según advirtió a su subordinado.

Mariano Rajoy o como quiera que le llamen

Los testigos del caso Kitchen que querían mostrar tan solo una de sus caras tenían dos ventajas para hacer efectivo su plan: que no se les acusa de nada y que al tribunal solo le interesan los hechos recogidos en los escritos de acusación. 

A esto, Rajoy le sumó un considerable desprecio por el acontecimiento del juicio. El expresidente del Gobierno aseguró que no recordaba unos mensajes con Bárcenas que, sin embargo, comentó ante otro tribunal. Fue en 2017, durante no de los hechos más trascendentes de su mandato, la declaración como testigo en el juicio de la caja B del PP e En aquellos mensajes, Rajoy intentaba que Bárcenas aguantara y no tirara de la manta que también le cubría a él, como perceptor de dinero negro de los empresarios. 

Siempre confiado en que su ingenio se impone a cualquier otra consideración, Rajoy optó por referirse a los indicios contra él en la causa de Kitchen con un intento por hacer gracia. Sobre los alias de 'El Asturiano' y 'El Barbas' con el que se referían a él Villarejo y sus compinches, dando por hecho su conocimiento de la operación, Rajoy dijo: “Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por lo tanto, pregúntele a ellos”.

Soraya Sáenz de Santamaría, una sonrisa displicente

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría adoptó la postura más relajada de cuantas se han materializado ante el tribunal de Kitchen. Sonriente, la ex jefa política del CNI quiso hacer creer que se había enterado del espionaje a Bárcenas “por la prensa”. Ni recurrió a la salvaguarda de que el trabajo del servicio de Inteligencia está clasificado como secreto. 

El abogado de Podemos le preguntó si aquellas noticias tan inquietantes no le llevaron a hacer alguna averiguación por si le hacían alguna pregunta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, del que era portavoz. “No”, contestó Sáenz de Santamaría. 

María Dolores de Cospedal no hace encargos, solo pregunta

La exsecretaria general del Partido Popular presentó un método aún más atrevido de mostrar solo una cara: negó la evidencia reproducida en el juicio ante ella. Y así sentenció: “[A Villarejo] le hice preguntas, pero no encargos, que son cosas distintas”. La exhibición de los “trabajos puntuales” que propuso al policía su marido entonces, Ignacio López del Hierro, en su presencia, o el comentario sobre los papeles de Bárcenas (“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”), entran en la categoría de preguntas, según Cospedal. Esta última conversación fue por teléfono. La grabó Villarejo y fue publicada por El País en 2022. En el juicio, Cospedal aseguró que nunca había hablado por teléfono con Villarejo.

Ignacio Cosidó, el director ausente

Mención especial merece Ignacio Cosidó, el director general de la Policía durante la operación Kitchen que nunca supo nada de las maniobras sobre la familia de Bárcenas. Cosidó intentó defender su ignorancia por lo que hicieron sus inmediatos superiores y sus inmediatos subordinados hasta que aparecieron las firmas que le delatan. Cosidó estampó su rúbrica en los documentos que avalan las recompensas para los implicados en la operación en forma a de medallas pensionadas y destinos ‘dorados’.

“En las deliberaciones que se hacían en la Junta de Gobierno [sobre las medallas] había un número muy elevado de propuestas y no se podía entrar pormenorizadamente en cada expediente (...) Son muchos miles de expedientes los que a lo largo de mis 5 años de directos se valoraron en la Junta de Gobierno”, dijo el exdirector de la Policía. 

Cosidó también chocó con la prensa. Se enteró por ella de la operación Kitchen, pero no leyó las noticias que informaban sobre cómo Interior decidió cesar a uno de sus policías de confianza, Marcelino Martin-Blas, por su enfrentamiento con Villarejo. Ignacio Cosidó dijo que el comisario llevaba al frente de Asuntos Internos cuatro años –en realidad eran poco más de tres– y a él le pareció normal “un cierto grado de rotación” que había decidido su segundo. 

Félix Sanz Roldán y el honor de los espías españoles

Ningún indicio consolidado pudo obtenerse de la participación del CNI durante la instrucción del caso Kitchen, que por otra parte duró hasta que Manuel García Castellón quiso. Pero varios indicios apuntan al servicio de Inteligencia: desde los motoristas con cámaras en el caso que perseguían a Rosalía Iglesias y que no eran policías hasta las cámaras ocultas en el chalé de los Bárcenas en Baqueira. 

Nada de ello resulta suficiente para rebatir una afirmación tan rotunda como la del entonces director, Félix Sanz Roldán: “EL CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni omisión, sobre el caso por el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para facilitarle elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Ningún Gobierno de ningún color me pidió que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido”. 

Una afirmación de Sanz Roldán tan rotunda como incontrastable: toda la actividad del CNI es secreta. Sin embargo, Sanz Roldán volvió a tropezar en su declaración con la obsesión hacia Villarejo. Dijo que había demandado al comisario por las difamaciones contra los miembros del Centro, que por tener identidades ocultas no pueden defenderse. Fue entonces cuando un abogado le preguntó por qué eligió una acusación del comisario contra él para presentar la querella –luego desestimada– en lugar de cualquiera de las otras acusaciones sin pruebas que Villarejo hizo contra los espías españoles. 

Jesús Vicente Galán, el policía que pasaba por allí

El inspector jubilado Jesús Vicente Galán confirmó que Asuntos Internos participó en las vigilancias extrajudiciales a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas. Responsabilizó a su jefe en Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, que se sienta en el banquillo y con el que lleva años enfrentado. “Marcelino me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin ser detectados”, afirmó ante el tribunal. 

Galán se mostró como un mandado, pero su trayectoria desmiente. Días después de su declaración, una policía rasa compareció y contó las penurias que Galán le hizo pasar para que cambiara de destino y dejara así de investigar al Pequeño Nicolás a las órdenes directas de un juez. A la cúpula policial de entonces ya no le interesaba el caso del Pequeño Nicolás porque salpicaba a Villarejo. 

Jesús Vicente Galán fue miembro de la brigada política y no solo participó en Kitchen, también atacó a Podemos y fue recompensado con un destino en la Embajada de Mauritania (más de 11.000 euros mensuales) y una medalla pensionada, pasando a ingresar en el 'club de los diezmileuristas' que el PP organizó entre mandos afines.

Adrián de la Joya, desaparecido ¿en Suiza?

La mejor forma de no delatar el verdadero rostro en el juicio de Kitchen es no aparecer por él. El empresario Adrián de la Joya no ha sido localizado en Suiza, donde supuestamente mantiene su residencia. El tribunal prometió seguir buscándolo, pero se enfrentarán a la máxima de De la Joya: “Estoy vivo gracias a que nadie, nunca jamás, habla de mí”. Así se expresa en una de las grabaciones de su amigo y socio el comisario Villarejo. 

Detenido e imputado en el caso Lezo, Adrián de la Joya se quedó con el dinero que OHL depositó en una de sus cuentas en Suiza, cuyo último destinatario iba a ser Ignacio González, el expolítico del PP que llegó a presidente de la Comunidad de Madrid. En la Audiencia Nacional argumentó que Javier López Madrid y el grupo empresarial le debían dinero. 

Los investigadores del caso Kitchen siempre creyeron que su residencia en Suiza era una falsa y que el empresario siempre ha vivido en Madrid. 

Es difícil reprochar a un alto cargo si empieza a ponerse nervioso por un brote de una enfermedad respiratoria poco conocida. Sabemos desde la pandemia que los iniciales mensajes tranquilizadores de un Gobierno pueden no verse confirmados más tarde. Somos conscientes de que la coordinación de las administraciones gobernadas por partidos diferentes puede dejar mucho que desear. Lo que no es igualmente aceptable es que se exija al Gobierno central que tome las medidas necesarias para reducir al mínimo los riesgos sanitarios y que luego se diga que está sobreactuando o, aún peor, que haya ignorado amenazas imaginarias.

En menos de 24 horas tras el comienzo de la crisis del hantavirus el martes 5 de mayo, el Partido Popular ya había exigido la dimisión de la ministra de Sanidad. Son de gatillo rápido. Una vez producida la llegada del crucero MV Hondius a un puerto de Tenerife este fin de semana en medio de exigentes medidas de seguridad, el PP prefirió el lunes no seguir apostando a esa carta, mientras dejaba que el presidente canario, Fernando Clavijo, continuara con sus quejas. No solo sigue en contra de que el barco descargara su pasaje en las islas, sino que ni siquiera se bajaba de la burra de las ratas nadadoras, una interpretación que ya sabía que no tenía base científica.

Clavijo, de Coalición Canaria, y su Gobierno de coalición con el PP delegaron en un director general su representación en el despliegue realizado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife). Lo cierto es que sus protestas habían conseguido que el barco no atracara allí, sino que fondeara en las aguas cercanas, lo que obligó a que los pasajeros fueran enviados a tierra en zodiacs. Ni aun así quiso presentarse en el puerto. Tampoco para vigilar cómo iba todo.

Antes se había sabido que el presidente canario envió el sábado a Mónica García una captura de una búsqueda de Google con el fragmento hecho por inteligencia artificial que respondía a la pregunta sobre la capacidad natatoria de las ratas. A Clavijo tampoco le servía que el crucero fondeara, porque las ratas se harían unos largos para llegar a tierra. La gente se reía de él en las redes sociales empleando también la IA. Es lógico que la gente se lo tomara a broma. El lunes, se quejó de que la ministra había difundido “una conversación privada” con la intención de ridiculizarle.

La gente espera que los responsables políticos se basen en el mejor análisis científico posible y que escuchen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). No que hagan una búsqueda en el móvil y no pasen del primer resultado hecho con IA. Por la misma razón por la que cuando Clavijo se pone enfermo va al médico y no se limita a consultar al doctor Google.

El origen del brote de hantavirus no estaba en el barco ni había que especular con el estilo de las ratas en el agua. Los que pueden contagiar el hantavirus son un tipo de roedores sin gran experiencia natatoria que existe en la zona de Argentina que visitó un matrimonio holandés que luego subió al barco. Ambos cayeron enfermos y fallecieron más tarde después de haber sido evacuados.

A pesar de esto último, Clavijo seguía inmerso en su universo alternativo, que incluía opciones propias de películas de serie B con malos efectos especiales como la invasión de las ratas mutantes o algún escenario similar de pesadilla. “En la nota del secretario de Estado dice que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio, pero no lo descarta. No es esperable y la posibilidad es remota, pero no se descarta”, dijo el lunes haciendo gala de una gran imaginación al interpretar el comunicado.

El Gobierno canario continúa insistiendo en que el problema se lo tendría que haber comido entero Cabo Verde. “Debe ser atendido donde está” para luego irse directamente a Holanda, dijo Clavijo sobre el barco. Había catorce pasajeros españoles a bordo, pero él no pensaba que fueran de su incumbencia. En total, eran cerca de 150 pasajeros de 23 nacionalidades diferentes. Su edad media era de 65 años.

Formado por varias islas, el pequeño país africano se encuentra en el puesto 131º en el Índice de Desarrollo Humano. Cuenta con una renta per cápita de 4.218 euros, ocho veces menos que España (34.210). Para la OMS, era mucho más seguro llevar el barco a un puerto español con más medios materiales y experiencia en lidiar con emergencias sanitarias.

Un grupo ultraderechista acudió a la Audiencia Nacional para intentar que los jueces dieran la razón a Clavijo. La denuncia fue rechazada con argumentos basados en la jurisprudencia y la realidad de las emergencias sanitarias. “Existe un interés prevalente en la protección de la vida y la salud de las personas que se encuentran en el barco”, dictaron los tres jueces por unanimidad. Sobre el riesgo que podría suponer para Canarias, el tribunal respondió que “no se evidencian datos o circunstancias que permitan apreciar que con tal actuación se comprometa la vida y la salud de la población española”.

El Gobierno envió a Tenerife a tres ministros –los de Sanidad, Interior y Política Territorial–, un despliegue que demuestra que pretendía aprovechar el operativo en términos de imagen, una costumbre muy extendida entre gobiernos. Si hubiera hecho lo contrario, le habrían acusado de desentenderse de la crisis.

La presencia de Fernando Grande-Marlaska fue la menos justificada. Marlaska cometió el error político de no asistir al funeral de los dos guardias civiles muertos al colisionar dos de sus embarcaciones cuando perseguían a una narcolancha en la costa de Huelva. El ministro debería asistir a todos los funerales de agentes muertos en acto de servicio en la lucha contra la droga.

El ejemplo más claro de que la crisis ha transcurrido por los cauces por los que apostó el Gobierno fue que este lunes varios medios lo acusaban haber sobrerreaccionado. Ana Rosa Quintana se quejó de que el Gobierno había “centrado el foco en el hantavirus” con su despliegue y encargó a uno de esos redactores que lo demostrara de forma prolija. Los espectadores vieron cómo se resaltaba en tono negativo que se celebraran siete ruedas de prensa y se publicaran ocho comunicados.

“¡Luces! ¡Cámaras! ¡¡¡Desembarco!!!”, se veía en el videowall del plató de Telecinco. Todo se presentaba como un gran show. Lo mismo hizo El Español, que denunció que se había montado “un espectáculo global”. Su director, Pedro J. Ramírez, lo llamó “un 'reality' televisivo”.

Al comienzo de la crisis, se rieron o escandalizaron por las declaraciones de Fernando Simón afirmando que el riesgo era bajo para España y luego denunciaron que el Gobierno había reaccionado con demasiada energía. Lo que antes era caos, ahora era un exceso de organización. No apreciaron ninguna contradicción entre las dos posiciones.

Las Naciones Unidas, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la OMS han elogiado a España por su papel en esta crisis. El Papa León XIV agradeció el domingo “la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius”. Cuando el pontífice visite Canarias en junio, Clavijo podrá informarle de que la Iglesia debería ser más consciente del peligro que supone un ejército invasor de ratas nadadoras.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha mostrado este viernes su “absoluto respaldo y apoyo” a los integrantes de la carrera judicial que “se ven afectados por actuaciones y presiones”. Durante su intervención en el acto de clausura de las XXXIV Jornadas de presidentes de Tribunales de Instancia —los antiguos jueces decanos—, Perelló ha dicho que ese tipo de manifestaciones “no respetan” el marco de lealtad institucional, que es “un deber implícito en la Constitución”. 

Las palabras de la también presidenta del Tribunal Supremo se producen semanas después de que diferentes miembros del Gobierno salieran en tromba contra el juez Juan Carlos Peinado tras su decisión de proponer sentar en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por cuatro delitos carentes, por ahora, de base probatoria y en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado de forma reiterada el archivo de esa causa.

En la mañana de este mismo viernes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) su derecho a criticar a Peinado y ha negado que sus manifestaciones supongan ninguna forma de “presión” contra el magistrado.

Así, el ministro ha reiterado que su opinión que tiene sobre la instrucción del juez Peinado “es muy negativa”, pues considera que “no es normal que haya 15 revocaciones” de la Audiencia Provincial en una fase de instrucción y que el Tribunal Supremo también haya “tumbado instrucciones”. El alto tribunal frenó el intento del juez de implicarle a él mismo en la causa. 

“Injerencia externa”

Horas después, en su discurso ante los antiguos jueces decanos, la presidenta del CGPJ ha llamado a defender la “independencia” de los jueces “frente a cualquier forma de injerencia externa, venga de donde venga”. “Los jueces necesitan ejercer su función con plena autonomía de criterio, guiados únicamente por el Derecho”, ha aseverado. 

“Ni la mejor organización, ni las mejores leyes, ni los medios mejor dotados servirían para dar respuesta a la sociedad si no contáramos con el factor humano que representan todos los integrantes de la Carrera Judicial”, ha afirmado Perelló. 

Además, la presidenta ha hecho alusión a las palabras que pronunció la semana pasada el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, durante su visita al alto tribunal español. Guyomar afirmó que “cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio”, según ha recordado Perelló, que también se ha referido a las advertencias de la Comisión Europea de que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar caer en críticas que minen la independencia del Poder Judicial o la confianza pública en este.

Críticas a la reforma de Bolaños

En las jornadas que ha clausurado Perelló, los presidentes de Tribunales de Instancia han suscrito un escrito de conclusiones crítico con la reforma que sustituye los antiguos 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. Así, cuestionan los mensajes “optimistas” sobre ese cambio legal y denuncia que se ha llevado a cabo con “desorganización”, “sin medios”, “sin tiempo suficiente” y “sin escuchar” a los operadores jurídicos. 

En este sentido, sostienen que los tribunales siguen careciendo de los recursos materiales y personales necesarios, lo que obliga a los profesionales a trabajar con un “notable sobreesfuerzo personal” debido a las “tímidas inversiones” por parte de la Administración. Y exigen al Ministro de Justicia que su promesa de crear nuevas plazas judiciales vaya acompañada de “la debida dotación de recursos personales y materiales”. “No es asumible que la creación de una Plaza Judicial no se acompañe del incremento proporcional de personal al servicio del Tribunal de Instancia”, recoge el escrito. 

La implementación progresiva del nuevo modelo se inició en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026, hace apenas tres meses. El asunto fue abordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que concluyó en un informe que la reforma “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”. El documento, no obstante, sí apreciaba problemas de “insuficiencia de personal”, de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes, que no se han reformado para ajustarse al nuevo modelo organizativo. 

El Ministerio de Justicia ha defendido, de acuerdo a sus datos oficiales, que en el primer año de la entrada en vigor de la reforma se han empezado a notar los efectos con un descenso de la litigiosidad y, por primera vez desde 2016, una reducción de los asuntos pendientes. 

En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Solo en los órdenes civil y mercantil, donde la mediación es obligatoria desde hace un año, el porcentaje de caída llega al 20,4%. En 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según datos del CGPJ. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León; Castilla-La Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla, a los que se suman los de Asturias y La Rioja. 

La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer que vaya a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En un recurso contra esa decisión del magistrado, el fiscal José Manuel San Baldomero reclama el sobreseimiento para la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos investigados dado que considera que “no hay delito”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal carga contra el juez Peinado y critica que haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”.

También cuestiona la forma de instruir del magistrado: “Echando la vista atrás, en los dos años de instrucción, a la vista de las resoluciones judiciales dictadas, no hemos comprendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias”. No obstante, también apunta que, aunque no sean delito, hay “determinadas cuestiones que pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático y una Administración transparente” y que “resulta necesario huir de situaciones de riesgo o dudas sobre la rectitud de los funcionarios públicos y la desviación de poder”.

El fiscal trata de rebatir las atribuciones que hace el juez para intentar llevar a juicio a Begoña Gómez. Respecto al delito de tráfico de influencias, recuerda que para que exista este delito debe haber una “presión moral” eficiente sobre un funcionario y un beneficio económico que no se da en este caso, dado que la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense y que centra la imputación por este delito no era remunerada.

“Aparte de ser un caso de corrupción poco rentable, induce a evidente confusión: no hay beneficio por retribuciones derivadas de la Cátedra TSC creada el 30 de octubre de 2020. La retribución es cero”, subraya.

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. “Entendemos que estamos ante una mera conjetura, una hipótesis carente de base, surgida de la nada en esta fase para tratar de justificar algo que no se sostiene racionalmente”, sostiene.

Además, el fiscal considera jurídicamente insostenible aplicar este delito a la financiación de una cátedra en una universidad pública, ya que este artículo del Código Penal está diseñado para proteger la competencia en el sector estrictamente privado. “Creemos que el tipo penal resulta tan forzado como los intentos de deformar los hechos para que encajen en él”, puede leerse en su escrito.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el representante del Ministerio Público afirma que el producto en sí, el software, “no fue registrado a su nombre, ni parece que existiera intención de hacerlo”. Y añade que el uso que hubiera podido hacerse de ese software en páginas y dominios registrados a nombre Begoña Gómez cuando todavía estaba en período de pruebas no constituye un delito de apropiación indebida.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, el fiscal rechaza que el uso de la asistente para realizar gestiones de la cátedra sea malversación. Afirma que no existe un “perjuicio” para las arcas públicas, que no hay una regulación concreta y normativa respecto de la asistente del cónyuge de presidente del Gobierno y que la asesora cumplió estrictamente con las funciones de su cargo.

En otro escrito, el fiscal reclama de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones y afirma que en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid entienda procedente la apertura de juicio oral, se dé traslado al Fiscal nuevamente a fin de formular escrito de conclusiones provisionales, donde reclamará la absolución de Begoña Gómez, la asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Petición de 24 años de prisión

La defensa de Begoña Gómez reclamó el pasado lunes a la instancia superior que anule el auto de Peinado. En su escrito, la defensa de la mujer del presidente del Gobierno calificaba de “absolutamente inaceptable” la comparación que hizo el magistrado de Pedro Sánchez con el régimen absolutista de Fernando VII.

En el escrito, su abogado, Antonio Camacho, afirmaba que “los delitos que son objeto del presente procedimiento, o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”. Y cuestionaba la “rapidez inusitada” con la que el juez dio carpetazo a la investigación.

Por su parte, la acusación popular dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír ha solicitado una pena de 24 años de cárcel para Begoña Gómez, 22 años de prisión para la asistente y seis años para el empresario.

En el escrito sostiene que desde el momento en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa “aumentó la proyección institucional” de Begoña Gómez así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados. Apunta que, de esa forma, pudo acceder a directivos de grandes empresas gracias a esos “vínculos personales” y que también “accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios”.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha solicitado comparecer “cuanto antes” en el Parlamento andaluz para aportar “toda la información” sobre el brote de listeriosis por el que ya hay dos muertes confirmadas.

Aguirre ha informado en Twitter de esta solicitud y ha lamentado el fallecimiento de una mujer de 74 años, que se ha convertido en el segundo fallecimiento confirmado a consecuencia de este brote.

Continúa en investigación el caso de un hombre enfermo terminal de cáncer de páncreas que perdió la vida la semana pasada tras dar positivo en listeria, pero se desconoce su relación con este brote hasta el resultado de los análisis moleculares.

En su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha enviado un “fuerte abrazo” a la familia y a los amigos de la segunda víctima mortal a causa de la listeriosis y ha asegurado que su Ejecutivo sigue trabajando para acabar “cuanto antes” con este brote.

“Requiere más promoción y conocimiento. Es único en el mundo, pero existen pocos estudios sobre su importancia enológica y su singularidad”. La bodeguera garafiana Patricia Perdomo, técnico en Viticultura y Premio Enogastroturismo de la Universidad de La Laguna, tiene claro que “si apostamos realmente por el vino de tea, dará muchas alegrías en el futuro”. Está al frente de la marca Piedra Jurada y de la añada de 2018 tiene previsto comercializar 750 litros de vino de tea. “Es la capacidad total de nuestra barrica de tea”, ha asegurado en una entrevista con La Palma Ahora. 

-¿En qué zonas de La Palma se produce el vino de tea? 

-En nuestra isla se produce en la Comarca Norte, dentro de las tres zonas que diferencia el Consejo Regulador de Vinos La Palma. Esto significa que el vino de tea puede ser elaborado en Puntallana, San Andrés y Sauces, Barlovento, Garafía, Puntagorda y Tijarafe. 

-¿Se conoce su antigüedad? 

-No tenemos datos de cuándo se empezó a elaborar el vino de tea, pero la gente de la zona  lo conoce como el vino de siempre, de toda la vida. No era un tipo de vino, sino el que se podía elaborar en el lugar ya que no existía prácticamente otro envase. 

-¿Cuál es su proceso elaboración? 

-Podemos diferenciar actualmente dos formas. Una, por fermentación en barrica de tea, y en este caso, el mosto termina la fermentación en la barrica de tea y luego puede permanecer, o no, un periodo más largo en la misma barrica.  El otro método es la crianza en barrica de tea, es decir, el mosto fermenta en envases de acero inoxidable y luego permanece entre 10 y 45 días en la barrica de tea, dependiendo de la edad de la barrica, su uso, tipo de tea que tenga y cantidad de tea que queramos que se perciba, principalmente. 

-¿Qué singularidades tiene? 

-El vino de tea es único en el mundo. En primer lugar, su elaboración está unida a una zona geográfica determinada. En segundo, se utilizan variedades de uva prefiloxéricas (anteriores a la llegada de la plaga filoxera), además de ser locales y/o autóctonas. Y en tercero, las barricas utilizadas son hechas con pinus canariensis, una conífera endémica de las Islas Canarias y símbolo natural de La Palma, junto con la graja. Hay que destacar que la cantidad de barricas existentes actualmente son las únicas que podemos utilizar ya que se ha reducido la tala de pino y casi no hay toneleros que se dediquen a la creación o restauración de barricas de tea. Utilizamos barricas con una media de 70 años, pero pueden llegar a tener 100 años o más y seguir produciendo buen vino de tea. Por último, cabe reseñar la importancia que en años pasados tenía ser tonelero de barricas de tea, pues quien era capaz de realizar esta labor con más eficacia y calidad obtenía rápidamente el respeto y la alabanza de la gente del pueblo. 

-¿Cuáles son sus propiedades organolépticas? 

 -El vino de tea se caracteriza por tener muchas gamas de color, predominando los claretes. Un cuerpo medio y un aroma a tea limpia, recordando también los aromas mentolados y de eucalipto. En boca tiende a ser largo y fresco, con el retrogusto mezclado entre los recuerdos del propio vino y de la tea. 

-¿Se puede comparar con los retsinas griegos?retsinas 

-Sí, pero para nada son iguales. Hemos comentado anteriormente los procesos y singularidades del vino de tea, y los retsinas griegos se elaboran incorporando directamente la resina al vino, no utilizan barricas. 

-¿Es conocido o requiere más promoción? 

-Requiere más promoción y conocimiento. Es único en el mundo, pero existen pocos estudios sobre su importancia enológica y su singularidad. No obstante, el vino de tea dará muchas alegrías en el futuro si apostamos realmente por él. 

-¿Qué producción de vino de tea esperas alcanzar este año con la marca Piedra jurada?Piedra jurada 

-La intención es elaborar 750 litros (capacidad total de nuestra barrica de tea) con la añada 2018. 

-¿Cuándo saldrá al mercado? 

-Después del envejecimiento en tea y una estancia en botella, planeamos sacar nuestro vino al mercado a comienzos de octubre de 2019, coincidiendo además con el inicio de esta nueva vendimia.

UGT ha relacionado este martes el aumento del paro y la caída de la ocupación registrada en agosto con el “abuso de la contratación temporal” en España, según recoge un comunicado del sindicato.

UGT subraya que los datos conocidos este martes son “preocupantes”, aunque admite que los meses de agosto son tradicionalmente “malos” para el empleo por la estacionalidad de la actividad económica.

En ese sentido, considera que la “altísima” temporalidad que se da en España se explica “por un abuso de la contratación” de este tipo incluso para puestos estructurales, un “fraude” que permite a los empresarios despedir a los empleados para “ahorrarse” abonar el mes de vacaciones.

Ante esta situación, el sindicato ha reclamado la revisión del uso de la contratación temporal y reformar la legislación para aclarar en qué condiciones es “admisible” este tipo de relación laboral, así como avanzar hacia un cambio de modelo productivo centrado en actividades más estables con mejores empleos.

La llegada del verano supone el inicio del periodo de máxima insolación en la zona en la que vivimos; tiene algunos aspectos positivos, como el aumento de la luz diaria o la invitación a pasar más tiempo en el exterior. Sin embargo, para nuestros perros, la situación se vuelve delicada, pues regulan la temperatura corporal con mucha menos eficiencia que los humanos; no pierden calor por la piel sino solo por el aliento. Este hecho limita sensiblemente su capacidad para refrigerarse y les pone en serio peligro cuando las temperaturas son extremas.

Por lo tanto, estarán menos dispuestos a moverse, comerán menos y buscarán los lugares frescos y ventilados para soportar el sofoco. A continuación se explican diez pautas para ponérselo fácil, hacerles pasar un buen verano y evitar situaciones dramáticas en las que haya que acudir al veterinario, siempre esperando de no sea demasiado tarde...

1. Paseos solo al salir el sol y de noche

Nuestros perros deben salir a hacer sus necesidades por lo menos tres veces al día, y lo ideal es que hagan ejercicio en estas salidas. Sin embargo, en verano debemos ser más flexibles, reducir el rato de estancia en la calle, sobre todo a medio día, y solo alargar los paseos muy de mañana y bien entrada la noche.

Es importante que el ambiente sea fresco y el perro no se agite demasiado, aunque será ella o él quien nos mostrará su predisposición al ejercicio intenso según tamaños, razas, pelaje, etc. En genral, los perros grandes son menos eficientes en la pérdida de calor y se mostrarán más pasivos, pero hay razas pequeñas que también tienen problemas. 

2. Ten en cuenta que no llevan zapatos

Puedes hacer el ejercicio de caminar descalzo por la acera a pleno sol para darte cuenta de lo que sufren ellas y ellos. Si sacas al perro cuando da el sol, que sea siempre por la sombra y rapidito. Puedes descalzarte y probar si lo que pisa está muy caliente o no. Por la noche, si ha pegado fuerte, también pondera si el suelo puede quemarle.

3. Reduce la cantidad de ejercicio

No le fuerces si no quiere jugar con la pelota; no cojas la bici y hagas que te siga en largos trayectos al sol, ya que ella o él lo hará hasta que reviente... Deja que ellos te indiquen lo que les apetece hacer y si el calor aprieta, mejor os metéis a la sombra.

4. Que tengan el agua siempre cerca y limpia

En algunas razas -carlinos, bulldog francés e inglés, etc.- el peligro de deshidratación y muerte es muy real si están expuestos a un fuerte calor, ya que al refrigerar por el aliento pierden mucha agua. En el resto, no disponerles en verano agua fresca y limpia es simplemente una olvido indigno de un humano que ama a los perros. Y también pueden sufrir deshidrataciones serias. 

5. Les gusta la terraza, pero con sombra y no para estar todo el día

Puede que les guste salir a cotillear al balcón o la terraza un rato, e incluso a tomar el sol un poquito. Pero eso no significa que se quieran pasar el día ahí solos y menos si no hay una puñetera sombra. Dejarles horas en la terraza o el balcón e irte a la calle es una crueldad si no permites que puedan entrar en casa cuando lo deseen.

6. Nunca les dejes en el coche

Dejar un perro dentro de un coche más de un cuarto de hora en julio o agosto a pleno sol y con las ventanas cerradas, es igual a muerte. Dejarlo con las ventanas algo abiertas o simplemente en la sombra también puede crearles problemas. Mejor te comportas y te los llevas donde quiera que sea que vayas. También, si los llevas en la trasera del coche, vigila que no les de el sol directo.

7. No les peles hasta otoño

Aunque sean muy peludos, recuerda que no transpiran calor por el cuerpo, si bien sí pueden ganar calor en exposición directa. En este sentido, el pelo les protege aunque les agobie. Lo mejor es pelarlos en primavera para que en verano tengan una capa tupida, aunque no sea muy grande. Y si no, esperamos a otoño. 

8. Mójales si ves que les gusta

Seguramente a tu perra o perro no le gustará mucho que le des agua con la manguera o en la ducha, pero poco después del remojón los verás más contentos y animados, incluso más activos. El agua fresca, que no demasiado fría, aunque depende de la raza, les sienta en general de maravilla cuando hace calor y además al evaporarse los enfría y les ayuda a gestionar el calor. Si tienen pelo largo, tanto mejor. Ahora bien, tampoco les fuerces si manifiestan disgusto.

9. Redobla la protección contra parásitos y mosquitos

Si vais a salir al campo con más frecuencia porque estáis en el pueblo de vacaciones -los que vivís en el campo estas cosas ya las sabéis ;)- , procura protegerles contra los parásitos de la zona. Asesórate en la clínica veterinaria más cercana sobre que productos conviene usar para prevenir pulgas, garrapatas, mosquitos y otros bichos endémicos del lugar.

10. Vigílales los pies y las orejas

En toda la península las gramíneas -trigo, cebada, avena y muchas plantas de secarral- son las plantas por antonomasia de la canícula, es decir los meses más calurosos. Sus frutos son literalmente muelles retorcidos, pensados por la evolución para enredarse en el pelo de un animal o clavarse en el suelo.

El problema viene cuando la semilla de gramínea se cuela en un oído o entre las garras del pie y se clava en la carne, produciendo inflamaciones, infecciones y mucho dolor. Vigíla especialmente estas zonas después de cada paseo campestre. 

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¿Pueden saber los perros la hora que es?

¿Pueden saber los perros la hora que es?

El Grupo Parlamentario Podemos Canarias exige a la Consejería de Hacienda, dirigida por la nacionalista Rosa Dávila, que “se siente a negociar y acabe con su inacción” respecto a la negociación con los trabajadores de la empresa pública Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa), que están en huelga indefinida “por el empecinamiento del Ejecutivo de no devolverles los derechos que les quitaron durante la crisis”.

Manuel Marrero, diputado de la formación morada, recuerda que mientras la consejera Dávila “hace oídos sordos” a una “reivindicaciones que son de justicia”, lo que se provoca es un “caos” en la Administración Tributaria de Canarias (ATC). “La miopía política de la consejera causa un perjuicio a los contribuyentes canarios y al resto de administraciones que tienen convenios firmados con la ATC para la defensa de sus créditos. Cada día que pasa, según explica Podemos, supone no practicar 2.500 notificaciones a los contribuyentes y supone dejar de atender a más de 1000 personas en las Oficinas de Atención Tributaria”.

Restaurar los derechos

Una situación que, “además del desgaste emocional y económico insoportable” para los trabajadores, significa que se hayan dejado de practicar diligencias de embargo dirigidas al cobro de los créditos pendientes, tanto de la propia Comunidad Autónoma como de los diferentes organismos que tienen concertados por convenio con la propia ATC el cobro de sus créditos.

“La consejera debe de restaurar los derechos laborales que les recortaron durante la crisis, pues se les aplicó el descuento del 5 por ciento de percepciones salariales al igual que al personal laboral, sin serlo; además de incrementarles su jornada laboral en dos horas y media adicionales semanales”, insiste Marrero. Sin embargo, y pese a que con la recuperación económica y las negociaciones laborales, el personal que presta sus servicios para las diferentes administraciones públicas ha ido recuperando sus derechos y sus condiciones, los trabajadores de Grecasa continúan padeciendo los recortes que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

“Si el Gobierno homologó, a través de los recortes, a estos trabajadores con el resto del personal laboral de la Agencia Tributaria, la consejera Dávila debe homologarlos ya a todos los efectos”, concluye Marrero.