El Hormiguero domina un día más el access prime time. El programa de Antena 3 firma uno de sus mejores lunes de las últimas semanas (13.9% y 1.756.000) dentro de una noche al alza para la mayoría de ofertas de su franja.

Prueba de esto último es que El Intermedio (7.9% y 1.010.000) llega al millón de espectadores en laSexta y Horizonte (7.9% y 995.000) firma su mejor lunes desde que se emite en el access de Cuatro. Mención aparte merece First Dates, que vuelve un mes después al access de Telecinco firmando uno de sus mejores datos en dicha ubicación (9.4% y 1.188.000) y mejorando ligeramente el que obtuvo ahí La isla de las tentaciones 10 la semana pasada (9.1% y 1.163.000).

El dating de Carlos Sobera, como el resto de alternativas, salda bien otro lunes singular para La Revuelta, que no se emitió en Andalucía por segundo inicio de semana consecutivo. La 1 ofreció en dicha comunidad el último debate electoral entre los candidatos a la presidencia de la Junta, lo que mermó el seguimiento del show de David Broncano. Durante su franja de emisión (de 21:47 a 23:06h), La 1 fue seguida en toda España por un 10.3% y 1.308.000, pero según Fifty5Blue, la empresa que mide las audiencias en nuestro país, el dato sin Andalucía cae al 8.9% y 1.135.000, por lo que entra entre los más bajos anotados por La Revuelta, aunque no merece ser considerado como tal dadas estas atípicas circunstancias.

*Programas emitidos entre las 07:30 y las 01:00 horas

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:02 con 2.721.380 espectadores y un 26.1% de share

SOBREMESA

PRIME TIME

FRANJA MATINAL

.

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.

La isla de las tentaciones 10 sigue al frente de la noche del lunes, aunque nota negativamente su nuevo horario y firma su entrega menos vista hasta la fecha. El reality de Telecinco (13.1% de cuota y 834.000 espectadores) baja un punto y casi 200.000 televidentes respecto al lunes anterior, cuando acabó a las 0:51 horas. Este lunes lo hizo una hora más tarde, a las 1:51h, por la eliminación de su tramo Express y la vuelta al access de First Dates, que ha beneficiado al dating de Carlos Sobera (9.4% y 1.188.000) y ha perjudicado a tentadores y tentadoras.

Aun así, La isla de las tentaciones 10 mantiene el liderato de la primera noche de la semana, aunque solo por nueve décimas de margen sobre En tierra lejana en estricta coincidencia. La serie turca de Antena 3 (11.8% y 853.000) sube 1.5 puntos y acecha a su máximo rival coincidiendo con la nueva realidad de este.

Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 23:23 a a 1:01h):

La fuerte subida de la ficción otomana también coincide con la anómala noche de MasterChef 14, que empezó a una hora en toda España (23:07h) menos en Andalucía, donde comenzó unos minutos más tarde (23:27h) por la emisión del debate electoral entre los candidatos a la presidencia de la Junta. Según Fifty5Blue, la empresa que mide las audiencias de televisión en nuestro país, el talent de La 1 promedia un 10.8% y 669.000 entre las 23:07 y las 2:01h sumando la audiencia de toda España, incluida Andalucía. Pero si quitamos la de dicha comunidad autónoma, el dato baja a un 9.4% y 584.000, que pese a ser mínimo para el programa, no merece ser considerado como tal dadas estas atípicas circunstancias.

Por lo demás, la noche nos deja un descenso de nueve décimas para En Guardia (6.6% y 592.000), que aun así sigue bien tras su potente estreno de temporada en Cuatro, y un dato correcto para El Taquillazo de laSexta (5.9% y 430.000).

*Programas emitidos entre las 07:30 y las 01:00 horas

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:02 con 2.721.380 espectadores y un 26.1% de share

SOBREMESA

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FRANJA MATINAL

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Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.

El comité de empresa de Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (Grecasa), ha confirmado este jueves que continuará la huelga indefinida hasta que se equiparen los salarios de sus 134 trabajadores con los de la Agencia Tributaria Canaria (ATC).

Esta protesta, que solicita la homologación del personal laboral de Grecasa con la ATC, mantiene cerradas siete de las ocho oficinas de la compañía en el archipiélago, lo que supone que se haya dejado de atender a 1.000 contribuyentes diarios por establecimiento y que estén pendientes 300 solicitudes de ayuda a empresas, 2.000 notificaciones y otras 6.000 de tipo electrónico después de diez días sin operar.

El paro se debe a que, como ha indicado la presidenta del comité de empresa en Las Palmas y miembro del comité de huelga, Cristina Llamas, la compañía “solo se ha interesado en establecer los servicios mínimos, que fueron anulados por la Inspección de Trabajo, y no ha negociado”, en lo que ha calificado como “una política de buenas palabras y de pasarse la pelota” que tiene en vilo a los trabajadores.

Tal y como ha detallado Llamas, esta situación “se vive desde el 15 de enero, día en el que comenzó la huelga indefinida, aunque el preaviso fue el día 9 de octubre, hace más de 100 días”, en los que “no hay ni había ánimo de negociar por parte de la empresa”.

Según ha advertido, “no han analizado el impacto que está teniendo esta huelga sobre los contribuyentes”, pues en la actualidad “los ciudadanos no pueden solicitar, por ejemplo, un certificado para acreditar que se está libre de deudas” y tampoco se gestionan “ni las incidencias informáticas de la Agencia Tributaria Canaria ni las notificaciones electrónicas”.

La petición que hacen los empleados de Grecasa “es la de negociar para poner fin a esta situación” porque, según han alegado, “el personal ha cobrado menos en 2018 que ocho años antes”.

El 90 por ciento de la plantilla “secunda la huelga”, ha subrayado Llamas, que pide “la equiparación salarial entre el personal de la ATC y Grecasa, porque al mismo trabajo debe corresponder el mismo sueldo”.

Entretanto, ha recordado, “la única preocupación de la Agencia Tributaria Canaria y de su gerente y consejera regional de Hacienda, Rosa Dávila, es que se gestionen servicios mínimos”.

Desde el comité de huelga se ha insistido en que han tratado de reunirnos con Dávila en varias ocasiones y que la consejera, en un acto en el auditorio capitalino, “se comprometió a tomar cartas en el asunto”, algo que ha quedado “en palabras bonitas y en una política de pasarse uno a otro la responsabilidad”.

La sedición no es una rebelión en pequeñito. No por las penas, que son igualmente altas, sino por su naturaleza legal. La rebelión es un alzamiento armado, un delito contra la Constitución. La sedición figura en otro apartado del Código Penal: el de “desórdenes públicos”. Es una pena de origen autoritario y que ni siquiera aparece como tal en buena parte de las legislaciones europeas. No al menos con la dureza con la que el Tribunal Supremo la acaba de aplicar.

La raíz histórica de ambos delitos es la misma: un atentado contra el orden social establecido que permitía declarar el estado de guerra. Pero los matices son muy distintos y fáciles de diferenciar. La rebelión era la protesta armada contra el gobierno o el rey. La sedición era otra cosa, muy diferente al alzamiento militar: era la algarada de los campesinos contra el orden en vigor y nace en una época en la que no existía el derecho a protesta, a reunión o a manifestación. La sedición no violenta es, por tanto, un delito autoritario que debería ser incompatible con la democracia. Porque un Estado democrático es aquel donde el derecho a la protesta pacífica es un bien superior.

Este lunes, 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo español ha decidido sentenciar que la protesta pacífica –que es el caso de los Jordis– merece nueve años de prisión.

Porque el Supremo niega que la violencia que se vivió en esos días fuera “instrumental, funcional, preordenada a los fines del delito”. La sentencia deja claro que hubo algunos episodios violentos, pero no un plan violento contra el orden constitucional.

Porque el Supremo no cuestiona el compromiso de Jordi Cuixart “con la no violencia, siempre elogiable”. “Tampoco desconfía lo más mínimo de sus convicciones pacifistas y su repudio de actuaciones violentas”, añade la sentencia contra el procés catalán. En otro de los párrafos, llega a elogiar a la ANC como “una asociación cuya legalidad no ha sido cuestionada” y que tiene “un relevante papel en el tejido social de la comunidad catalana”.

Porque el Supremo también admite algo que llama mucho la atención, entre otras razones porque es la pura verdad: que el procés catalán no fue, en sí mismo, un intento de secesión. “Todos los acusados eran conscientes” –dice la sentencia– de que el referéndum del 1 de octubre era “inviable” y “no podría conducir a un espacio de soberanía”. El plan era otro, asegura el Supremo: “El deseo de los líderes políticos y asociativos de presionar al Gobierno para la negociación de una consulta popular”.

En resumen: la sentencia dice que el procés no fue un golpe de Estado, que no fue un plan violento, que no pretendía de forma inmediata la secesión de Catalunya, sino presionar al Gobierno a negociar un referéndum como el escocés... Que el independentismo es un movimiento de “convicciones pacifistas”.

Un movimiento pacífico cuyos principales líderes, a los que respalda casi la mitad de la sociedad catalana, han sido condenados a altísimas penas de prisión.

El procés, según la sentencia, nunca tuvo ninguna oportunidad. El Estado controló en todo momento la situación. El plan no era lograr la independencia de Catalunya, sino forzar una negociación y una consulta pactada… El repaso de los hechos probados deja muy mal a Mariano Rajoy, muy mal a la Fiscalía, muy mal al juez instructor Pablo Llarena, muy mal a la prensa conservadora, muy mal al PP, a Ciudadanos y a Vox. No hubo golpe de Estado ni nada lejanamente parecido a un alzamiento militar. Y la sentencia, en su parte factual, desmonta la ficción sobre el golpismo en la que se había enrocado gran parte de la política, de la prensa y del sistema judicial.

Otra cosa son las penas. Y cómo el Supremo ha cuadrado unos hechos políticamente muy graves –lo que ocurrió en el octubre de 2017 no fue un simple 'happening'– con un Código Penal donde esos hechos no encajaban con facilidad. Desde 1995, no existe en España el delito de rebelión sin violencia. Y en el año 2005 se despenalizó la convocatoria de un referéndum ilegal.

¿Cómo condenar una protesta no violenta con unas penas de cárcel similares a las de un homicidio? La clave de la sentencia está en la página 283. Allí el Supremo sienta una peligrosa jurisprudencia de consecuencias aún por determinar. “El derecho a la protesta no puede mutar en un exótico derecho al impedimento físico a los agentes de autoridad a dar cumplimiento a un mandato judicial”, dictamina el alto tribunal. “La autoridad del poder judicial quedó en suspenso sustituido por la propia voluntad –el referéndum se ha de celebrar– de los convocantes y que quienes secundaban la convocatoria, voluntad impuesta por la fuerza”.

Tomen nota. Porque, con esta definición, sedición también son todos y cada uno de los desahucios que ha impedido en estos años la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Sedición son muchas de las protestas de los activistas ecologistas, animalistas o de las Femen. Sedición es la resistencia pasiva. Y la sedición en España se castiga con hasta 15 años de prisión.

El derecho al juez natural

La rebelión imaginaria sin duda tuvo su utilidad. Sin esa acusación ficticia, el Supremo no habría podido ordenar la inhabilitación preventiva de Carles Puigdemont. Sin ese invento procesal, la sentencia probablemente no habría sido igual.

Hay un precedente muy cercano para explicar el pecado original del juicio al procés. Es el caso Altsasu, un episodio que guarda algunas similitudes con la sentencia que acabamos de conocer. ¿Lo recuerdan? Esa pelea de bar que fue investigada por la Audiencia Nacional con la excusa de que se trataba de terrorismo. Luego no era terrorismo –no lo fue nunca–, pero en el camino los acusados fueron juzgados en Madrid, y no en Navarra. Y allí se les condenó con una dureza excepcional.

Hay un derecho fundamental que recoge todo país democrático: el derecho al juez natural. Consiste en que a cualquier acusado le debe juzgar el tribunal ordinario predeterminado por la ley (artículo 24.2 de la Constitución). El que le toca, no el que prefiere el Gobierno o el rey. Y el juez natural para una pelea de bar en Navarra es la Audiencia Provincial, y no la Audiencia Nacional. Y el juez natural para el procés catalán debería haber sido la Audiencia Provincial de Barcelona o el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, no el Supremo ni la Audiencia Nacional.

Ya era muy cuestionable que la rebelión fuera juzgada en el Supremo o –en el caso de los no aforados, como Josep Lluís Trapero– por la Audiencia Nacional. La propia jurisprudencia del alto tribunal español estableció que ni la rebelión ni la sedición eran competencia de ese tribunal, tal y como le dijeron al juez Baltasar Garzón cuando intentó investigar la rebelión más evidente de la historia reciente de España: el golpe de Estado de 1936. Tampoco se han juzgado en el Supremo o en la Audiencia Nacional el caso de sedición más famoso de los últimos años: la protesta de los controladores aéreos de 2010.

Ya era muy cuestionable que la rebelión acabase en el Supremo. Y lo es más aún cuando resplandece una obviedad: que no existió nunca tal rebelión violenta, como admite hoy el Supremo por unanimidad.

Al igual que con Altsasu con el terrorismo, la acusación de rebelión sirvió para otro propósito: traer el juicio a Madrid.

¿Habría ocurrido el mismo desenlace si el procés se hubiera juzgado en Barcelona? Lo dudo mucho y también lo dudaba el propio Fiscal General del Estado, el fallecido José Manuel Maza. En la querella de la Fiscalía por rebelión que inició este proceso judicial, Maza ya hablaba de la conveniencia de sacar la instrucción “del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña” en favor “de un tribunal fuera de ese territorio” para evitar que los partidos independentistas “condicionaran” a los jueces.

Cabe preguntarse si los jueces del Supremo no están condicionados por los partidos que, a través del CGPJ, les ascienden a este tribunal.

Las consecuencias políticas

Casi la mitad de los catalanes no quieren seguir en España. Más de dos tercios de ellos quieren votar. Una mayoría absoluta –superior al movimiento independentista– cree que el juicio no ha sido justo y que los presos deberían estar en libertad.

Aún no hay encuestas sobre el respaldo ciudadano a la sentencia. No hace falta ser adivino para imaginar qué resultados ofrecerán. La mayoría de los catalanes van a ver estas condenas de cárcel como excesivas y desproporcionadas. Más allá del Ebro, el resto de los españoles –de forma mayoritaria– lo verán justo al revés.

Es lo que ocurre cuando un problema político se convierte en un problema judicial. Aunque también es evidente que la justicia tenía que actuar.

De todas las condenas que hoy se han firmado, hay una que los dirigentes independentistas se merecen sin duda alguna: la inhabilitación. La desobediencia grave a la autoridad es un delito evidente y que sin duda cometieron los líderes del procés catalán. Tampoco puede salir gratis la malversación de fondos públicos, o que el Parlament –con una mayoría absoluta en escaños, que no en votos– ponga en marcha un proceso unilateral de abolición de la legalidad vigente contra los derechos de la mayoría de los catalanes. Ni siquiera como forma de protesta ante la cerrazón del Gobierno central.

No puede salir gratis. Tampoco puede costar 13 años de prisión.

La sentencia, sin embargo, deja una puerta abierta que un futuro gobierno podrá usar. El Supremo se ha negado a otra de las peticiones de la Fiscalía, que quería que los condenados cumplieran obligatoriamente al menos la mitad de la pena sin poder recibir ningún beneficio penitenciario.

Los condenados podrán acceder a permisos bastante antes, a partir de que cumplan una cuarta parte de su condena, como explica Diego López Garrido en esta entrevista. Y en 2026 como máximo, todos ellos probablemente estarán en libertad condicional.

Sigue siendo una condena enorme, aunque sea inferior de lo que pedía la Fiscalía o la acusación de Vox. No es una sentencia blanda, aunque la alternativa fuese aún peor. No ha terminado aún este proceso judicial y va a ser curioso de ver, por ejemplo, cómo responde Bélgica ante la euroorden contra Puigdemont –la sedición no es un delito en este país–.

Pero al menos el punto final de la sentencia deja sin excusas a la política para arreglar esta situación. Porque la crisis con Catalunya siempre fue política. Y política debe ser su solución.

El nuevo edificio de aparcamientos de la Vega de San Mateo (Gran Canaria), un proyecto que debía haber estado finalizado a principios de este año, camina a pasos muy lentos. La obra con la que el Gobierno de Fernando Clavijo premió al municipio con 7 millones de euros del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), al decidir desmarcarse del Cabildo de Gran Canaria y optar a estos fondos regionales en solitario (como lo hicieron Mogán y Firgas), ha estado envuelta en polémica desde que se iniciaran los trámites para la adjudicación de su construcción.

La empresa adjudicataria resultó ser OHL, que se comprometía a ejecutar las obras en menor tiempo y a mejor presupuesto que sus competidoras. Sin embargo, el pliego ya contenía ciertas anomalías, por lo que otra de las empresas que concursó, pero que quedó segunda, Lopesan, presentó una queja ante la Asociación de Empresarios de la Construcción en 2017. La patronal redactó a su vez un escrito que remitió al Ayuntamiento al apreciar que en el pliego se hacía mención a una serie de mejoras que nada tenían que ver con la obra en sí y que puntuaban de una forma no objetiva. El alcalde de San Mateo, Antonio Ortega (Avesan), ahora en la órbita de Coalición Canaria, señala que en aquel momento “en lo que tenían razón se corrigió y en lo que no, pues no se modificó”.

El concurso, sin embargo, siguió adelante. Se formalizó el contrato el 13 de noviembre de 2017 y el acta de replanteo el 23 de enero de 2018, pero OHL anunció al poco tiempo, el 5 de febrero de ese año, que le era imposible iniciar los trabajos y que se veía obligada a solicitar la paralización temporal de la obra. En ese momento consideró que era necesario “realizar un estudio y una valoración de los servicios afectados que se encuentran en todo el perímetro del futuro edificio, los cuales no están contemplados en el proyecto adjudicado”. En la solicitud de paralización se advertía de que si no se resolvía esa incidencia no sería posible comenzar los muros de sostenimiento ni la excavación. Además, se anunciaba que los anclajes que sujetan la pantalla de micropilotes, situada en la Avenida del Mercado, penetraban en los sótanos de los edificios de esa calle. Se concluía señalando que no era posible contratar y comprar ya que se “originará un incremento de precios por el desfase temporal en la contratación, por causas no imputables a OHL”.

Se refleja así la necesidad de modificar el proyecto para solventar “el error manifiesto” en él “al haber obviado u omitido la existencia de sótanos en las edificaciones colindantes de las calles aledañas”, a lo que los redactores del proyecto contestan que no se trata de un “error manifiesto”, sino de una circunstancia que debe resolver la dirección facultativa de la obra y que estas dificultades “no constituyen una imposibilidad técnica para su ejecución”.

El informe técnico, por su parte, destacaba que modificar el sistema de anclajes supondría un importante encarecimiento de la obra, “circunstancia que sería un problema, porque habría que parar la obra para resolver la financiación antes de aprobar el proyecto modificado”. Por ello, suscribe la decisión de la dirección facultativa de la obra que señala que la mejor opción es alejarse de las edificaciones colindantes y construir una planta más para no modificar el objeto del proyecto.

La obra, con los cambios, no volvió a sacarse a concurso. Como resultado de la modificación que finalmente se acordó, el edificio de aparcamientos, situado en pleno centro de la Vega, contará ahora con una planta más, pero no será el único cambio: el número de plazas pasará de las 384 inicialmente previstas a 408 en total. Esta circunstancia ha generado dudas jurídicas, ya que según el artículo 107 del Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos Públicos, las modificaciones no previstas en los pliegos no podrán “alterar las condiciones esenciales en la licitación” y tampoco podrá variar sustancialmente la función y características de la prestación inicialmente contratada. En este caso, la dimensión del aparcamiento cambia al ganar en profundidad, pero los técnicos estimaron que no se alteran las condiciones urbanísticas y precisaron que la modificación del mismo es sólo “geométrica”.

Otra de las puntualizaciones que hace la Ley de Contratos Públicos es que a la hora de realizar una modificación en un proyecto, se entiende que se alteran las condiciones de licitación cuando se iguale o exceda en un 10% el precio de adjudicación del contrato. En este caso, el alcalde veguero ha explicado a este diario que no espera que se incrementen los costes: “En principio la modificación que se hizo es sin coste alguno”, asegura. Además, añade que la decisión de no volver a sacar el proyecto a concurso con las modificaciones se fundamenta en que supondría aún un mayor costo para las arcas públicas, ya que habría que indemnizar a la empresa contratista.

Los problemas para construir la obra según lo previsto inicialmente no es lo único que ha generado polémica en el municipio. Esta construcción también ha generado numerosas críticas al alcalde ya que el pasado mes de noviembre se taló un árbol histórico en la superficie donde se están edificando las plazas de aparcamiento. Antonio Ortega destacó entonces que el trasplante del pino era descartado por los especialistas y que la tala se motivaba en razones de seguridad.

Las obras volvieron a tratarse el pasado mes de diciembre en el pleno municipal de San Mateo. El plazo de ejecución del contrato para este proyecto finalizaba el 13 de enero pasado, pero el contratista pidió una prórroga al haberse paralizado la construcción por causas que no considera que le sean imputables. El Ayuntamiento decidió entonces conceder siete meses más de prórroga y otros dos más para acometer “las mejoras 1, referente al equipamiento de la estación transformadora y la 2, que se refiere a la mejora de las instalaciones de la Avenida Tinamar”, cuyo proyecto de modificación aún no se había redactado en ese momento.

La obra, cuyo interés para el municipio se fundamenta en los problemas de tráfico que se generan especialmente los fines de semana por la actividad comercial vinculada al mercado agrícola, no estará lista antes de las elecciones del mes de mayo. La prórroga se espera que sea suficiente, al menos si no surgen nuevos problemas.